Publicado: 01.02.2017
Ilustración: Méxicoleaks
El propósito social de las filtraciones, la postura ética del periodista y los medios que las reciben, investigan o publican, se volvieron tópicos del debate a nivel mundial sobre la libertad de expresión como derecho humano, luego de las primeras publicaciones de Wikileaks en 2007.
Mientras, en México, hoy hay quienes aún descalifican cualquier práctica que se asocie a filtración. Sucede que hablando de filtraciones y traiciones, en periodismo, como en política, lo que abundan son argumentos retrógradas que satanizan la información que nace de ellas. Basta recordar cómo asoció filtración igual a mentira el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, para atajar la publicación que realizamos los miembros de
Mexicoleaks.
Ese documento sirvió de punto de partida a ocho periodistas de diferentes medios de comunicación que investigamos, verificamos, e incluso entrevistamos a Ochoa Reza, quien aceptó haber recibido una liquidación no correspondiente en caso de renuncia. Pero, al publicarse el reportaje, el priísta difundió un
video en YouTube para intentar desestimar el hallazgo, señalando que la filtración era el origen de “una historia falsa”.
Valdría la pena reflexionar por qué en términos de opinión pública produce escozor que un anónimo entregue información a un periodista. ¿Será porque la práctica de la filtración salta con facilidad del escenario político al escenario periodístico? Lo común es que los políticos, en lugar de responder a las pruebas del acto del que se les señala, se coloquen en el papel de víctimas y conduzcan la polémica a la legitimidad de la filtración, como sucedió en el caso del líder del PRI.
Por esto es que la postura ética del periodista frente a las filtraciones, es una discusión necesaria.
Como periodistas, hay que saber que lo legal no siempre es legítimo, ni lo ilegal, falto de legitimidad. Una filtración no puede considerarse ilegal inmediatamente solo por su naturaleza, incluso cuando su obtención pueda ser calificada de ilegal (el caso de la intervención de comunicaciones privadas, por ejemplo).
No podemos deslegitimar la información por el solo hecho de ser una filtración, por más dudoso que sea su origen o la intencionalidad de darla a conocer, dos cuestiones que siempre hay que tener presentes. Si bien los márgenes de la legalidad están escritos, el interés público, que emana de derechos humanos, es el precepto que los reporteros debemos seguir cuando obtenemos la punta de un hilo llamada filtración.
La ética periodística y el interés público de un acontecimiento entran a la arena de lo complejo cuando consideramos que hay “filtraciones negativas” o el término “filtración” se usa a modo.
El caso más reciente: la difusión en redes y luego en medios de comunicación del video de la cámara de seguridad que grabó el ataque de un menor de edad a sus compañeros y maestra de clases en un colegio privado de Monterrey, Nuevo León. Mientras en diversos portales de noticias los titulares señalaban una “filtración del video de la balacera”, abonando nuevamente a la satanización del término, algunos periodistas debatían que la difusión del video ameritaba: primero la verificación de la veracidad del video, después una postura ética frente a la difusión del contenido explícito a la que llamaron los “límites de lo publicable” y, tres, considerar los derechos de las víctimas.
Esta misma lógica es la que debe prevalecer frente a cualquier información filtrada. A los periodistas nos concierne la investigación —comience con filtración o no—, el trabajo de verificación, reporteo, publicación, difusión y seguimiento responsable.
Para muchos una filtración significa una jugarreta; para otros recibir y promover las filtraciones de ciudadanos con acceso a cierta información que puede ser de interés público, es parte de los derechos y responsabilidades que tenemos.
Méxicoleaks está marcando historia porque no existe en el país otra alianza entre medios de comunicación de diversas posturas editoriales y organizaciones de la sociedad civil, enfocados en recibir filtraciones y realizar investigaciones periodísticas simultáneamente a partir de ello, lo cual ya resulta un quiebre en el paradigma del periodismo mexicano, pero también, porque alienta a los ciudadanos a compartir información de manera anónima.
La protección que brinda el buzón de Méxicoleaks a los filtradores y a los periodistas no es solo un invento novedoso y posible en la era digital, también es un mecanismo para proteger el secreto profesional periodístico; recordemos que en México los intereses políticos, económicos y criminales, merecen todas las precauciones: en sólo nueve meses del año 2016, la organización Artículo 19 reportó el asesinato de 10 periodistas a causa de realizar su labor.
Los periodistas enfrentamos verdaderos retos éticos cuando de filtraciones se trata, porque aunque no se asume que nuestro rol es similar al de un servidor público por ser la materia prima con la que trabajamos —la información— un bien de todos. Si tuviéramos resuelta esta postura como un absoluto cada que nos enfrentamos a una disyuntiva ética, quizás tendríamos menos dilemas y más claridades alrededor de la filtración como un derecho de la ciudadanía y nosotros como un canal para ejercerla.
Lo que queda claro en cuestión de periodismo y filtraciones es que es una discusión necesaria que debemos seguir nutriendo. Comencemos por eliminar mitos y promovamos las filtraciones como un ejercicio ciudadano legítimo, desde un periodismo responsable y ético; esta es la apuesta asumida por la Red de Periodistas de a Pie al formar parte de la plataforma Méxicoleaks.
