Artículo invitado
Publicado: 14.06.2017
por Jaime Armendáriz
Autoridades de Chihuahua y federales, firmaron el pasado 9 de junio una serie de compromisos para garantizar la labor periodística y erradicar los ataques hacia reporteros y personas defensoras de derechos humanos.
Cada uno de los compromisos está definido en el llamado Plan de Contingencia, trabajado durante varios meses por organizaciones de la sociedad civil y periodistas integrados en la alerta temprana para ambos gremios.
Esa alerta se generó a raíz de una serie de ataques mediáticos, a través de columnas políticas en periódicos digitales, registrados el año pasado contra la periodista Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso y entonces colaboradora de El Diario de Juárez y fundadora de la Red Libre de Periodismo.
Irónicamente, el día de la firma del plan de contingencia, la propia periodista tuvo que mandar un mensaje video grabado al encontrarse fuera del país por ya no tener condiciones de seguridad en Chihuahua. Su destino actual es el exilio. Ahí se puso nuevamente un tema que como Red Libre Periodismo hemos exigido en reiteradas ocasiones: la regulación de la publicidad oficial. Sí, ese rubro, vulnera a los periodistas, es fuente de riesgo.
Es tema para garantizar la libertad de los medios de comunicación, pero sin duda es una gran batalla que habrá de darse no solo en Chihuahua, sino en todo el país. La razón es que los medios se acostumbraron a vivir del erario sin ningún mecanismo de transparencia ante la ciudadanía al recibir dinero público.
Con el priista César Duarte, hoy prófugo de la justicia, se gastaron miles de millones de pesos en los medios, que no dieron mayor oposición a tener esos convenios elevados.
Pusieron a reporteros al servicio; quienes estaban en contra eran fácilmente relegados, tachados de conflictivos pero aun así se mantuvo resistencia.
A cambio de ello se sacrificó en gran parte el ejercicio periodístico, sin lograr, afortunadamente, anularlo.
Después llegó el panista Javier Corral Jurado como gobernador en octubre de 2016. El discurso era claro y reiterativo: no habrá más dinero para medios de comunicación y se gozará de la más plena libertad de expresión.
Parecía un buen discurso de transparencia para erradicar esa mala práctica del vínculo entre el poder y la prensa, sin embargo no llego con un plan claro para hacerlo ni para evitar la confrontación: se enfocó en desprestigiar públicamente a los medios y por ende activó un ambiente hostil a quienes diariamente salen a reportear.
El discurso lo mantuvo varios meses. Hoy es común escuchar o leer de la ciudadanía que quien critica las acciones gubernamentales es porque «seguramente dejó de recibir dinero», sin dar cuenta qué hay trabajos periodísticos con sustento sobre las acciones erróneas cometidas en la administración de Corral.
A la par, los medios se han enfocado en seguirle cada paso al mandatario, haciendo de cada uno de sus errores (que no han sido difíciles de encontrar) grandes escándalos mediáticos, pero con el pecado de «olvidar» o no haber cubierto con esa misma proporción todos los delitos de lesa humanidad cometidos en la administración de Duarte.
Hoy los periodistas de a pie, vivimos las consecuencias. La ciudadanía nos abandonó al igual que las autoridades, quienes han emitido opiniones generalizadas y han realizado estrategias de descalificación de reporteras y reporteros, lo que agrava el entorno de vulnerabilidad.
Estamos en medio de los intereses económicos de los medios y su lucha contra Corral, el discurso y revanchismo que trae el propio mandatario contra los medios de comunicación, y la escalada de violencia registrada en los meses recientes, ligada a la «narcopolítica», ha terminado con la vida de varios compañeros.
Con esos factores Chihuahua se convirtió, otra vez, en una de las entidades más peligrosas para el ejercicio periodístico. En los ocho meses que lleva Javier Corral Jurado como gobernador, Adrián Rodríguez Samaniego y Miroslava Breach Velducea han sido asesinados; ambos crímenes permanecen impunes. Esos asesinatos se suman a los de otros 20 comunicadores desde el año 2000.
Otros comunicadores más, han sido agredidos, esposados y/o amenazados al realizar su trabajo, principalmente quienes cubren la fuente policíaca. Unos más, han sido víctimas de campañas de desprestigio, a través de calumnias publicadas en medios de comunicación.
Los casos de agresiones a periodistas son coleccionados o apilados en los archivos de las corporaciones. No hay voluntad para resolverlos, de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes están obligadas a garantizar las condiciones para el ejercicio de la libre expresión e investigación periodística.
No alcanzará cifra millonaria en la Procuraduría General de la República como recompensa para hacerse de información sobre quienes perpetraron los asesinatos. No solo queremos el rostro de quienes los atacaron, necesitamos, también, saber los nombres de quienes desde las cúpulas del poder y la delincuencia organizada, orquestaron todos los crímenes contra periodistas.
Y peor aún es la naturalización de la impunidad. El combate a la impunidad es la mejor prevención ante la inseguridad que vivimos.
Por todo eso la insistencia de una regulación en la publicidad oficial, de lo contrario estaremos destinados, cómo ciudadanos y periodistas, a ver cómo el recurso público se sigue utilizando a discreción y ver el efecto que tiene en la información.
