Durante la cobertura periodística sobre la contingencia sanitaria por COVID-19, reporteros a nivel nacional y local han seguido enfrentando agresiones que van desde bloqueos o alteración de la información, hasta ataques físicos, intimidación y hostigamiento. Puebla ocupa el primer lugar como el estado donde se han registrado múltiples muestras de violencia hacia este gremio.
Con 10 casos en tan solo dos meses, Puebla es el estado donde se ha registrado más violencia contra la prensa durante la cobertura de la pandemia por COVID-19. A la entidad le siguen Ciudad de México y el Estado de México, con 8 y 5 casos, respectivamente, según el informe especial de Artículo 19 «C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante pandemia de COVID-19 en México y CA«.
Dicho informe indica que, si bien la labor de los reporteros durante la pandemia es algo arriesgada al estar documentando y recabando información sobre el nuevo coronavirus en zonas de alto riesgo, como hospitales –al 19 de mayo 12 comunicadores a nivel nacional habían fallecido por esta enfermedad–, estos también se siguen enfrentando a la violencia ejercida por actores políticos, e incluso la sociedad.
Así pues, Artículo 19 documentó alrededor de 120 agresiones a periodistas en México del 12 de marzo al 16 de mayo del 2020. De estas, 52 ocurrieron en la cobertura de la pandemia, interrumpiendo así la labor periodística y, con ello, dificultando el acceso a la información de los ciudadanos.
De estos 52 ataques a la prensa, 36 fueron cometidos por el Estado (70%), es decir, por diferentes actores políticos y autoridades públicas, quienes han agredido mediante bloqueos o alteración de información (27.8%) –se incluyen casos en que autoridades limitan el acceso a la información pública–, intimidación y hostigamiento (22.2%) –principalmente por parte de elementos de seguridad pública–, privación de la libertad (19.4%), uso ilegítimo del poder público (16.7%) y ataques físicos (13.9%).
Un caso donde se estigmatizó a periodistas, por ejemplo, ocurrió el 22 de abril cuando, durante su rueda de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dividió a la prensa en “periodistas buenos y malos”, debido a los distintos cuestionamientos realizados hacia la información oficial que emitía el gobierno federal. Para el mandatario, los periodistas buenos son aquellos que se apegan a discursos oficiales sin criticarlos, y los malos quienes cuestionan la información.
Ante este panorama, de acuerdo con la publicación de Artículo 19, la estigmatización que sufren los reporteros incrementa el nivel de vulnerabilidad y riesgo al que se enfrentan y puede legitimar e incentivar ataques de otros perpetradores, ya que al percibir un nulo respeto por parte de las autoridades hacia su labor, es más probable que civiles, a su vez, los agredan.
Por ello, seguido de los agentes públicos, las agresiones de los particulares hacia comunicadores y medios representan un 30% de los ataques. De estos, la mayoría se categorizó en amenazas (40%); el resto en bloqueos o alteraciones de información (20%), intimidaciones y hostigamiento (20%), así como ataques físicos (20%).
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Frente a este panorama, Artículo 19 menciona que aunque en el marco de la pandemia la prioridad del gobierno es salvaguardar vidas, no se debe de limitar el acceso a la información o ejercer violencia cuando se quiera tener acceso a esta.
Comentarios de Barbosa, un ejemplo de desinformación y ataques a la prensa
Ahora, como mencionamos, el mayor porcentaje de los ataques registrados contra periodistas fueron cometidos por el Estado. En Puebla, particularmente, entre las declaraciones que fomentan la desinformación o ataques por parte de servidores públicos contra la labor periodística destacan las del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.
El documento de Artículo 19 hace mención de un comentario realizado por el gobernador en donde se fomenta la desinformación. El 25 de marzo, el gobernador aseguró que “los pobres son inmunes al virus [SARS-CoV-2]”, por lo que la COVID-19 atacaba principalmente a gente “acomodada”. Un día después de estas declaraciones, un reportero de El Sol de Puebla, cuestionó a Barbosa sobre su comentario, a lo cual este respondió que no expresaría opinión alguna y menos a ese medio.
De acuerdo con Ana Cristina Ruelas, directora Regional de Artículo 19 México y Centroamérica, esto “se traduce en una afectación directa en el derecho de la sociedad a estar debidamente informada, pues puede orillar a personas a tomar decisiones mal informadas que podrían poner en riesgo su salud”.
Otro caso en donde el mismo Miguel Barbosa realizó ataques contra la prensa fue durante una de sus ruedas de prensa diarias. Una reportera de Antena 21 cuestionó el actuar del gobierno de Puebla sobre las medidas preventivas que realizaba para enfrentar la pandemia, pues dichas medidas en ese momento eran menos estrictas en comparación con otros estados. Y si bien la pregunta fue contestada por parte del epidemiólogo –quien acompañaba al gobernador–, Barbosa agregó que dicha pregunta estaba “cargada de mala fe”.
Frente a esto, la misma reportera intentó comentar acerca del mismo tema, pero el funcionario la interrumpió diciendo: “Permíteme, permíteme, porque tampoco voy a admitir que solamente por apreciaciones personales califiquen las acciones del gobierno”.
Este tipo de declaraciones emitidas por el gobernador del estado generan un entorno de confusión en la sociedad, pues él, como titular del Ejecutivo estatal, tiene la responsabilidad y obligación de proveer información oficial y datos de manera oportuna y eficaz para combatir la desinformación, los rumores y el miedo frente a una situación como la que vivimos ahora. Sin embargo, durante la pandemia, Miguel Barbosa ha emitido mensajes como los ya expuestos anteriormente, sin validez científica y sacada de contexto.
Gobierno de Puebla cataloga como falsas las acusaciones hacia Barbosa en publicación de Artículo 19
Así pues, ante las acusaciones vertidas en el informe especial de Artículo 19, el gobierno del estado de Puebla desmintió las menciones de Miguel Barbosa mediante un tweet. En este se hace mención de que todo lo expresado en el informe es “falso, impreciso y sesgado”.
Dicho tweet, publicado a cargo del departamento de Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, afirma que “en Puebla durante el Gobierno de Miguel Barbosa, se respeta estrictamente la libertad de expresión, y que a diferencia de las últimas administraciones, no condicionan los contenidos publicados en los medios de comunicación, ni recurrimos a la amenaza ni el espionaje contra los representantes de estos”.
También se aclara la controversia en torno a lo dicho por el gobernador acerca de que “los pobres son inmunes al COVID”. Según el comunicado, este comentario fue sacado de contexto y difundido por medios de comunicación, principalmente medios cuya línea editorial es la crítica sistemática al gobierno del estado de Puebla, por no ceder a las pretensiones de llegar a un pacto económico.
Del mismo modo, acerca del acontecimiento que se suscitó con la reportera de Antena 21, documentado en el informe de Artículo 19, el gobierno del estado comentó que no se puede catalogar como una muestra de violencia a la prensa el hecho de no querer responder una pregunta.
No obstante, el gobierno del Estado también dijo que “si bien a los medios de comunicación les puede gustar o no el estilo del gobernador, ellos [los medios] tienen la libertad de expresar y publicar lo que quieran, lo que no pueden es desinformar y mentir a la ciudadanía”.
Artículo 19 sostiene la información publicada en su informe
Frente a las declaraciones emitidas por el gobierno del estado que descalifican el informe de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, directora Regional de Artículo 19 México y Centroamérica, emitió una carta digital en donde esclarece y reafirma que todo lo publicado en su informe especial está claramente argumentado y justificado.
En la carta se menciona que todos los casos expuestos en el informe están previamente investigados bajo la metodología de Artículo 19: se establece un contacto directo con el periodista o medio afectado; se hace una minuciosa revisión de evidencia fotográfica o videográfica; y se verifica la información con otros testimonios.
Del mismo modo, ante la respuesta del gobierno sobre los comentarios de Miguel Barbosa que alientan a la desinformación, en esta carta se justifica lo publicado citando la resolución 1/20 de la RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión). Esta establece que los agentes del Estado no “deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir declaraciones que saben o deberían saber por la información verificable”. Es decir, ningún funcionario público debería dar información falsa; para emitir una opinión esta debe tener una base científica.
Cada comentario hecho por Miguel Barbosa y que fue publicado en el informe es esclarecido puntualmente en la carta emitida por la directora regional de Artículo 19, tal y como en su momento lo solicitó el gobierno del estado de Puebla al decir que, “antes de emitir juicios parciales, se revisen integralmente y sistemáticamente los hechos”.
Así, en la carta se menciona, por ejemplo, que negarse a responder una pregunta argumentando que “está cargada de mala fe” es una agresión contra la prensa, pues vulnera el libre flujo de información. Y se aclara que la prensa tiene el derecho a cuestionar o preguntar sobre distintos temas; esto incluye también –y sobre todo– a medios que tienen una línea editorial que difiere de los ideales del gobierno.
Sobre la declaración del gobierno acerca de que “a los medios de comunicación les puede gustar o no el estilo del gobernador, ellos [los medios] tienen la libertad de expresar y publicar lo que quieran […]”, Artículo 19 reconoce lo planteado, pues según la organización “los medios de comunicación tienen una responsabilidad al difundir la información proveniente del gobierno”, pero para que suceda esto es necesario que el mismo gobierno se abstenga de dar información imprecisa y desinformar a la ciudadanía sobre temas cruciales.
La carta culmina expresando un diálogo abierto con el gobierno del estado de Puebla para esclarecer cualquier asunto relacionado con el informe, así como cualquier otro beneficio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
