Durante una reunión con el titular del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, Aarón Mastache Mondragón, organizaciones de la sociedad civil pidieron que sea la Fiscalía General de la República (FGR) quien investigue el asesinato de Rafael Murúa Manríque, director de Radio Kashana.
Para Reporteros Sin Fronteras, así como las Asociaciones de Periodistas Desplazados de México y Mundial de Radios Comunitarias, la declaración de la Procuraduría Sudcaliforniana sobre los tres envoltorios de marihuana encontrados cerca del cuerpo de Rafael busca desviar las investigaciones y criminalizar al comunicador.
En ese sentido Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF), pidió al funcionario federal que sea la Fiscalía General de la República quien investigue el asesinato del comunicador y que el gobierno federal defina cuál será la política a seguir por parte del Mecanismo de protección.
Esto debido a que Rafael Murúa era beneficiario del mecanismo al momento de su asesinato, después de recibir amenazas de muerte por parte del presidente municipal de Mulegué, Felipe Prado Bautista.
Balbina Flores propuso, además, que el gobierno federal genere una mesa de trabajo con organizaciones de protección a periodistas, en la cual se revise el funcionamiento del Mecanismo de protección, las evaluaciones de riesgo y la aplicación de medidas de protección.
Por su parte Gildo Garza, presidente de la Asociación de Periodistas Desplazados de México, pidió que los analistas de riesgo del Mecanismo tengan una preparación adecuada sobre los riesgos y tipos de inseguridad que hay en las diferentes regiones del país. También dijo que es importante revisar la forma en que trabaja la empresa que brinda el servicio de protección.
Irina Vázquez Zurita, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), hizo un llamado para que no se criminalice a las
y los colegas de las radios comunitarias, ya que también son periodistas y muchas veces trabajan en situaciones de mayor riesgo que las radios comerciales.
Durante la reunión Aarón Mastache se comprometió a que dentro de dos a tres semanas arranquen las mesas de trabajo con organizaciones civiles para renovar el mecanismo de protección, donde además participe personal de la FGR y el propio subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez.
Asimismo el titular del mecanismo de protección reconoció que durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador la cifra de periodistas y personas agredidas se duplicó
Espacio OCS pide diálogo
La par de las solicitudes hechas por RSF, AMARC y periodistas desplazados, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas hizo un llamado al gobierno federal para “un diálogo amplio e incluyente que permita la discusión y construcción de una Política Pública de Protección Integral, que garantice el derecho a defender los derechos humanos, así como el periodismo y la libertad de expresión”.
Dicha política pública deberá incluir un plan de coordinación entre los tres niveles de gobierno, reconocer el derecho de las personas defensoras y de periodistas para ejercer su labor, garantizar la protección física, psicosocial y digital de quienes pertenecen a dichos gremios, así como que se otorguen medidas de reparación y garantías de no repetición a las víctimas.
Las asociaciones que conforman Espacio OSC pidieron, a la par, una reunión inmediata con a la Secretaría de Gobernación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, para trabajar en el combate a la violencia contra personas defensoras y periodista.
