Este viernes 29 de junio nueve universidades del país firmaron un acuerdo para crear iniciativas de articulación, análisis e investigación sobre las formas de violencia ejercidas contra los comunicadores, así como para que esta problemática se conozca no sólo entre la comunidad universitaria sino también entre la población en general.
De cada 100 pesos del presupuesto federal, 15.5 se destinaron al pago de pensiones. Sin embargo, estas podrían desaparecer entre 2090 y 2120. Actualmente, ¿cuál es el mejor sistema de retiro para un trabajador: estar dentro del sistema de beneficio definido que ofrece el gobierno o el de las Afore?
En esta ocasión, Daniela Pastrana presenta la historia de Mariano Abarca, un defensor de la tierra que enfrentó a la minera canadiense Blackfire en Chiapas, y fue asesinado frente a su familia en la puerta de su casa, en Chicomuselo, en noviembre de 2009. ¿Cuál es la situación a la que se enfrentan los defensores de la tierra en México? ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano respecto a este grave problema?
A un mes de cumplirse dos años del homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Nadia Dominique Vera Pérez, defensora de derechos humanos en la colonia Narvarte, la Comisión de los Derechos Humanos (CDHDF), emitió dieciséis recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y dos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por su actuación en las investigaciones del caso.
Había terminado el segundo día de la #AgendadePeriodistas y me apuraba a terminar la agenda de Pie de Página –el sitio periodístico de la Red de Periodistas de a Pie– para dejarla lista antes de irme a la marcha por el primer mes del asesinato de Javier Valdez. Con un ojo al gato, escuchaba las conclusiones del día. Me detuve cuando anunciaron el objetivo de la mesa 4: “Para el 2020 constituiremos una red nacional de periodistas que nos defienda…”
La periodista Patricia Mayorga permanece fuera de México, debido a que los gobiernos de Chihuahua y el gobierno federal, no han podido detener las condiciones de inseguridad en aquel estado para quienes ejercen el periodismo de investigación, crítico y comprometido.
Las instituciones convocantes del Concurso Género y Justicia agradecemos el interés de quienes participaron en la edición 2017, cuyos trabajos en las categorías de ensayo, documental y reportaje escrito, son fundamentales para el cumplimiento del objetivo del certamen de promover la investigación en temas relacionados con la problemática vinculada a la igualdad de género y el acceso a la justicia de las mujeres, así como la que deriva hacia niñas, niños y adolescentes.
Los asesinatos de 18 periodistas y las desapariciones de 3 colegas más durante el sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no deben quedar impunes.
Los periodistas sufren la precarización del oficio y la falta de solidaridad gremial. Las prestaciones laborales (si es que tienen), son pocas. La mayoría de ellos trabajan en la incertidumbre legal porque no cuentan ni con un contrato que los proteja. No se establecen de manera clara sus obligaciones y menos, sus derechos. Son contratados bajo requerimientos distintos, con sueldos indignos.
¿Por qué la FEADLE no ha resuelto los casos sobre agresiones contra los periodistas? ¿Cuál es la finalidad de crear fiscalías estatales si el mecanismo nacional no ha atendido las denuncias? ¿Cómo se puede garantizar el ejercicio periodístico en nuestro país?
Es cierto: cuando tantos periodistas de todo el país y las organizaciones nos sentamos en una misma mesa para ponernos de acuerdo más que para discutir nuestras diferencias, es porque ya no podemos más. Porque algo tenemos que hacer para frenar las agresiones, la impunidad, la tristeza colectiva, las pérdidas, la amenaza de imponer el silencio.
Autoridades de Chihuahua y federales, firmaron el pasado 9 de junio una serie de compromisos para garantizar la labor periodística y erradicar los ataques hacia reporteros y personas defensoras de derechos humanos.