Familia de Javier Valdez pide que se profundice en todas las líneas de investigación en el asesinato

 

Foto de Samantha Páez

Griselda Triana, esposa de Javier Valdez, pidió al gobierno federal que profundice en todas las líneas de investigación en el asesinato del periodista sinaloense, además de que la Fiscalía General de la República (FGR) dé no solo con los autores materiales, sino con responsables intelectuales.

Durante la rueda de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la palabra a Griselda, quien dijo » a mí no me importa la organización criminal de donde vino la orden, a mí lo que me importa es que quede muy claro (el caso) y que la Fiscalía Gerenal de la República haga su trabajo».

La postura de la familia de Javier se da en el contexto en el que Damaso López Núñez, conocido popularmente como «El Licenciado», declaró en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alías «El Chapo Guzmán», que fueron los hijos de éste quienes ordenaron el asesinato de Javier Valdez en mayo de 2017.

Griselda Triana sostuvo que el homicidio de Javier fue debido a que su trabajo periodístico no les gustó a los delincuentes, por ello sería importante «dar con los personajes que dieron la orden, para que haya justicia (…) Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos materiales pero sobre todo los intelectuales».

Por su parte el presidente López Obrador manifestó que tienen un informe sobre el caso de Javier Valdez, pero que por motivos legales sólo se daría a conocer a la familia. Agregó que la familia de Javier debe tener la certeza de que el gobierno federal les va a apoyar mientras dure la investigación del homicidio y que cualquier duda sería atendida de forma directa por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

A su vez la titular de Gobernación dijo que ninguna línea de investigación se ha descartado en el caso de Javier y que se buscará que haya justicia no sólo en este caso, sino en todos los casos de agresiones a periodistas.

Por su parte Víctor Javier Martínez, abogado de Propuesta Cívica, dio a conocer que el 6 de febrero hay audiencia intermedia para ambos inculpados, en la cual se decidirá qué pruebas serán desahogadas en juicio.

«También hay que mencionar que ambos inculpados tienen amparos en contra del auto de vinculación a proceso, los cuales suspenden el inicio del juicio oral hasta que se decida sobre su constitucionalidad», dijo el abogado.

ONGs piden que FGR atraiga caso de Rafael Murúa

Durante una reunión con el titular del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, Aarón Mastache Mondragón, organizaciones de la sociedad civil pidieron que sea la Fiscalía General de la República (FGR) quien investigue el asesinato de Rafael Murúa Manríque, director de Radio Kashana.

Para Reporteros Sin Fronteras, así como las Asociaciones de Periodistas Desplazados de México y Mundial de Radios Comunitarias, la declaración de la Procuraduría Sudcaliforniana sobre los tres envoltorios de marihuana encontrados cerca del cuerpo de Rafael busca desviar las investigaciones y criminalizar al comunicador.

En ese sentido Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF), pidió al funcionario federal que sea la Fiscalía General de la República quien investigue el asesinato del comunicador y que el gobierno federal defina cuál será la política a seguir por parte del Mecanismo de protección.

Esto debido a que Rafael Murúa era beneficiario del mecanismo al momento de su asesinato, después de recibir amenazas de muerte por parte del presidente municipal de Mulegué, Felipe Prado Bautista.

Balbina Flores propuso, además, que el gobierno federal genere una mesa de trabajo con organizaciones de protección a periodistas, en la cual se revise el funcionamiento del Mecanismo de protección, las evaluaciones de riesgo y la aplicación de medidas de protección.

Por su parte Gildo Garza, presidente de la Asociación de Periodistas Desplazados de México, pidió que los analistas de riesgo del Mecanismo tengan una preparación adecuada sobre los riesgos y tipos de inseguridad que hay en las diferentes regiones del país. También dijo que es importante revisar la forma en que trabaja la empresa que brinda el servicio de protección.

Irina Vázquez Zurita, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), hizo un llamado para que no se criminalice a las
y los colegas de las radios comunitarias, ya que también son periodistas y muchas veces trabajan en situaciones de mayor riesgo que las radios comerciales.

Durante la reunión Aarón Mastache se comprometió a que dentro de dos a tres semanas arranquen las mesas de trabajo con organizaciones civiles para renovar el mecanismo de protección, donde además participe personal de la FGR y el propio subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez.

Asimismo el titular del mecanismo de protección reconoció que durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador la cifra de periodistas y personas agredidas se duplicó

Espacio OCS pide diálogo

La par de las solicitudes hechas por RSF, AMARC y periodistas desplazados, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas hizo un llamado al gobierno federal para “un diálogo amplio e incluyente que permita la discusión y construcción de una Política Pública de Protección Integral, que garantice el derecho a defender los derechos humanos, así como el periodismo y la libertad de expresión”.

Dicha política pública deberá incluir un plan de coordinación entre los tres niveles de gobierno, reconocer el derecho de las personas defensoras y de periodistas para ejercer su labor, garantizar la protección física, psicosocial y digital de quienes pertenecen a dichos gremios, así como que se otorguen medidas de reparación y garantías de no repetición a las víctimas.

Las asociaciones que conforman Espacio OSC pidieron, a la par, una reunión inmediata con a la Secretaría de Gobernación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, para trabajar en el combate a la violencia contra personas defensoras y periodista.