Las organizaciones firmantes condenan toda práctica de espionaje y vigilancia ilegal en casos de periodistas, y reiteran al Estado mexicano su obligación de investigar y esclarecer los hechos.
Quienes integramos esta organización fundada en 2007, cuyas actividades sustantivas son la capacitación de las y los periodistas, la defensa de la libertad de expresión y la producción periodística, rechazamos totalmente cualquier agresión que ponga en riesgo la vida e integridad física de quienes salen a reportear los comicios electorales de 2021.
La agresión policiaca contra Adriana ocurre en un contexto de intolerancia gubernamental contra el movimiento feminista en varias entidades del país, en donde Chihuahua no es la excepción.
CIUDAD DE MÉXICO.- Las presiones y hostigamientos que emprenden funcionarios públicos a medios de comunicación para que sesguen la información que publican, no es una novedad en este país de cacicazgos y corrupción. Incluso las amenazas directas a periodistas y dueños de los medios es la primera forma, después de la denostación, en que un gobernante intenta coartar el derecho a la libertad de expresión.