Publicado: 17.08.2016
El periódico El Debate de Culiacán, Sinaloa, denuncia a través de sus páginas, las respuestas dilatorias que la autoridad municipal le ha dado, al ejercer el derecho al acceso a la información pública como parte del trabajo periodístico del medio impreso.
Este martes publica el recuento sobre las reacciones que las autoridades municipales han tenido contra el medio de comunicación, dejando en evidencia que la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información de Culiacán, no cumple en forma adecuada con la transparencia que le corresponde tanto de datos abiertos, como de solicitudes de información precisas, sobre gastos y uso de recursos públicos del actual presidente municipal Sergio Torres Felix.
Lo más preocupante es que a la falta de transparencia del ayuntamiento de Culiacán, se suman intimidaciones e intentos de censura por parte de funcionarios municipales contra reporteros de El Debate, como se describe en el reportaje del día ¿Qué oculta Sergio?.
Fernando Ruiz Martínez coordinador de Enlace de Acceso del Ayuntamiento, intentó obligar a un reportero del periódico a que firmara un documento donde se comprometía a no publicar nada sobre un acto de hostigamiento previo, alrededor de la solicitud de información que el periódico ha estado haciendo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó a través de un comunicado de prensa, su preocupación por la estrategia dilatoria del gobierno municipal de Culiacán “para cumplir con las solicitudes de entrega de información pública, derecho garantizado por la ley”
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que «el acceso a la información es una condición básica para cumplir con la libertad de prensa, en especial si hay una ley que obliga al Estado a cumplirla, no a entorpecerla ni a desmotivar la búsqueda de la información».
En la Red de Periodistas de a Pie, nos solidarizamos con la redacción de El Debate, rechazamos el intento de intimidación que pretendía inhibir el trabajo periodístico del diario; replicamos la necesidad de que, no solo el ayuntamiento de Culiacán en Sinaloa, si no en su totalidad las administraciones municipales del país, hagan una interpretación progresiva de la ley que favorezca la obligación de transparentar su actuación, se normalice a la brevedad los formatos como procedimientos que los sujetos obligados deben poner a disposición de la población, y se vuelva efectiva como práctica, la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
A continuación lee completa la nota de El Debate aquí:
