Día: 5 de abril de 2018

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El incremento en las restricciones a la libertad de expresión es una preocupación que ha impulsado en el país iniciativas encaminadas no solo a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, también a tener medios libres.Organizaciones civiles, periodistas y activistas trabajan, se mueven, se articulan, por mejores condiciones para los periodistas y por una prensa independiente en México. Actualmente lo hacen a través de propuestas con las que buscan, entre otras cosas, la regulación de la publicidad oficial y la transparencia de la propiedad de los medios, dos componentes con los que estoy convencida que se puede contrarrestar el control, la manipulación, y el condicionamiento de la información que recibe la sociedad.

Sin embargo, resulta indignante y una verdadera afrenta para el gremio que en la discusión de estos temas se deje presidir el debate a gobernantes, más si éstos se ostentan como libertadores, cuando en los hechos son autoritarios y hasta agresores de periodistas y medios.

En específico me refiero al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien ha sido colocado en la mesa del debate nacional de ambos temas por organizaciones y periodistas que se han dejado llevar por sus discursos e iniciativas a favor de la democratización de los medios, de la regulación de publicidad oficial y por enarbolar, durante su carrera legislativa, la bandera de la defensa de la libertad de expresión, sin tomar en cuenta que esas condiciones, en los hechos, no son respetadas por su gobierno.

Su administración mantiene aún pendiente el tema de la regulación del uso de los recursos públicos que se destinan a propaganda. La compra de espacios publicitarios en los 17 meses de su gestión, igual que en el pasado, todavía se maneja de manera discrecional. Peor aún, el tema es utilizado para criminalizar, perseguir y golpear a quienes desde los medios de comunicación lo critican o exhiben las anomalías de su gobierno.

Los periodistas en Chihuahua hemos sido blanco de su discurso hostil hacia los medios. La denuncia periodística se descalifica a partir de acusar, sin pruebas, que los medios pegan porque ya no se les paga. Que los periodistas critican con ferocidad porque no hay publicidad. Todo lo justifican como un asunto de pesos y centavos.

Este panorama ha sido documentado por agrupaciones del gremio, tal es el caso de la Red de Periodistas de Juárez –de la que soy cofundadora¬– que ha denunciado como durante el gobierno de Corral el escenario para los periodistas se agravó. Durante la gestión actual de gobierno, además del aumento de agresiones, han ocurrido dos homicidios de periodistas, Jesús Adrián Rodríguez Samaniego y Miroslava Breach Velducea, los que se mantienen en la impunidad; así como el exilio de otra colega.

Asimismo, se ha exhibido en diversos foros que desde instancias del Gobierno del Estado de Chihuahua se ha realizado una estrategia de estigmatización para descalificar el trabajo de los periodistas, lo que provocó que varios colegas salieran a exigir públicamente a las instancias oficiales se les deje de llamar “extorsionadores”, “chayoteros”, “periodistas de cuidado”, “mediocres”, “pusilánimes” y demás adjetivos utilizados por servidores públicos del gobierno de Corral.

De este panorama expuesto desde hace meses da cuenta el reporte de Article 19 ‘Democracia Simulada, Nada que aplaudir’, presentado el pasado 20 de marzo, donde se exhibe que periodistas y defensores de libertad de expresión enfrentamos un ambiente adverso durante el gobierno corralista.

Este escenario hace perder la confianza en el Estado y, al igual que muchos colegas en Chihuahua, no creo que un gobierno que utiliza la descalificación generalizada contra la prensa para acallar las críticas nos pueda proteger. Igual disiento con quienes incluyen al gobernador de Chihuahua en la mesa de debate de asuntos que ni siquiera en su estado ha cumplido.

Más que nunca, hoy debemos recordar que el periodismo y la prensa no están, ni deben estar, al servicio de gobernantes. No podemos olvidar nuestra función social, la de fiscalizar al poder y combatir sus abusos. Sin un periodismo alejado del poder se corre el riesgo de dejar de funcionar como un contrapoder.