Ernesto Aroche Aguilar
@earoche
Verdad de Perogrullo, para que el periodismo se mantenga en una sociedad como la actual son necesarias dos cosas: soporte financiero y libertad de expresión. Medios atados económicamente al poder –el constitucional o el fáctico— a través de los contratos publicitarios difícilmente pueden cumplir con su obligación de proveer información plural, de interés público y libre de injerencia política.
Dice el popular adagio comercial: el cliente siempre tiene la razón, y los principales clientes de los espacios noticiosos no son sus audiencias, poco acostumbradas a pagar por la información que reciben, muchas veces ni siquiera los clientes comerciales que quieren la publicidad barata o mejor aún gratuita, son los gobiernos en sus varios ordenes y niveles a través del pago de publicidad oficial, el uso del erario, la cartera pública, como si fuera la cartera de los funcionarios que aparecen cortando listones y besando niños para construir carreras políticas, que van de una curul a otra, de una silla de presidencia municipal a una de gobernador y de ahí al senado y así hasta que se agota lo público.
“No pago para que me peguen” dice Proceso que dijo López Portillo cuando mandó a Francisco Galindo Ochoa, entonces titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, a que ordenara “a todas las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales y al PRI, de cancelar cualquier contrato publicitario con Proceso”, como una represalia por la línea crítica del semanario dirigido por Julio Scherer García.
El tlatoani sexenal –lo mismo priísta que panista— que asume que la cartera del país se guarda en la nalga derecha y se usa no para que la sociedad se informe sobre las campañas de salud, o los trámites que puede y debe realizar, mucho menos para conocer sobre la corrupción gubernamental, que ya se sabe daña y empobrece a los países, sino para que se reproduzca como virus el discurso del poder que pinta un país, un estado o un municipio como el idílico Tangamandapio.
La reglamentación que le quite la discrecionalidad al uso de la publicidad oficial es un largo pendiente en la construcción de una verdadera democracia que vaya mas allá del voto periódico y la despensa electoral, pero es una discusión que ni siquiera se ha iniciado en los corrillos políticos de este país, no vaya siendo que ahora hay que pagar para que les peguen.
Javier Corral, el gobernador que se asume periodista –y que hoy El Universal, su ex casa editorial, lo usa de bolsa de boxeo pues no ha renovado los contratos millonarios que le heredó el prófugo César Duarte— llegó a la casa de gobierno de Chihuahua prometiendo una nueva relación con los medios. Ya cumplió una parte, redujo el gasto anual de la administración del priísta, que fluctuó entre 800 y 600 millones hasta contabilizar un total de 3 mil 133 millones en publicidad oficial en el sexenio, a 180 millones.
Acotación al margen: si los espacios noticiosos viven de la publicidad oficial y no han encontrado otra vías de financiarse podemos explicar desde lo económico la desaparición de medios en Chihuahua que en otros momentos habían logrado superar las crisis de violencia generalizada y de violencia contra la prensa.
Retomemos: lo que Corral sigue debiendo a la sociedad que lo eligió, y en especial a los medios, es esa ley de publicidad oficial que reglamente la relación prensa-poder y que establezca parámetros de calidad periodística y penetración entre los lectores como elementos que definan a quién sí contratar publicidad oficial y a quién no. Y entonces sí serán las audiencias los clientes principales de los medios y no sólo una mercancía más a vender al poder.
En enero Corral dijo: “El gasto publicitario en México se ha utilizado tradicionalmente en la relación medio poder, como la zanahoria y el garrote. ‘Te portas bien o me concedes halagos, ahí está la zanahoria. Ah pero me criticas, ahí está el garrotazo y no te doy publicidad, ahí está el garrotazo y hazle como quieras’”.
Al anunciar la plataforma de publicidad oficial desarrollada en conjunto entre Fundar y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Corral sostuvo: “si con algún gremio queremos llevar una relación de respeto y transparencia total, es con ustedes, con las y los periodistas de Chihuahua, que son los trabajadores de los medios, con los directivos de medios y con sus propietarios. Los medios son precisamente cauces, canales entre sociedad y gobierno que bien armonizada su relación, transparente su conducción de esfuerzos, son los que hacen posible el ejercicio de dos garantías plasmadas en el artículo séptimo de la Constitución: el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información”.
Toca demostrarlo, toca llevar las palabras a la acción. Ya transparentó la información del gasto publicitario, ahora toca avanzar con la Ley de Publicidad Oficial.
Pero el reto no es sólo para Corral, sino para todos los estados del país. El 5 de mayo concluye la prórroga que otorgó el INAI a los gobiernos de los tres ordenes para que publicaran su información en la plataforma nacional y en sus páginas de transparencia, después de esa fecha se liberará montones de información, que además deberá ser actualizada mes con mes, y entre esa mar de información está también la de la publicidad oficial. El reto está ahí para el poder, pero también para los periodistas, tenemos que construir una relación diferente con el poder, tenemos que cambiar el chip y los patrones de conducta. La cartera pública no se guarda en la nalga derecha (o izquierda según sea el gusto), ni la línea editorial la dictan desde las oficinas de comunicación.
