Día: 19 de julio de 2017

• El plan de austeridad de López Obrador contempla la reducción del 50% de la publicidad oficial, pero se requiere acompañarla con criterios y reglas objetivas, claras y transparentes para su asignación.
• La centralización del gasto en la Secretaría de Gobernación (Segob) es un riesgo para el control de la información, se necesita una instancia autónoma que no afecte la libertad de expresión.
• La LXIV Legislatura debe considerar la abrogación de la #LeyChayote y la emisión de una nueva.

Ciudad de México, a 19 de julio de 2018.- Desde el colectivo #MediosLibres reconocemos que el Plan de austeridad y combate a la corrupción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considere –en su punto 29– una disminución de 50% en el gasto en comunicación social. De cumplir tal previsión, el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos (MDP) para este rubro en 2019, en contraste con los más de 4 mil MDP aprobados en el último año por la actual administración y los 9 mil MDP que en promedio gasta por año la actual administración de Enrique Peña Nieto

Sin embargo, esta reducción no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios. Tampoco así de los sobreejercicios multimillonarios que hoy se realizan sin justificación. En este sentido, el colectivo #MediosLibres insta al nuevo gobierno a considerar acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio histórico, como topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, y sanciones ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo^[1].

A la par expresamos nuestra preocupación por lo previsto en el punto 20 del mismo Plan, en el cual se habla de una posible centralización del gasto en comunicación social. Al respecto, este Colectivo considera que tal medida puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva. López Obrador ha manifestado que habrá una sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desapareciendo todas las oficinas de prensa del resto de las dependencias de la APF; mientras que, el vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia.

El Colectivo #MediosLibres ha insistido en la necesidad de eliminar el uso político y proselitista que se la da a la publicidad oficial a través de la Segob –actual Secretaría administradora– y la medida propuesta en el Plan no resuelve este problema, por el contrario, puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública.

Es por lo anterior que instamos a la próxima legislatura y al nuevo gobierno, abran el debate para una adecuada regulación de la publicidad oficial mediante la abrogación de la #LeyChayote (Ley General de Comunicación Social), y la emisión de una nueva que integre las Bases Mínimas de Regulación de Publicidad Oficial emitidas por este Colectivo así como los Principios de regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la CIDH.

La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. También, el ejecutivo puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto.

Es trascendental que las medidas expuestas en el Plan de austeridad y combate a la corrupción se acompañen de reglas claras y contrapesos para lograr un cambio verdadero en la relación entre poder y medios de comunicación, un cambio que procure medios libres y una sociedad realmente informada.

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^[1]                Por ejemplo, el numeral i) del inciso a) de la fracción III del Artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.

 Ilustración: SinEmbargo

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El 16 de julio de 2012 varios diarios y medios mexicanos publicaron un artículo firmado por Enrique Peña Nieto, para ese momento presidente electo, titulado “El comienzo del cambio”.

En el escrito el priísta mexiquense se comprometía a impulsar “la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno. Esta medida tiene como finalidad garantizar que los contratos publicitarios se lleven a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información”.

Cinco años y tres días después la sociedad y los medios seguimos esperando. Cinco años y tres días después Artículo 19 nos dice que, hasta abril de 2017, Peña Nieto lleva gastado 34 mil 207 millones de pesos de manera discrecional, sin supervisión autónoma ni ciudadana. Prácticamente un millón de pesos cada hora que ha transcurrido desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 (para el cálculo se excluyó el gasto fraccionado mensual de diciembre de 2012 y los primeros cuatro meses de 2017).

Eligiendo a medios sin claridad de criterios, o al menos de una pública claridad de criterios. ¿O de verdad es tal la penetración y circulación del diario Excélsior como para recibir el 42 por ciento del gasto destinado a impresos, y que su facturación sea superior en 3.3 millones a la que recibieron en conjunto La Jornada, Milenio, El Universal, Reforma y El Financiero?

Más cifras: un análisis de la información presupuestal realizada por México Evalúa dice que el gobierno de Peña presupuestó 12 mil 895 millones de pesos para el gasto en comunicación social entre 2013 y 2017. Esto significa que lleva gastado 165 por ciento más. Ojo, el monto que Artículo 19 puso sobre la mesa es sólo hasta abril de 2017, todavía falta por contabilizar muchos miles de millones de pesos más en este año si la tendencia no cambia. Y no hay nada que haga pensar lo contrario.

Pero esa bonanza y esos ríos de billetes no han servido para cambiar la realidad de los trabajadores de los medios que viven en una constante precariedad laboral, obligados a buscar más de un empleo para lograr un ingreso que les permita su manutención.

En promedio dice el estudio realizado por las académicas Mireya Márquez y Sallie Hughes, los periodistas trabajan en dos o más medios. Y prácticamente uno de cada tres gana entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales, y otro 13 por ciento ni siquiera llega a eso.

En ese contexto está claro que los ríos de billetes están en otra parte, comprando lealtades y líneas editoriales, pagando portadas llenas de frivolidades que hablan de la “química” que nace entre Peña y Macrón mientras el país se hunde en corrupción, apesta a fosa común y se espía a activistas, periodistas y hasta expertos internacionales que investigación la desaparición forzada.

Hace algunas semanas en las varias mesas que se realizaron en #AgendadePeriodistas, a iniciativa de Horizontal.mx, para discutir los problemas que enfrentan los y las periodistas en un país sumido en una guerra no reconocida que arroja más trabajadores de medios asesinados que países con conflicto bélico como Siria y Afganistan, uno de los temas que más atrajo participantes fue justamente el de publicidad oficial.

Reporteros, reporteras y hasta directivos de medios –Animal Político, Emeequis, Zona Franca y otros— pusieron en la agenda la necesaria y urgente regulación de la publicidad oficial, no solo con la redacción y aprobación de una ley de publicidad, sino que además se reconozca que el trabajo periodístico y las empresas desde donde se hace son entidades de interés público, pues son, en gran medida, el vehículo mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho a la información.

Un derecho que de acuerdo con el artículo 6º constitucional “será garantizado por el estado”, y que reconoce el derecho de las personas “al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

¿Hay información plural cuándo se usa el gasto publicitario gubernamental como herramienta de coerción? ¿Cuándo el pago de la publicidad oficial premia a los cómodos y castiga a los que se salen de la línea que se dicta desde las oficinas de comunicación del poder?

No se trata de mantener a los medios solo por ser medios, sino de establecer reglas claras y equitativas que le quiten la discrecionalidad al uso del presupuesto, vamos que se saque el erario de la cartera personal –y de la nalga derecha— de los políticos, de establecer parámetros de asignación en los que las condiciones laborales y de capacitación de las y los trabajadores de los medios también sean considerados para otorgar un contrato publicitario.

Vamos, de hacer el cambio comience. Esto no es un asunto que Peña debe hacer, es un trabajo que como se planteó en la mesa de #AgendadePeriodistas nos toca empujar a todos: sociedad, medios y sí, políticos.