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 Letra Fría comenzó a distribuirse el 4 de agosto en cinco municipios de la región Costa Sur del estado de Jalisco

Foto: Jade Ramírez

Por Jade Ramírez

@jadercv

En verano parece que la revolución sale de vacaciones, pues baja ligeramente la intensidad de la agenda pública sobre denuncias y pugnas ciudadanas, eso que tanto nos cautiva a los periodistas que no cubrimos la fuente política. Sin embargo, dentro del ámbito periodístico, los hechos que apuntalan la crisis de la industria y sus trabajadores se acumulan a borbotones.

En el caso de Jalisco cuatro acontecimientos marcan el inicio de semana: por un lado se celebró la primera audiencia de la demanda por daño moral que emprendió el diputado con licencia por el Partido Verde Ecologista de México, Enrique Audbry de Castro Palomino, contra Pedro Mellado, en estos momentos columnista del periódico Mural perteneciente al grupo Reforma, pero periodista de amplia trayectoria en el estado.

Resulta que el diputado que ha estado rodeado de actos violentos y golpes que propina a cuanto opositor se le ponga en frente, se duele de haber sido dañada su imagen y trayecto político, por cuestionamientos y críticas sobre su labor legislativa en el Congreso de Jalisco que Mellado publicó.

Apenas va el primer capítulo del juicio y a la primera audiencia, solo se presentó el periodista pues el diputado prácticamente ha desaparecido de la escena local.

También se anunció el cierre de dos medios: uno digital, Reporte Jalisco.com que dependía según su director, de la solvencia de otros impresos informativos como Solo Ofertas; el otro es la versión impresa de Proceso Jalisco que, tras casi 13 años de salir semanalmente adherido a la edición en turno del semanario fundado por Julio Scherer, anunció su final. Parece que por razones explícitamente de recorte presupuestal, el Consejo de Administración decidió terminar con el proyecto en este estado.

Por ahí desfilaron comprometidos periodistas, pero también en fechas recientes, particularmente el reportero Jorge Covarrubias, anunció su salida del semanario por estar inconforme con los cambios editoriales que orquestó Gloria Reza tras la salida de Felipe Cobián como director en Jalisco; precisamente Proceso mantiene la corresponsalía en Gloria Reza.

Lo paradójico, es que en Guadalajara se cierran medios impresos pero en regiones, las iniciativas de buen periodismo continúan a contracorriente en el universo digital, como pasa con Decisiones en Ocotlán, y algunas con buenos augurios brincan al papel como Letra Fría en Autlán de Navarro; el impreso dirigido por Ismael Hernández y Carmen Aggi, al que se incorporaron jóvenes egresados de la carrera de periodismo, comenzó a distribuirse el 4 de agosto en cinco municipios de la región Costa Sur del estado, por lo pronto.

También se colocó en los muros de la burla –facebook y twitter- a Guadalajara y su presidente municipal, como el ejemplo de incongruencia, pues Enrique Alfaro develó una pluma gigante que costó medio millón de pesos y, aseguró, el arte urbano rinde un homenaje a los periodistas caídos en México.

Valga recordar que desde 2009 el asesinato altamente violento del periodista radial José Emilio Galindo en Ciudad Guzmán, no ha habido otro caso similar en el estado, pero ese, quedó irresuelto y han aumentado las amenazas, agresiones y presiones a través de los recursos públicos a directivos y periodistas. A eso se suma la denostación de los políticos como el propio Alfaro Ramírez de MC, quien llamó basura a dos medios de comunicación y cuando es cuestionado por los reporteros de la fuente, responde “no es tema” y se niega a la rendición de cuentas a través de los medios.

Si bien estas pinceladas de lo que pasa en Jalisco tienen rasgos muy característicos, si nos detenemos en lo que pasa en otras ciudades, el panorama será igual: matices sobre cómo se está ejerciendo atropelladamente el derecho a la libertad de expresión y alertas de los contextos que siguen siendo adversos como violentos.

En ese marco reaparece la #AgendaDePeriodistas el jueves 10 de agosto en seguimiento a lo acordado casi 300 personas entre reporteros, políticos, pocos directivos y algunas orejas, que se sentaron en mesas temáticas hace poco más de un mes; habrá un foro con ponentes internacionales sobre los modelos organizativos que convienen en el caso mexicano –ejercicio que la Red de Periodistas de a Pie realizó en su séptimo aniversario en el año 2014-, para apuntalar un formato donde quepan 300 personas involucradas en el periodismo, algunas con urgencias de protección, otros con ansias de crear un sindicato y algunos encaminados a romper el círculo vicioso de la codependencia a los recursos desde el gobierno.

Lo que sí quedó ponderado por varias voces en aquella jornada reflexiva, es que además de una articulación nacional, lo que urge, es entrar a la regulación de la publicidad oficial, pues el acceso a los recursos públicos sigue siendo sesgado, limitado en muchos casos como método para moldear el discurso de los políticos en los medios; sin eso, no habrá organización gremial que logre dar pasos, no habrá agenda que pueda atenderse pues, por semana, son decenas los periodistas que están siendo liquidados.

Precisamente en próximos días en Periodistas de a Pie se narrarán los casos de reporteras que han iniciado una denuncia ante la Secretaría del Trabajo por despido injustificado y más de 12 salarios caídos.

Entonces, sin aceptar que las batallas a librar para hacer buen periodismo en México están cruzadas por la vulnerabilidad económica, no habrá foro ni facilitadores de amplia experiencia, que den luces a quienes aluzan a la sociedad con un empleo que ya no da para vivir, ni para reinventarse.

Texto y Foto:  Jade Ramírez

@jadercv

Después de cinco años de existir solo en internet, Letra Fría se convierte en papel y a partir de agosto, mensualmente, se distribuirán 5 mil ejemplares en la región Costa Sur de Jalisco, en cinco municipios y comunidades enclavadas en la sierra de Amula. Corazón geográfico rico en naturaleza y biodiversidad, que no se ha librado de la marginación social, pobreza, violencia y corrupción en un corredor de vital importancia para los negocios, el turismo y la vida política de Jalisco, Colima y Michoacán.

La Red de Periodistas de a Pie celebra ser testigo de que en esta región se geste un medio impreso, en tiempos donde no es nada fácil hacer periodismo, como dice Ismael Hernández director de Letra Fría.

El impreso Letra Fría se suma a la lista de medios aliados e independientes de Periodistas de a Pie, Lado B, Chiapas Paralelo, Revista Trinchera, Página 3, Rompeviento TV, Colectivo Voz Alterna, Noroeste, Resistencia Modulada / Radio UNAM,  en la necesaria lucha por seguir haciendo buen periodismo atravesado por las historias, que no venden, pero deben ser contadas, investigadas y publicadas.

 Foto: Fernando Santillán

Patricia Mayorga

@pmayorga_o

La cobertura periodística de derechos humanos, en el contexto de violencia que vive México, incrementa el riesgo para quien lo ejerce, cada vez más.

Documentar desapariciones y desplazamientos forzados, masacres, ejecuciones extrajudiciales, recuperar las historias de las personas asesinadas en la llamada guerra contra el narcotráfico –signos de una guerra-, nos coloca sin darnos cuenta, en una situación más vulnerable por los intereses de grupos oscuros y muy poderosos que se tocan.

Si no nos pensamos como reporteros y reporteras cubriendo una guerra –que no elegimos ir a cubrir, pero nos cayó encima y no pudimos quedarnos ajenos porque estaban matando a nuestra gente-, vamos a permanecer cada vez más vulnerables, más en riesgo.

Los homicidios de los periodistas Miroslava Breach en Chihuahua y Javier Valdez en Sinaloa, nos ponen enfrente el reto que tiene el periodismo: la cobertura de la narcopolítica.

¿Estamos preparados?, ¿estamos capacitados para seguir la ruta del lavado de dinero?, ¿estamos preparados y dispuestos para perder un trabajo donde se censura parcial o totalmente, en aras de convenios de publicidad, de intereses políticos y/o comerciales?

Los homicidios violentos de amigos, la situación en que dejan a sus familias; las salidas silenciosas (la mayoría de las veces) de otros compañeros que deben huir para prevenir un homicidio más; el dolor de sus familias que son cercanas a nosotros, han transformado nuestras vidas.

Tenemos frente a nosotros un gran reto: o nos preparamos con todo para enfrentar a “los lobos”, o seguiremos en las calles viendo caer a compañeros y luego exigiendo justicia. A quienes se han ido, les debemos prepararnos mejor, como reporteros de guerra obligados a conocer a los enemigos que se enfrentan, a entender por qué tenemos el país que vivimos y qué intereses se mueven detrás de tanta muerte, de tanta corrupción y de la impunidad que les regala a los criminales, “el derecho” a matarnos, a desaparecernos, a corrernos del país, a callarnos.

Les debemos y nos debemos, hacernos de herramientas para vivir, para trabajar, para ganar nuestra libertad de expresarnos, de investigar y el derecho de la ciudadanía, a estar bien informada

Witness for Peace México organizó una serie de actividades académicas y de sensibilización en la Ciudad de México para que estudiantes y profesores provenientes de Estados Unidos se centraran en un análisis de la guerra mexicana contra las drogas y sus efectos sociales.

Visitaron algunas organizaciones civiles, se reunieron con víctimas y en el círculo de reflexión sobre la visión del periodismo independiente en la cobertura de la guerra, invitaron a la Red de Periodistas de a Pie, para que ahondara en los proyectos periodísticos que se han emprendido bajo este enfoque.

La guerra mexicana ha transformado al periodismo, y el impacto que ha tenido en el mismo lo relató Daniela Rea, coordinadora de los especiales de periodismo de investigación de Pie de Página: Mujeres ante la Guerra, publicado en enero de este año, y Cadena de Mando, publicado en agosto del año pasado. Sobre todo, se pensó cómo ellos desde otro país pueden ser partícipes en la reducción de violencia e impunidad.

Witness for Peace es una organización de base popular, políticamente independiente, de personas comprometidas con la no violencia y dirigidas por la fe y la conciencia.

La misión de la organización es apoyar la paz, la justicia y las economías sostenibles en las Américas mediante el cambio de las políticas de Estados Unidos y las prácticas corporativas que contribuyen a la pobreza y la opresión en América Latina y el Caribe. 

La charla se llevó a cabo en la Casa de los Amigos y al término de la misma, se cuestionaron cómo podían apoyar; se les plantearon dos formas: que contactaran a personas en busca de asilo político para acompañarlas en su proceso creando redes de solidaridad para organizarse en pequeños grupos que reporteen los juicios que en Estados Unidos se están dando a políticos, ex funcionarios y líderes de organizaciones criminales a diferencia de las víctimas de violencia que llegan pidiendo asilo; y cuestionando a su gobierno la falta de interés en los procesos de justicia por los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas de mexicanos y centroamericanos en tránsito rumbo al norte.

La Red de Periodistas de a Pie participó en el Seminario «Libertad de Expresión y Derecho Sancionador» en el marco del análisis y debate que han emprendido periodistas y académicos alrededor de la Ley de Protección que se prevé aprobar en la actual legislatura del Congreso del Estado, llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato.

En el panel participaron Leopoldo Maldonado, Oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19; el Dr. Leandro Eduardo Astrain Bañuelos de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guadalajara; y Jade Ramírez Cuevas Villanueva, Oficial de Libertad de Expresión y Redes de esta organización.

Aunque se pretendió un debate con el cuarto invitado, el legislador Marco Antonio Blázquez Salinas, presidente de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación en el Senado, este canceló de último minuto, por lo que el panel se centró en el análisis de las fallas legislativas, las necesarias mejoras en materia de protección de periodistas a nivel federal y los retos de un gobierno local como Guanajuato tiene de aprobarse una ley que pretenda proteger periodistas, sin caer en vicios y oportunismos que atenten, más bien, contra el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

En las primeras jornadas del seminario acudieron estudiantes de derecho y académicos, y para el panel donde participó la Red, se integraron reporteros de la localidad.

Se revisaron ampliamente los aportes de la Ley de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por parte del Dr. Astrain Bañuelos; el contexto de criminalización del periodismo, los ataques y riesgos por parte de Leopoldo Maldonado.

También la realidad de una política dictada desde el gobierno federal por crear leyes al vapor, en voz de Jade Ramírez: “tal es el caso de la Ley de Protección para Periodistas en Guanajuato que, según observaciones realizadas principalmente por periodistas y colectivos interesados en el tema, resultó de una copia de la Ley del estado de Hidalgo, carece de diagnósticos por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría de Justicia sin innovar en acciones de prevención”.

Posterior al panel el Dr. Ernesto Villanueva Villanueva impartió la conferencia “Alcances y límites de la libertad de expresión”, en la que habló sobre las figuras jurídicas vigentes en la legislación, así como los casos de difamación y calumnia, además dio a conocer algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en situaciones ambiguas sobre la detracción y la mentira.

A partir de la concepción de que la comunicación es piedra angular de cualquier causa social, la Red de Periodistas de a Pie impartió un módulo del Tercer Taller Nacional de Defensa de los Derechos Humanos desde la Comunicación en la Ciudad de México el 27 y 28 de julio en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El objetivo fue proporcionar herramientas y estrategias para elaborar mensajes que enaltezcan la agenda de los derechos humanos en los grandes medios de comunicación, a partir de las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Acudieron representantes de ONG de todo el país y se pusieron a dilucidar sobre la construcción de mensajes innovadores que cuenten la agenda de los derechos humanos desde las historias de la vida cotidiana afectadas por las mineras, la privatización del agua, la desaparición forzada, entre otros contextos de problemática social.

Se destacó cómo contar historias a través de relatos que definan un tema, el enfoque y estilo así como formato: foto, video, gif, nota, radio, campaña, etc.

Participaron cinco integrantes del Consejo Directivo de la Red de Periodistas de a Pie: Alberto Nájar, María Teresa Juárez, Mónica González, Daniela Rea y Daniela Pastrana.

La Red de Periodistas de a Pie cumple este 2017, una década como pionera en la capacitación y profesionalización de periodistas, principalmente, pero también en el entrenamiento de organizaciones civiles y personas interesadas en la comunicación del discurso de las víctimas.

 Ilustración: SinEmbargo

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El 16 de julio de 2012 varios diarios y medios mexicanos publicaron un artículo firmado por Enrique Peña Nieto, para ese momento presidente electo, titulado “El comienzo del cambio”.

En el escrito el priísta mexiquense se comprometía a impulsar “la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno. Esta medida tiene como finalidad garantizar que los contratos publicitarios se lleven a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información”.

Cinco años y tres días después la sociedad y los medios seguimos esperando. Cinco años y tres días después Artículo 19 nos dice que, hasta abril de 2017, Peña Nieto lleva gastado 34 mil 207 millones de pesos de manera discrecional, sin supervisión autónoma ni ciudadana. Prácticamente un millón de pesos cada hora que ha transcurrido desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 (para el cálculo se excluyó el gasto fraccionado mensual de diciembre de 2012 y los primeros cuatro meses de 2017).

Eligiendo a medios sin claridad de criterios, o al menos de una pública claridad de criterios. ¿O de verdad es tal la penetración y circulación del diario Excélsior como para recibir el 42 por ciento del gasto destinado a impresos, y que su facturación sea superior en 3.3 millones a la que recibieron en conjunto La Jornada, Milenio, El Universal, Reforma y El Financiero?

Más cifras: un análisis de la información presupuestal realizada por México Evalúa dice que el gobierno de Peña presupuestó 12 mil 895 millones de pesos para el gasto en comunicación social entre 2013 y 2017. Esto significa que lleva gastado 165 por ciento más. Ojo, el monto que Artículo 19 puso sobre la mesa es sólo hasta abril de 2017, todavía falta por contabilizar muchos miles de millones de pesos más en este año si la tendencia no cambia. Y no hay nada que haga pensar lo contrario.

Pero esa bonanza y esos ríos de billetes no han servido para cambiar la realidad de los trabajadores de los medios que viven en una constante precariedad laboral, obligados a buscar más de un empleo para lograr un ingreso que les permita su manutención.

En promedio dice el estudio realizado por las académicas Mireya Márquez y Sallie Hughes, los periodistas trabajan en dos o más medios. Y prácticamente uno de cada tres gana entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales, y otro 13 por ciento ni siquiera llega a eso.

En ese contexto está claro que los ríos de billetes están en otra parte, comprando lealtades y líneas editoriales, pagando portadas llenas de frivolidades que hablan de la “química” que nace entre Peña y Macrón mientras el país se hunde en corrupción, apesta a fosa común y se espía a activistas, periodistas y hasta expertos internacionales que investigación la desaparición forzada.

Hace algunas semanas en las varias mesas que se realizaron en #AgendadePeriodistas, a iniciativa de Horizontal.mx, para discutir los problemas que enfrentan los y las periodistas en un país sumido en una guerra no reconocida que arroja más trabajadores de medios asesinados que países con conflicto bélico como Siria y Afganistan, uno de los temas que más atrajo participantes fue justamente el de publicidad oficial.

Reporteros, reporteras y hasta directivos de medios –Animal Político, Emeequis, Zona Franca y otros— pusieron en la agenda la necesaria y urgente regulación de la publicidad oficial, no solo con la redacción y aprobación de una ley de publicidad, sino que además se reconozca que el trabajo periodístico y las empresas desde donde se hace son entidades de interés público, pues son, en gran medida, el vehículo mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho a la información.

Un derecho que de acuerdo con el artículo 6º constitucional “será garantizado por el estado”, y que reconoce el derecho de las personas “al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

¿Hay información plural cuándo se usa el gasto publicitario gubernamental como herramienta de coerción? ¿Cuándo el pago de la publicidad oficial premia a los cómodos y castiga a los que se salen de la línea que se dicta desde las oficinas de comunicación del poder?

No se trata de mantener a los medios solo por ser medios, sino de establecer reglas claras y equitativas que le quiten la discrecionalidad al uso del presupuesto, vamos que se saque el erario de la cartera personal –y de la nalga derecha— de los políticos, de establecer parámetros de asignación en los que las condiciones laborales y de capacitación de las y los trabajadores de los medios también sean considerados para otorgar un contrato publicitario.

Vamos, de hacer el cambio comience. Esto no es un asunto que Peña debe hacer, es un trabajo que como se planteó en la mesa de #AgendadePeriodistas nos toca empujar a todos: sociedad, medios y sí, políticos.

• El plan de austeridad de López Obrador contempla la reducción del 50% de la publicidad oficial, pero se requiere acompañarla con criterios y reglas objetivas, claras y transparentes para su asignación.
• La centralización del gasto en la Secretaría de Gobernación (Segob) es un riesgo para el control de la información, se necesita una instancia autónoma que no afecte la libertad de expresión.
• La LXIV Legislatura debe considerar la abrogación de la #LeyChayote y la emisión de una nueva.

Ciudad de México, a 19 de julio de 2018.- Desde el colectivo #MediosLibres reconocemos que el Plan de austeridad y combate a la corrupción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, considere –en su punto 29– una disminución de 50% en el gasto en comunicación social. De cumplir tal previsión, el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos (MDP) para este rubro en 2019, en contraste con los más de 4 mil MDP aprobados en el último año por la actual administración y los 9 mil MDP que en promedio gasta por año la actual administración de Enrique Peña Nieto

Sin embargo, esta reducción no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios. Tampoco así de los sobreejercicios multimillonarios que hoy se realizan sin justificación. En este sentido, el colectivo #MediosLibres insta al nuevo gobierno a considerar acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio histórico, como topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, y sanciones ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo^[1].

A la par expresamos nuestra preocupación por lo previsto en el punto 20 del mismo Plan, en el cual se habla de una posible centralización del gasto en comunicación social. Al respecto, este Colectivo considera que tal medida puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva. López Obrador ha manifestado que habrá una sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desapareciendo todas las oficinas de prensa del resto de las dependencias de la APF; mientras que, el vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia.

El Colectivo #MediosLibres ha insistido en la necesidad de eliminar el uso político y proselitista que se la da a la publicidad oficial a través de la Segob –actual Secretaría administradora– y la medida propuesta en el Plan no resuelve este problema, por el contrario, puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública.

Es por lo anterior que instamos a la próxima legislatura y al nuevo gobierno, abran el debate para una adecuada regulación de la publicidad oficial mediante la abrogación de la #LeyChayote (Ley General de Comunicación Social), y la emisión de una nueva que integre las Bases Mínimas de Regulación de Publicidad Oficial emitidas por este Colectivo así como los Principios de regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la CIDH.

La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. También, el ejecutivo puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto.

Es trascendental que las medidas expuestas en el Plan de austeridad y combate a la corrupción se acompañen de reglas claras y contrapesos para lograr un cambio verdadero en la relación entre poder y medios de comunicación, un cambio que procure medios libres y una sociedad realmente informada.

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^[1]                Por ejemplo, el numeral i) del inciso a) de la fracción III del Artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.