Publicado: 28.04.2019
Texto y fotos: Norma Trujillo y Raziel Roldán / Voz Alterna
El invierno de 2011 iniciaba, se había ido a su pueblo a pasar la Navidad con sus padres y familia, una llamada telefónica entró a su celular Black Berry -que apenas aprendía a utilizarlo-, era para darle una orden de información de la Revista Proceso, ello la hizo retornar a su casa que se ubica en la colonia Felipe Carrillo Puerto de la capital veracruzana. Desde afuera nada parecía anormal, pero al entrar su sorpresa fue que del baño salía vapor, encontró mojado el piso, como si alguien se hubiera bañado minutos antes, los jabones de tocador que tenía almacenados fueron desenvueltos y batidos, los dedos de quien lo hizo se habían quedado marcados. Eran los primeros indicios de una amenaza que ella solo quiso que algunos de sus amigos lo supieran, “¿la pinche Procu qué va a hacer?”, se cuestionaba.
Y así fue, la Procuraduría de Justicia de aquel entonces, hoy Fiscalía General del Estado, el sábado 28 de abril de 2012, dio a conocer que la periodista Regina Martínez Pérez fue encontrada estrangulada en su domicilio de la colonia Reforma de Xalapa, desde entonces la entonces Procuraduría General del Estado, lanzó las primeras versiones que el crimen fue por robo y pasional. Se menciona en el expediente que la periodista falleció a causa de “anoxia por estrangulamiento” y que hubo lucha antes de ser sacrificada, pero en el expediente de la investigación ministerial 19/2012/PC no hay respuestas a las interrogantes ¿dónde están las muestras de la piel que tenían sus uñas?, por ejemplo, en el perfil de ADN de las gotas de sangre encontradas en la escena del crimen, corresponden a los acusados; dónde están la sábanas de llamadas de sus teléfonos celulares, qué dice el dictamen de sus correos electrónicos y de la computadora, el análisis de los grupos de interés que afectó con sus trabajos de investigación, todo esto no se refleja en ninguna de las sentencias expresadas por los jueces, o al menos, alguna recomendación para cambiar la línea de investigación original.
Los encargados de aplicar la justicia dieron a conocer a los supuestos autores materiales, no se han valorado otras pruebas más allá de las testimoniales del “cómplice” o chivo expiatorio (Jorge Antonio Martínez Silva, “El Silva”) del “desaparecido” asesino material Adrián Hernández Domínguez (alias “El Jarocho”), de sus vecinos, trabajadores y hasta de los amigos y familiares de los asesinos, solo se encajonó el crimen de la periodista a un móvil pasional y de robo, pero omiten otras líneas de investigación, lo que sigue siendo una ofensa para los periodistas que buscamos una sociedad más justa, equitativa y humana.
En su momento se llamó a declarar a compañeros y amigos periodistas de Regina, declaraciones de las que la Procuraduría no desprendió ninguna sola línea de investigación en torno a sus trabajos periodísticos, ni siquiera hay en el expediente una referencia de los temas de derechos humanos y corrupción que abordaba.
Han pasado 7 años y no hay resultados, seguimos exigiendo justicia, desde el gobierno de Javier Duarte , luego el ex gobernador actual, Miguel Ángel Yunes Linares había dicho que se les daría puntual seguimiento a las investigaciones de los crímenes de todos los periodistas veracruzanos, pero pasaron dos años y tampoco exigió resultados en la investigación al fiscal Jorge Winckler, y en el actual, gobierno, han pasado 4 meses y aún no hay una señal clara que se hará justicia, lo que preocupa porque más del 90 por ciento de los casos están en la impunidad y por eso el colectivo Voz Alterna estamos tratando de reactivar junto con Artículo 19 y la ONU de reactivar la Alerta de Protección a Periodistas.
En el informe que organizaciones sociales del país entregaron al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas dentro del séptimo examen periódico a México, que se llevó a cabo el 25 de abril, son la falta de agotamiento de todas las líneas de investigación -pues muchas veces las autoridades intentan desvincular las investigaciones de la labor ejercida por las personas defensoras y periodistas- y la clasificación inadecuada de actos de tortura. Por ejemplo, en un caso es el de Armando Saldaña, periodista de radio con contenido político en Tierra Blanca fue encontrado sin vida el 4 de mayo de 2015. A pesar de los signos de tortura que presentaba su cuerpo, ante la inexistencia de un tipo penal acorde a los estándares internacionales en ese momento, las autoridades omitieron los actos de investigación requeridos en un caso de tortura; la FEADLE declaró la improcedencia del ejercicio de la facultad de atracción el 10 de septiembre de 2015, sin haberse realizado las diligencias solicitadas por sus representantes y sin analizar debidamente la declaración de las víctimas. A la fecha no se ha detenido ni condenado a ninguna persona responsable.
Fuente: Voz Alterna
