Publicado: 10.08.2015
Foto: Revista Colibrí
COMUNICADO DE PRENSA
Debido a que los problemas del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas lo mantienen como una herramienta ineficaz para garantizar la seguridad de las personas que acuden al gobierno federal por no atenderse a cabalidad los mismos, ni se han resuelto las carencias técnicas y administrativos con las que surgió la entidad, Jade Ramírez, quien desde noviembre de 2012 se integró al primer Consejo Consultivo, órgano experto de consulta del mismo, decidió renunciar al cargo honorario conferido y, desde luego, a dejar su posición con voz y voto en la Junta de Gobierno.
La decisión de renunciar a continuar siendo consejera representante de los intereses y necesidades de la sociedad civil organizada sobre aspectos técnicos y metodológicos alrededor de la protección, seguridad y cuidado de la vida e integridad física de los periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, se motiva no solo por mantener una posición crítica durante los 32 meses que lleva en funcionamiento el Mecanismo, sino también por estar en clara divergencia con la posición que ha adquirido una mayoría de los otros integrantes del Consejo Consultivo: validar y otorgar una y otra vez un voto de confianza a las autoridades federales sin que se devuelvan los resultados prometidos ni necesarios para garantizar la protección adecuada de quienes se encuentran en riesgo por ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos.
Porque una mayoría del Consejo Consultivo dejó de ser portavoz de la situación de las víctimas de agresión, violencia, criminalización, amenazas y muerte, y porque se desplazó la prioridad de exigir los estándares internacionales de protección para la eficaz, pertinente y sensible atención que permita continuar ejerciendo la labor social de los beneficiarios de la protección, se fue perdiendo la función de órgano experto en la materia, pero sobre todo el papel de contrapeso y auscultación rigurosa a los compromisos como justificaciones dadas por todas las autoridades inmiscuidas en el tema: Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República [FEADLE], Comisión Nacional de Seguridad [Policía Federal], Comisión Nacional de Derechos Humanos [Quinta visitaduría] y Secretaría de Relaciones Exteriores.
En la renuncia presentada el lunes 10 de agosto de 2015, la periodista y defensora de derechos humanos se dirigió al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, recapitulando algunos de los errores y situaciones previamente expuestas y sobre la desorganización interna en la Coordinación Ejecutiva Nacional que persiste desde noviembre de 2012, como ignorar el mandato de crear la Unidad de Análisis, Prevención y Seguimiento, la carencia de un sistema de información virtual para monitorear a cabalidad los casos incorporados al Mecanismo, y la más reciente apuesta del gobierno mexicano de descargar una buena parte de su responsabilidad en garantizar protección y seguridad a periodistas como personas defensoras de derechos humanos a un equipo de consultores externos financiados por una organización internacional [Freedom House] a partir de una donación de la agencia USAID en el marco del Plan Mérida.
El Mecanismo continúa lejos de reconocer las causas de fondo que provocan la violencia contra periodistas o activistas, y de asumir la obligación de emprender las transformaciones necesarias que disminuyan los números de casos incorporados. La apuesta del Estado mexicano no puede ser que el Mecanismo exista por siempre, sino a garantizar derechos y generar ambientes y políticas de respeto a las labores que propician un modelo de democracia al que aspira el país.
Jade Ramírez fue elegida por un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil que realizó esfuerzos para la existencia de la ley y el Mecanismo, luego de presentar su candidatura acompañada de los conocimientos en el tema de seguridad y riesgos, pero también por tener incorporados aprendizajes sobre los peligros de ejercer el oficio de periodista fuera de la capital del país, donde las fuentes de agresión tienen largos alcances para dañar en total impunidad.
Entre otras razones, Jade Ramírez, a principios de 2015, volvió a recibir intimidaciones, amenazas y agresiones, pero ahora por su labor como consejera en la Junta de Gobierno, situación que expuso en su momento pero no fue atendida por el propio Mecanismo de protección adecuadamente.
Aun así se mantuvo en el compromiso, pero tras el asesinato de Rubén Espinosa, fotoperiodista desplazado de Veracruz al Distrito Federal, y del feminicidio de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia, determinó insostenible su permanencia tras las explicaciones escuetas y carentes de apego al reglamento de protección que dio la Coordinación Ejecutiva Nacional sobre el caso, como por las opiniones públicas de los otros consejeros, quienes se empeñan en excusar la imperfección del Mecanismo al calificar de mito su obligada eficacia y devolver el mayor peso de la protección al autocuidado en un país violentado por todas las estructuras en una guerra que ni los periodistas ni los defensores de derechos humanos eligieron iniciar, pero que son, junto a las comunidades e historias que acompañan y documentan, quienes están enfrentando las más duras batallas que arrebatan la vida y la libertad.
Pilar Tavera Gómez
Directora ejecutiva
Propuesta Cívica, A.C.
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César Octavio Pérez Verónica
Director ejecutivo
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
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