Jade Ramírez Cuevas V.
@jadercv
Aunque nos duela, hay que reconocer que los periodistas llegamos tarde al tema de seguridad y protección.
En eso nos llevan años de ventaja los defensores de derechos humanos; tanto, que nos incluyeron en la Ley de Protección de la que se desprende el Mecanismo en la Secretaría de Gobernación sin que tuviéramos claras las razones, el qué y el por qué. Pero el pasado miércoles 17 de mayo, alguien llegó mucho más tarde que nosotros al tema: Enrique Peña Nieto, todo su gabinete y todos los gobernadores del país.
Después de 34 asesinatos en su sexenio siendo el más reciente el de Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa, y varias centenas de agresiones a reporteras y reporteros, acumuladas en dos décadas, le pareció adecuado salir públicamente a decirnos: ahora sí vamos a hacer lo que es nuestro mandato y no hemos hecho en todo este tiempo.
Mucho nos ha costado llegar a la reunión que se sostuvo el miércoles en Los Pinos. Demasiado sangre, demasiado dolor y rabia.
Entonces, no nos pidan que celebremos ni que aceptemos que nos llamen “amigos”, pues a pesar de llegar tarde al tema de la crisis de violencia que nos alcanzó de manera inaudita a los y las periodistas, en colectivo, en organizaciones, en pequeños e invisibles esfuerzos, llevamos más ventaja que el gobierno y hemos aprendido a articularnos para salvaguardarnos en la medida de lo posible y para auto cuidarnos; incluso hemos empezado a analizar por qué y cuáles son las coberturas de riesgo que de iniciarlas, nos requiere echar a andar una serie de mecanismos autogestivos para salir bien librados de ellas y cumplir con nuestro cometido al investigar: tener elementos sólidos para cuestionar y publicar información trascendente para la sociedad.
Con ese bagaje detrás podemos reclamar que nos resulten insuficientes sus compromisos y sus frases vacías, pues aunque parezca solución mágica, como leyó Miguel Ángel Mancera actual presidente de la Conago, el que “acataran” la Recomendación 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, que por cierto data del 2016, es este mismo organismo autónomo parte del problema que sumerge a México en negligencia y opacidad en materia de víctimas, prevención y epidemias violentas.
La CNDH forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo federal de Protección con voz y voto, con responsabilidad sobre las decisiones que se toman sobre la vida e integridad física de periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, ha sido opaca su intervención en la instancia porque se niega, con base en reglamentos internos, a ofrecer información sistematizada que prevenga y posibilite mapas de riesgos de los que el propio Mecanismo pueda echar mano en sus alertas tempranas.
El trabajo de los visitadores y la documentación que inician ante una denuncia o queja de algún medio o periodista se queda solo en su estantería. Quien denuncia, por lo regular, poco o nada vuelve a saber de la información que concierne a su caso ni del estatus de su queja o de alguna atención de seguimiento.
Ni tan fácil ni tan rápido.
Si la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, no ha atinado en la conformación de adecuadas carpetas de investigación en 900 denuncias acumuladas a la fecha, ¿cómo lo lograrán fiscales en las instancias locales? Ponerles el apellido especiales, resulta exagerado y hasta ocioso, pues ya se sabe que en este país las comisiones especiales son la tumba de los problemas.
Además, debe tomarse en cuenta que desde 2012, los periodistas señalan e identifican como principales agresores de la prensa a autoridades locales, cuerpos policiacos y militantes de partidos políticos.
Una instancia así solo funcionaría en la medida en que pueda ser independiente de los poderes locales, y eso urge.
No significa que no queramos ministerios públicos y policías investigadoras entrenadas, que sepan primero entender en qué consiste el trabajo de un periodista, cuáles son sus riesgos y cómo se materializan hechos que inhiben el ejercicio hasta el grado máximo de impedirlo, ya sea con un ataque o una amenaza. Lo que necesitamos es más que una oficina nueva en cada estado.
Necesitamos acciones reales, por ejemplo, que el procurador anuncie la inmediata reapertura de expedientes y contacto –sin citatorios violatorios de derechos y notificaciones intimidantes en las redacciones-, de las víctimas que han interpuesto una denuncia ante las delegaciones de la PGR o directamente en la FEADLE.
Crear 32 fiscalías especiales de poco servirá si no se aprueban con supervisión y consenso del gremio, y particularmente las víctimas, los protocolos de investigación y la sensibilización de los funcionarios a cargo. Nos encantará que nos dejen de llamar “alacranes”, “chismosos” o “entrometidos” y comiencen por respetar a quienes ejercemos los derechos de expresión e información.
Tampoco se trata de deslindar al gobierno federal de ser el garante de la protección. La necia idea de que los gobernadores deben instalar mecanismos locales para que no se le cargue la chamba a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, es una estrategia inocua si no hay independencia, especialización y sensibilización.
¿Miroslava o Javier habrían aceptado la protección, rondines o acompañamiento de la policía estatal o municipal?, ustedes colegas, ¿lo aceptarían? Son altas las probabilidades de que la respuesta sea un no.
No solo por la desconfianza que existe en las autoridades locales, sino porque regresamos al punto anterior: son esas mismas figuras las que están coludidas con la delincuencia organizada y se han convertido en perpetradores de violaciones a los derechos de los periodistas.
Para muestra de que esa iniciativa es contraproducente, dos botones: Guerrero, su Fondo de Apoyo a Periodistas se ha convertido en caja chica de cooptación, chayos y becas o prestaciones que le corresponden a los dueños de los medios cubrirlas. Eso, crea un vínculo que regula la libertad de prensa, pues es difícil que alguien quiera pegarle a la mano que le da un préstamo o una beca.
Y Morelos, es otro ejemplo. No sólo los periodistas que formaron parte del consejo en la toma de decisiones para medidas de protección con la Secretaría de Gobierno ya se retiraron de las mesas de trabajo, la instancia como tal opera de buena voluntad, no hay un marco regulatorio que defina por qué el gobierno de Morelos creó un mecanismo.
Si el mensaje del miércoles en Los Pinos fue para calmar los reclamos de la comunidad internacional, dudo que embajadores y cancillerías hayan quedado satisfechos.
El tiempo destinado para el evento debió incluir el reconocer que han fallado y que el estado es responsable por acción y omisión, y que a los que el presidente llamó “amigos”, los mataron por un vacío de poder y falta de garantías. Para acabar pronto, Peña Nieto debió cerrar anunciando que acepta la visita oficial de los relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el otoño de 2017.
Tanto David Kaye, Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, como Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión, en abril solicitaron autorización al Estado mexicano para hacer una visita oficial…y desde entonces, excusas es lo único que han recibido.
Cuando se ataca a un periodista y es asesinado, el ciudadano pierde poder. No sólo se trata de la vida e integridad de personas que ejercen la libertad de expresión e información.
Entonces, ¿quieres o no respetar y proteger a tus “amigos” Peña?
