Gobierno invisibiliza violencia contra las periodistas

Cuando se habla de la violencia contra los y las periodistas lo primero que se viene a la cabeza son los crímenes más graves como el asesinato, la desaparición, la privación ilegal de la libertad y las agresiones físicas. Si bien en muchas de esas agresiones no hay un distingo de género, en muchas otras sí; sin embargo, éstas no son contadas por las instituciones de gobierno federales.

La ​​​​​​​​​​​​Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), por ejemplo, no tiene datos desglosados por género. Es decir, no informa cuántos de los 104 homicidios de periodistas registrados de 2000 a 2017 corresponden a mujeres.

Tampoco cuántas han desaparecido, cómo es la situación en cada una de las entidades federativas, ni cuáles son las agresiones a comunicadoras más comunes.

La única información que sobre mujeres que tiene la Fiscalía es la referente a las medidas cautelares: 62 reporteras cuentan con alguna medida –no se detalla cuál-, a otras seis se les negaron, de nueve está pendiente si se las darán y siete más las tenían pero les fueron retiradas –tampoco se sabe el motivo.

A pesar de que la fracción IX del artículo 8 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dice que el Mecanismo de protección deberá: “Presentar públicamente informes anuales sobre la situación nacional en materia de seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con datos desagregados y con perspectiva de género”; es evidente que no hay datos suficientes sobre las periodistas.

De las 310 solicitudes de incorporación que atendió el Mecanismo de octubre de 2012 a diciembre de 2017, no se dio a conocer cuántas fueron hechas por mujeres periodistas.

Aunque sí detalla que de las personas beneficiarias 116 son comunicadoras, no menciona cuáles son los principales agresores, ni el tipo de agresión que sufrieron y que las llevó a tener alguna clase de protección. Tampoco hay datos a nivel estatal.

Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer en su último informe que de 2000 al 31 de diciembre de 2017 hubo 130 homicidios de periodistas, de los cuales 13 casos corresponden a mujeres. Éste es el único dato que viene desagregado por género: no menciona si hubo desapariciones de reporteras o si algunas de las 66 medidas cautelares que otorgó fueron para comunicadoras.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)* el hecho de que instancias judiciales no produzcan estadísticas e informes sobre la violencia contra las mujeres con cierto grado de certeza se “traduce en una invisibilización del problema de la violencia contra las mujeres”.

Asimismo la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos** manifiesta que «la falta de datos desagregados por género y de estadísticas sobre la incidencia de la violencia, hace la elaboración de programas y el control del progreso muy difícil. La falta de datos obstruye el esfuerzo por elaborar estrategias de intervención concretas»

Para los sociólogos Felipe Bastidas y Marbella Torrealba*** la invisibilización está relacionada con la discriminación de minorías -o mayorías tradicionalmente omitidas y oprimidas- étnicas, sociales y culturales.

De esta forma la ausencia de datos desagregados no sólo invisibiliza la violencia contra las periodistas, sino que pone en manifiesto que el Estado mexicano es incapaz de garantizar la plena libertad de expresión y que las mujeres accedan a una vida sin violencia.

* Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas.

** Violencia en las Américas: Un análisis regional – Incluyendo una revisión de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

*** Definición y desarrollo del concepto “proceso de invisibilización” para el análisis social. Una aplicación preliminar a algunos casos de la sociedad venezolana.

Artículo invitado: Tomar distancia del poder

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El incremento en las restricciones a la libertad de expresión es una preocupación que ha impulsado en el país iniciativas encaminadas no solo a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, también a tener medios libres.Organizaciones civiles, periodistas y activistas trabajan, se mueven, se articulan, por mejores condiciones para los periodistas y por una prensa independiente en México. Actualmente lo hacen a través de propuestas con las que buscan, entre otras cosas, la regulación de la publicidad oficial y la transparencia de la propiedad de los medios, dos componentes con los que estoy convencida que se puede contrarrestar el control, la manipulación, y el condicionamiento de la información que recibe la sociedad.

Sin embargo, resulta indignante y una verdadera afrenta para el gremio que en la discusión de estos temas se deje presidir el debate a gobernantes, más si éstos se ostentan como libertadores, cuando en los hechos son autoritarios y hasta agresores de periodistas y medios.

En específico me refiero al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien ha sido colocado en la mesa del debate nacional de ambos temas por organizaciones y periodistas que se han dejado llevar por sus discursos e iniciativas a favor de la democratización de los medios, de la regulación de publicidad oficial y por enarbolar, durante su carrera legislativa, la bandera de la defensa de la libertad de expresión, sin tomar en cuenta que esas condiciones, en los hechos, no son respetadas por su gobierno.

Su administración mantiene aún pendiente el tema de la regulación del uso de los recursos públicos que se destinan a propaganda. La compra de espacios publicitarios en los 17 meses de su gestión, igual que en el pasado, todavía se maneja de manera discrecional. Peor aún, el tema es utilizado para criminalizar, perseguir y golpear a quienes desde los medios de comunicación lo critican o exhiben las anomalías de su gobierno.

Los periodistas en Chihuahua hemos sido blanco de su discurso hostil hacia los medios. La denuncia periodística se descalifica a partir de acusar, sin pruebas, que los medios pegan porque ya no se les paga. Que los periodistas critican con ferocidad porque no hay publicidad. Todo lo justifican como un asunto de pesos y centavos.

Este panorama ha sido documentado por agrupaciones del gremio, tal es el caso de la Red de Periodistas de Juárez –de la que soy cofundadora¬– que ha denunciado como durante el gobierno de Corral el escenario para los periodistas se agravó. Durante la gestión actual de gobierno, además del aumento de agresiones, han ocurrido dos homicidios de periodistas, Jesús Adrián Rodríguez Samaniego y Miroslava Breach Velducea, los que se mantienen en la impunidad; así como el exilio de otra colega.

Asimismo, se ha exhibido en diversos foros que desde instancias del Gobierno del Estado de Chihuahua se ha realizado una estrategia de estigmatización para descalificar el trabajo de los periodistas, lo que provocó que varios colegas salieran a exigir públicamente a las instancias oficiales se les deje de llamar “extorsionadores”, “chayoteros”, “periodistas de cuidado”, “mediocres”, “pusilánimes” y demás adjetivos utilizados por servidores públicos del gobierno de Corral.

De este panorama expuesto desde hace meses da cuenta el reporte de Article 19 ‘Democracia Simulada, Nada que aplaudir’, presentado el pasado 20 de marzo, donde se exhibe que periodistas y defensores de libertad de expresión enfrentamos un ambiente adverso durante el gobierno corralista.

Este escenario hace perder la confianza en el Estado y, al igual que muchos colegas en Chihuahua, no creo que un gobierno que utiliza la descalificación generalizada contra la prensa para acallar las críticas nos pueda proteger. Igual disiento con quienes incluyen al gobernador de Chihuahua en la mesa de debate de asuntos que ni siquiera en su estado ha cumplido.

Más que nunca, hoy debemos recordar que el periodismo y la prensa no están, ni deben estar, al servicio de gobernantes. No podemos olvidar nuestra función social, la de fiscalizar al poder y combatir sus abusos. Sin un periodismo alejado del poder se corre el riesgo de dejar de funcionar como un contrapoder.

Interculturalidad y agenda periodística

Videos: Lucia Vergara

¿Por qué debemos incluir la interculturalidad en la agenda mediática? Zenaida Perez, Coordinadora Programa Mujeres Indígenas ILSB, nos explica

Fotoperiodismo y no discriminación

Publicado: 3.04.2018


Videos: Lucia Vergara

 

¿Cómo puede la fotografía contrarrestar el discurso discriminatorio? El fotógrafo Duilio Rodriguez analiza sobre la importancia de la imagen en el contexto mexicano

Decálogo: Bases mínimas para la regulación de la publicidad oficial

Decálogo

Publicado: 28.03.2018

 

Las organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como los medios de comunicación y periodistas que suscribimos este documento, exhortamos al Congreso de la República a cumplir en tiempo y forma con su obligación constitucional de regular
la publicidad oficial señalada en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 15 de noviembre de 2017.
 
Es de conocimiento público que los grupos parlamentarios han incluido la publicidad oficial como un tema prioritario en sus agendas legislativas para este periodo de sesiones. Sin embargo, la aprobación de una legislación tan relevante para la vida democrática del país, no sólo debe cumplir con la fecha establecida por la SCJN (30 de abril de 2018), sino con los más altos estándares internacionales en la materia y con un proceso abierto, transparente y que incluya la participación efectiva de
la sociedad civil.
 
El colectivo #MediosLibres respetuosamente solicitamos a las juntas de coordinación política de ambas cámaras y a las comisiones dictaminadoras que consideren la firma de un acuerdo legislativo que defina con claridad la ruta de trabajo de los próximos 80 días con base en los principios de transparencia, pluralidad, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.
 
Hemos señalado con anterioridad y vale la pena recordar, que la regulación por venir debe reconocer los siguientes principios y ejes como el mínimo sobre el que deberá discutirse y aprobarse cualquier propuesta:
 
1.- LA PUBLICIDAD OFICIAL NO DEBE DESAPARECER
La publicidad oficial no debe desaparecer, debe entenderse como un mecanismo de comunicación sustentada en el derecho a la información. El uso de la publicidad oficial debe transparentarse, limitarse y controlarse. Su adecuada regulación puede apostar al pluralismo mediático y al mantenimiento de muchos medios pequeños, medios de nichos, laboratorios de investigaciones periodísticas y medios sociales que garanticen la diversidad tanto en la propiedad como en los contenidos.
 
2.- UNA LEY GENERAL Y COMPLETA
El uso ilegítimo de la publicidad oficial se acuerda y dispone en los tres órdenes de gobierno. La ausencia de transparencia y de control del uso de la publicidad oficial la transforma en una posible herramienta de chantaje que pervierte la relación entre los medios y autoridades federales, estatales, municipales e incluso universidades públicas. Por un lado, los medios requieren dinero para permanecer y desarrollar su trabajo, y por el otro, los gobiernos utilizan su poder económico para mantener a la prensa dependiente para su propia propaganda y para controlar el contenido de los medios de comunicación sobre bases políticas y partidistas.
Los sujetos obligados de la ley deben incluir a todas las autoridades: en los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión, los organismos públicos y cualquier persona que ejerza o disponga de recursos públicos por concepto de publicidad oficial.
La ley debe impedir los abusos que se han documentado en los últimos años. Por ejemplo: a) el contenido propagandístico de la publicidad, b) la discrecionalidad y discriminación en su asignación, c) la opacidad en la contratación y el ejercicio de los recursos, d) las deficiencias en la planificación, e) la ausencia de rendición de cuentas y de sanciones, f) la inequidad de la contienda y g) la poca utilidad pública de las campañas.
 
3.- DEFINIR CRITERIOS DE ASIGNACIÓN BASADOS EN LA IDONEIDAD
La publicidad oficial no debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. En el artículo 7 de la Constitución Mexicana está estipulado que la libertad de expresión no se puede restringir de manera directa o indirecta. Por lo anterior, los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberán evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. A su vez es trascendental reconocer la idoneidad, el público objetivo -con acciones afirmativas hacia contenidos asociados a grupos vulnerables- y la no discriminación.
El establecimiento de criterios se enmarca en el debate sobre la promoción del pluralismo informativo en el país. Definir criterios exclusivamente en función del rating y de la cobertura de los medios en un país donde la concentración mediática es extrema, sólo profundizará esta concentración. Los criterios definidos deben evitar que la materia se convierta en una barrera indirecta que margine a los medios del acceso a la publicidad oficial.
 
4.- MÁXIMA PUBLICIDAD
La rendición de cuentas y el control de la publicidad oficial requieren como principio transversal la transparencia. Tanto los gobiernos como los medios de comunicación deben garantizar un acceso amplio a información crucial para monitorear su ejercicio.
» Gobierno. Todos tenemos derecho a saber cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a la publicidad oficial para que no sea ejercido de manera discriminatoria o discrecional. En México, la reforma constitucional en materia de acceso a la información y transparencia de 2014 mejoró el marco legal vigente. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece obligaciones específicas de transparencia para el ejercicio de publicidad oficial en el artí- culo 70. La fracción XXIII de este artículo señala que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y actualizar “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.” Sin embargo, la implementación no es garante, por lo que debe ser homogénea y oportuna. A la par, se debe prever la publicación de un informe anual, accesible y ciudadano.
» Medios. La reforma señalada define como sujetos obligados a las personas físicas y morales que reciben dinero público. Bajo esta premisa y tomando en cuenta que los medios de comunicación deben fortalecer la confianza de la ciudadanía y fomentar el debate público, deberá divulgarse la recepción de los recursos.
» Elaboración de padrones de medios y proveedores. Se deberá contar con: a) Una lista nacional de servicios de publicidad oficial que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas en los servicios de contratación. Ésta debe señalar la lista de proveedores y servicios. b) Padrón Nacional de Medios que cuente con las siguientes características: inclusión de todo tipo de medios impresos, digitales, de audio y plataformas digitales (como Google, Youtube, Facebook, Twitter e Instagram); señalar el detalle del tipo de medio; flexibilidad para ingresar al padrón, incluso de forma gratuita, aquellos medios que cubren poblaciones en situación de vulnerabilidad; y elaboración de este padrón con respeto a los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
 
5.- TRANSPARENCIA Y REGULACIÓN DE LA MEDICIÓN DE AUDIENCIA, CIRCULACIÓN, VISITAS Y RATING
Actualmente, no existen indicadores disponibles y confiables sobre las audiencias, el rating, las visitas y la circulación de los distintos medios de comunicación. La ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación. Es primordial establecer un sistema imparcial y externo de medición de audiencias, basado en estándares certificados de medición y así asegurar que la asignación de la publicidad se haga a partir de criterios técnicos.
 
6.- CONTENIDOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y LIBRES DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA
Los fines de la publicidad oficial deben ser de interés y utilidad públicos, por lo tanto, su contenido debe ser informativo, útil y necesario y no debe, bajo cualquier circunstancia, promover la imagen de los funcionarios públicos como lo estipula la propia Constitución. El párrafo 8 del artículo 134 de nuestra Carta Magna prohíbe el uso de “nombres, imágenes, voces y símbolos relacionados con la promoción de cualquier servidor público”. No pueden existir excepciones a esta prohibición, aunque en la actualidad se utilice la publicidad en torno al informe de gestión.
En este sentido, una atención efectiva al marco Constitucional requiere la derogación del artículo 242 numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece una excepción para la difusión de los informes de labores o de gestión. De ninguna manera se puede mantener este régimen de excepción que ha dado pie a muchos abusos.
Art. 242-5 “Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.”
 
7.- LA PUBLICIDAD OFICIAL DEBE SER SIEMPRE IDENTIFICABLE
Definición clara: La Ley General debe contener una definición clara de la publicidad oficial y no sólo incluir la publicidad acordada con los medios. También debe considerar la publicidad colocada en la vía pública, así como por los intermediarios en redes sociales y plataformas digitales. La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Se refiere a toda la publicidad colocada en los medios, en la vía pública, en redes sociales y plataformas digitales, por todas las ramas del gobierno y en todos los órdenes de gobierno. Comprende toda la publicidad de las empresas controladas por el Estado y organismos públicos autónomos. Su propósito es difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública. La producción y asignación de publicidad oficial debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos1.
Debe identificarse en todo momento: La publicidad oficial en sintonía con el artículo 6, inciso B, fracción IV de la Constitución debe ser siempre identificable por el lector, auditor, usuario de internet y televidente y diferenciarse, con especial énfasis, respecto a los contenidos editoriales. “Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa por lo que se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.” Este artículo aplica tanto a la publicidad comercial como oficial.
 
8.- FOMENTO A LA PLURALIDAD Y LA DIVERSIDAD
La publicidad oficial no es un subsidio. Los Estados deberán establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial como lo prevé el punto 8 de los principios para la regulación de la publicidad oficial de la Organización de los Estados Americanos.
La regulación de la publicidad oficial debe acompañarse de una definición y regulación de los mecanismos de fomento del pluralismo y de la diversidad. Se deben definir mecanismos que permitan que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de promoción del pluralismo informativo.
Los objetivos de estos apoyos deberán ser a) la promoción del pluralismo y de la diversidad cultural y lingüística, b) combatir la concentración y c) ayudar a la industria mediática.
 
9.- MECANISMOS DE CONTROL
Controles externos de la publicidad oficial. Es trascendental que se considere la creación o integración de algún ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea un órgano, organismo, Comisión de vigilancia, o Consejo Nacional. La administración pública ha pasado por cambios estructurales importantes con la creación de varios órganos autónomos. Las iniciativas deben aprovechar este cambio en el diseño institucional del Estado para proponer soluciones creativas que permitan un monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad oficial y que impida la concentración de la información en los sujetos obligados.
Los gobiernos deben rendir cuentas a la ciudadanía, los mecanismos de control externo deben de ser: claros y públicos, que informen sobre la legalidad y la idoneidad de la pauta estatal, además de incluir auditorías periódicas.
Declaración de conflictos de interés. Existen medios creados por los mismos sujetos obligados o por actores políticos que adquieren contratos sin declarar el posible conflicto de interés. La declaración de conflicto de interés aplica también para identificar medios que pertenecen a grupos amplios que tienen otras empresas contratantes con el gobierno. La licitud de la asignación debe considerar esta declaración por parte de los medios de comunicación y las personas físicas y morales que proveerán publicidad oficial.
Sanciones. Las iniciativas deben de establecer y detallar las medidas de apremio y sanciones a las que serán acreedores los servidores públicos o usuarios de los recursos públicos que violen lo dispuesto en la ley.
 
10.- USO RACIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Limitar el gasto. Los gastos en esta materia deberán realizarse con estricto apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. El articulado debe ser claro sobre los límites al gasto en Publicidad y comunicación social.
Impedir el sobre ejercicio. Gastar más de lo presupuestado en publicidad oficial es una práctica común, incluso se ha revelado que este gasto excede en el orden federal casi el 200%. De 2007 a 2012, el 65.9% del presupuesto en publicidad oficial se gastó sin haberse presupuestado. En la actual administración federal se sobre ejerció el 71% del gasto presupuestado. La ley debe considerar la prohibición de esta práctica y limitarla como máximo al 10% del gasto presupuestado.
Usar de forma adecuada los tiempos oficiales. El Estado dispone de tiempos gratuitos puestos a su disposición por los concesionarios de estaciones de radio y televisión. En total, el tiempo gratuito denominado tiempo oficial -que engloba los tiempos fiscales y del estado- representa 65 minutos diarios en cada estación de radio y 48 minutos en cada canal de televisión. Repensar la administración adecuada de estos tiempos permitiría limitar el gasto en publicidad oficial. La ley debe prohibir la contratación de anuncios en radio y televisión mientras no se han acabado los tiempos gratuitos.
 
[1] Fuente: Asociación por los Derechos Civiles: Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial. Iniciativa de Javier Corral y Marcela Torres, en línea: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=11&sm=3&id=36594
 
 
FIRMAN
Antifaz /Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) /Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica /Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) /Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Puebla /Barra Mexicana de Abogados /Borde Político /Centro de Comunicación Social (CENCOS) /[email protected] por la Transparencia /Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión /Comunicación Comunitaria /Creatura, Promotora del Pensamiento Crítico /Fundar, Centro de Análisis e Investigación /Horizontal /Iniciativa Sinaloa /Institute for War and Peace Reporting (IWPR) /Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) /Lado B /México Evalúa /México Infórmate /Noroeste /Nosotrxs /OBSERVATEL /Observatorio de Transparencia Con los Ojos Abiertos – IBERO Puebla /Opciona /Plan Estratégico de Juárez A. C. /Quinto Elemento Lab /Red de Periodistas a Pie /Red Libre Periodismo /Revista Proceso /Sin Embargo /Sonora Ciudadana AC /Transparencia Mexicana /Yo Ciudadano /WAN-IFRA, Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias.
 
A título personal
Adriana Esquivel /Aleida Calleja /Alejandro Cárdenas /Alejandro Páez Varela /Alfredo Lecona Martínez /Antonio Martínez Velázquez /Cesar Mendoza /Conrado Quezada /Cuauhtémoc Cruz Isidoro /Cynthia Dehesa /Daniel Lizárraga /Daniel Moreno /Daniela Barragán /Daniela Pastrana /Ernesto Aroche Aguilar /Francisco Cuamea /Grisel Salazar Rebolledo /Héctor Camero Haro /Issa Luna /Irina Vázquez Zurita /Ixchel Cisneros /Jade Ramírez /Jaime Armendáriz /Jorge Carrasco Araizaga /Jose Mario de la Barza /Juan E. Pardinas Carpizo /Leticia Cuesta /Lydia Govea /Liliana Veloz Márquez /Lilia Vélez /Linaloe R. Flores /Lourdes Morales Canales /Leonor Gómez Barreiro /María Eugenia Chávez /Mariana Niembro /Mely Arellano Ayala /Miguel Silerio Ortega /Miguel Pulido /Mireya Márquez /Nelda Ortega /Patricia Mayorga /Rafael G. Hernández García Cano /Raquel Zapien /Ricardo Corona Real /Rita Varela Mayorga /Sergio Meza de Anda /Sibely Cañedo /Silber Alonso Meza Camacho /Sugeyry Gándara /Venessa Rivas /Viétnika Batres /Wilbert Torre

Periodismo y no discriminación

Publicado: 27.03.2018


Videos: Lucia Vergara


¿Los medios discriminan? En este video Arturo Cano analiza y cuestiona el papel de los medios al momento de reproducir estereotipos

Miroslava Breach. Homenajear su periodismo

El patrimonio que tiene un periodista es su nombre.

Mauri König

Cronista de pobreza en Brasil

Se cumple el primer aniversario del asesinato de Miroslava Breach Velducea, y en la Red de Periodistas de a Pie sólo podemos honrar y homenajear el principal motivo por el que el 23 de marzo de 2017 apenas siendo las 7 de la mañana y frente a su hijo fue silenciada: su periodismo.

Era la corresponsal de La Jornada y columnista del Norte de Juárez. Para los lectores de los medios de comunicación donde trabajaba y con constancia publicó cada hallazgo periodístico, Miroslava se volvió un referente.

Anunciado el asesinato de la reportera, el país entero se enteró de quién era, de qué tamaño de periodista se trataba y, aunque no la hubiesen leído antes, por la cadena de reacciones alrededor del crimen, fue fácil comprender el impacto que provocó entre el gremio periodístico y el mensaje que los autores intelectuales y materiales estaban enviando: no importa que tengas trayectoria reconocida, no importa tu valentía, no importa si publicas en un medio nacional o una columna en un medio electrónico, no importa cuánto conozcas las fuentes de información de la que te haces, incluso no importa que denuncies ante los más altos mandos de la Secretaría de Gobernación y el Mecanismo de Protección tu caso de riesgo –como lo hizo-; eres mujer, eres madre, representas un símbolo de libertad…y te vamos a alcanzar.

Desde luego el silencio priva en Miroslava, porque violentamente se acalló su pluma, no así su periodismo.

El periodismo de Miros, como le llaman sus colegas y amigos cercanos de oficio, no calla, no cesa, quedó para la posteridad y, esa es la apuesta que todo periodista de a pie, que camina junto al dolor de las víctimas, olfatea el pestilente ambiente de las cúpulas de poder y lee códigos de las realidades perfectamente ocultas a los ojos de los ciudadanos tiene: trascender, ser útil, aún tras la muerte.

El periodismo es una herramienta de transformación, pero también, una habilidad puesta al beneficio y complacencia del poder. Lo primero fue por lo que Miroslava Breach Velducea se esforzó. A nosotros, sus colegas de barricada, no nos queda más que aprender del camino que anduvo y refrendar los principios básicos del periodismo que emerge de la verdad, de cuestionar, de verificar, de alumbrar donde se quiere oscuridad.

Todos los periodistas de a pie exigimos justicia sobre el asesinato y les decimos con claridad que cada que se asesina a un periodista cuyo trabajo trascendió, se vulnera a la sociedad, se vulnera la libertad de expresión y por tanto, se vuelve un crimen que debe pesar sobre los gobernantes en turno y sobre quienes hereden el caso, pues no resolver de fondo la narcopolítica en que ha vivido Chihuahua (y el país) como contexto obligado del asesinato de Miroslava perpetúa impunidad en este y los demás casos sobre violaciones graves a los derechos humanos de los periodistas.

A continuación presentamos una lista de publicaciones de la reportera, no sólo porque se cumple un año de su asesinato, sino porque se vuelve trascendente no olvidar y mantener la memoria fresca sobre qué escribió y particularmente quiénes, con nombre, apellido y color de militancia política, se beneficiaron con el silencio forzado de la periodista.

Corrupción

Miroslava Breach escribió sobre la corrupción del gobierno de César Duarte, desde la venta de reservas territoriales a precios bajísimos hasta el desvío de millones de pesos y la compra de ganado con recursos públicos que quedaron en manos de exfuncionarios públicos.

Remataron reserva territorial de Chihuahua a sólo 6.6% de su valor

http://www.jornada.unam.mx:8810/2017/01/13/estados/027n1est

Descubren anomalías por 400 millones de pesos en Chihuahua

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/17/estados/031n1est

Chihuahua: vaquillas pagadas con el erario, a ranchos de ex funcionarios

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/estados/032n1est

Inseguridad

La desaparición de personas y los feminicidios fueron de los temas a los
que Miroslava dio seguimiento a lo largo de su carrera.

Investiga la FGE de Chihuahua cementerios clandestinos en El Largo Maderal

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/14/estados/025n2est

Inhuman en Chihuahua 50 de 200 cuerpos no reclamados en el Semefo

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/27/estados/036n1est

Familiares de desaparecida protestan contra la procuraduría de Chihuahua

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/29/index.php?section=estados&article=033n3est

Reportan 139 feminicidios en recientes 18 meses en el estado de Chihuahua

http://www.jornada.unam.mx/2012/03/04/estados/031n2est

Falsean datos de tres feminicidios en Juárez

http://www.jornada.unam.mx/2006/08/22/index.php?section=estados&article=036n1est

Defensa del territorio

Como corresponsal de la Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach dio voz a
los pueblos que luchan por su territorio y expuso las amenazas a las que se enfrentan los y las activistas medioambientales.

Indígenas de Chihuahua paralizan obras de gasoducto

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/02/estados/028n3est

Asesinan a ecologista de Chihuahua, tras años de persecución y amenazas

http://www.jornada.unam.mx:8810/2017/01/18/estados/027n2est

“Devasta el crimen bosques de la Tarahumara”

http://www.jornada.unam.mx/2016/06/18/sociedad/032n1soc

Amenazan de muerte a abogada de rarámuris que luchan por tierras

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/18/estados/025n1est

Crimen organizado

El despojo de tierras por parte de los cárteles de droga y su infiltración en la política local son algunos de los trabajos más reconocidos e importantes de Miroslava.

El cártel de Sinaloa toma caminos de la Tarahumara para pasar droga

http://www.jornada.unam.mx/2011/07/25/politica/005n1pol

Destierra el narco a centenares de familias de la sierra de Chihuahua

http://www.jornada.unam.mx/2016/08/06/estados/022n1est

Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/04/estados/028n1est

Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/estados/031n1est

Cada quien en su lugar

Publicado: 21.03.2018

21 de marzo, 2018

Centro Nacional de Comunicación Social
Reporteros Sin Fronteras

Al conocer los detalles del evento ¿A quién pertenecen los medios? Lanzamiento del monitoreo de la propiedad de los medios, organizado por ustedes y en el que se propone un panel para analizar dichos resultados, un grupo de periodistas nos extrañamos por leer dos aspectos contrarios al que, suponemos, es el espíritu del informe.

La forma nos dice mucho del fondo y no ayuda al incluir a un gobernador en la mesa de debate en un momento coyuntural donde todos nos pronunciamos por la urgente regulación de la publicidad oficial, pues como lo hemos experimentado y ha quedado documentado en informes y publicaciones ésta se ha convertido en un arma de doble filo que vulnera los derechos de los periodistas y de las audiencias, fomenta prácticas y relaciones tóxicas entre medios y gobiernos de los tres niveles –incluidas las universidades públicas–, y pone en riesgo la vida e integridad física de reporteros y reporteras.

La medida podría resultar de interés si el personaje en cuestión representara una interlocución necesaria con el poder amplio en una discusión de iguales, y no solo una plataforma para el lucimiento personal del funcionario en turno. Nos parece que la política impulsada por este personaje lejos de contribuir a la conformación de espacios mediáticos plurales sigue distribuyendo la Publicidad Oficial de manera discrecional pues no hay, hasta el momento, una regulación clara y pareja en la entidad que gobierna. Ni en ninguna otra del país.

Por ello, lanzamos estas preguntas a la mesa de debate:

1.- ¿Por qué se le daba un papel protagónico a un gobernador cuando históricamente es esta figura la que ha usado a su antojo y dispendio los recursos públicos para favorecer o golpear medios de comunicación y periodistas con publicidad oficial, según le convenga la crítica o no?

2.- ¿Por qué Javier Corral gobernador de Chihuahua encabeza un panel sobre un tema no solo pendiente en su administración sino mal abordado al grado de criminalizar, perseguir, y hostigar periodistas críticos en Chihuahua?

En los días previos a la posesión del cargo como gobernador, muchos periodistas mirábamos la de Javier Corral como una oportunidad histórica, por su perfil y su discurso. En su apuesta de campaña se anunciaron políticas renovadas, equitativas, respetuosas de la libertad de expresión y a favor de la crítica, que culminarían en nueva forma de administrar recursos públicos en la publicidad oficial de Chihuahua. Nada de eso pasó.

Publicó una lista de medios que, lejos de abonar a la transparencia para enmendar la relación medios-poder en Chihuahua y entender quién y cómo se había beneficiado de recursos públicos en el anterior sexenio plagado de corrupción, se convirtió en una cacería de brujas y enfrentamiento con periodistas y medios.

Por el contrario, lejos de favorecer la pluralidad y el principio de máxima publicidad, no se reguló el dispendio de recursos, se mantuvo una deuda con medios y se creó otra plataforma de gobierno llamado Cambio 16, para informar y transmitir contenidos de su administración sin crítica, sin verificación o análisis, y manteniendo solo su dicho como cierto. Ello implicó destinar recursos públicos donde se dijo «no hay dinero».

Es necesario y urgente replantearse los medios públicos como espacios no controlados por los gobiernos en turno sino como sistemas de información que atienden las necesidades informativas de las audiencias.

Celebramos ampliamente el primer mapa de los dueños de los medios, porque viene a aportar datos necesarios para entender el macro contexto en el que hacemos periodismo en México, país que sigue ocupando los primeros lugares de violencia contra comunicadores y pésimas condiciones laborales.

Ya en otros ejercicios de documentación, de manera incipiente, los periodistas intentamos plantear el problema de fondo sobre la composición de los dueños de los medios con el informe Gregorio: asesinado por informar; lo que hoy presentan Cencos y Reporteros Sin Fronteras se agradece, pero no podemos quitar el dedo del renglón y señalar que, entre más nos mantengamos firmes de una necesaria, natural y saludable distancia entre medios-periodistas con el poder y los gobiernos, mejores escenarios vendrán para nosotros como periodistas, se facilitará el ataque a la corrupción y, sobre todo, en materia de violencia y agresiones, no se propiciará la impunidad que prevalece en el 99% de los casos denunciados (no digamos los que no se denuncian de manera formal por falta de confianza en las instituciones).

Cada quien en su lugar, cada quien en su trinchera. Los abajo firmantes creemos que solo así, se terminará favoreciendo el periodismo de calidad y la libertad de expresión.

FIRMAS

Chiapas
Ángeles Mariscal.

Puebla.
Mely Arellano, Ernesto Aroche, Samantha Páez, Maribel Velázquez, Arlett de la Torre, Paula Carrizosa, Yessica Ayala, Yadira Llaven, Alejandra Corona, Claudia Aguilar, Leticia Ánimas, Tuss Demián Fernández, Felipe Mecinas, Marisol Córdoba, Patricia Gutiérrez, Dalia Patiño, Red de Periodistas de Puebla, Lado B.

Chihuahua
Jaime Armendáriz.

Oaxaca
Paulina Ríos, Pedro Matías, Diana Manzo, Omas Gasga, Antonio Mundaca, Karen Kauffman, Jacciel Morales, Martín Vargas, Noemí Bautista Cruz, Nathalie Gómez Cortés, Saúl Salazar.

Guanajuato
Verónica Espinoza, Martha Silva, Kennia Velázquez, Alfonsina Ávila, Javier Bravo, Luis García, Roberto Gutiérrez, Arnoldo Cuéllar, Fabián Segura, Teresa Segura, Ernesto Méndez, Octavio Zúñiga, Carmen Pizano.

Veracruz
Norma Trujillo, Raziel Roldán, Nidia Sánchez, Juan David Castilla, Julio César Hernández, Aranxa Arcos, Esther Gamboa, Colectivo Voz Alterna.

Jalisco
Jade Ramírez, Dalia Zúñiga, Carmen Aggi, Ismael Hernández, Mayra Vargas, César Huerta, Ricardo Balderas, Darwin Franco.

Sonora
Reyna Haydee Ramírez, Gladys Rodríguez Navarro.

Tamaulipas
Daniel Rosas.

Ciudad de México
Ximena Natera, Daniela Pastrana, José Ignacio de Alba, Ana Cristina Ramos, Arturo Contreras, María Teresa Juárez, Pepe Jiménez, Celia Guerrero.

Morelos
Clara Viviana Meza, Raúl Morales, Omar Sidonio Ocampo, Moisés Sánchez Barón, Carlos Quintero, Jesús Castillo, Claudia Marino, Fabiola García, Estrella Pedroza, María Esther Martínez, Fabiola García Villafaña.

Guerrero
Margena de la O.

Lenguaje discriminatorio y periodismo

Publicado: 21.03.2018


Videos: Lucia Vergara

 

Con frecuencia los medios de comunicación reproducen prejuicios que alimentan la discriminación. Por ello, debemos tener cuidado cuando hablamos entre los límites de la libertad de expresión y el discurso de discriminación: Jesús Rodríguez Zepeda

Agenda periodística y cobertura de tabacaleras en América Latina

Publicado: 19.03.2018


Videos: Lucia Vergara

 

Las empresas tabacaleras han frenado las discusiones sobre Salud pública en México, pero, ¿cómo puede el periodismo contrarrestar los intereses políticos frente a este gran problema? Patricia Sosa nos explica sobre la importancia de generar reportajes que cuestionen la falta de interés gubernamental por frenar el tabaquismo en nuestro país

Agenda periodística y cobertura de tabacaleras en América Latina

Publicado: 14.03.2018


Videos: Lucia Vergara

La industria tabacalera ha frenado en México las políticas de Salud, pero, ¿qué puede hacer el periodismo para denunciar sobre este problema que afecta a millones de mexicanos? Patricia Gutkowski analiza la importancia que el periodismo se enfoque en temas de salud

Cinco periodistas fueron retenidos y amenazados en Sonora

Acudieron al municipio de Caborca a investigar minas en el estado, cuando fueron encañonados por hombres armados.

Publicado: 13.03.2018

Redacción Periodistas de a Pie

La tarde del lunes 12 de marzo un grupo de cinco periodistas independientes fueron detenidos y encañonados en Caborca por varios hombres, quienes dijeron proteger “los intereses de Rafael Pavlovich”, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

Los periodistas realizan una investigación sobre la industria minera en Sonora, por ello acudieron al ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, donde ejidatarios fueron desaparecidos y amenazados por su oposición a la explotación minera en el lugar.

Durante la cobertura los hombres armados llegaron en una Suburban negra encapuchados y con armas largas. Pusieron a los comunicadores de espaldas sobre su automóvil, los interrogaron y les pidieron identificaciones. Luego los obligaron a salir del ejido, diciendo proteger los “los intereses de Rafael Pavlovich”.

Los comunicadores, quienes se encuentran ilesos, constataron que el predio sigue ocupado por Rafael Pavlovich, que a través de gente armada que vigila la mina, a pesar de que en noviembre del año pasado un operativo de seguridad desalojó a las personas ajenas al ejido.

El ataque contra los comunicadores se da en un contexto en el cual Rafael Pavlovich Durazo tiene dos denuncias ante la Fiscalía del estado por la presunta desaparición del presidente ejidal, José de Jesús Robledo Cruz, y otros dos ejidatarios de El Bajío.

De acuerdo con una nota de Dossier Político, los ejidatarios de El Bajío ganaron un juicio en 2014 contra la minera estadounidense Penmont, subsidiaria del mexicano grupo Peñoles, por la extracción ilegal de oro y plata. Dentro de la sentencia del Tribunal Agrario número 28 se ordenó el pago de una indemnización por 350 millones de dólares, así como la reparación del daño patrimonial del ejido y la remediación ambiental.

Sin embargo, dentro de esa sentencia se incluyó como beneficiario a Pavlovich Durazo, aunque no es o ha sido ejidatario de El Bajío, con lo cual el tío de la actual gobernadora ha continuado la operación de la mina dentro de los terrenos del ejido.

Los periodistas continúan en la región, por lo que se vuelve imperante que las autoridades locales asuman la responsabilidad de proveer un contexto de seguridad para que no se interrumpa la investigación periodística.