Publicado: 06.09.2018
Por Samantha Páez
Durante el Foro «Ampliando el espacio democrático», realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana este miércoles, los relatores de libertad de expresión de la ONU, David Kaye, y CIDH, Edison Lanza, pidieron al gobierno mexicano recursos para que el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas opere el resto del año.
Esto debido a que en 25 días se acabarán los fondos del fideicomiso del mecanismo, con lo cual 700 personas que tienen medidas de protección se quedarán en total indefensión.
Además de que sería un incumplimiento a la promesa que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2017 de fortalecer al mecanismo, esto después del asesinato de los periodistas Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Sinaloa.
En su mensaje en video David Kaye expuso que no sólo el gobierno saliente debe dotar de recursos humanos, económicos y materiales al mecanismo de protección, sino también el gobierno entrante de debería darle prioridad a la protección de periodistas y permitir que más personas accedan a medidas para garantizar su seguridad.
Otra cuestión es que además de la protección el gobierno mexicano, tanto el saliente como el entrante, deben de prevenir las agresiones a periodistas y reconocer el aporte que hace el periodismo a la vida democrática del país.
De igual forma Kaye hizo un llamado a que se ataque la impunidad en cuanto a los crímenes contra periodistas, a la vez que se establezca una política de transversalidad entre los gobiernos federal, estatales y municipales para tener mejores investigaciones.
Por su parte Edison Lanza destacó que existe cierta confianza en el mecanismo de protección, sobre todo en el interior del país; sin embargo, existen casos que dejan en duda su forma de proceder, como es el caso del asesinato de Rubén Pat en Quintana Roo y quien era beneficiario del mecanismo.
Ante esta situación dijo que el mecanismo no debe desaparecer, sino que debe ser fortalecido con más recursos humanos y financieros. Lo mismo ocurre con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la cual debe ser robustecida e impulsada no sólo para que se termine con la impunidad, sino para que también se logre la reparación del daño a los y las periodistas víctimas de delitos o, en su defecto, a sus familias.
Lucía Lagunes, integrante del Consejo Consultivo del mecanismo, expuso que el mismo miércoles el consejo emitió un pronunciamiento donde señala que la falta de recursos en el mecanismo pone en peligro la vida de cientos de personas beneficiarias.
Por ello los integrantes del consejo consultivo solicitaban:
- Destine el presupuesto necesario al fideicomiso para garantizar la continuidad de la protección que brinda el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de salvaguardar la vida e integridad de defensoras/es y periodistas agredidas/os en México.
- Cumpla con su compromiso de fortalecer la estructura del mecanismo asignándole a esa institución el personal necesario para poder asumir cabalmente su tarea.
- Cabal cumplimiento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de no exponer más la vida de las personas beneficiarias del Mecanismo, así como para evitar la revictimización.
