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Entre los múltiples retos que enfrenta el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, uno prioritario es el de las agresiones contra los periodistas. El asesinato, aún sin resolver, de 17 reporteros, el conflicto de interés detrás de los directivos de los medios de comunicación en el estado, así como el hostigamiento permanente y los ataques contra la libertad de expresión que brincaron del escándalo al drama nacional, con observancia internacional.

Adversarios políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, son los perfiles que despiertan interés en el gobierno federal, como algunos locales, para espiar e intervenir conversaciones. El problema es que, si bien el espionaje es legal en México, los indicios nos llevan a deducir que la práctica está rayando en un marco ilegal.

La investigación aborda la ejecución de por lo menos 16 civiles y decenas de heridos en manos de la policías federales el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán.

Los periodistas que integramos la Red PdP consideramos que el ataque pone en riesgo la integridad del equipo de Aristegui Noticias y el curso de publicaciones periodísticas, con el robo de una computadora de la Unidad de Investigaciones Especiales, donde se concentra información valiosa.

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En el Estado de México no solo se asesinan y desaparecen mujeres de manera cotidiana, lo que ya de por sí es una tragedia que alarma a nivel nacional. También, se amenaza e intimida a trabajadores de los medios, convirtiendo a 2016, como el año más violento para la prensa en la entidad gobernada por Eruviel Ávila.