Autor: cliperiodistas

El manejo discrecional de los recursos públicos destinados a publicidad oficial es un tema que va más allá de la transparencia con que se manejan los gobiernos; es uno de los factores que impiden que la incipiente democracia mexicana se consolide, pues es una de las estrategias de los gobiernos para acallar voces críticas y por lo tanto evadir la rendición de cuentas.

A los políticos mexicanos aún les cuesta mucho trabajo asumir la crítica, es percibido como un ataque personal, una agresión. Es común escuchar de voceros la pregunta “¿qué te hizo mi jefe para que lo trates así?”, por lo que no es de extrañar que la respuesta de los gobiernos sea la “violencia institucional”, que va desde cosas tan simples como no enviar la agenda de actividades y boletines al periodista “revoltoso”, y que puede llegar hasta condicionar la compra de publicidad a cambio del despido de tal reportero o cancelar la publicidad en el medio “grillero”.

En un país con decenas de agresiones a periodistas, estas actitudes han sido normalizadas en el gremio, pues se tiene que aprender a “torear” al funcionario, mediando entre una leve crítica y el contrato publicitario, lo que ha desarrollado una relación disfuncional y codependiente.

El caso Guanajuato, cuyo gobernador, Miguel Márquez Márquez, no ha saltado a la fama nacional por grandes casos de corrupción pero se destaca por las numerosas inversiones extranjeras en el área automotriz, pareciera que no hay persecución al estilo Javier Duarte en contra de la prensa, pero la manera de coaccionar ha sido un poco más sutil y efectiva: compra de publicidad a grandes y pequeños medios e ir recortando a aquellos que le son incómodos; filtraciones a los medios amigos y cerco informativo con los críticos.

Al menos, había sido sutil hasta que el diario digital Zona Franca publicó un reportaje en el que mostraba que la coordinación de comunicación social había contratado a una empresa boletinada por el Servicio de Administración Tributaria por realizar actividades inexistentes. F.B.M. Comercializadora obtuvo cerca de 5 millones de pesos en dos años por ofrecer publicidad al interior de los “soles”, periódicos pertenecientes a la Organización Editorial Mexicana, una especie de triangulación para un medio que ya recibe millones al año de manera directa.

En dicho reportaje, y posteriores, se mostró que la empresa tiene diferentes domicilios y que en ninguno de ellos opera; que sus socios suelen ser personas dedicadas a otras actividades, entre otras anomalías. A pesar de esto, el gobierno estatal le otorgó otros 800 mil pesos durante los últimos tres meses de 2017.

Antes de publicar, se realizó una entrevista al coordinador de comunicación social, Enrique Avilés Pérez, quien dijo desconocer tal situación y aseguró que toda la documentación estaba en orden y se comprometió a presentarla. Eso sucedió el 8 de diciembre de 2017. A la fecha, no sólo se nos dieron largas para la entrega de los testigos, sino que la información fue reservada por un año y en entretanto, Zona Franca fue víctima de ciberataques constantes a lo largo de enero de 2018; en febrero cambiaron de estrategia y decidió el gobierno estatal realizar una auditoría a la empresa luego de haber enviado amenazas veladas con un activista. Hay que resaltar que en el presente año, el gobierno de Márquez dejó de publicitarse en el medio guanajuatense y según testigos, ha pedido a algunos alcaldes panistas que dejen de publicitarse en el portal.

En este momento en que Guanajuato vive una ola de violencia sin precedente y tras 26 años de ser gobernados los guanajuatenses por el Partido Acción Nacional, es necesaria una prensa crítica, analítica, que exija de los funcionarios transparencia y efectividad. Pero con medios cada vez más dependientes del recurso público, es evidente que los contratos se reparten para comprar voluntades e inhibir el ejercicio de la labor periodística.

Zona Franca ha sostenido la importancia de que existan reglas claras y transparentes en la contratación de medios para difundir la publicidad oficial, pues es dinero público y su manejo no por ningún motivo, debe ser discrecional. Los directivos del medio tampoco quieren que se pare la auditoría, al contrario, debe seguir el proceso conforme a la ley.

Resulta absurdo que la denuncia de una irregularidad derive en consecuencias no para el funcionario que la comete y la empresa que se presta, sino para el medio que lo exhibe aportando pruebas. Sin medios independientes y sin un uso transparente y regulado del gasto público de la publicidad oficial, no puede haber una democracia creíble, vulnerando las garantías al derecho de información de los ciudadanos.

Remonto los días a mi adolescencia, a uno de mis maestros, Francisco Toledo -y no es el pintor oaxaqueño, pero sí soñador de las letras- mi maestro de Historia, un hombre que nos hablaba cada que podía, de que en el Istmo alguna vez iba a suceder un terremoto; debo confesarles que algunos lo tomábamos de locos, y otros más como de incredulidad, pero esa parte de mi vida la recuerdo porque nuevamente vino a florecer diez minutos antes de que concluyera el jueves de 7 septiembre de 2017, la noche que nos permitió volver a vivir.

México se ha caracterizado por tener emergencias desde los feminicidios, desapariciones, violencia o el asesinato de periodistas, pero hace seis meses se sumó una nueva: los sismos. Lo llamo emergencia porque no solo se trata de sociedades que han perdido un hogar sino de sociedades que también tienen destruida el alma porque ahora viven con miedo, pánico, estrés, depresión y ansiedad.

La noche del 7 de septiembre mi mente entró en shock emocional, por un lado me convertí en una de las miles de damnificadas por el terremoto pero también me ocupaba mi trabajo como periodista, ¿Qué hacer o como enfrentar tu labor cuando eres periodista y damnificada?, esa pregunta me la repetí mil veces y sigo haciéndomela.

Entonces me puse a pensar cómo compartir historias con el resto de la sociedad mexicana, cómo plasmar mi historia en los rostros de los damnificados y cómo ser una periodista en medio de esta emergencia física y emocional.

Lo primero que hay que hacer para poder plasmar las historias del terremoto es privilegiar una armonía familiar en medio de todo lo que se vive, si hay hijos y esposo, es importante recuperar la estabilidad en el hogar porque es imposible tener conflictos con ellos y, al mismo tiempo, ser capaz de redactar una nota periodística.

Es cierto que en las redacciones y en los diarios con el simple hecho de decir “me encuentro bien” se supera el miedo, la frustración, la impotencia y el coraje de lo que se vive, pero vivir una emergencia de sismo no solo son las estadísticas de viviendas dañadas y tampoco de los funcionarios que recorren la zona; la emergencia del sismo para mí que he cubierto casi seis meses, es conocer el corazón y el alma que guarda a los damnificados.

Uso esta frase popular en México “Sin querer queriendo”, para contarles que nadie está preparado para un terremoto y mucho menos como periodista cubrir este tipo de emergencias, pero por supuesto lo que ayudó o ha ayudado a seguir donde hoy estoy, es el conocimiento obtenido en cursos y talleres; mucho le debo a Periodistas de a pie quienes en varios momentos nos prepararon en temas de “seguridad para periodistas”, enseñanza que por supuesto fue útil en esta emergencia.

No voy a enumerar un recetario de los aspectos a reconocer para escribir historias en medio de un terremoto, pero sí enunciaré situaciones claras que todo periodista debe tomar en cuenta:

1.- Cuando hay un terremoto la solidaridad crece como una burbuja y disipa toda violencia, bueno, al menos así ocurrió en Juchitán que es una de las ciudades más violentas de Oaxaca y del país, pero que con este movimiento telúrico de gran magnitud dejó ver en sus primeros tres meses mucha armonía e integración. Tener esta solidaridad ayuda al periodista a involucrarse con los damnificados desde su modo de vida y su cosmovisión; de éstas visitas se obtienen grandes historias.

2.-No hay más que decir la verdad, recorrer las calles y avenidas y observar de cerca la tristeza, preocupación, angustia e impotencia que despiertan en el periodista una gran variedad de datos que los puede plasmar mediante un reportaje, una crónica o una entrevista.

3.-El periodista no debe quedarse con el comunicado de las autoridades, sino escarbar en las colonias y secciones, en los barrios y en las comunidades, son en estos sitios donde se obtiene la información real y precisa porque ahí no habla el señor o señora, el damnificado o la damnificada, sino los que hablan son los “corazones”.

4.- Es importante ser propositivos en las redacciones, muchas veces los jefes nos solicitan enviar historias sobre los damnificados, por lo que recomiendo como importante, el incluir a los niños y los adultos mayores (los y las abuelas) de la tragedia porque visibiliza a esa población vulnerable que difícilmente se incluye en los diarios de índole nacional.

5.- Cuando se cumplen este tipo de temas es imposible que las lagrimas no salgan, y eso no significa que una no sea un buena o mala periodista, escuchar a los damnificados perder un ser querido o su casa por el sismo, le recuerda a una que es un ser humano y que su papel es compartir esa historia.

Se podrían enumerar más, pero considero que lo primordial es que el periodista recuerde que es un ser humano y no una maquina que solo transcribe lo que escucha o lo que ve, mientras el periodista mantenga esta postura seguramente los textos logrados serán historias de vida de aquellas voces que necesitan ser leídas, de aquellas lagrimas que necesitan ser compartidas y de aquellas preocupaciones que el lector seguramente guardará en su corazón.

Estas historias apenas comienzan, la placa tectónica “de los cocos” ha resurgido y amenaza con seguir moviendo la tierra, los periodistas que somos de esta zona no nos queda más que vivir, porque cuando hay pasión por el periodismo, salir a la calle y escuchar historias se vuelve un nuevo motivo para conquistar las redacciones.

El pasado miércoles 7 de febrero 35 organizaciones y medios, y más de 50 periodistas y activistas presentaron un documento con las bases mínimas para que el Senado legisle sobre uno de los grandes pendientes que el gobierno de Enrique Peña Nieto arrastra desde hace tres años y que el Estado Mexicano le debe a la ciudadanía desde hace digamos unas 10 décadas: una prensa libre del control político a través de los convenios publicitarios y las prebendas.

 

Y se lo debe a los y las ciudadanas porque lo que se vulnera cuando se impone a golpe de chequera un discurso, un personaje, una realidad construida, una mentira repetida cientos o decenas de veces, es el derecho a estar informados con veracidad y pluralidad. Ese derecho que desde 1977, tras la reforma al artículo 6º Constitucional el Estado tiene la obligación de garantizar. Y que forma parte de la Libertad de Expresión que la Constitución también reconoce en ese mismo artículo.

Pero la realidad que dibuja la letra constitucional no es la misma que se vive en las redacciones cuando una información de interés público es desechada por que “no es nota” pues le pega al que paga: al compadre, al amigo, al que invita la comida en junio cuando el gobernante en turno celebra el “día de la libertad de expresión” con viandas, alcohol y hasta algún regalito para sus convidados.

Son 10 puntos básicos sobre los que los legisladores tendrán que trabajar para cumplir con la orden que le impuso la SCJN en noviembre del año pasado, luego de que Artículo 19 ganara un amparo ante la omisión del Congreso de la Unión de legislar una ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 134, el que habla de la obligación de manejar los recursos públicos con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”

El párrafo octavo se refiere a la propaganda gubernamental y la comunicación social de la administración pública en cualquiera de sus esferas de gobierno.

Los legisladores llevaban nomás 10 años de ignorar que cuando reformaron el artículo 134 para agregarle las restricciones al uso de la publicidad oficial como herramienta de promoción personalizada de políticos y funcionarios —párrafo octavo— se dieron 30 días para crear las leyes reglamentarias. No lo hicieron en 2007 y no lo hicieron tampoco después de la reforma política de 2014.

Ahora la Suprema Corte les fijó como plazo hasta el 30 de abril de este año. Y desde la sociedad civil se les fijó ya un piso mínimo, y ojo, es un piso mínimo.

Sobre esos diez puntos hay que construir hacia arriba. No es lo deseable, es el mínimo indispensable para empezar a contener eso que la propia corte reconoció como “censura indirecta”, es decir premiar con recursos públicos a los medios cómodos, los que no cuestionan al poder, los que aplauden y publican en primera plana las fotos del gobernante en turno besando infantes y abrazando ancianos y ancianas. Y castigar a los que investigan, a los que levantan la alfombra y muestran la corrupción rampante, a los que verifican el discursos para tratar de elevar el costo de la mentira, los que, simple y llanamente hacen periodismo.

El decálogo de mínimos arranca con un enunciado base: “la publicidad oficial no debe desaparecer”, entendiendo que los gobiernos deben comunicarse con sus gobernados no sólo en un diálogo de iguales, sino que también es necesario informen sobre planes, programas y servicios. Entendiendo que la publicidad oficial debe regresar al concepto de Comunicación Social y erradicando la promoción personal o la construcción de discursos de verdad oficial. Queremos como periodistas y como sociedad, medios que sean contrapeso informativo del poder, que lo vigilen, y no meros replicantes del discurso oficial.

Se pide también una Ley General que establezca elementos base para todos los niveles de gobierno en donde se incluya a todos los entes gubernamentales (universidades públicas incluidas) y personas físicas que ejerzan recursos públicos con fines publicitarios.

Pero además como parte de ese derecho a la información que el estado debe garantizar, se pide el fomento desde el Estado de la pluralidad y diversidad informativa, es decir medios pequeños y hiperlocales, comunitarios y alternativos, todos deben estar incluidos.

Por supuesto es necesaria la transparencia en la asignación de los dos lados, del gubernamental pero también del mediático; y del mediático también la obligación de ofrecer un trabajo profesional, con capacitación constante, apegado a estándares éticos. Y para ello se delinea la creación de un ente regulador ciudadano para la asignación publicitaria.

La puerta está abierta, la sociedad civil y los periodistas está exigiendo participar en la construcción de las reglas del juego para plantear una nueva relación medios-poder, el decálogo planteado no es el punto de llegada, es, insisto, el punto de arranque para una amplia discusión sobre los medios que queremos y los medios que necesitamos en este país.

¿Qué hacer ante la realidad mexicana, en la que desde hace varios años enfrentamos distintos tipos de violencia? ¿Cómo renovar nuestro quehacer en un contexto de vulnerabilidad y precarización de la profesión?

La herencia positivista nos formó en una práctica apegada a los principios de veracidad, objetividad y rigor, distante de la fuente informativa. Esas herramientas, -aunque muchas de ellas aún resultan valiosas- no son suficientes en un contexto en el que los medios, el mercado y la realidad han cambiado.

No hay neutralidad en la palabra. Lo que sí podemos hacer es generar productos de calidad desde la constante revisión de nuestra práctica y la actualización de técnicas, métodos y otras formas de narrar las realidades de este país.

Necesitamos seguir documentando las violencias y el dolor desde ángulos distintos. Hay tantas historias como personas involucradas en este entramado que llamamos México. Todo esto nos interpela e interpela –o debería interpelar- a los medios.

La formación pasa también por el diálogo, el intercambio de saberes, la charla entre disciplinas y la reflexión sobre nuestro trabajo de campo: entrevistas, recolección de información, procesos de documentación, etc.

Este año, Periodistas de a Pie apuesta por procesos que nos inviten a la reflexión, a la transformación de nuestras prácticas y al encuentro entre colegas. La capacitación como diálogo, como laboratorio de ideas, como intercambio de saberes, además del trabajo colaborativo y el fortalecimiento de medios locales.

Deseamos hacer un periodismo vivo, generador de encuentros y redes. Recuperar el sentido de estar, ver, oír, compartir y pensar que propone Ryszard Kapuściński en Los cinco sentidos del periodista.

Desde hace algunos años, el mes de enero, es el parámetro para pronosticar cómo pintará el año a los periodistas, en materia de violencias o ataques que pongan en riesgo la libertad de expresión.

Dos hechos decantan que el 2018 estará plagado de guerras de baja intensidad contra medios de comunicación y publicaciones altamente reveladoras de actos de corrupción, así como hechos que pongan en riesgo la vida e integridad física de comunicadores.

El asesinato el 13 de enero de Carlos Domínguez colaborador de portales informativos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tomó por sorpresa hasta los mismos reporteros locales que lo reconocían por tener “un perfil bajo” que se ceñía solo a contar información y combinar su trabajo con la academia.

Decir que es el primer asesinato de un periodista en el año, involucra que asumimos vendrán más. Los tiempos así lo figuran. La reacción del equipo de campaña de José Antonio Meade contra el portal informativo Animal Político después de publicar el reportaje «Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela auditoría» no da lugar a dudas.

En principio parecía un mero asunto de derecho de réplica con la carta enviada a la redacción del portal, pero después con el avistamiento de posibles acciones legales, queda claro que los políticos y empresarios encarados, tomarán delantera contra comunicadores y reporteros haciendo uso de cualquier argucia legal como intentona de frenar lo que llaman ímpetu de verdad, y no es otra cosa que la función básica del periodismo: contar realidades, informar.

Si en algo coinciden periodistas y académicos, es en la inquietud por la reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal, pues se abre una puerta para promover demandas contra publicaciones periodísticas que ostente el que se queje, un político, un funcionario o un personaje de la vida pública, un supuesto daño moral; tan solo con la fracción uno del artículo reformado “El que comunique a través de cualquier medio incluidos los electrónicos, a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”, se antoja interpretar que el publicar una noticia en cualquier medio de comunicación pueda provocar demandas legales carísimas y desgastantes.

Otros benévolos en su interpretación aseguran que es inofensiva la norma, y puede que tengan razón, pero en un país como México donde contar realidades ha puesto al filo de la navaja a miles de periodistas, el temor entre investigadores periodísticos y medios de comunicación de impacto local que no forman parte de un conglomerado de medios, está latente.

Nunca como antes el 2018 se antoja para las alianzas. Alianzas entre medios, periodismo colaborativo, estrategia conjunta entre organismos civiles y reporteros, alianzas entre periodistas y abogados defensores de la libertad de expresión.

Acá en la Red de Periodistas de a Pie la apuesta este 2018 por ahí va. En próximos días vendrán anuncios del tipo y es que, consolidarse como proyecto en el terreno periodístico, implica en los nuevos tiempos, no caminar en solitario, sino seguir tejiendo una gran red de complicidades y fortalecimiento.

Se trata de no más periodistas de renombre, sino colectivos y equipos creativos en intersección.

Bienvenido el 2018, a poner el mejor acento ante el cruento panorama de este país.