Publicado: 20.09.2018
Fotografías cortesía del Consejo Consultivo
Por Samantha Páez
Si bien el gobierno federal anunció 75 millones de pesos para que el mecanismo de protección opere hasta diciembre, el Consejo Consultivo y personas beneficiarias apuntaron que eso no resuelve el problema, dado que faltan cubrir los meses de enero a marzo del próximo año.
Asimismo no se sientan las bases para establecer una política integral de atención, con perspectiva de derechos humanos, de género y de interculturalidad.
Durante una rueda de prensa este jueves, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas dio a conocer el miércoles pasado se aprobaron 75 millones de pesos para el organismo, de tal manera que hasta diciembre de este año las 727 personas y 51 organizaciones mantengan sus medidas de protección.
Sin embargo, dicha ampliación presupuestal no alcanza para cubrir los tres primeros meses del próximo año, lo cual les dejaría en indefensión. Esto debido a que el nuevo gobierno federal puede decidir sobre el gasto hasta el mes de abril.
Tanto personas defensoras como periodistas resaltaron que su vida corre riesgo si no tienen las medidas que les brinda el gobierno; además de que no podrían continuar con su trabajo.
Por ello el consejo consultivo solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que otorgue más recursos y que éstos sean transparentados, porque no hay certeza en qué se está gastando la totalidad de fondos.
El mecanismo de protección requiere mensualmente de 22 millones a 24 millones de pesos para operar, según información del Fideicomiso del mecanismo; por lo tanto hacen falta otros 72 millones para garantizar su operatibilidad.
Falta política integral
La cuestión de los recursos financieros, mencionaron los consejeros, sería el problema urgente, pero no es lo único: hay una falta de coordinación para brindar una mejor atención; no se tiene perspectiva de derechos humanos, de género o multiculturalidad; el personal es insuficiente, y tampoco se cuenta con voluntad política para fortalecer al mecanismo.
Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante Saltillo, expuso que tanto el gobierno federal saliente como el entrante deben buscar estrategias más allá del mecanismo, es decir, establecer una política pública integral que permita disminuir la inseguridad y a la vez dar garantías para que trabajen.
Por su parte Atziri Ávila, subdirectora de Desinformémonos, agregó que desde el año pasado el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a fortalecer el mecanismo y los mismos relatores de Libertad de Expresión mencionaron en su informe que es necesario dotarle de más recursos financieros y humanos.
Lucía Lagunes, de CIMAC, sostuvo que es importante mejorar los perfiles de las personas que trabajan en el mecanismo y que al mismo personal se den buenas condiciones para laborar; ya que existen casos de analistas que realizan un buen trabajo, pero por la falta de garantías de seguridad o un pago justo renuncian.
El consejo consultivo también llamó al próximo gobierno federal a que no desaparezca el mecanismo, sino a que tenga voluntad política para reforzarlo; lo mismo sucedería con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Todo esto para que se logre el objetivo de prevención, investigación, sanción y justicia que necesitan personas defensoras y periodistas.
