Los presidenciables: sin interés ni compromiso por las demandas de seguridad para el periodismo mexicano

 Cartón de Rapé

¿Prensa Libre, Ricardo Anaya?, fue lo primero que me saltó a la mente al escucharlo decir monótonamente en una de sus intervenciones de cómo cumpliría las escuetas propuestas que vertió en el primer debate presidencial: “Prensa libre, sociedad civil fuerte”.

El cuestionamiento de su simplista aseveración se debe a que en el capítulo de los presidenciales y la defensa de la libertad de expresión o el abordaje de la problemática de comunicadores, periodistas y defensores de derechos humanos violentados sistemáticamente en México, no arroja nada.

No se han pronunciado al respecto y sus acercamientos al tema se deben más a una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, organización cuya política es mantener buena relación con gobernantes y funcionarios públicos, que a una necesidad de los candidatos por exponer sus ideas y opciones de atajar lo que se ha vuelto, incluso, tema de señalamientos al Estado mexicano, desde la comunidad internacional.

El cuestionamiento se debe, también, a que el candidato por el Frente que aglutina al PRD, al PAN, a Movimiento Ciudadano omite reconocer que los militantes de esos partidos que lo llevan a candidatearse para la presidencia de México, son -junto al PRI desde luego-, los señalados en más del 60% de las denuncias desde 2012 a la fecha como agresores o fuente de riesgo para los periodistas.

Policías en Medellín de los Bravo en Veracruz bajo las órdenes del presidente municipal panista Omar Cruz –prófugo de la justicia-, en 2015 cuando todavía Ricardo Anaya era presidente de Acción Nacional, emprendieron la desaparición forzada de Moisés Sánchez Cerezo, director del periódico La Unión como líder de los conservadores, entonces, nada dijo; funcionarios y servidores públicos de esos partidos descalifican a los periodistas, los llaman “basuritas” como hizo Enrique Alfaro Ramírez de MC en Guadalajara al referirse a los medios que publican críticas sobre su desempeño como político, sí, el mismo que en promocionales de televisión dice “este cuate debe ser el presidente”. Militantes del PRD y del PRI han ordenado allanamientos a domicilios de activistas, han quemado en contubernio con caciques locales casas de seguridad para mujeres violentadas, poniendo en riesgo la vida e integridad de defensoras de derechos humanos, entre un largo etcétera.

¿Hace la diferencia que Ricardo Anaya se tome la foto con un organismo civil? ¿Hace la diferencia que entre los aplaudidores de su candidatura a presidente, esté Emilio Álvarez Icaza quien brincó de defender los derechos humanos en las grandes ligas –Secretaría Ejecutiva de la CIDH-, a convertirse en soldadillo de la guerra de Javier Corral contra el gobierno federal y elaborar la plataforma social para una militante perredista en la Ciudad de México? No.

Anaya, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, Andrés Manuel, José Antonio Meade, se han mantenido omisos durante el periodo electoral en abordar el tema, la demanda social de justicia en los asesinatos de periodistas les llama poco, pero sobre todo cómo van a enmendar las deficientes políticas en materia de protección a defensores y comunicadores, no lo tienen entre sus prioridades pese a que lo que nos atañe, sea un reflejo de la corrupción y camuflaje entre el sistema político mexicano y la delincuencia organizada.

En su mapa no existimos, excepto por las encuestas que publican grandes cadenas editoriales, por el carrusel de entrevistas que dan mientras piden el voto, porque estamos en cada evento que encabezan y tienen que responder nuestros cuestionamientos a quemarropa en las más adversas condiciones.

Durante las precampañas, Meade, el candidato del PRI también abanderado por el Verde Ecologista y Nueva Alianza, anunció una estrategia legal contra Animal Político por la serie de reportes que el periódico digital publicó sobre desvío de recursos y corrupción mientras fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, todo, basado en documentos oficiales obtenidos vía el derecho de acceso a la información, por transparencia. Dos derechos se ejercieron en un mismo acto: libertad de expresión y derecho como acceso a la información; eso a Meade y su equipo les molestó al grado de alardear una embestida. Pequeño y gran ejemplo de lo que realmente piensan sobre el ejercicio pleno de derechos constitucionales.

Entonces, ¿Qué tendríamos que esperar después de diciembre de 2018? Prácticamente poco, excepto, que tras los nombramientos en la Subsecretaría de Gobernación y de procuración de justicia, la agenda de prioridades pinte distinto y, la violencia contra comunicadores y activistas figure del escalón veinte, en adelante.

Honestamente a estas alturas un pronunciamiento de su parte tampoco nos sirve de mucho, no somos en ningún sentido, objeto de voto; los periodistas debemos mantenernos al margen de filias y fobias partidistas, pero lo cierto es que, quien sea que llegue a dirigir a México durante los próximos seis años, tendrá que resolver más de 120 asesinatos contra comunicadores y el incremento aterrador de agresiones contra la prensa.

Lo cierto es que si los resultados del 1 de julio de 2018 se tiñen de anomalía y de nuevo, como en 2012 cuando se determinó dar el gane a Enrique Peña Nieto explota la inconformidad social, otra vez los periodistas y los defensores de derechos humanos estaremos al pie de la barricada documentando, fotografiando, investigando, publicando beligerancia y siendo testigos presenciales de la opresión, del estallido que nos alcanza, de la descomposición que nos enluta.