Publicado: 15.02.2017
Foto: Proceso
Ernesto Aroche Aguilar @earoche
Javier Lozano Alarcón, tuitero, sibarita del poder, ex secretario del trabajo con Calderón –responsable de la desaparición del SME– y senador con licencia, está de regreso en Puebla.
El sucesor de Moreno Valle en la gubernatura, Antonio Gali Fayad lo nombró su jefe de oficina, vocero y hasta presidente ejecutivo de la Coordinación de Transparencia –Organismo Público Descentralizado de reciente creación–. Así, en un solo personaje se concentra una cuota altísima de poder: lo mismo la transmisión del discurso oficial, que la entrega de información pública; o más bien, y dados los antecedentes y el carácter del personaje en cuestión, la censura de la misma.
Ya se sabe, el control del discurso y la narrativa que reproducen los medios, es también el control de la manera en que la sociedad, en general, mira a sus gobernantes y construye sus significados. Y ahí, muy lejos de la máxima —que más bien parece mínima— “el poder reside en el pueblo”, está claro que el poder se lo apropian sujetos específicos que lejos de buscar una mejora social o una administración equitativa de la riqueza, solo buscan la perpetuación endogámica de los grupos en el poder.
Gina Domínguez Colio fue vocera y directora de Comunicación Social en el gobierno del veracruzano Javier Duarte de Ochoa entre 2010 y 2014.
Se convirtió en la mano dura del actual prófugo de la justicia para el control de los medios usando la publicidad oficial para premiar o castigar, pero además como apunta Leopoldo Maldonado de Artículo 19 intentando comprar silencio de periodistas agredidos; tergiversando y manipulando información sobre hechos de violencia grave contra la prensa. “En fin, presiones sutiles y no tan sutiles”.
Ella saltó del gobierno del quintanarroense Mario Villanueva Madrid a las páginas de diarios como El Sol de México, y la filial jarocha de Milenio, el Portal, antes de regresar a la comunicación institucional.
Dejó el gobierno de Duarte en medio del escándalo por la desaparición de Goyo Jiménez, el colega que días después sería hallado muerto enterrado en una fosa clandestina, aunque su nombre volvió a los terrenos mediáticos en 2016, cuando el portal Animal Político destapó el fraude de las empresas fantasma y fachada con las que Duarte defraudó a manos llenas a Veracruz; entre varias empresas había al menos 10 que recibieron pagos desde la oficina que encabezó Gina Domínguez Colio. Es decir, fue un engranaje más de la corrupción desde el pedestal que dan las relaciones con los medios.
Sirvan estos dos ejemplos para comenzar a cuestionar cómo las oficinas de Comunicación Social, áreas que deberían encargarse de hacer del conocimiento de la sociedad la información útil sobre el quehacer gubernamental, campañas de atención y salud, periodos de trámites, información sobre desastres y eventos que pueden afectar a las comunidades y grupos sociales, en realidad están más ocupadas en crear figuras políticas y perpetuar el poder, para de paso, enriquecer personas a cargo del erario.
Mientras tanto, a diario uno o dos reporteros son liquidados de las redacciones de los diarios y medios informativos, algunos transitan varios meses por el desempleo, y otros de inmediato son absorbidos por estas direcciones que “aprovechan” la experiencia de un reportero, para contener a sus pares, los periodistas.
