Periodistas de a Pie

Relación prensa - gobierno: compra, censura, represión

Artículo invitado

Publicado: 07.03.2018

 Captura tomada de Zona Franca

Por Kennia Velázquez

@KenniaV

 

El manejo discrecional de los recursos públicos destinados a publicidad oficial es un tema que va más allá de la transparencia con que se manejan los gobiernos; es uno de los factores que impiden que la incipiente democracia mexicana se consolide, pues es una de las estrategias de los gobiernos para acallar voces críticas y por lo tanto evadir la rendición de cuentas.

A los políticos mexicanos aún les cuesta mucho trabajo asumir la crítica, es percibido como un ataque personal, una agresión. Es común escuchar de voceros la pregunta “¿qué te hizo mi jefe para que lo trates así?”, por lo que no es de extrañar que la respuesta de los gobiernos sea la “violencia institucional”, que va desde cosas tan simples como no enviar la agenda de actividades y boletines al periodista “revoltoso”, y que puede llegar hasta condicionar la compra de publicidad a cambio del despido de tal reportero o cancelar la publicidad en el medio “grillero”.

En un país con decenas de agresiones a periodistas, estas actitudes han sido normalizadas en el gremio, pues se tiene que aprender a “torear” al funcionario, mediando entre una leve crítica y el contrato publicitario, lo que ha desarrollado una relación disfuncional y codependiente.

El caso Guanajuato, cuyo gobernador, Miguel Márquez Márquez, no ha saltado a la fama nacional por grandes casos de corrupción pero se destaca por las numerosas inversiones extranjeras en el área automotriz, pareciera que no hay persecución al estilo Javier Duarte en contra de la prensa, pero la manera de coaccionar ha sido un poco más sutil y efectiva: compra de publicidad a grandes y pequeños medios e ir recortando a aquellos que le son incómodos; filtraciones a los medios amigos y cerco informativo con los críticos.

Al menos, había sido sutil hasta que el diario digital Zona Franca publicó un reportaje en el que mostraba que la coordinación de comunicación social había contratado a una empresa boletinada por el Servicio de Administración Tributaria por realizar actividades inexistentes. F.B.M. Comercializadora obtuvo cerca de 5 millones de pesos en dos años por ofrecer publicidad al interior de los “soles”, periódicos pertenecientes a la Organización Editorial Mexicana, una especie de triangulación para un medio que ya recibe millones al año de manera directa.

En dicho reportaje, y posteriores, se mostró que la empresa tiene diferentes domicilios y que en ninguno de ellos opera; que sus socios suelen ser personas dedicadas a otras actividades, entre otras anomalías. A pesar de esto, el gobierno estatal le otorgó otros 800 mil pesos durante los últimos tres meses de 2017.

Antes de publicar, se realizó una entrevista al coordinador de comunicación social, Enrique Avilés Pérez, quien dijo desconocer tal situación y aseguró que toda la documentación estaba en orden y se comprometió a presentarla. Eso sucedió el 8 de diciembre de 2017. A la fecha, no sólo se nos dieron largas para la entrega de los testigos, sino que la información fue reservada por un año y en entretanto, Zona Franca fue víctima de ciberataques constantes a lo largo de enero de 2018; en febrero cambiaron de estrategia y decidió el gobierno estatal realizar una auditoría a la empresa luego de haber enviado amenazas veladas con un activista. Hay que resaltar que en el presente año, el gobierno de Márquez dejó de publicitarse en el medio guanajuatense y según testigos, ha pedido a algunos alcaldes panistas que dejen de publicitarse en el portal.

En este momento en que Guanajuato vive una ola de violencia sin precedente y tras 26 años de ser gobernados los guanajuatenses por el Partido Acción Nacional, es necesaria una prensa crítica, analítica, que exija de los funcionarios transparencia y efectividad. Pero con medios cada vez más dependientes del recurso público, es evidente que los contratos se reparten para comprar voluntades e inhibir el ejercicio de la labor periodística.

Zona Franca ha sostenido la importancia de que existan reglas claras y transparentes en la contratación de medios para difundir la publicidad oficial, pues es dinero público y su manejo no por ningún motivo, debe ser discrecional. Los directivos del medio tampoco quieren que se pare la auditoría, al contrario, debe seguir el proceso conforme a la ley.

Resulta absurdo que la denuncia de una irregularidad derive en consecuencias no para el funcionario que la comete y la empresa que se presta, sino para el medio que lo exhibe aportando pruebas. Sin medios independientes y sin un uso transparente y regulado del gasto público de la publicidad oficial, no puede haber una democracia creíble, vulnerando las garantías al derecho de información de los ciudadanos.

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