Publicado: 20.07.2017
¡Ya puedes ver Periodistas de a Pie!
En esta emisión, Alberto Nájar recibe a Mariano V. Osnaya, coproductor y editor de “Talacheros F.C.”, un documental que retrata cómo los migrantes, principalmente de Sudamérica, y mexicanos que sueñan con ser figuras del soccer encuentran en México una nueva profesión: talacheros de fútbol.
Publicado: 19.07.2017
Ernesto Aroche Aguilar
El 16 de julio de 2012 varios diarios y medios mexicanos publicaron un artículo firmado por Enrique Peña Nieto, para ese momento presidente electo, titulado “El comienzo del cambio”.
En el escrito el priísta mexiquense se comprometía a impulsar “la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno. Esta medida tiene como finalidad garantizar que los contratos publicitarios se lleven a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información”.
Cinco años y tres días después la sociedad y los medios seguimos esperando. Cinco años y tres días después Artículo 19 nos dice que, hasta abril de 2017, Peña Nieto lleva gastado 34 mil 207 millones de pesos de manera discrecional, sin supervisión autónoma ni ciudadana. Prácticamente un millón de pesos cada hora que ha transcurrido desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 (para el cálculo se excluyó el gasto fraccionado mensual de diciembre de 2012 y los primeros cuatro meses de 2017).
Eligiendo a medios sin claridad de criterios, o al menos de una pública claridad de criterios. ¿O de verdad es tal la penetración y circulación del diario Excélsior como para recibir el 42 por ciento del gasto destinado a impresos, y que su facturación sea superior en 3.3 millones a la que recibieron en conjunto La Jornada, Milenio, El Universal, Reforma y El Financiero?
Más cifras: un análisis de la información presupuestal realizada por México Evalúa dice que el gobierno de Peña presupuestó 12 mil 895 millones de pesos para el gasto en comunicación social entre 2013 y 2017. Esto significa que lleva gastado 165 por ciento más. Ojo, el monto que Artículo 19 puso sobre la mesa es sólo hasta abril de 2017, todavía falta por contabilizar muchos miles de millones de pesos más en este año si la tendencia no cambia. Y no hay nada que haga pensar lo contrario.
Pero esa bonanza y esos ríos de billetes no han servido para cambiar la realidad de los trabajadores de los medios que viven en una constante precariedad laboral, obligados a buscar más de un empleo para lograr un ingreso que les permita su manutención.
En promedio dice el estudio realizado por las académicas Mireya Márquez y Sallie Hughes, los periodistas trabajan en dos o más medios. Y prácticamente uno de cada tres gana entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales, y otro 13 por ciento ni siquiera llega a eso.
En ese contexto está claro que los ríos de billetes están en otra parte, comprando lealtades y líneas editoriales, pagando portadas llenas de frivolidades que hablan de la “química” que nace entre Peña y Macrón mientras el país se hunde en corrupción, apesta a fosa común y se espía a activistas, periodistas y hasta expertos internacionales que investigación la desaparición forzada.
Hace algunas semanas en las varias mesas que se realizaron en #AgendadePeriodistas, a iniciativa de Horizontal.mx, para discutir los problemas que enfrentan los y las periodistas en un país sumido en una guerra no reconocida que arroja más trabajadores de medios asesinados que países con conflicto bélico como Siria y Afganistan, uno de los temas que más atrajo participantes fue justamente el de publicidad oficial.
Reporteros, reporteras y hasta directivos de medios –Animal Político, Emeequis, Zona Franca y otros— pusieron en la agenda la necesaria y urgente regulación de la publicidad oficial, no solo con la redacción y aprobación de una ley de publicidad, sino que además se reconozca que el trabajo periodístico y las empresas desde donde se hace son entidades de interés público, pues son, en gran medida, el vehículo mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho a la información.
Un derecho que de acuerdo con el artículo 6º constitucional “será garantizado por el estado”, y que reconoce el derecho de las personas “al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
¿Hay información plural cuándo se usa el gasto publicitario gubernamental como herramienta de coerción? ¿Cuándo el pago de la publicidad oficial premia a los cómodos y castiga a los que se salen de la línea que se dicta desde las oficinas de comunicación del poder?
No se trata de mantener a los medios solo por ser medios, sino de establecer reglas claras y equitativas que le quiten la discrecionalidad al uso del presupuesto, vamos que se saque el erario de la cartera personal –y de la nalga derecha— de los políticos, de establecer parámetros de asignación en los que las condiciones laborales y de capacitación de las y los trabajadores de los medios también sean considerados para otorgar un contrato publicitario.
Vamos, de hacer el cambio comience. Esto no es un asunto que Peña debe hacer, es un trabajo que como se planteó en la mesa de #AgendadePeriodistas nos toca empujar a todos: sociedad, medios y sí, políticos.
Publicado: 19.06.2017
Ciudad de México, a 19 de julio de 2018.- Desde el colectivo #MediosLibres reconocemos que el Plan de austeridad y combate a la corrupción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considere –en su punto 29– una disminución de 50% en el gasto en comunicación social. De cumplir tal previsión, el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos (MDP) para este rubro en 2019, en contraste con los más de 4 mil MDP aprobados en el último año por la actual administración y los 9 mil MDP que en promedio gasta por año la actual administración de Enrique Peña Nieto
Sin embargo, esta reducción no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios. Tampoco así de los sobreejercicios multimillonarios que hoy se realizan sin justificación. En este sentido, el colectivo #MediosLibres insta al nuevo gobierno a considerar acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio histórico, como topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, y sanciones ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo[1].
A la par expresamos nuestra preocupación por lo previsto en el punto 20 del mismo Plan, en el cual se habla de una posible centralización del gasto en comunicación social. Al respecto, este Colectivo considera que tal medida puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva. López Obrador ha manifestado que habrá una sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desapareciendo todas las oficinas de prensa del resto de las dependencias de la APF; mientras que, el vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia.
El Colectivo #MediosLibres ha insistido en la necesidad de eliminar el uso político y proselitista que se la da a la publicidad oficial a través de la Segob –actual Secretaría administradora– y la medida propuesta en el Plan no resuelve este problema, por el contrario, puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública.
Es por lo anterior que instamos a la próxima legislatura y al nuevo gobierno, abran el debate para una adecuada regulación de la publicidad oficial mediante la abrogación de la #LeyChayote (Ley General de Comunicación Social), y la emisión de una nueva que integre las Bases Mínimas de Regulación de Publicidad Oficial emitidas por este Colectivo así como los Principios de regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la CIDH.
La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. También, el ejecutivo puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto.
Es trascendental que las medidas expuestas en el Plan de austeridad y combate a la corrupción se acompañen de reglas claras y contrapesos para lograr un cambio verdadero en la relación entre poder y medios de comunicación, un cambio que procure medios libres y una sociedad realmente informada.
[1] Por ejemplo, el numeral i) del inciso a) de la fracción III del Artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.
Publicado: 18.07.2017
Puedes consultar el trabajo que ha realizado para Pie de Página en: http://piedepagina.mx/colaboradores-Patricia-Mayorga.php
Puedes leer la publicación original del Comité de Protección a Periodistas aquí
Publicado: 17.07.2017
¡Disponible Periodistas de a Pie!
El gobierno mexicano impulsó desde la década de 1990, una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de lo bienes naturales, la mayoría en territorio indígena. ¿Cuáles son los impactos de los megaproyectos en la población?¿Qué alternativa hay para el despojo, la devastación ambiental y la criminalización que esto implica?
Daniela Pastrana platica sobre esta problematica con Mónica Gónzalez, fotógrafa; Juan Antonio López, coordinador d justicia ProDESC; y Oscar Pinada, investigador de Poder.
Jade Ramírez
@jadercv
Son la mejor manera para que las autoridades federales se deslinden de su mandato y responsabilidad.
La plaga de iniciativas creadas y votadas al vapor, se ha vuelto la corrosiva solución al tambaleante Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, próximo a cumplir cinco años, con la cosecha menos popular posible: acumula violaciones a los derechos humanos, revictimiza a beneficiarios, sigue omiso, recoloca en riesgo y no está claro el manejo de recursos públicos.
Es necesario un ejercicio de memoria. El Mecanismo federal, de terapia intensiva lo han sacado una y otra vez sin lograr se estabilice o erradiquen sus males nativos. El problema es de forma con mucho fondo. Cuando Felipe Calderón se apresuró a promulgar la Ley para Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que menos importaba era el tejido fino y la confección adecuada del traje a la medida que debe ser una instancia de estas características.
Para cuando se instaló el Mecanismo a finales de 2012, la lista de inquietudes por parte de las organizaciones de sociedad civil involucradas en el proceso, era tan larga, como la lista de nombres con urgencia de ir a tocar la puerta correcta para pedir protección.
Dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB había desatinos sobre lo que seguía, pues antes de promulgarse la ley, las ONG que llegaban a la dependencia a través de Serapaz A.C. o por su propia cuenta, pidiendo conciliar en medio de hostigamientos, encarcelamientos, agresiones y violaciones graves a pueblos, colectivos y varias resistencias. Salían de ahí con buena voluntad política y compromiso de diálogo. Nada más. Para cuando se creó el Frankenstein, no había personal, oficina, solo un incipiente proyecto ejecutivo.
La ventanilla para atender periodistas en SEGOB estaba cerrada y quizá merecíamos un oficio a la CNDH o sellar un pase a la Procuraduría General de la República de donde veníamos corriendo porque la denuncia, era una carpeta inexistente.
Vino la primera avalancha de urgencias de casos a analizar además de definir todo lo no resuelto entre operativo, político y financiero. Se fueron los panistas, permaneció Perseo Quiroz y con el regreso del PRI a Los Pinos, arribó Lía Limón García, ex panista con nueva camiseta de funcionaria tricolor.
A Quiroz lo despidió bajo amenaza de fincarle responsabilidades penales. Llegó como Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo Juan Carlos Gutiérrez, también un perfil de sociedad civil organizada, abogado. El personal rotaba como puesto de tianguis, tres servidores públicos al salir despedidos, interpusieron queja en la CNDH por maltrato laboral de la jefa Limón García. El personal de confianza siguió arribando tuvieran o no el perfil adecuado para gestionar protección y prevención con perspectiva de derechos humanos. Primer meollo del asunto.
A Lía Limón no le gustó la consejería de un experto externo –Enrique Eguren integrante de Protection International organización altamente calificada en materia de estrategias de protección y seguridad para los defensores de ddhh- acercado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues resultaba el mejor orientador para concretar lo que sociedad civil y víctimas en busca de protección pedían. Pero no, había que meter mano dura de los uniformados, y se le sacó del proceso; ahí se tensó la relación entre la OACNUDH y el Mecanismo.
Esos expertos según Lía Limón, era la Policía Federal, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. una multicontratista de gobiernos en los estados, quien hoy por hoy, conoce por geolocalización de pe a pa todas las historias y casos activos en el Mecanismo.
Se comenzó a colocar en reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que debían atender el tema pues incrementaban los casos de agresiones y el Mecanismo de Protección no tenía capacidad para atenderlos, pero sobre todo, el dinero no iba a alcanzar, les dijo.
Las varias imprecisiones en el discurso Limón García -hoy diputada federal por el PVEM- tenían una apuesta clara: regresar la responsabilidad a los gobiernos locales pero no exigiendo acatar las disposiciones que les emitía la Junta de Gobierno, no. A la luz de los años vemos que la tirada era que los gobernadores promulgaran leyes copy-paste, de lo que de por s, ni es general ni es federal. Copiar la tarea pero mal.
Hoy estamos documentando los primeros nacimientos putrefactos: Querétaro, Jalisco, Guanajuato –en pausa por la vital batalla que dieron periodistas y defensores para detener su votación- Colima, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, que se suman a los erráticas iniciativas de protección en Veracruz, Guerrero, Morelos, Oaxaca; no solo por ineficaces, sino porque terminan siendo instrumentos de cooptación y regulación del periodismo; por ejemplo, dar becas o dádivas en nombre de la protección confunden una problemática que no le corresponde al gobierno resolver, sino a los directivos de los medios: condiciones laborales.
Con la creación de Unidades de Protección o mecanismos estatales, se repite la historia de carencia de perfiles adecuados para ocupar los puestos inexistentes dentro de una secretaría tipo Gobernación, pues, un Mecanismo es una instancia al mismo tiempo operativa y política que debe ejercer recursos financieros; un funcionario asignado para la tarea, debe combinar en cada caso de protección una estrategia quirúrgica bajo estándares internacionales como principio pro persona o de protección más amplia, principio de buena fe, debido proceso, entre otros, con dos aditivos: perspectiva de derechos humanos y reacción inmediata. Tremenda asignación.
Ese mal inacabado que algunos denominan voluntad política, en realidad se trata de que las autoridades civiles o uniformadas, no tienen la capacidad técnica y cognitiva para hacerlo.
Lía Limón tapó baches operativos y políticos -su sucesor Roberto Campa lo retomó- con un addendum de entendimiento con la cooperación internacional de Estados Unidos, USAID, a través de Freedom House; se impartió un intento de capacitación al personal en turno, se elaboró un diagnóstico y se crearon formatos de cómo hacer lo que Gobernación ya debía saber hacer en 2014. Ese personal se fue y la práctica continúo siendo mala.
Lo que sí quedó delineado en el Mecanismo federal de Protección, es que los beneficiarios no tienen estatus de víctimas. Quizá el defensor o periodista fue golpeado, incendiada su casa, robado su equipo de trabajo, señalada públicamente, agredida sexualmente, exhibido dentro de una patrulla, arrestada indebidamente por abuso de autoridad, amenazada, perseguido o en desplazamiento forzado, pero para los consultores exportados desde Colombia, no se trataba de una víctima. La Junta de Gobierno en su mayoría votó por ese discurso, para ello Freedom House fue estratégica. Esa visión ¿Cambiará en los estados?
Y no se trata solo de términos, sino que concretaron el problema inicial sobre la temporalidad de las medidas de protección que después de 9 meses comienzan a costar mucho, cansan a las autoridades garantizarlas y luego no saben cómo quitarlas al defensor o periodista que obviamente no puede continuar su vida de la manera más normal, pues, tendrá “blindaje” pero no justicia y, ahí, ni cómo asegurar los otros dos estándares internacionales incumplidos por el Estado mexicano: reparación de daño y garantía de no repetición.
Entonces, después de cinco años de tropiezos y algunas mejoras, después de la opacidad de la CNDH en la Junta de Gobierno, de la reiterada queja de la Comisión Nacional de Seguridad por destinar personal para cuidar activistas y periodistas, de la nula participación de los diputados y para emprender mejoras vinculantes en la Ley para la Protección, ¿De dónde los mecanismos en los estados o Unidades de Protección van a funcionar?
Tres deben ser las apuestas: Abrogar las leyes ya aprobadas para que las mejoras en el Mecanismo federal se concreten bajo una perspectiva de derechos humanos; un reconocimiento y aceptación de los diagnósticos que revelan son las autoridades, gobiernos locales, policías, servidores públicos, militantes de partidos políticos, los principales agresores de defensores y periodistas; y que la PGR acate su mandato de investigar para procurar el acceso a la justicia, o traslade a una instancia interdisciplinaria e independiente su tarea.
Tras el cambio de fiscal especial en la PGR, ¿Cuántas carpetas de investigación se reactivaron? ¿Han re-contactado a las víctimas que desde 2005 interpusieron denuncias? ¿Se cambió la política de notificaciones con policías ministeriales en las redacciones? ¿Se movió algo en la estructura de ministerios públicos? ¿Se ha llamado a denunciantes para ampliar información o actualizar casos?
Cuando se definió que la tendencia debía ser desaparecer el Mecanismo de protección a nivel federal, no se pretendía heredar a los gobiernos estatales la misión, sino garantizar los climas de respeto a la labor de defensoría de derechos humanos y libertad de expresión para que se vuelva innecesario proteger agentes sociales de vital importancia.
Sin claridad en lo anterior, en los estados los mecanismos de protección harán cualquier cosa pues el victimario se volverá “protector”; los vivaces se sentarán en la silla de Consejeros Ciudadanos para estar más cerca de las oportunidades que brinda el poder, y la apuesta será perpetuar el contexto impune como descompuesto, que posibilita cada 22 horas agredir un periodista, asesinar defensores de la tierra, acosar movimientos sociales, desaparecer reporteros, encarcelar litigantes, espiar y criminalizar la defensa de derechos…como cinta de Moebius.
El próximo jueves 13 de julio a las 10 horas se realizará el foro «Violencia, amenazas y espionaje contra comunicadores» en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
El foro es una iniciativa de profesores de la licenciatura en Comunicación Social preocupados por la situación que se vive en el país a raíz de los recientes casos de violencia contra comunicadores.
Cabe recordar que recientemente tanto el Consejo Académico de la UAM-X como el Colegio Académico de la UAM aprobaron por unanimidad, a partir de la misma iniciativa que da origen a este foro, hacer pronunciamientos públicos en diarios de circulación nacional sobre dicha situación.
Publicado: 06.07.2017
¡Disponible una nueva emisión de Periodistas de a Pie!
Hasta el momento suman 108 periodistas desde 2000, seis de ellos en lo que va de este año. Por lo que, una vez más, México es definido por la Federación Internacional de Periodistas como el país más mortal para ejercer el periodismo.
En esta emisión, Alberto Nájar nos habla sobre la grave situación del periodismo y la impunidad a la que se enfrenta los comunicadores en nuestro país.
Nota aclaratoria: la valoración realizada en esta emisión por la red de Periodistas de a Pie sobre el caso La Jornada, no es compartida por Rompeviento TV.
Publicado: 05.07.2017
Celia Guerrero
El Estado ha refinado sus instrumentos de vigilancia,
y quien quiera huir hacia lo oscuro
se enfrentará con artillería iluminadora en su fuga.
Guy Debord
Hace más de dos semanas, el tema trendi en redes sociales y medios de comunicación en México era el espionaje por parte del gobierno a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. La noticia fue tendencia nacional y la información fue difundida también en medios internacionales, después de que el New York Times publicó un reportaje al respecto.
El titular del medio estadounidense fue potente: “Somos los nuevos enemigos del Estado”, citaron de boca de Juan Padinas, impulsor de una ley anticorrupción en México. La administración de Enrique Peña Nieto respondió —aparentemente solo por tratarse del Times— de la única forma en la que ha contestado a los escándalos en los que se ha visto involucrada: lo negó todo.
Pero gran parte de la información publicada por el medio neoyorquino provenían del análisis realizado por Citizen Lab que encontró rastros del software Pegasus —un programa de espionaje que la compañía israelí NSO Group vende únicamente a gobiernos— en dispositivos electrónicos de periodistas y activistas mexicanos. Y el hashtag que se volvió tendencia, #GobiernoEspía, surgió a propósito del informe de las organizaciones mexicanas R3D, Artículo 19 y Social Tic, que documentaron este espionaje sistemático.
Dentro y fuera del país —con justa razón— la noticia se volvió escándalo, como lo han sido otros varios casos de corrupción y violaciones de derechos humanos (que no son pocos) ventilados durante el actual sexenio. Pero México solo se lleva la primera plana de los periódicos gringos rara vez, cuando su agenda interna no da para mucho. Y acá, en tierra mexica, un escándalo encumbra al otro y el ruido es ensordecedor.
Cuesta hacer un análisis del problema de la vigilancia del gobierno en México que considere la historicidad del asunto. Un artículo digerible que no sea titulado: “Las cinco generalidades que debes conocer sobre el espionaje gubernamental mexicano”; que baje el tema, más allá de la tendencia generada por el informe y el vaivén político-mediático, a la realidad; que diga: esto nos afecta y convoca a cada uno de los periodista/activista promedio (no solo a quienes consideramos ‘espiables’) en México y otras latitudes.
La vigilancia del gobierno mexicano a periodistas y activistas no es un tema fácil de diseccionar, ni nuevo, porque se trata de una acción que tiende entre lo técnico y lo político. Sería ingenuo aspirar a ello en este texto. Es un asunto de tesis enteras, ¡carajo!, de análisis como el de Citizen Lab y R3D de cuartillas y cuartillas. Como muchos otros problemas en México, tiene demasiadas aristas que considerar.
Pero, por comenzar por algún lado, elegí arbitrariamente tres puntos para iniciarse en la discusión, que implican comprender pasado y presente: primero, México cuenta con una larga trayectoria de gobiernos espías; en segundo punto, está el autoritarismo con el que se maneja la “democracia” mexicana, y el tercero, es el creciente y complejo panorama internacional de vigilancia. En los aspectos anteriores encontramos cualidades de los enemigos, no nuevos, sino naturales, del Estado mexicano.
Siendo enfática, el gobierno en México es espía desde que es gobierno, siempre con muchas más razones de peso para vigilar a sus detractores (periodistas y activistas incluidos). El sistema democrático mexicano muestra serios signos de autoritarismo desde hace tiempo; aunque intente disfrazarlos son cada día más evidentes y cada día más señalados. Y la epidemia de vigilancia es mundial, así como la crisis de las democracias, la polarización de las sociedades, la militarización de las policías, y un largo etc. que nos congrega al mundo occidental.
He escuchado, no a uno, a varios periodistas mexicanos, de la nueva y de la vieja guardia, terminar sus llamadas telefónicas con un caluroso “¡Saludos a Gobernación!”. Un compañero, quien no ha pagado el recibo de teléfono e internet en su oficina desde hace seis meses, bromea sobre los motivos por los que aún conserva el servicio y la compañía no lo ha suspendido, como sucede cuando tienes una deuda: no puede ser buena suerte —se mofa—, seguramente Tomás Zerón —exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), creador de “la verdad histórica” sobre Ayotzinapa— decidió pagar la cuenta para mantenerse en contacto.
He eliminado y bloqueado el número de periodistas que después de asesinados se mantenían “En línea” en el WhatsApp porque simplemente nunca supe en manos de quién quedó su teléfono.
Sé de varios grupos, chats en los que periodistas y activistas se comunican, desintegrados en segundos cuando escuchan la noticia de que uno de los administradores fue desaparecido.
He recibido cursos de seguridad digital financiados por USAID, mientras Hilary Clinton, en calidad de Secretaria de Estado, autorizaba a la empresa distribuidora estadounidense, Security Tracking Devices, la venta del software Pegasus al gobierno mexicano.
He dado consejos sobre seguridad digital a compañeros que eran seguidos y acosados en la calle por extraños con apariencia de militares, pero eso no los salvó de ser torturados y asesinados. Hemos adquirido hábitos de cuidado digital individual y colectivo y también los hemos abandonado. Hemos comprobado que no podemos protegernos de quien debería protegernos y, con mucho dolor, que estamos solos.
Realicé dos semanas de seguimiento a la tendencia #GobiernoEspía y en el inter me cuestioné la vigilancia gubernamental en México y el mundo, todo para escribir esto. La reflexión no solo me llevó a terminar escribiendo sobre mi problema para acotar los problemas mexicanos, sino que también recapacité sobre las nociones básicas de la vigilancia: por qué se ejerce, quién y contra quién se ejerce y bajo que motivaciones.
Para invitar a la misma reflexión, una pregunta retórica: ¿De quién —si no, del astro coercitivo del Estado— emana la actividad de la vigilancia?
Si la vigilancia en teoría es considerada una prioridad de todos los Estados-nación para consolidarse y mantener el bienestar de los ciudadanos, también es una herramienta de control, y cuando está en manos de Estados autoritarios, criminales legítimos o no, es violatoria en sí misma.
Pero sucede que la vigilancia ni se inventó ayer ni es vista por los gobiernos —y me atrevo a decir que tampoco por muchos ciudadanos— como una actividad maliciosa. Por ello el presidente mexicano se paró frente a un público y ante cámaras para decir que él también se ha sentido espiado. Así como muchos aplaudieron que el ejército saliera a las calles a “combatir al crimen organizado” en 2006, en México, la gente común suele pensar que hay mecanismos de poder y coerción que se justifican frente a un “enemigo” real o posible.
Solo un sector de la población parece indignarse cuando ese enemigo se identifica claramente como un periodista o un defensor de derechos humanos. Porque el espionaje es un crimen hasta que tienes suficiente dinero para costear un programa que te permite llevarlo a cabo, o suficiente poder para legitimarlo.
Hoy es buen momento para ser insolentes, para reflexionar lo que muchos han permitido o que otros no hemos hecho suficiente para oponernos: a ser asesinados, desaparecidos, espiados.
Una vez más: ¿Quién va a investigar las violaciones a los de derechos humanos cometidas por el gobierno de México? ¿El gobierno de México?
Para este caso, R3D, Artículo 19 y Social Tic sugieren que sea un grupo independiente de expertos el que investigue “la acción o inacción de la PGR” en el espionaje. La administración de Peña Nieto asegura que investigará las acusaciones de los periodistas, que pueden pasar a denunciar a la PGR, pero omite decir que desde octubre de 2016 la misma instancia se negó a entregar información o datos sobre los contratos con NSO Group, declarándola información reservada hasta 2021.
Cualquier declaración oficial, así como el ocultamiento de la información por parte de las instituciones mexicanas, va más allá del cinismo, y la reserva de la información es prolongar el escenario de abusos e impunidad, reservarse nuevamente la justicia.
Publicado: 04.07.2017
Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados.
En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira.
En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones –decía el periodista Tomás Eloy Martínez–, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos.
El encuentro de hoy con ustedes, es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas.
Un recuento del 13 de mayo al 27 de junio nos revela 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 compañeros se vieron agraviados.
Citamos algunos casos:
El 13 de mayo Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron privados de su libertad en Acapetlahuaya, por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban los periodistas.
El 19 de mayo, los reporteros de Zihuatanejo Noé Aguirre, Ruth Tamayo, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, sufrieron hostigamiento verbal por parte del presidente municipal Gustavo García.
El 26 de mayo, el reportero, también de Zihuatanejo, Marco Antonio Villegas sufrió obstrucción en su cobertura informativa por el director del Hospital Regional de Atoyac, Juventino Rodríguez.
El 1 de junio, la reportera Brenda Escobar sufrió hostigamiento y amenazas por particulares frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo.
El 2 de junio la reportera de Chilpancingo María Avilés sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, quien fue complaciente con su subalterna.
El 3 de junio, la conductora de RTG, Marcela de Jesús Natalia, fue atacada a balazos en Ometepec cuando salía de su turno laboral. La compañera se restablece todavía.
El 6 de junio, el reportero Leonardo Martínez fue encañonado por policías estatales en Zihuatanejo. Los agentes exigían al compañero que borrara o les entregara imágenes que había tomado en un enfrentamiento.
El 9 de junio, la reportera Hercilia Castro sufrió obstrucción de su cobertura informativa por elementos de la Policía Estatal.
El 11 de junio, el reportero Ezequiel Flores denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
El 17 de mayo, directivos del Diario Alternativo, de Marquelia, denunciaron que siguen las amenazas, persecución y hostigamiento en contra de integrantes del colectivo, a pesar de las medidas cautelares con las que cuentan.
El 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE impidieron realizar su labor al reportero Héctor Briseño. Después, «justificaron» su acción en el aspecto «sudoroso» del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra.
Ese mismo día, el reportero de Pungarabato, Agustín Hernández, fue amenazado de muerte a través de las redes sociales por Cuauhtémoc Salgado Jr, hijo del diputado local priista Cuauhtémoc Salgado Romero. «Pronto te va tocar como le tocó a Cecilio por hocicones y ser periodistas», le advirtió.
A la lista de agravios sumamos los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado.
El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores.
Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor.
Emplazamos al gobernador Héctor Astudillo Flores, responsable de lo que pasa en Guerrero, y a los otros dos poderes, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad.
Como puede verse, el panorama luce bastante sombrío para el ejercicio periodístico, tanto como para el resto de la sociedad; se fue complicando sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. Hace unos años, aquí en Guerrero, hubo algunas agresiones contra ciertos comunicadores, pero no era frecuente que se atentara contra los reporteros que recorren día a día las calles y los espacios donde se genera la información de interés público. Ahora, todos los ataques, cada vez más frecuentes y en mayor número, están dirigidos contra esos reporteros que tratan de iluminar las zonas oscuras que los grupos de poder no quieren que se descubran, los que con su trabajo tratan, en un gesto de idealismo, de transformar la realidad con sus denuncias, con sus investigaciones.
Pero la tarea informativa no puede detenerse porque la situación se ha tornado difícil; al contrario en momentos como los que estamos viviendo es cuando más se necesita el periodismo verdadero, como con mucho tino lo dijo Tomás Eloy. Es por esto que los integrantes de la APEG decidimos reactivar la Organización, porque no pensamos ir a escondernos abajo de la cama; sabemos la importancia de hacer efectivo el derecho a la información de toda la sociedad, y estamos dispuestos a asumir el reto de continuar con nuestra labor. El periodismo no parte de elegir un trabajo agradable, con reconocimiento social y bien remunerado, sino que es un compromiso con el bien común, con las causas justas de la sociedad. En otras palabras, es un compromiso que se asume desde lo más profundo de la conciencia social; y alguien tiene que hacerlo, porque sin periodismo no existe el estado de derecho ni la democracia.
Como dice José Ignacio López Vigil: «No caben mirones cuando está en juego la vida de la mayoría de nuestros congéneres, incluida la del único planeta donde podemos vivirla».
«Ni el arte por el arte, ni la información por la información. Buscamos informar para inconformar, para sacudir las comodidades de aquéllos a quienes les sobra, y para remover la pasividad de aquéllos a quienes les falta. Las noticias, bien trabajadas, aun sin opinión explícita, sensibilizan sobre estos graves problemas y mueven voluntades para resolverlos», dice también este catedrático y radiodifusor cubano.
Y para hacer frente a este reto enorme, la APEG también asume el compromiso de capacitarse e impulsar la capacitación para todo aquel periodista que conciba el periodismo desde los tres pilares de la ética periodística: independencia, apego a la verdad y compromiso social; en la medida en que seamos más incisivos, más preparados, entenderemos cuál es nuestro papel dentro del Sistema, y lograremos establecer un vínculo con la sociedad, a la cual debemos acercarnos más.
Pero también queremos dejar claro que el no dejar pasar ni una agresión más, nos compromete con nuestra información, a construir un muro paralelo contra la impunidad. Entre más nos comprometamos con nuestro periodismo, profundicemos, gastemos suela; reportemos nuestros propios problemas como periodistas, se abrirá una nueva brecha.
Esta es la tercera vez que activamos la APEG, y podemos asegurar, como dice el conocido refrán, la tercera es la vencida.
Por Samantha Páez
Este viernes 29 de junio nueve universidades del país firmaron un acuerdo para crear iniciativas de articulación, análisis e investigación sobre las formas de violencia ejercidas contra los comunicadores, así como para que esta problemática se conozca no sólo entre la comunidad universitaria sino también entre la población en general.
El Acuerdo inter-universidades en defensa de la libertad de pensamiento y de expresión en México fue firmado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en sus sedes Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco; también por las universidades Autónoma de la Ciudad de México, Veracruzana, Iberoamericana y Autónoma de Aguascalientes.
Dicho acuerdo fue promovido por la Red por la libertad de pensamiento y expresión contra la violencia a comunicadores, fruto de una labor colectiva entre organizaciones de defensa a la libertad de expresión, como Reporteros sin fronteras, Periodistas de pie y Artículo 19; además de miembros de la presa, activistas, académicos de más de 15 universidades, asociaciones que aglutinan licenciaturas de comunicación, entidades de científicos de América Latina y representantes de la sociedad civil sensibles a la problemática.
Margarita Zires Roldán, investigadora de la UAM Xochimilco e integrante de la red, explicó que algunos de los objetivos de la organización y del acuerdo son:
Esto debido a los asesinatos de periodistas en el país, así como las zonas de silencio que existen en México debido a las amenazas y agresiones constantes a comunicadores y comunicadoras; pero también a los intentos que hay de coartar la libertad de expresión dentro de las instituciones de educación superior.
En su oportunidad Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina en México de Artículo 19, señaló que “los periodistas son nuestro puente con la realidad y ustedes son quienes los forman”, lamentando que cada vez sean más los alumnos que dejan de inscribirse a las licenciaturas de periodismo por miedo.
Daniela Pastrana, directora de Periodistas de a pie, agradeció a las académicas que impulsaron la firma del convenio, porque la reacción de las universidades ante el ataque a la prensa y a la libertad de expresión es central para detenerlo.
Pastrana habló de cómo las agresiones a periodistas tienen un efecto silenciador en todos los sectores de la sociedad, de allí la importancia de que los ataques cesen.
A su vez Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras, dijo que el papel de las universidades es fundamental no sólo en la promoción, sino en la defensa de las libertades de expresión y de prensa.
Publicado: 29.06.2017
¡Ya puedes ver Periodistas de a Pie!
De cada 100 pesos del presupuesto federal, 15.5 se destinaron al pago de pensiones. Sin embargo, estas podrían desaparecer entre 2090 y 2120. Actualmente, ¿cuál es el mejor sistema de retiro para un trabajador: estar dentro del sistema de beneficio definido que ofrece el gobierno o el de las Afore?
En esta emisión, Verónica García de León nos presenta esta problemática donde los más afectados son los trabajadores.
