El pasado miércoles 7 de febrero 35 organizaciones y medios, y más de 50 periodistas y activistas presentaron un documento con las bases mínimas para que el Senado legisle sobre uno de los grandes pendientes que el gobierno de Enrique Peña Nieto arrastra desde hace tres años y que el Estado Mexicano le debe a la ciudadanía desde hace digamos unas 10 décadas: una prensa libre del control político a través de los convenios publicitarios y las prebendas.
Y se lo debe a los y las ciudadanas porque lo que se vulnera cuando se impone a golpe de chequera un discurso, un personaje, una realidad construida, una mentira repetida cientos o decenas de veces, es el derecho a estar informados con veracidad y pluralidad. Ese derecho que desde 1977, tras la reforma al artículo 6º Constitucional el Estado tiene la obligación de garantizar. Y que forma parte de la Libertad de Expresión que la Constitución también reconoce en ese mismo artículo.
Pero la realidad que dibuja la letra constitucional no es la misma que se vive en las redacciones cuando una información de interés público es desechada por que “no es nota” pues le pega al que paga: al compadre, al amigo, al que invita la comida en junio cuando el gobernante en turno celebra el “día de la libertad de expresión” con viandas, alcohol y hasta algún regalito para sus convidados.
Son 10 puntos básicos sobre los que los legisladores tendrán que trabajar para cumplir con la orden que le impuso la SCJN en noviembre del año pasado, luego de que Artículo 19 ganara un amparo ante la omisión del Congreso de la Unión de legislar una ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 134, el que habla de la obligación de manejar los recursos públicos con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”
El párrafo octavo se refiere a la propaganda gubernamental y la comunicación social de la administración pública en cualquiera de sus esferas de gobierno.
Los legisladores llevaban nomás 10 años de ignorar que cuando reformaron el artículo 134 para agregarle las restricciones al uso de la publicidad oficial como herramienta de promoción personalizada de políticos y funcionarios —párrafo octavo— se dieron 30 días para crear las leyes reglamentarias. No lo hicieron en 2007 y no lo hicieron tampoco después de la reforma política de 2014.
Ahora la Suprema Corte les fijó como plazo hasta el 30 de abril de este año. Y desde la sociedad civil se les fijó ya un piso mínimo, y ojo, es un piso mínimo.
Sobre esos diez puntos hay que construir hacia arriba. No es lo deseable, es el mínimo indispensable para empezar a contener eso que la propia corte reconoció como “censura indirecta”, es decir premiar con recursos públicos a los medios cómodos, los que no cuestionan al poder, los que aplauden y publican en primera plana las fotos del gobernante en turno besando infantes y abrazando ancianos y ancianas. Y castigar a los que investigan, a los que levantan la alfombra y muestran la corrupción rampante, a los que verifican el discursos para tratar de elevar el costo de la mentira, los que, simple y llanamente hacen periodismo.
El decálogo de mínimos arranca con un enunciado base: “la publicidad oficial no debe desaparecer”, entendiendo que los gobiernos deben comunicarse con sus gobernados no sólo en un diálogo de iguales, sino que también es necesario informen sobre planes, programas y servicios. Entendiendo que la publicidad oficial debe regresar al concepto de Comunicación Social y erradicando la promoción personal o la construcción de discursos de verdad oficial. Queremos como periodistas y como sociedad, medios que sean contrapeso informativo del poder, que lo vigilen, y no meros replicantes del discurso oficial.
Se pide también una Ley General que establezca elementos base para todos los niveles de gobierno en donde se incluya a todos los entes gubernamentales (universidades públicas incluidas) y personas físicas que ejerzan recursos públicos con fines publicitarios.
Pero además como parte de ese derecho a la información que el estado debe garantizar, se pide el fomento desde el Estado de la pluralidad y diversidad informativa, es decir medios pequeños y hiperlocales, comunitarios y alternativos, todos deben estar incluidos.
Por supuesto es necesaria la transparencia en la asignación de los dos lados, del gubernamental pero también del mediático; y del mediático también la obligación de ofrecer un trabajo profesional, con capacitación constante, apegado a estándares éticos. Y para ello se delinea la creación de un ente regulador ciudadano para la asignación publicitaria.
La puerta está abierta, la sociedad civil y los periodistas está exigiendo participar en la construcción de las reglas del juego para plantear una nueva relación medios-poder, el decálogo planteado no es el punto de llegada, es, insisto, el punto de arranque para una amplia discusión sobre los medios que queremos y los medios que necesitamos en este país.
