El 12 de noviembre de 2014 Daniela Pastrana directora de la Red de Periodistas de a Pie, presento ante la Audiencia Final de Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP México), la relatoría de los trabajos que llevó a cabo la Audiencia temática Desinformación, Censura y Violencia Contra los Comunicadores, con los caso recabados de acusaciones contra el Estado Mexicano durante los últimos tres años que el TPP México a sesionado en México.
Escucha la presentación de la relatoría en la cobertura especial de Ajusco Radio
Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2014
Distinguidos miembros del Jurado
Distinguidos miembros del Comité de Garantes
Queridas y queridos compañeros de la Plataforma Social del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos
Las organizaciones sociales y sindicales, colectivos, pueblos, periodistas, académicos y ciudadanos de este país que participamos en la audiencia temática sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores venimos a presentar la relatoría de las actividades realizadas en torno a este eje temático del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos.
En octubre de 2011 asumimos el compromiso de sacar adelante los trabajos de esta audiencia, y hoy nos presentamos ante ustedes, juezas y jueces de este tribunal internacional ético y de conciencia, para ratificar lo que dijimos en esa ocasión:
Que la falta de acceso a la información, la concentración monopólica de los medios masivos y la violencia contra los comunicadores afecta de manera muy grave los derechos individuales y colectivos de los mexicanos y va aparejada, prácticamente, a todos los agravios que se presentan en este Tribunal Permanente de los Pueblos: la guerra sucia y la violación de los derechos humanos se encubren bajo bolsones de silencio, que contribuyen con la impunidad, mientras las protestas sociales son permanentemente criminalizadas.
Que el Estado mexicano es el principal responsable de la grave situación de desinformación, censura y violencia contra comunicadores, así como de la generación de zonas de silencio propiciadas por una violencia dirigida a provocar terror, ya que al desviar sus poderes económicos y políticos para garantizar los intereses de empresas privadas sobre la función social propia de la información, viola los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de la ciudadanía y propicia la violencia contra periodistas y trabajadores de la comunicación, múltiples formas de menosprecio y discriminación comunicativa contra las radios comunitarias, medios libres y mujeres comunicadoras, así como a los agravios contra la privacidad en Internet.
Que el Estado mexicano, en su afán por asegurar el lucro ilimitado de corporaciones privadas, reprime, obstaculiza y niega sistemáticamente el derecho fundamental de los pueblos a la libertad de expresión y acceso a la información, y mantiene una política de simulación, con la creación de marcos jurídicos que aparentemente responden a las necesidades de las audiencias, pero que no se cumplen –en el mejor de los casos—o que en realidad mantienen los privilegios de unos sectores.
El equipo de trabajo que promovió la Audiencia sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, partió del principio de que la libertad de expresión no se restringe a la capacidad que poseen ciertos grupos privilegiados de difundir su pensamiento y opinión sobre el resto de la sociedad. La comunicación no se limita al campo de la información y de los medios de comunicación, sino remite al espacio de creación de una comunidad. La libertad, cuando se habla de comunicación, no puede restringirse a una concepción mediática de la libertad de expresión. La libertad de comunicación es un derecho de los pueblos que excede el ámbito de lo público estatal y que jamás puede quedar reducida a un ejercicio privado y comercial.
Para fundamentar esta libertad, reivindicamos el derecho a la información. Siguiendo los planteamientos y las experiencias de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, “partimos de la base de que la Libertad de información representa la posibilidad efectiva y real de toda persona de investigar, recibir, producir y difundir información de toda índole a través de cualquier procedimiento o medio de su elección y que para ello es indispensable la plena garantía del Derecho a la información…”
A partir de estas premisas el equipo promotor realizó una serie de foros de diagnóstico con el título Comunicación y Libertad, que se llevaron a cabo entre enero y mayo de 2012. El foro incluyó seis sesiones, en las cuales se trataron temas apremiantes: 1) los monopolios mediáticos, 2) la desinformación y la criminalización mediática de las luchas sociales, 3) la censura y la violencia contra los comunicadores, 4) la situación de las radios comunitarias, 5) derecho a saber y los megaproyectos y 6) las nuevas tecnologías y el derecho a los espacios públicos.
El 30 de octubre de 2012, esos mismos temas se abordaron de forma integral en el Foro Violencia Mediática y Terrorismo de Estado, que se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana. En ese foro se propuso, por primera vez, abordar la interrelación que existe entre todos estos temas.
Dada la naturaleza de los temas abordados y actores involucrados en esta Audiencia, la dinámica de participación y organización de los trabajos fue distinta al del resto de las audiencias. En el caso de los periodistas, por ejemplo, se trata de un gremio que apenas comenzó un proceso de organización independiente, por lo que fue necesario pasar por un proceso de aprendizaje para la documentación de los casos. Sin embargo, es importante destacar que hubo una participación importante de periodistas activos a lo largo del proceso del Tribunal.
Otro problema que fue necesario trabajar es la desconfianza que hay entre sectores de la población civil criminalizados por los medios de comunicación y los propios periodistas, para lo que fue necesario establecer espacios de diálogo entre los distintos grupos participantes.
Con ese objetivo, a lo largo de 2013 se realizaron reuniones bimensuales entre los distintos colectivos y organizaciones participantes de la Audiencia para identificar los casos emblemáticos que pudieran ser presentados ante el Tribunal y encontrar las evidencias que permitieran desmenuzar la complejidad de los problemas relacionados con la Desinformación y censura, cuyos afectados son todos los ciudadanos mexicanos.
Finalmente, el 20 de junio de 2014 se realizó una Pre-audiencia de Criminalización Mediática de la Protesta Social, el 26 de agosto hubo una mesa redonda sobre Monopolios mediáticos y nueva legislación.
La Audiencia temática final sobre Desinformación, censura y violencia contra comunicadores se llevó a cabo del 17 al 19 de septiembre de este año. Las sesiones de trabajo estuvieron articuladas alrededor de cinco ejes principales sobre: monopolios mediáticos; criminalización mediática de la protesta; violencia contra comunicadores y comunicadoras; exclusión de las radios comunitarias y de la sociedad civil, así como agravios al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión en Internet. Las denuncias correspondientes a las temáticas enunciadas son presentadas de manera sintética en el apartado que sigue.
El Tribunal escuchó las ponencias de representantes de grupos de comunicadores y asociaciones para la libertad de expresión, periodistas, medios de comunicación independientes y de radios comunitarias, de movimientos estudiantiles, sindicales y populares. Los testimonios dibujaron un cuadro muy amplio de violaciones de la libertad de expresión y de ataques a los comunicadores en México.
En relación con los monopolios mediáticos, la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI) expuso su lucha, a lo largo de tres décadas, por contar con una legislación que garantice el derecho a la información. En su exposición mostraron cómo las recientes reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones abrieron la posibilidad de contener el control monopólico de las televisoras y radiodifusoras; sin embargo, la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones canceló, en los hechos, la posibilidad de regular a los monopolios mediáticos. Se encubrió a los monopolios que prevalecen en cada sector, sea en radio, televisión abierta, televisión por cable, telefonía, internet, etc.; tanto como a la propiedad cruzada que prevalece en manos de muy pocas empresas, destacadamente de las que conforman el duopolio televisivo: Televisa y Televisión Azteca. De aquí resulta que, aunque el Grupo Televisa acapara alrededor de 62 por ciento del mercado de la televisión de paga en el país, sus empresas quedan protegidas por la norma contenida en la nueva legislación.
Las reformas aprobadas en el verano de 2014 contravienen varios puntos relevantes que se introdujeron previamente en el texto Constitucional. En primer lugar, la Constitución establece los derechos de las audiencias, pero no existe ningún mecanismo para hacerlos valer y protegerlos; la ley simplemente los sujeta a los “códigos de ética” de los propios concesionarios. En segundo lugar, se limitaron las atribuciones del órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que debiera ser autónomo. En tercer lugar, la ley omite la regulación de los medios públicos, que según el texto constitucional deberían de contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Debido a ello, consideramos que el Estado sólo simuló un cambio en las legislaciones para en realidad mantener los privilegios de los monopolios.
En el curso de las audiencias celebradas, el Tribunal escuchó a los representantes de la iniciativa #YoSoy132, un vasto movimiento ciudadano protagonizado principalmente por jóvenes, enfocado en la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación del país. Este movimiento denunció, en 2012, lo que llamaron la “imposición mediática” del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Con amplia documentación los representantes de #YoSoy132 ilustraron el papel de los grandes medios de difusión televisiva en la construcción de una opinión pública favorable al candidato, mucho antes que el proceso electoral comenzara, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Informaron de un convenio entre el candidato y Televisa para promover su figura. Dieron amplios ejemplos de lo que definen como “una descarada manipulación mediática” a lo largo del proceso electoral, denunciando “un claro respaldo de Televisa y Tv Azteca, o sea los integrantes del duopolio que domina en México, a la candidatura de Enrique Peña Nieto”.
El movimiento ofreció también una argumentada crítica a la reforma de Telecomunicaciones aprobada en 2013, por considerarla insuficiente y ajena a su demanda principal: la democratización de la comunicación en México.
La criminalizacion médiatica de movimientos ciudadanos fue ilustrada por varias ponencias ante este Tribunal. Es el caso del Movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Salvador Atenco, que se opone al proyecto de construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en sus terrenos. La propuesta presidencial de nuevo aeropuerto, presentada en 2001, fue acompañada por una campaña a su favor en los medios de comunicación, quienes omitieron presentar el punto de vista de la población local, que no tuvo la oportunidad de expresar las razones de su oposición.
Cuando finalmente los medios tomaron nota del conflicto que se estaba produciendo en 2006, coincidieron en descalificar al movimiento “con epítetos como macheteros, vándalos, chantajistas, manipuladores, desestabilizadores, intransigentes e ignorantes, opuestos al progreso y desarrollo”. Las imágenes presentadas en los periódicos relataron en su mayoría únicamente los hechos de violencia, pero “omitían los contextos, causas y actores de los mismos, verdadero origen del conflicto, aunque a veces en páginas interiores aparecían algunas voces a su favor”.
Un video realizado por periodistas independientes fue presentado en el Tribunal y permitió ilustrar el prejuicio común de los medios televisivos, radiofónicos y escritos. En ocasión de un enfrentamiento en las calles de San Salvador Atenco en mayo del 2006, el documental presenta a comentaristas televisivos que califican como “una vergüenza” las protestas e instan directamente a que la policía “termine” con ellas y las reprima.
Imágenes descontextualizadas de pobladores agrediendo a un policía fueron repetidas incesantemente por las grandes cadenas televisivas, ocultando lo que había sucedido antes y los demás acontecimientos de esas horas: los allanamientos, detenciones arbitrarias, golpizas, abusos y vejaciones fueron omitidos, así como las responsabilidades. En ningún momento dieron voz a los protagonistas de las protestas. Así, las cadenas televisivas se erigieron en un tribunal mediático que inculpó a los pobladores y exigía castigo en un tono que reclamaba más bien venganza en lugar de justicia legal, incitando a la represión.
Otro ejemplo de criminalización mediática fue ilustrado por representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que contaron ante el tribunal los hechos que llevaron a la liquidación forzada de la Compañía estatal Luz y Fuerza del Centro, dedicada a la producción y distribución de energía eléctrica en estados del centro de México. Estos hechos fueron acompañados por una campaña mediática en contra del sindicato, creando en la ciudadanía una opinión favorable a la disolución de la compañía.
Durante el conflicto, los medios continuaron con una sistemática difamación y criminalización de los trabajadores de la compañía, acusando a su sindicato de corrupción y de defender “privilegios”, de ser causa de un enorme dispendio de recursos públicos y de las altas tarifas de la energía eléctrica, en lo que constituía “un discurso de odio” y “una guerra sucia” contra los trabajadores y su sindicato, señalaron los declarantes.
Por otro lado, destacaron un ocultamiento de información, al no revelar que estaba en juego la privatización de la red de fibra óptica de la compañía Luz y Fuerza del Centro, que de esa forma “pasó ilegalmente a la Comisión Federal de Electricidad, la cual la entregó a empresas privadas” trasnacionales. En este caso, la representación tendenciosa y falsa de los hechos por parte de los medios de comunicación comerciales no sólo criminalizó a un movimiento social, el de los trabajadores afiliados al SME, sino que fue instrumento para propiciar decisiones políticas como la privatización de un bien público y que beneficiaban a las mismas cadenas televisivas.
Otro caso que se presentó en la Audiencia Final de clara criminalización mediática fue el movimiento #Masde131. Ellos mostraron cómo se tergiversó la información en ciertos medios de la prensa y televisión cuando el entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, fue abucheado en su visita a la Universidad Iberoamericana. El hecho se minimizó y se tildó a los jóvenes de provocadores ajenos a la comunidad universitaria, infiltrados, manipulados por partidos de izquierda, lo que motivó que los estudiantes subieran un video a las redes sociales mostrando su credencial de alumnos y denunciando la mentira.
Otros casos expuestos ante este Tribunal coincidieron en describir una situación gravísima de violencia y de intimidación en contra de los comunicadores en México.
La organización Artículo 19 informó de que durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México, lo que implicó un incremento del 59% respecto a 2012. Este ha sido el año con más agresiones documentadas desde 2007.
Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 7 periodistas han sido asesinados en el desempeño de su actividad profesional. Además, aumentaron las agresiones a periodistas en contexto de protestas sociales.
Otros datos perturbadores que llegaron al Tribunal son que, en 6 de cada 10 casos donde se identificó al perpetrador de agresiones a comunicadores, se trataba de funcionarios de poderes públicos. Además, la impunidad es constante: en 95% de los casos los responsables no son perseguidos.
El Tribunal atendió relatos de casos emblemáticos en este sentido, presentados por la Red de Periodistas de a Pie en el estado de Veracruz. Uno de estos casos es el asesinato de la periodista Regina Martinez Pérez, en Xalapa, que fue tratado por las autoridades como robo o delito pasional y sin que en ningún momento las investigaciones consideraran posibles causas relativas a su trabajo de periodista: “Se prefirió juzgarla como mujer y no hacer justicia”, afirma la ponencia recibida por este Tribunal. Sin embargo un testimonio escrito por la misma periodista meses antes de ser asesinada señalaba que el “clima de terror en el medio periodístico es en todo el estado de Veracruz”. Los denunciantes ligan estos hechos con una constante situación de violencia alrededor del Estado de Veracruz, un territorio estratégico de negocios e industria petroquímica que se ha convertido en zona de guerra entre carteles del crimen organizado y en el que han sido asesinados 17 periodistas en los últimos 10 años.
También señalan que la vulnerabilidad de los periodistas se ve acentuada por una situación laboral muy precaria que afecta a un número considerable de los informadores profesionales, así como un éxodo debido a amenazas y presiones de grupos criminales y de funcionarios del gobierno. Muchos comunicadores han sido despedidos luego de participar en protestas y la mayoría de los reporteros no cuenta con un salario fijo ni seguro social.
Hay que añadir que las mujeres periodistas sufren una discriminación específica, como lo testimonió a este Tribunal el grupo Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), que ha registrado 184 casos de violencia contra mujeres periodistas en México entre 2002 y 2013. “La frecuencia de agresiones ha aumentado de manera notable en los últimos años”, añadieron.
La Red Periodistas de a Pie relaciona el aumento de la violencia contra los comunicadores a partir de un factor coyuntural, la llamada estrategia bélica de seguridad en el pasado sexenio, así como con varios factores estructurales: la corrupción y la debilidad generalizada en el sistema de justicia, una complicidad entre los grupos mediáticos más poderosos y el poder político construida durante las décadas de hegemonía del PRI, el servilismo de los directivos de los medios y una preocupante falta de capacitación de los periodistas. La apertura democrática de la prensa observable a partir de los años noventa del pasado siglo no llegó a todo el país, afirmó en su testimonio la Red de Periodistas de a Pie, “el resultado es que en el país se extendieron zonas de silencio forzado en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica y qué no en los medios de comunicación locales”.
A eso hay que agregar que –como en el caso de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones–, hay una simulación del Estado en la protección y prevención de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
A dos años de creada la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el mecanismo no ha actuado y los indicadores revelan un incremento de agresiones y amenazas – físicas, sicológicas, legales y digitales-que ponen en peligro la integridad física, moral y financieras de las periodistas, ya no solo a manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas por autoridades locales, estatales o mandos federales contra los trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de expresión y el acceso a la información.
Además, la aprobación de mecanismos institucionales de protección de periodistas no ha contenido la escalada de violencia contra comunicadores y mucho menos la impunidad de los agresores, que es la constante durante las últimas tres presidencias.
En los primeros nueve meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a periodistas, un promedio de una cada 28 horas.
Completa este cuadro de ataque a los comunicadores y a la libertad de expresión la discriminación sufrida por las Radios Comunitarias y, en general, por el conjunto de los medios comunitarios y de interés social. La oficina mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) señaló a este Tribunal la importancia de contar con mecanismos claros y equitativos para la adjudicación de frecuencias radiofónicas, así como garantizar a la comunicación comunitaria y popular mecanismos de sostenibilidad económica.
Sin embargo, hoy la asignación de concesiones sigue mecanismos discrecionales. La ley confina a los medios sociales a sobrevivir en altas bandas de frecuencias FM: “Un verdadero gueto radioeléctrico”, señalaron, tras denunciar que persiste la criminalización de quienes abren una radio sin permiso.
El Tribunal escuchó el caso de la radio Tierra y Libertad, testimoniado por uno de los protagonistas de esta empresa social. La radio nació en 2001, en el marco de un movimiento social de trabajadores y pobladores surgido en los años setenta en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Numerosos intentos de solicitud de un permiso de radiodifusión fueron vanos, contó el representante de la emisora Tierra y Libertad. Este Tribunal escuchó un vívido testimonio de cómo una noche de abril de 2008 la policía irrumpió en la comunidad y, después de forzar la puerta de la radio con mazos, secuestró los equipos de transmisión mientras la población local protestaba, en una situación de tensión muy alta. A los pocos días, dos líderes de la comunidad fueron denunciados por uso ilegal de señal sin concesión; el procedimiento judicial llegó hasta la Suprema Corte. “¿Por qué perseguir la única radio comunitaria de Nuevo León? No les gustaba el hecho de que existiera una voz fuera del control del poder», apuntó el testimonio. “La radio era un espacio para hablar de problemas de interés de la comunidad, temas sociales, educación, ayuda entre los vecinos, incluido un espacio para la población indígena en su propia lengua”, añadió.
Finalmente Radio Tierra y Libertad fue autorizada a emitir con solo 22 Watt de potencia, lo que no permite alcanzar más que una zona reducida de la comunidad. Los promotores de Radio Tierra y Libertad llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras que se limitan las Radios comunitarias, expresión de comunidades locales con finalidades sociales, una batalla decisiva se está desarrollando en la vanguardia de las tecnologías comunicativas. En juego está el control de Internet y de la telefonía móvil, así como la acumulación y comercialización de las ingentes masas de datos que estos acumulan. El testimonio de la directora de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Primavera Téllez, ilustró la situación existente en México en materia de protección de la privacidad de los ciudadanos. La ley de telecomunicaciones en vigor en el país desde el pasado julio del 2014 otorga al Estado un control masivo sobre los servicios de Internet y acaba con la neutralidad de la red sujetando a criterios de mercado la gestión del tráfico. El Estado podrá bloquear el acceso a contenidos o servicios en Internet, así como suspender la señal telefónica en casos de seguridad pública y nacional. Además, la ley obliga a los gestores de servicios de telecomunicación a guardar metadatos de los usuarios por un plazo de hasta dos años, proporcionando la localización geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo, así como los datos de los usuarios, que estarán a la disposición de agencias estatales sin necesidad de orden judicial. Todo esto perjudica gravemente la libertad de difundir opiniones e información, así como el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Los casos presentados en esta Audiencia llevó a los jueces a plantear lo siguiente: los testimonios de personas y organizaciones agraviadas dejaron en claro que la relación entre poder político y medios de comunicación se sustenta en una suerte de simbiosis orientada al control, manipulación y sometimiento de una gran parte de la sociedad mexicana, que sólo en contados casos ejerce su derecho a informarse oportuna, veraz y acertadamente de lo que ocurre en el país y en el mundo.
La extremada concentración de los medios de comunicación en unas cuantas manos, dos empresas televisivas nacionales y trece familias que controlan la radio en todo el país, por ejemplo, propicia la sistemática violación del derecho a la información y de la libertad de expresión. El 92% de las señales televisivas está en manos del duopolio televisivo mercantil Televisa-TV Azteca, que además maneja publicaciones impresas, editoriales, casas productoras, portales de internet, servicios telefónicos, televisión por cable y vía satélite, casinos, bancos, casas de préstamos, en el curso de una actividad mercantil ligada a muchas otras empresas de cualidad financiera y bursátil.
Los testimonios recogidos por este Tribunal documentaron cómo el ejercicio del poder político en México atiende en innumerables ocasiones el mandato que la televisión mercantil impone a los tres Poderes Constitucionales que conforman a una república democrática: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Las acusaciones y testimonios que este Tribunal tuvo la oportunidad de conocer documentaron que este contexto mediático se relaciona con un monopolio político ejercido durante más de ochenta años por el Partido Revolucionario Institucional, hoy nuevamente en el poder presidencial, formación que entregó frecuencias radioeléctricas al margen de toda normatividad a unos cuantos de sus amigos y aliados. Así, desde los años cincuenta del pasado siglo, la televisión se convirtió en la herramienta del régimen para contener y reprimir la protesta social, criminalizándola y exigiendo para ella la represión y la cárcel. Al mismo tiempo, la comunicación televisiva se convirtió en la plataforma fundamental para la producción y socialización de formas de vida e inclinaciones morales acordes con el credo ideológico y el modelo de sociedad impuesto desde las instancias de gobierno del país y los grupos económicos dominantes.
No exageraba el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, cuando dijo a la revista “Proceso” que él y Televisa eran “soldados del Presidente y del PRI”. Sin embargo, la relación se invirtió, según los testimonios basados en estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana: de ser Televisa y su dueño soldados del Presidente, a ser el Presidente soldado de Televisa junto con los otros poderes constitucionales (Legislativo y Judicial).
La llamada Ley Televisa de 2006, que entregaba de hecho la propiedad del espectro radioeléctrico a Televisa y a TV Azteca, así como la reciente reforma de telecomunicaciones que derivó en un fiasco para los esperanzados en que el entendimiento de la hegemonía estatal del poder se sobrepusiera a la de los medios, son hechos contundentes en ese sentido.
Para comprender el origen de la reforma en telecomunicaciones consumada en julio de 2014 es indispensable considerar lo que representó en el contexto que se describe la rebelión ciudadana de 2012, protagonizada por el movimiento #YoSoy132. Por primera vez en la historia de México, multitudes ciudadanas tomaron las calles reclamando la democratización de los medios de comunicación y el fin del control priísta de la sociedad.
A lo largo de 2013, se intensificó la lucha por lograr una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Cuando el gobierno federal anunció su intención de promover una reforma, más de 300 organizaciones y alrededor de 200 personalidades apoyaron una iniciativa, que recogía muchos de los planteamientos que habían sostenido la AMEDI y otras agrupaciones de la sociedad civil a lo largo de sus muchos años de pugnar por la democratización de los medios. La reforma constitucional, en efecto, enunció varios de los temas que reclamaban las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en 2014, cuando se aprobó la legislación secundaria, en ella se limitaron los derechos y se cancelaron los avances asentados en la Constitución. Los legisladores impusieron normas restrictivas a espaldas de las protestas multitudinarias, que dieron lugar a la formación del Frente por la Comunicación Democrática, a intensas campañas virtuales y a una cadena humana que cercó los sitios emblemáticos de los poderes político y mediático en la ciudad de México.
La reforma en telecomunicaciones promovida por el sistema de partidos en México y las industrias mediáticas, concebida aparentemente como un intento de disminuir el poder paralelo de los monopolios de la radiodifusión y de la telefonía, contribuye decisivamente al arrinconamiento y marginalización de los medios de carácter comunitario y de cualidad social al margen de la racionalidad del beneficio económico y la comercialización. A las radios comunitarias e indígenas se les ha impuesto exigencias semejantes y aún más estrictas que a las concesiones privadas para obtener una frecuencia en el espectro o para conservarla. En este sentido, es ridícula la potencia de veinte watts que se les concede para transmitir, por ejemplo, mientras se les niega toda posibilidad de acceder a recursos publicitarios que permitan su sostenibilidad. Una auténtica trama jurídica y administrativa que, junto a la hostilización, la persecución de radialistas, la agresión policíaca militar o de grupos vandálicos, atrapan y ahogan a los proyectos comunicativos de carácter comunitario.
Amén de apuntalar el monopolio mediático, la reforma asegura y dota de legitimidad jurídica a la vigilancia masiva de Internet por parte de las autoridades, así como recoge explícitamente el control de la telefonía celular y fija, la fibra óptica, los servicios satelitales para geolocalizar a los usuarios en tiempo real y, eventualmente, la potestad gubernamental para bloquear por razones de seguridad nacional la transmisión de señales en actos de carácter masivo o de protesta social, pudiendo censurar previamente contenidos de Internet. Según el nuevo marco jurídico en materia de comunicación, los concesionarios, es decir, las empresas, están obligadas a prestar esos servicios de espionaje y localización a petición de diversas autoridades, pero sin que sea requisito contar con una orden judicial, y viéndose obligadas a conservar los datos de los usuarios al menos por dos años.
De los hechos expuestos, testimonios y pruebas presentadas durante los dos días previos de Audiencia, se desprende la violación de diversos derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en múltiples instrumentos jurídicos regionales e internacionales relativos a la comunicación, la información y los derechos de los comunicadores y periodistas.
El dictamen de los jueces de esta audiencia hizo hincapié sobre un aspecto importante: la mercantilización de la esfera de la comunicación en el país que le ha arrebatado de forma dramática su naturaleza de servicio público a los medios de comunicación despojando a los ciudadanos y ciudadanas de su cualidad de usuarios participantes de un servicio y convirtiéndolos en meros objetos de negocio sujetos a los intereses de las compañías mediáticas.
La transformación de los ciudadanos y ciudadanas, en tanto que usuarios y productores de la comunicación y la información mediáticas, en meras audiencias y consumidores, les niega la participación en la toma de decisiones y en la configuración de la cualidad de los contenidos mediáticos. La sociedad se ve despojada por completo de la comunicación y la información mediáticas y, por lo tanto del ejercicio de la democracia.
La gravedad del déficit democrático y de vulneración sistemática de los derechos humanos en materia de comunicación e información mediáticas, encuentra en el problema de la violencia uno de sus elementos de mayor intensidad. En el contexto de una destrucción generalizada del tejido social del país, el ecosistema mediático y de comunicación se ve afectado de manera alarmante y dramática por una violencia que posee un carácter dual: por un lado, una violencia directa contra la libertad de expresión y de información que toca de manera más dolorosa a los profesionales del periodismo y a los ciudadanos que participan del denominado tercer sector de la comunicación, fundamentalmente iniciativas de comunicación social de naturaleza comunitaria; por otro lado, una violencia simbólica que impone un discurso, unas narrativas mediáticas y unos imaginarios que diseminan en la sociedad valores, formas de subjetivación, modos de vida e inclinaciones éticas, en definitiva, una cultura, afín al modelo económico imperante y a los regímenes de existencia que éste impone.
En el caso de la violencia directa contra comunicadores, medios y trabajadores de la información, la situación se presenta como insostenible y de una gravedad extrema. El clima de miedo e impunidad en el que se opera la violencia contra periodistas e informadores impone, además, un régimen de censura – mediante el control de la publicidad oficial– y de autocensura – derivada de la violencia– que establece auténticas zonas de silencio informativo en el país.
A esta violencia directa hay que sumarle la existencia de una práctica mediática de violencia simbólica y de producción de lo sensible que atenaza y encierra la producción y circulación de imaginarios acorde con el modelo cultural hegemónico ligado a los intereses de las élites económicas y políticas del país. Los formatos mediáticos de entretenimiento y las narrativas de ficción ocupan un lugar determinante en esta producción hegemónica de imaginarios que marginalizan y silencian toda forma de subjetivación alternativa y todo ejercicio cultural de disenso. El formato de telenovela, en cuya producción el duopolio Televisa-TV Azteca aparece como referente mundial, constituye en México uno de los fenómenos que de manera más plástica y precisa expresa la cualidad de imaginarios y formas de subjetivación. Un formato televisivo que, más allá de su hegemonía discursiva y económica en el campo mediático, demuestra su relevancia simbólica en un país cuyo presidente ha contraído matrimonio con una de las estrellas más importantes de la telenovela.
Finalmente, es necesario agregar que después de la situación relatada en la Audiencia se han registrado acontecimientos que indican que la grave situación que se ha documentado puede agravarse aún más.
Uno de esos acontecimientos es el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, atacados el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, por policías municipales que dio como resultado el asesinato de 6 personas y la desaparición forzada de 43 normalistas. Este hecho, que ha conmocionado a la sociedad y la comunidad internacional y que se ha definido por muchos analistas como un crimen de Estado, evidencia que la criminalización mediática de la protesta se mantiene, no sólo hacia los normalistas sino también hacia sus familias y los sectores de la población que se han unido para exigir justicia. En gran parte de los medios de comunicación han surgido juicios peyorativos hacia los estudiantes, tildándolos de estar ligados con el crimen organizado o de ser guerrilleros. Se editan frecuentemente imágenes de marchas pacíficas con imágenes de acciones violentas, como las del incendio de una estación del Metrobús que ocurrió el miércoles 5 de noviembre, a más de 20 kilómetros de distancia de la marcha, generando además la idea de que las manifestaciones son violentas.
El segundo caso al que queremos hacer mención es el de la tuitera, la Doctora María del Rosario Fuentes Rubio (@Miut3), activista que publicaba para Valor por Tamaulipas, una cuenta en donde se alerta a los ciudadanos sobre situaciones riesgosas ligadas a la delincuencia organizada de la zona. María del Rosario se encargaba de denunciar estos hechos vía Twitter, para informar y prevenir a sus seguidores, pero su trabajo terminó el 16 de octubre del presente año, cuando fue secuestrada y asesinada, las fotos de sus últimos momentos fueron publicadas en su propia cuenta de Twitter acompañadas de mensajes de advertencia a sus seguidores. El caso de la doctora María Rosario está inserto en el mismo contexto que el de Ayotzinapa, donde gobierna la total impunidad y se puede atentar de esta manera a la libertad de expresión y a los derechos humanos de los ciudadanos.
Acusaciones
Al Estado mexicano
Por violar los derechos de libre expresión y a la información. Señalamos al Estado Mexicano como responsable de violentar el derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por violar los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al momento de legislar en materia de Telecomunicaciones, favoreciendo al emporio mediático en detrimento de los derechos de la ciudadanía y comunidades a operar sus propios medios de comunicación
Por promover el empoderamiento del monopolio televisivo conformado por Televisa y TvAzteca a lo largo de las últimas cinco décadas, al grado extremo de que hoy en día este poder fáctico ha comenzado a ejercer funciones que competen al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por no generar un marco jurídico y reglamentario que asegure el derecho a réplica o libertad de expresión en un sentido más pleno, por no crear una instancia en donde se defiendan los derechos de las audiencias y por hacer un uso abusivo en los controles de las frecuencias radioeléctricas, evitando que comunidades y ciudadanía puedan acceder a ellas, obstaculizando la creación y operación de radios comunitarias y creando con ello una mordaza invisible que atenta contra la libre expresión. Incumpliendo con sus deberes de respeto y garantía.
Por ignorar las demandas ciudadanas que fueron expuestas distintos movimientos exigían la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico.
Por haber fallado para proteger y prevenir las agresiones y la violencia contra las y los periodistas, permitiendo la impunidad y por participar directa e indirectamente en las comisión de los crímenes denunciados en esta audiencia.
Por no garantizar el cumplimiento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular a las que ejercen el periodismo y por permitir y mantener la impunidad cuando se ejerció violencia contra ellas a través de amenazas, detenciones arbitrarias, delitos de difamación, calumnia o injuria e intimidación y en los casos de violencia feminicida.
Al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República
Por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos.
Al Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral
Por no haber garantizado las condiciones necesarias para promover la realización de una jornada electoral digna de una democracia auténtica y permitir que la candidatura de Enrique Peña Nieto rebasara los topes legales fijados a los gastos de campaňa de los candidatos presidenciales.
Al Poder Ejecutivo y a las Cámaras legislativas del H. Congreso de la Unión
Por incumplir la disposición constitucional de regular los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio del interés general que limitaran el poder de los actuales poderes fácticos en materia de televisión abierta. Las cámaras legislativas fueron complacientes con dicha propuesta que encubre omisión legal en materia de límites a la concentración de frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada, que deja intocados a los actuales consorcios mediáticos, en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.
Al Poder Ejecutivo Federal
Por haber enviado una Iniciativa de ley que violenta los Derechos Humanos, como son: la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a internet y derecho a la privacidad.
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Por abstenerse de decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas.
Al poder legislativo
Por persistir en la criminalización de las y los comunicadores comunitarios, manteniendo vigente el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para quien haga uso del espectro radioeléctrico sin permiso, permitir su prisión y encarcelamiento.
Al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Por erigirse erróneamente como Tribunal al decidir que lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones no era de su competencia, cuando el anterior Pleno de comisionados si lo hizo ante la Suprema Corte y quienes están hoy como Comisionados no presentaron Acción de Inconstitucionalidad en defensa de la privacidad y datos personales de la ciudadania que sí son de su competencia.
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Por no pronunciarse al respecto, de las graves violaciones a los Derechos Humanos aprobados en la Ley, por no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma para la protección de los periodistas agredidos y amenazados y por omisión en la investigación de las agresiones perpetradas contra las y los comunicadores.
A la Secretaria de Gobernación
Por usar de forma abusiva el derecho penal para criminalizar y acallar a voces disidentes en las radios comunitarias y en los medios libres.
A los gobiernos locales, como el de Veracruz y el gobierno del D.F.,
Por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión, por no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas agredidos o asesinados.
Al monopolio mediático de las cadenas de televisión Televisa y Televisión Azteca y la Organización Editorial Mexicana y al Grupo Milenio
Por criminalizar la protesta social y cancelar el derecho a la información y la libertad de expresión a través de los siguientes mecanismos: mentir flagrantemente, tergiversar y ocultar información, por no otorgar el derecho de réplica, por generar campañas de linchamiento contra los comunicadores, los movimientos sociales y los sindicatos; por orquestar junto con los gobiernos municipales, estatales y federales una estrategia de legitimación de la represión que implicó violaciones severas a los derechos humanos.
A los sicarios periodísticos de las empresas mediáticas
Por criminalizar a los movimientos sociales y atacar los derechos de los trabajadores.
Petición
Finalmente, pedimos a ustedes, miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, que reciban nuestra acusación, se solidaricen con nuestra lucha y atiendan en la medida de sus capacidades nuestra demanda de justicia. De manera especial, pedimos al Tribunal que nos ayude a visibilizar la grave situación de desinformación que padecemos las y los mexicanos.
— La audiencia final del TPP México se llevó a cabo del 12 al 15 de noviembre de 2014 en las instalaciones del Centro Universitario Cultural, A.C., ubicado en Odontología 35, Col, Copilco Universidad en la delegación Coyoacán D. F.
