Publicado: 08.10.2015
Foto: CIDH
- Síntesis del informe que la Red de Periodistas de A Pie presentó a la CIDH en su visita a México.
En la visita In Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México, quedó demostrado lo ineficaz e insuficiente que ha sido la respuesta del Estado mexicano para prevenir la violencia contra los periodistas e investigar como castigar los delitos cometidos que han vulnerado la libertad de expresión.
Ciudad de México, a 1 de octubre 2015.- La Red de Periodistas de A Pie expuso en la primera audiencia de la visita In Loco que realizó la CIDH, bajo la temática Situación de Periodistas y Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Mecanismo nacional de Protección, la insostenible realidad en que se está ejerciendo el periodismo en México y cómo ni la procuración de justicia, ni la protección, son derechos que se han podido ejercer.
Ante la presencia de la comisionada Tracy Robinson y el Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, se planteó desde la visión de los periodistas y los casos emblemáticos de violencia contra la prensa el pasado 28 de septiembre.
Los periodistas en México estamos en resistencia. Sobrevivimos al peligroso oficio de investigar y publicar información delicada y ahora también debemos cuidarnos de la ineficaz respuesta del Estado al mandato de proteger, investigar y castigar los delitos cometidos contra la libertad de expresión.
El 90% de los casos de periodistas acogidos al Mecanismo Federal de Protección, han presentado inmediatamente nuevas situaciones de peligro, materialización de amenazas y un incremento en el nivel de riesgo.
Rubén Espinosa fotoperiodista desplazado en la ciudad de México, al que funcionarios de Gobernación solo enviaron recados a través de terceros sin agotar diligencias para protegerlo, lo boletinaron con oficios dirigidos al gobierno de Veracruz, y la PGR. Días después fue asesinado.
Los siete botones de pánico asignados a reporteros de Xalapa, recién incorporados al Mecanismo federal tras sostener una reunión con el Subsecretrario de Derechos Humanos Roberto Campa, el 15 de septiembre al cubrir las manifestaciones en la celebración del grito de independencia, en el intento de desaparición forzada a manos de presuntos policías estatales vestidos de civil todos fueron activados pero ninguno emitió la alerta correspondiente.
Las dependencias federales y organismos como la CNDH, han sido testigo silente, no protegen, criminalizan, nos recolocan en peligro, espían y dividen. Después de la desaparición forzada de Moisés Sánchez Cerezo en Medellín, Veracruz, una reportera cercana al editor del periódico La Unión, recibió una amenaza de muerte que advertía “tú sigues”. Acudió a la Fiscalía de Veracruz a poner la denuncia. Tras revelarse quien ordenó la desaparición y muerte de Moisés Sánchez, fue el presidente municipal de Medellín, la reportera quiso dar seguimiento a su denuncia, pero los funcionarios le informaron que dado que su caso estaba relacionado con el anterior, ya no había peligro y no era necesario continuar con la investigación.
Organizaciones internacionales que asesoran al Mecanismo de Protección a través de la capacitación en estados fuera del DF, reportan qué hacemos, cómo nos organizamos, los perfiles desestabilizadores y quiénes por trayectoria periodística mantienen un vínculo con los movimientos sociales.
Periodistas de Veracruz, Guerrero y Chihuahua, han revelado a Periodistas de A Pie que en nombre de la protección provocan confrontación entre el gremio, promueven mesas de diálogo y cooptación con los agresores.
Finalmente se sostuvo que la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, debe crear los protocolos adecuados para identificar móviles derivados del ejercicio periodístico e investigar en base al trabajo periodístico publicado por todas las víctimas, no solo las mortales, sino también las agresiones y amenazas, como motivo del riesgo.
Recientemente a una periodista que ha recibido amenazas directas tanto de un grupo delictivo como del presidente municipal de la ciudad donde radica y reportea, el Ministerio Público Federal la persuadió de ratificar su denuncia en la FEADLE, por resistirse a señalar testigos de las amenazas directas del servidor público, una condición que impide al acceso a la justicia desde la instancia procuradora de la misma.
Veracruz: las víctimas son los periodistas, no los medios.
A excepción de los periódicos Buen Tono de Córdoba y el diario Presente de Poza Rica que han sufrido ataques a sus oficinas, en la reunión que sostuvieron en Xalapa periodistas y representantes de algunas organizaciones con el Relator de Libertad de Expresión en Xalapa el 29 de septiembre, se destacó que los periodistas son quienes directamente han resultado afectados por las políticas gubernamentales de amenaza, como consecuencia del reporteo de actos de corrupción, amenazas por exponer los problemas sociales, ambientales, violaciones de derechos humanos y censura en los temas de inseguridad inhibiendo la publicación de ciertos temas.
Un grupo de periodistas relató directamente a Edison Lanza, cómo han recibido acoso y hostigamiento a través de redes sociales o por parte de informadores políticos conocidos por su función de delatar la vida de los periodistas, que subsisten bajo presupuesto de la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública.
Estos personajes toman fotografías de los periodistas en la cobertura de marchas, protestas, y conferencias. Las oficinas de Comunicación Social del gobierno limitan el acceso a oficinas públicas, información y actos oficiales.
Aunque en los recientes años los propios periodistas son quienes han tratado de documentar y acudir a las instancias legales como de protección, para detener la barbarie en el estado de Veracruz, poco se ha logrado. Si bien las autoridades del gobierno estatal sostienen que todos los asesinatos y desapariciones de periodistas son casos atendidos y resueltos, la realidad no es así: los procuradores Reynaldo Escobar y Amadeo Flores Espinoza en su momento, salieron a criminalizar a las víctimas y vincularlos ya sea con el crimen organizado o con cuestiones personales, pero jamás se dieron a la tarea de analizar el trabajo periodístico como línea de investigación.
Veracruz tiene todo y nada cambia.
La Comisión Estatal de Protección a Periodistas se han abocado a dar talleres, a capacitar en la profesionalización de los comunicadores, han asumido una responsabilidad que es de competencia de los empresarios de los medios de comunicación. Así la Comisión estatal de Protección a Periodistas llena un vacío del quehacer que no hace con cursos y concursos, muy alejada de lo que debía ser su función.
Los salarios de los periodistas, otra manera de riesgo.
Los reporteros no cuentan con salarios dignos en la empresa que trabajan ni menos otras prestaciones como reparto de utilidades, afore, atención a la salud, seguro de vida, retiro y vivienda, tampoco de viáticos para la cobertura informativa, ni vacaciones. El salario ganado “limpiamente” entre los reporteros, no los empresarios de la comunicación, sin tener que halagar al político en turno para conseguir sus favores conocidos como “chayos” o “embutes”, es mal pagado.
De acuerdo a una encuesta el 72.5% de los periodistas entrevistados afirmaron que había represión [para informar], el 65% ponía en duda que el gobierno veracruzano respetara la libertad de expresión y el 17.5% sostuvo que no había represión contra el gremio [seguramente como indicador para conocer cuál es el sector beneficiado con los favores de los funcionarios en turno] y 2.5% la considera la represión como regular. El 92.5% de los encuestados reconocen que hay “chayo” o “soborno” y un 2.5% dijo que no existía; dos prefirieron no responder.
