Recientemente publicó el reportaje de Banquete Minero, Báilleres, el heredero y ha compartido en videoblog su experiencia de cómo es reportear los temas de pobreza y exclusión en la Tarahumara, así como el fenómeno de esclavitud de migrantes centroamericanos en la sierra de Chihuahua.
El gobierno mexicano impulsó desde la década de 1990, una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de lo bienes naturales, la mayoría en territorio indígena. ¿Cuáles son los impactos de los megaproyectos en la población?¿Qué alternativa hay para el despojo, la devastación ambiental y la criminalización que esto implica?
Daniela Pastrana platica sobre esta problematica con Mónica Gónzalez, fotógrafa; Juan Antonio López, coordinador d justicia ProDESC; y Oscar Pinada, investigador de Poder.
Son la mejor manera para que las autoridades federales se deslinden de su mandato y responsabilidad.
La plaga de iniciativas creadas y votadas al vapor, se ha vuelto la corrosiva solución al tambaleante Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, próximo a cumplir cinco años, con la cosecha menos popular posible: acumula violaciones a los derechos humanos, revictimiza a beneficiarios, sigue omiso, recoloca en riesgo y no está claro el manejo de recursos públicos.
Es necesario un ejercicio de memoria. El Mecanismo federal, de terapia intensiva lo han sacado una y otra vez sin lograr se estabilice o erradiquen sus males nativos. El problema es de forma con mucho fondo. Cuando Felipe Calderón se apresuró a promulgar la Ley para Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que menos importaba era el tejido fino y la confección adecuada del traje a la medida que debe ser una instancia de estas características.
Para cuando se instaló el Mecanismo a finales de 2012, la lista de inquietudes por parte de las organizaciones de sociedad civil involucradas en el proceso, era tan larga, como la lista de nombres con urgencia de ir a tocar la puerta correcta para pedir protección.
Dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB había desatinos sobre lo que seguía, pues antes de promulgarse la ley, las ONG que llegaban a la dependencia a través de Serapaz A.C. o por su propia cuenta, pidiendo conciliar en medio de hostigamientos, encarcelamientos, agresiones y violaciones graves a pueblos, colectivos y varias resistencias. Salían de ahí con buena voluntad política y compromiso de diálogo. Nada más. Para cuando se creó el Frankenstein, no había personal, oficina, solo un incipiente proyecto ejecutivo.
La ventanilla para atender periodistas en SEGOB estaba cerrada y quizá merecíamos un oficio a la CNDH o sellar un pase a la Procuraduría General de la República de donde veníamos corriendo porque la denuncia, era una carpeta inexistente.
Vino la primera avalancha de urgencias de casos a analizar además de definir todo lo no resuelto entre operativo, político y financiero. Se fueron los panistas, permaneció Perseo Quiroz y con el regreso del PRI a Los Pinos, arribó Lía Limón García, ex panista con nueva camiseta de funcionaria tricolor.
A Quiroz lo despidió bajo amenaza de fincarle responsabilidades penales. Llegó como Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo Juan Carlos Gutiérrez, también un perfil de sociedad civil organizada, abogado. El personal rotaba como puesto de tianguis, tres servidores públicos al salir despedidos, interpusieron queja en la CNDH por maltrato laboral de la jefa Limón García. El personal de confianza siguió arribando tuvieran o no el perfil adecuado para gestionar protección y prevención con perspectiva de derechos humanos. Primer meollo del asunto.
A Lía Limón no le gustó la consejería de un experto externo –Enrique Eguren integrante de Protection International organización altamente calificada en materia de estrategias de protección y seguridad para los defensores de ddhh- acercado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues resultaba el mejor orientador para concretar lo que sociedad civil y víctimas en busca de protección pedían. Pero no, había que meter mano dura de los uniformados, y se le sacó del proceso; ahí se tensó la relación entre la OACNUDH y el Mecanismo.
Esos expertos según Lía Limón, era la Policía Federal, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. una multicontratista de gobiernos en los estados, quien hoy por hoy, conoce por geolocalización de pe a pa todas las historias y casos activos en el Mecanismo.
Se comenzó a colocar en reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que debían atender el tema pues incrementaban los casos de agresiones y el Mecanismo de Protección no tenía capacidad para atenderlos, pero sobre todo, el dinero no iba a alcanzar, les dijo.
Las varias imprecisiones en el discurso Limón García -hoy diputada federal por el PVEM- tenían una apuesta clara: regresar la responsabilidad a los gobiernos locales pero no exigiendo acatar las disposiciones que les emitía la Junta de Gobierno, no. A la luz de los años vemos que la tirada era que los gobernadores promulgaran leyes copy-paste, de lo que de por s, ni es general ni es federal. Copiar la tarea pero mal.
Hoy estamos documentando los primeros nacimientos putrefactos: Querétaro, Jalisco, Guanajuato –en pausa por la vital batalla que dieron periodistas y defensores para detener su votación- Colima, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, que se suman a los erráticas iniciativas de protección en Veracruz, Guerrero, Morelos, Oaxaca; no solo por ineficaces, sino porque terminan siendo instrumentos de cooptación y regulación del periodismo; por ejemplo, dar becas o dádivas en nombre de la protección confunden una problemática que no le corresponde al gobierno resolver, sino a los directivos de los medios: condiciones laborales.
Con la creación de Unidades de Protección o mecanismos estatales, se repite la historia de carencia de perfiles adecuados para ocupar los puestos inexistentes dentro de una secretaría tipo Gobernación, pues, un Mecanismo es una instancia al mismo tiempo operativa y política que debe ejercer recursos financieros; un funcionario asignado para la tarea, debe combinar en cada caso de protección una estrategia quirúrgica bajo estándares internacionales como principio pro persona o de protección más amplia, principio de buena fe, debido proceso, entre otros, con dos aditivos: perspectiva de derechos humanos y reacción inmediata. Tremenda asignación.
Ese mal inacabado que algunos denominan voluntad política, en realidad se trata de que las autoridades civiles o uniformadas, no tienen la capacidad técnica y cognitiva para hacerlo.
Lía Limón tapó baches operativos y políticos -su sucesor Roberto Campa lo retomó- con un addendum de entendimiento con la cooperación internacional de Estados Unidos, USAID, a través de Freedom House; se impartió un intento de capacitación al personal en turno, se elaboró un diagnóstico y se crearon formatos de cómo hacer lo que Gobernación ya debía saber hacer en 2014. Ese personal se fue y la práctica continúo siendo mala.
Lo que sí quedó delineado en el Mecanismo federal de Protección, es que los beneficiarios no tienen estatus de víctimas. Quizá el defensor o periodista fue golpeado, incendiada su casa, robado su equipo de trabajo, señalada públicamente, agredida sexualmente, exhibido dentro de una patrulla, arrestada indebidamente por abuso de autoridad, amenazada, perseguido o en desplazamiento forzado, pero para los consultores exportados desde Colombia, no se trataba de una víctima. La Junta de Gobierno en su mayoría votó por ese discurso, para ello Freedom House fue estratégica. Esa visión ¿Cambiará en los estados?
Y no se trata solo de términos, sino que concretaron el problema inicial sobre la temporalidad de las medidas de protección que después de 9 meses comienzan a costar mucho, cansan a las autoridades garantizarlas y luego no saben cómo quitarlas al defensor o periodista que obviamente no puede continuar su vida de la manera más normal, pues, tendrá “blindaje” pero no justicia y, ahí, ni cómo asegurar los otros dos estándares internacionales incumplidos por el Estado mexicano: reparación de daño y garantía de no repetición.
Entonces, después de cinco años de tropiezos y algunas mejoras, después de la opacidad de la CNDH en la Junta de Gobierno, de la reiterada queja de la Comisión Nacional de Seguridad por destinar personal para cuidar activistas y periodistas, de la nula participación de los diputados y para emprender mejoras vinculantes en la Ley para la Protección, ¿De dónde los mecanismos en los estados o Unidades de Protección van a funcionar?
Tres deben ser las apuestas: Abrogar las leyes ya aprobadas para que las mejoras en el Mecanismo federal se concreten bajo una perspectiva de derechos humanos; un reconocimiento y aceptación de los diagnósticos que revelan son las autoridades, gobiernos locales, policías, servidores públicos, militantes de partidos políticos, los principales agresores de defensores y periodistas; y que la PGR acate su mandato de investigar para procurar el acceso a la justicia, o traslade a una instancia interdisciplinaria e independiente su tarea.
Tras el cambio de fiscal especial en la PGR, ¿Cuántas carpetas de investigación se reactivaron? ¿Han re-contactado a las víctimas que desde 2005 interpusieron denuncias? ¿Se cambió la política de notificaciones con policías ministeriales en las redacciones? ¿Se movió algo en la estructura de ministerios públicos? ¿Se ha llamado a denunciantes para ampliar información o actualizar casos?
Cuando se definió que la tendencia debía ser desaparecer el Mecanismo de protección a nivel federal, no se pretendía heredar a los gobiernos estatales la misión, sino garantizar los climas de respeto a la labor de defensoría de derechos humanos y libertad de expresión para que se vuelva innecesario proteger agentes sociales de vital importancia.
Sin claridad en lo anterior, en los estados los mecanismos de protección harán cualquier cosa pues el victimario se volverá “protector”; los vivaces se sentarán en la silla de Consejeros Ciudadanos para estar más cerca de las oportunidades que brinda el poder, y la apuesta será perpetuar el contexto impune como descompuesto, que posibilita cada 22 horas agredir un periodista, asesinar defensores de la tierra, acosar movimientos sociales, desaparecer reporteros, encarcelar litigantes, espiar y criminalizar la defensa de derechos…como cinta de Moebius.
El próximo jueves 13 de julio a las 10 horas se realizará el foro «Violencia, amenazas y espionaje contra comunicadores» en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
El foro es una iniciativa de profesores de la licenciatura en Comunicación Social preocupados por la situación que se vive en el país a raíz de los recientes casos de violencia contra comunicadores.
Cabe recordar que recientemente tanto el Consejo Académico de la UAM-X como el Colegio Académico de la UAM aprobaron por unanimidad, a partir de la misma iniciativa que da origen a este foro, hacer pronunciamientos públicos en diarios de circulación nacional sobre dicha situación.
¡Disponible una nueva emisión de Periodistas de a Pie!
Hasta el momento suman 108 periodistas desde 2000, seis de ellos en lo que va de este año. Por lo que, una vez más, México es definido por la Federación Internacional de Periodistas como el país más mortal para ejercer el periodismo.
En esta emisión, Alberto Nájar nos habla sobre la grave situación del periodismo y la impunidad a la que se enfrenta los comunicadores en nuestro país.
Nota aclaratoria: la valoración realizada en esta emisión por la red de Periodistas de a Pie sobre el caso La Jornada, no es compartida por Rompeviento TV.
El Estado ha refinado sus instrumentos de vigilancia, y quien quiera huir hacia lo oscuro se enfrentará con artillería iluminadora en su fuga.
Guy Debord
Hace más de dos semanas, el tema trendi en redes sociales y medios de comunicación en México era el espionaje por parte del gobierno a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. La noticia fue tendencia nacional y la información fue difundida también en medios internacionales, después de que el New York Times publicó un reportaje al respecto.
El titular del medio estadounidense fue potente: “Somos los nuevos enemigos del Estado”, citaron de boca de Juan Padinas, impulsor de una ley anticorrupción en México. La administración de Enrique Peña Nieto respondió —aparentemente solo por tratarse del Times— de la única forma en la que ha contestado a los escándalos en los que se ha visto involucrada: lo negó todo.
Pero gran parte de la información publicada por el medio neoyorquino provenían del análisis realizado por Citizen Lab que encontró rastros del software Pegasus —un programa de espionaje que la compañía israelí NSO Group vende únicamente a gobiernos— en dispositivos electrónicos de periodistas y activistas mexicanos. Y el hashtag que se volvió tendencia, #GobiernoEspía, surgió a propósito del informe de las organizaciones mexicanas R3D, Artículo 19 y Social Tic, que documentaron este espionaje sistemático.
Dentro y fuera del país —con justa razón— la noticia se volvió escándalo, como lo han sido otros varios casos de corrupción y violaciones de derechos humanos (que no son pocos) ventilados durante el actual sexenio. Pero México solo se lleva la primera plana de los periódicos gringos rara vez, cuando su agenda interna no da para mucho. Y acá, en tierra mexica, un escándalo encumbra al otro y el ruido es ensordecedor.
Cuesta hacer un análisis del problema de la vigilancia del gobierno en México que considere la historicidad del asunto. Un artículo digerible que no sea titulado: “Las cinco generalidades que debes conocer sobre el espionaje gubernamental mexicano”; que baje el tema, más allá de la tendencia generada por el informe y el vaivén político-mediático, a la realidad; que diga: esto nos afecta y convoca a cada uno de los periodista/activista promedio (no solo a quienes consideramos ‘espiables’) en México y otras latitudes.
La vigilancia del gobierno mexicano a periodistas y activistas no es un tema fácil de diseccionar, ni nuevo, porque se trata de una acción que tiende entre lo técnico y lo político. Sería ingenuo aspirar a ello en este texto. Es un asunto de tesis enteras, ¡carajo!, de análisis como el de Citizen Lab y R3D de cuartillas y cuartillas. Como muchos otros problemas en México, tiene demasiadas aristas que considerar.
Pero, por comenzar por algún lado, elegí arbitrariamente tres puntos para iniciarse en la discusión, que implican comprender pasado y presente: primero, México cuenta con una larga trayectoria de gobiernos espías; en segundo punto, está el autoritarismo con el que se maneja la “democracia” mexicana, y el tercero, es el creciente y complejo panorama internacional de vigilancia. En los aspectos anteriores encontramos cualidades de los enemigos, no nuevos, sino naturales, del Estado mexicano.
Siendo enfática, el gobierno en México es espía desde que es gobierno, siempre con muchas más razones de peso para vigilar a sus detractores (periodistas y activistas incluidos). El sistema democrático mexicano muestra serios signos de autoritarismo desde hace tiempo; aunque intente disfrazarlos son cada día más evidentes y cada día más señalados. Y la epidemia de vigilancia es mundial, así como la crisis de las democracias, la polarización de las sociedades, la militarización de las policías, y un largo etc. que nos congrega al mundo occidental.
He escuchado, no a uno, a varios periodistas mexicanos, de la nueva y de la vieja guardia, terminar sus llamadas telefónicas con un caluroso “¡Saludos a Gobernación!”. Un compañero, quien no ha pagado el recibo de teléfono e internet en su oficina desde hace seis meses, bromea sobre los motivos por los que aún conserva el servicio y la compañía no lo ha suspendido, como sucede cuando tienes una deuda: no puede ser buena suerte —se mofa—, seguramente Tomás Zerón —exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), creador de “la verdad histórica” sobre Ayotzinapa— decidió pagar la cuenta para mantenerse en contacto.
He eliminado y bloqueado el número de periodistas que después de asesinados se mantenían “En línea” en el WhatsApp porque simplemente nunca supe en manos de quién quedó su teléfono.
Sé de varios grupos, chats en los que periodistas y activistas se comunican, desintegrados en segundos cuando escuchan la noticia de que uno de los administradores fue desaparecido.
He recibido cursos de seguridad digital financiados por USAID, mientras Hilary Clinton, en calidad de Secretaria de Estado, autorizaba a la empresa distribuidora estadounidense, Security Tracking Devices, la venta del software Pegasus al gobierno mexicano.
He dado consejos sobre seguridad digital a compañeros que eran seguidos y acosados en la calle por extraños con apariencia de militares, pero eso no los salvó de ser torturados y asesinados. Hemos adquirido hábitos de cuidado digital individual y colectivo y también los hemos abandonado. Hemos comprobado que no podemos protegernos de quien debería protegernos y, con mucho dolor, que estamos solos.
Realicé dos semanas de seguimiento a la tendencia #GobiernoEspía y en el inter me cuestioné la vigilancia gubernamental en México y el mundo, todo para escribir esto. La reflexión no solo me llevó a terminar escribiendo sobre mi problema para acotar los problemas mexicanos, sino que también recapacité sobre las nociones básicas de la vigilancia: por qué se ejerce, quién y contra quién se ejerce y bajo que motivaciones.
Para invitar a la misma reflexión, una pregunta retórica: ¿De quién —si no, del astro coercitivo del Estado— emana la actividad de la vigilancia?
Si la vigilancia en teoría es considerada una prioridad de todos los Estados-nación para consolidarse y mantener el bienestar de los ciudadanos, también es una herramienta de control, y cuando está en manos de Estados autoritarios, criminales legítimos o no, es violatoria en sí misma.
Pero sucede que la vigilancia ni se inventó ayer ni es vista por los gobiernos —y me atrevo a decir que tampoco por muchos ciudadanos— como una actividad maliciosa. Por ello el presidente mexicano se paró frente a un público y ante cámaras para decir que él también se ha sentido espiado. Así como muchos aplaudieron que el ejército saliera a las calles a “combatir al crimen organizado” en 2006, en México, la gente común suele pensar que hay mecanismos de poder y coerción que se justifican frente a un “enemigo” real o posible.
Solo un sector de la población parece indignarse cuando ese enemigo se identifica claramente como un periodista o un defensor de derechos humanos. Porque el espionaje es un crimen hasta que tienes suficiente dinero para costear un programa que te permite llevarlo a cabo, o suficiente poder para legitimarlo.
Hoy es buen momento para ser insolentes, para reflexionar lo que muchos han permitido o que otros no hemos hecho suficiente para oponernos: a ser asesinados, desaparecidos, espiados.
Una vez más: ¿Quién va a investigar las violaciones a los de derechos humanos cometidas por el gobierno de México? ¿El gobierno de México?
Para este caso, R3D, Artículo 19 y Social Tic sugieren que sea un grupo independiente de expertos el que investigue “la acción o inacción de la PGR” en el espionaje. La administración de Peña Nieto asegura que investigará las acusaciones de los periodistas, que pueden pasar a denunciar a la PGR, pero omite decir que desde octubre de 2016 la misma instancia se negó a entregar información o datos sobre los contratos con NSO Group, declarándola información reservada hasta 2021.
Cualquier declaración oficial, así como el ocultamiento de la información por parte de las instituciones mexicanas, va más allá del cinismo, y la reserva de la información es prolongar el escenario de abusos e impunidad, reservarse nuevamente la justicia.
Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados.
En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira.
En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones –decía el periodista Tomás Eloy Martínez–, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos.
El encuentro de hoy con ustedes, es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas.
Un recuento del 13 de mayo al 27 de junio nos revela 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 compañeros se vieron agraviados.
Citamos algunos casos:
El 13 de mayo Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron privados de su libertad en Acapetlahuaya, por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban los periodistas.
El 19 de mayo, los reporteros de Zihuatanejo Noé Aguirre, Ruth Tamayo, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, sufrieron hostigamiento verbal por parte del presidente municipal Gustavo García.
El 26 de mayo, el reportero, también de Zihuatanejo, Marco Antonio Villegas sufrió obstrucción en su cobertura informativa por el director del Hospital Regional de Atoyac, Juventino Rodríguez.
El 1 de junio, la reportera Brenda Escobar sufrió hostigamiento y amenazas por particulares frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo.
El 2 de junio la reportera de Chilpancingo María Avilés sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, quien fue complaciente con su subalterna.
El 3 de junio, la conductora de RTG, Marcela de Jesús Natalia, fue atacada a balazos en Ometepec cuando salía de su turno laboral. La compañera se restablece todavía.
El 6 de junio, el reportero Leonardo Martínez fue encañonado por policías estatales en Zihuatanejo. Los agentes exigían al compañero que borrara o les entregara imágenes que había tomado en un enfrentamiento.
El 9 de junio, la reportera Hercilia Castro sufrió obstrucción de su cobertura informativa por elementos de la Policía Estatal.
El 11 de junio, el reportero Ezequiel Flores denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
El 17 de mayo, directivos del Diario Alternativo, de Marquelia, denunciaron que siguen las amenazas, persecución y hostigamiento en contra de integrantes del colectivo, a pesar de las medidas cautelares con las que cuentan.
El 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE impidieron realizar su labor al reportero Héctor Briseño. Después, «justificaron» su acción en el aspecto «sudoroso» del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra.
Ese mismo día, el reportero de Pungarabato, Agustín Hernández, fue amenazado de muerte a través de las redes sociales por Cuauhtémoc Salgado Jr, hijo del diputado local priista Cuauhtémoc Salgado Romero. «Pronto te va tocar como le tocó a Cecilio por hocicones y ser periodistas», le advirtió.
A la lista de agravios sumamos los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado.
El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores.
Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor.
Emplazamos al gobernador Héctor Astudillo Flores, responsable de lo que pasa en Guerrero, y a los otros dos poderes, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad.
Como puede verse, el panorama luce bastante sombrío para el ejercicio periodístico, tanto como para el resto de la sociedad; se fue complicando sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. Hace unos años, aquí en Guerrero, hubo algunas agresiones contra ciertos comunicadores, pero no era frecuente que se atentara contra los reporteros que recorren día a día las calles y los espacios donde se genera la información de interés público. Ahora, todos los ataques, cada vez más frecuentes y en mayor número, están dirigidos contra esos reporteros que tratan de iluminar las zonas oscuras que los grupos de poder no quieren que se descubran, los que con su trabajo tratan, en un gesto de idealismo, de transformar la realidad con sus denuncias, con sus investigaciones.
Pero la tarea informativa no puede detenerse porque la situación se ha tornado difícil; al contrario en momentos como los que estamos viviendo es cuando más se necesita el periodismo verdadero, como con mucho tino lo dijo Tomás Eloy. Es por esto que los integrantes de la APEG decidimos reactivar la Organización, porque no pensamos ir a escondernos abajo de la cama; sabemos la importancia de hacer efectivo el derecho a la información de toda la sociedad, y estamos dispuestos a asumir el reto de continuar con nuestra labor. El periodismo no parte de elegir un trabajo agradable, con reconocimiento social y bien remunerado, sino que es un compromiso con el bien común, con las causas justas de la sociedad. En otras palabras, es un compromiso que se asume desde lo más profundo de la conciencia social; y alguien tiene que hacerlo, porque sin periodismo no existe el estado de derecho ni la democracia.
Como dice José Ignacio López Vigil: «No caben mirones cuando está en juego la vida de la mayoría de nuestros congéneres, incluida la del único planeta donde podemos vivirla».
«Ni el arte por el arte, ni la información por la información. Buscamos informar para inconformar, para sacudir las comodidades de aquéllos a quienes les sobra, y para remover la pasividad de aquéllos a quienes les falta. Las noticias, bien trabajadas, aun sin opinión explícita, sensibilizan sobre estos graves problemas y mueven voluntades para resolverlos», dice también este catedrático y radiodifusor cubano.
Y para hacer frente a este reto enorme, la APEG también asume el compromiso de capacitarse e impulsar la capacitación para todo aquel periodista que conciba el periodismo desde los tres pilares de la ética periodística: independencia, apego a la verdad y compromiso social; en la medida en que seamos más incisivos, más preparados, entenderemos cuál es nuestro papel dentro del Sistema, y lograremos establecer un vínculo con la sociedad, a la cual debemos acercarnos más.
Pero también queremos dejar claro que el no dejar pasar ni una agresión más, nos compromete con nuestra información, a construir un muro paralelo contra la impunidad. Entre más nos comprometamos con nuestro periodismo, profundicemos, gastemos suela; reportemos nuestros propios problemas como periodistas, se abrirá una nueva brecha.
Esta es la tercera vez que activamos la APEG, y podemos asegurar, como dice el conocido refrán, la tercera es la vencida.
Este viernes 29 de junio nueve universidades del país firmaron un acuerdo para crear iniciativas de articulación, análisis e investigación sobre las formas de violencia ejercidas contra los comunicadores, así como para que esta problemática se conozca no sólo entre la comunidad universitaria sino también entre la población en general.
El Acuerdo inter-universidades en defensa de la libertad de pensamiento y de expresión en México fue firmado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en sus sedes Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco; también por las universidades Autónoma de la Ciudad de México, Veracruzana, Iberoamericana y Autónoma de Aguascalientes.
Dicho acuerdo fue promovido por la Red por la libertad de pensamiento y expresión contra la violencia a comunicadores, fruto de una labor colectiva entre organizaciones de defensa a la libertad de expresión, como Reporteros sin fronteras, Periodistas de pie y Artículo 19; además de miembros de la presa, activistas, académicos de más de 15 universidades, asociaciones que aglutinan licenciaturas de comunicación, entidades de científicos de América Latina y representantes de la sociedad civil sensibles a la problemática.
Margarita Zires Roldán, investigadora de la UAM Xochimilco e integrante de la red, explicó que algunos de los objetivos de la organización y del acuerdo son:
Asistir en el corto y el mediano plazos a comunicadores amenazados.
Investigar la situación de intimidaciones, así como sus alcances políticos.
Visibilizar en el país y el extranjero la problemática de dichos actos.
Denunciar y generar presión en el gobierno.
Emprender movilizaciones mediante campañas, foros y reuniones.
Producir iniciativas de combate a los intentos de coartar la libertad de expresión y de pensamiento.
Esto debido a los asesinatos de periodistas en el país, así como las zonas de silencio que existen en México debido a las amenazas y agresiones constantes a comunicadores y comunicadoras; pero también a los intentos que hay de coartar la libertad de expresión dentro de las instituciones de educación superior.
En su oportunidad Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina en México de Artículo 19, señaló que “los periodistas son nuestro puente con la realidad y ustedes son quienes los forman”, lamentando que cada vez sean más los alumnos que dejan de inscribirse a las licenciaturas de periodismo por miedo.
Daniela Pastrana, directora de Periodistas de a pie, agradeció a las académicas que impulsaron la firma del convenio, porque la reacción de las universidades ante el ataque a la prensa y a la libertad de expresión es central para detenerlo.
Pastrana habló de cómo las agresiones a periodistas tienen un efecto silenciador en todos los sectores de la sociedad, de allí la importancia de que los ataques cesen.
A su vez Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras, dijo que el papel de las universidades es fundamental no sólo en la promoción, sino en la defensa de las libertades de expresión y de prensa.
De cada 100 pesos del presupuesto federal, 15.5 se destinaron al pago de pensiones. Sin embargo, estas podrían desaparecer entre 2090 y 2120. Actualmente, ¿cuál es el mejor sistema de retiro para un trabajador: estar dentro del sistema de beneficio definido que ofrece el gobierno o el de las Afore?
En esta emisión, Verónica García de León nos presenta esta problemática donde los más afectados son los trabajadores.
El pasado 2 de junio, el portal Genderit.org publicó una entrevista sobre la seguridad digital en México que realizó a Jade Ramírez Cuevas V., coordinadora del área de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie.
Hace rato que sabemos, al menos hasta cierto punto, que lo que hacemos en internet -todos esos clics, plays, likes, tuits, posteos – está expuesto al panóptico fisgón y alimenta la hidra capitalista con datos jugosos. Llevamos rato picándole a aplicaciones “supuestamente más seguras”, logramos que algunas amigas se instalen otra cosa aparte del Whatsapp, compartimos notas sobre polémicos programas de vigilancia, nos asomamos a talleres, hasta nos suena ligeramente familiar eso de Tor… Y aun así pareciera que la seguridad digital es una tarea pendiente, una arena movediza plagada con estrías de tantos intentos intermitentes con aspiración a “salirse de”.
En vez de esbozar una genealogía o una nota de opinión sobre qué papel ha tomado este tema en México, propongo una entrevista con la elocuente reportera y radialista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, amante de las palabras, empírica empedernida y autodidacta clavada con la que comparto trinchera de luchas. Las situaciones de riesgo, agresiones y amenazas de muerte por su trabajo periodístico en Jalisco (México) catalizaron su camino en la defensa de la libertad de expresión. Fue representante, durante tres años, de periodistas y defensores de derechos humanos ante el Mecanismo Federal de Protección, el que posteriormente denunció de manera pública como herramienta ineficaz y negligente. También es integrante del Consejo Directivo de la Red de Periodistas de a Pie
Me interesa saber su perspectiva, no sólo como periodista y activista, sino como aliada, como mujer y como madre. La entrevista es atisbo de encuentro, un pretexto privilegiado para des/re-entrañar y subrayar el gesto, lo que cotidianamente queda al margen, sin ser visto ni contado. No queremos moralejas ni coherencias sino colocarnos frente a la otra, espejearnos, palpar contracturas y tramas sutiles, saborear las palabras que quedan orbitando. Desde estas orillas podemos con-movernos en el vaivén de las mareas que, lejos de destantearnos, reverberan nuestros horizontes.
¿Cómo defines la «seguridad» y cómo ha ido mutando esa noción a lo largo de los años para ti?
La seguridad era un asunto resuelto para mí debido a que fui criada en completa libertad. Involuntariamente, creo, mi madre fomentó la libertad como eje en la vida para la toma de decisiones. En la juventud determiné quién quería ser y qué quería ser. Enfrenté todo tipo de situaciones aventureras y creativas, pero también dolorosas y sorpresivas.
La seguridad, durante mucho tiempo, la comprendí como un asunto que yo administraba. Sin embargo, hubo hechos personales que me recordaron que no dependía solo de mí: violencia doméstica, por ejemplo, con una pareja y después violencia psicológica y emocional. Esta última me sucedió en un ámbito paradójico: mi pareja era un hacker de academia, personaje altamente reconocido en el mundo del pensamiento sistematizado de las ciencias y particularmente promotor de la cibercultura. Él abrió una veta dentro de mi universo tecnológico que tenía medianamente dibujada: la cibercultura, el mundo vivido a través de sistemas y arquitecturas digitales. Me adentré en ello: aprendí asuntos técnicos interesantes, creativamente lideré innovadores proyectos, por ejemplo, los antecesores a mediana escala de Facebook o Myspace de promotoría cultural y bueno, la dinámica de vida cambió a otros lenguajes y formas de establecer vínculos a través de redes virtuales constructivas de cosas afines.
Pero la relación de átomos se quebró, comenzó la desconfianza y espionaje de mi pareja hacia mí y de mí hacia él; todo concluyó con un hackeo de nuestros universos íntimos. Desastre total. Venta de inseguridad para mí. Tuve que reconstruir después poco a poco la seguridad de mi persona en esos ámbitos y el establecimiento de relaciones sanas.
Al tiempo se presentaron los primeros ataques contra mi privacidad derivados de mi trabajo periodístico y ello me obligó, como mecanismo de autocuidado, a regresar a lo que había enterrado por la anterior relación y aprender nuevas técnicas y atajos como cuevas para proteger mi trabajo, mi vida e integridad como periodista y demás desdoblamientos de mi persona.
Hoy, para mí, lo que me causa sensación de seguridad es mantener un perfil público en redes sociales indescifrable. La parte íntima de mis relaciones afectivas significativas están desdibujadas, no hay rastro ni evidencia. En redes sociales no abandero ninguna causa específico, sino atemporalmente ciertas luchas. Dejo sin acuse los “linchamientos” públicos en internet: ese es mi método para no determinar tiempo de mi equilibrio personal. Conservo la seguridad íntima de mis emociones como capacidad frente a las vulnerabilidades morales. Resultar un enigma sobre gustos, apegos, me provoca libertad para expresarme.
El halo de misterio, el no-entender, la imposición “así es y punto” ha retardado la apropiación de estos beneficios porque no se entienden, son demasiados técnicos y engorrosos
Si bien la práctica implícita y explícita de desarrollar estrategias de cuidado en movimientos sociales en México es histórica (desde colectivos urbanos hasta comunidades en la sierra), en sí la lógica de capacitación para defensoras y defensores de DDHH y periodistas podríamos ubicarlo en un marco más contemporáneo. En este escenario tenemos organizaciones y fundaciones internacionales y nacionales, órganos gubernamentales (como el Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas), colectivos autónomos, etc. ¿Cuándo empezaste a conocer y tomar consciencia sobre estas estrategias de cuidados dentro de movimientos sociales? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Deriva de, precisamente, los hechos violentos que pusieron en riesgo mi vida. Las amenazas de muerte, los hostigamientos por correo, las llamadas telefónicas a números privados, el espionaje y seguimiento en calle, así como la intromisión a cuentas de correo electrónico. Todo esto, en un tiempo de cinco años, me llevó a tomar consciencia de los pasos de estrategia de guerra que en ese ámbito debía emprender. No hablo que de todo me pasó al mismo tiempo, no, ha sido progresivo. Las violencias fueron cambiando, pero los últimos acontecimientos estuvieron muy relacionados con la intromisión de correos.
Tomé mi primer curso en 2011, después cada año asistía a un taller. Realmente comprendí todo de paso a pasito, pero fui interiorizando la necesidad y oportunidad de crear otras relaciones desde eso. Por ejemplo, comencé a encriptar comunicaciones en 2012, medio a comprender por qué y cómo técnicamente. No solo para mis asuntos, sino para los asuntos de otros que yo debía observar. Entonces, se cruzó la emergencia del inicio de un sexenio decantado como violento y desesperanzador (2012) y entre las organizaciones civiles que me han arropado a lo largo de los años se asomaron nuevas formas de cuidado físico, psicológico, emocional, financiero, técnico y tecnológico.
¿Cuál es tu visión y relación con respecto a los abordajes sobre ese tema desde estos diferentes actores? ¿Podrías esbozar una genealogía (subjetiva)? ¿Qué tensiones emergen? ¿Cómo articulan las distintas esferas de la seguridad (integridad física, seguridad digital, etc.) y a qué niveles (individual, colectivo/grupal, familia)?
Es muy desordenada y por momentos diría hasta momentáneamente relacionada a una moda o emergencia. Por un lado, hay toda una caballería de organismos civiles que se adentran a las emergencias y producen metodologías para el entrenamiento y reflexión, pero al mismo tiempo, lo hacen alejados de las realidades del país y suponiendo que en otras latitudes está interiorizada la necesidad. Se volvió como la reconquista de grupos con necesidades por los espejitos de los especialistas que presuponen que “sabemos”.
El tema es que principalmente formo parte de una colectividad no reflexiva sobre su propio hacer (los periodistas) y me ha tocado llamar la atención para provocar interés en otros, a diferencia, a mi parecer, de las defensoras de derechos humanos que se esfuerzan para que sus pares suben peldaños al mismo ritmo.
Del Mecanismo de Protección solo puedo aportar que se trata de la falacia más trabajada por el gobierno mexicano. Es una falsedad su existencia. Lo que hace la política pública es administrar emergencias, re-victimizar, criminalizar y recabar datos de cada caso, y así elaborar sus mapas de espionaje y ecuaciones de información. A través de atender víctimas de riesgos por su labor como defensores y periodistas, obtiene cualquier cantidad de cruces y datos.
Con Periodistas de a Pie ha sido completamente diferente el proceso, porque ha tocado articular con pares temas en común. Ahí se cruzan algunas vecindades como con CEPAD o colectivos feministas que visualizan una incorporación e interiorización de tópicos de seguridad y protección en mí, que pongo en función de su realidad y termino compartiendo formas para que determinen sus acuerdos en el tema.
¿Qué papel han jugado las TICS (tecnologías de la Información y la Comunicación) en tu vida? ¿Cómo crees que se han insertado y transformado la práctica de las y los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas en México?
Soy hija de la modernidad, de la lavadora y la licuadora, del horno de microondas. Desde luego, las tecnologías de la información me han moldeado como mujer en una sociedad hipercomunicada –técnicamente hablando- y han impactado en mis proyectos e ideas. Además, ser periodista radial me implicó trascender de lo análogo a lo digital aunque creativamente aún tengo afectos por lo análogo.
En el ámbito de las y los defensores de DDHH y periodistas, la presencia de las TICs ha llegado a ser hasta un acto radical en algunos casos. Proyectos autónomos y autogestivos como medios libres como Indymedia. En sí, las radios piratas han sido, más que un canal, una posición política de cómo intervenir. Eso desde lo básico de comunicación, hasta lo complejo de incidencia pública y articulación social como en casos como el YoSoy132 que se trata de un alumbramiento emergente desde la médula misma de lo táctil sino lo virtual.
¿Por qué empezaste a formarte en «seguridad digital»? ¿Cómo ha sido ese proceso? Obstáculos, ritmos, comunidades…
Por necesidad, como ya lo mencionaba, y practicar el autocuidado. Ha sido un proceso cansado y engorroso por momentos, confuso a veces, porque siempre hay quien llega y te dice que “Kik no funciona, que es Telegram lo seguro para codificar conversaciones, después que no, que es Whatsapp con su nuevo modelo de cifrado, y luego que Signal…”
En realidad tangiblemente el usuario no tiene cómo comparar y poner a prueba. Pero, en el camino sabes que un emporio compró a otro y las bases de datos no le pertenecen a alguien sino a quien paga por ellas. Con este bobo ejemplo describo que ha sido muy engorroso y complicado comprender que no hay finitos en esto sino innovaciones desde una perspectiva comercial hasta una posición política. Tengo mis comunidades para diferentes servicios y todas fluyen bien.
Muchas defensoras, periodistas, activistas, feministas en México son conscientes de que están en una situación particularmente vulnerable en tanto a su seguridad. Y muchas han estado en más de un taller de seguridad digital. Aun así, existe una gran dificultad en migrar a entornos más seguros. ¿Cuáles crees que son los talones de Aquiles de este proceso?
El halo de misterio, el no-entender, la imposición de “así es y punto” ha retardado la apropiación de estos beneficios sobre seguridad digital porque no se entienden, son demasiados técnicos y engorrosos. Hay poco planteamiento político del porqué cambiar pasos y maneras en el tema de seguridad digital.
El tiempo que debe dedicársele es un factor en contra para la velocidad con que pasan las cosas en nuestra región. La indisciplina para cuidar las formas también. Un sistema de prácticas éticas y de seguridad implica disciplina, particularidad no típica en estas tierras.
La seguridad digital tiende a ser enmarcada como una serie de habilidades que se adquieren reactivamente y de manera individual ante una amenaza real (una vez que ya hubo un ataque). Personalmente, me gusta resignificar la seguridad como una política de cuidados colectivos dentro del cultivo de comunidades libres. Se vuelve fundamental ampliar el marco de análisis y meter el dedo en la llaga del capitalismo.
Por increíble que parezca, siendo 2017, una feminista empleada en una ONG que da servicios de comunicación e investigación sobre la mujer, no cuenta con llaves para encriptar correos y manejar de manera segura sus comunicaciones institucionales sobre temas sensibles. Cualquiera diría ¡qué incongruente!, yo digo que qué sana y libre, qué nivel de confianza en sí misma. Admirable. En México no hemos tenido oportunidad de definir una posición política porque no es políticamente correcto tenerla, aunque debas respetar la de otros. El sistema político mexicano, encumbrado en una doctrina capitalista y neoliberal, no tiene espacio para las libertades tácitas, mucho menos para las exhaustivas, luego entonces difícil será visualizar la prevención antes que la reacción.
Somos hijos de la “buena ondez”, recibimos a los barbones de tez blanca con abrazos y miel, les dimos pelea muy tarde cuando ya embarcaban nuestro oro, fue hasta que hicieron polvo las deidades que reaccionamos; y así se repitió la historia una y otra vez. Así de tarde siempre llegamos a la pelea por las libertades privatizadas. Sin embargo, cada vez son más los sorprendidos que se enfilan en la lucha por libertades de todo tipo, incluidas las digitales.
En esta ocasión, Daniela Pastrana presenta la historia de Mariano Abarca, un defensor de la tierra que enfrentó a la minera canadiense Blackfire en Chiapas, y fue asesinado frente a su familia en la puerta de su casa, en Chicomuselo, en noviembre de 2009. ¿Cuál es la situación a la que se enfrentan los defensores de la tierra en México? ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano respecto a este grave problema?
La periodista Patricia Mayorga permanece fuera de México, debido a que los gobiernos de Chihuahua y el gobierno federal, no han podido detener las condiciones de inseguridad en aquel estado para quienes ejercen el periodismo de investigación, crítico y comprometido. Después del asesinato de Miroslava Breach Valducea las acciones para garantizar justicia a la familia y seguridad a los reporteros, han sido cortas, según la percepción de sus propios testimonios, pronunciamientos y observaciones que emitimos las organizaciones civiles que seguimos a diario y de cerca, lo que acontece en Chihuahua en materia de libertad de expresión.
Durante la instalación de la Alerta Temprana derivada de un acuerdo en la Junta de Gobierno del Mecanismo federal de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Patricia Mayorga leyó el posicionamiento de sus compañeros de oficio que continúan bajo asecho en aquel estado.
Regulación de publicidad oficial, criterios claros para la colaboración de gobiernos locales con el federal en materia de protección, fin a la impunidad y un cese a la criminalización de medios de comunicación, son las naturales exigencias expresadas.
