Palpar contracturas, reverberar horizontes: Entrevista con la periodista Jade Ramírez sobre seguridad digital en México

El pasado 2 de junio, el portal Genderit.org publicó una entrevista sobre la seguridad digital en México que realizó a Jade Ramírez Cuevas V., coordinadora del área de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie.

 Hace rato que sabemos, al menos hasta cierto punto, que lo que hacemos en internet -todos esos clics, plays, likes, tuits, posteos – está expuesto al panóptico fisgón y alimenta la hidra capitalista con datos jugosos. Llevamos rato picándole a aplicaciones “supuestamente más seguras”, logramos que algunas amigas se instalen otra cosa aparte del Whatsapp, compartimos notas sobre polémicos programas de vigilancia, nos asomamos a talleres, hasta nos suena ligeramente familiar eso de Tor… Y aun así pareciera que la seguridad digital es una tarea pendiente, una arena movediza plagada con estrías de tantos intentos intermitentes con aspiración a “salirse de”.

En vez de esbozar una genealogía o una nota de opinión sobre qué papel ha tomado este tema en México, propongo una entrevista con la elocuente reportera y radialista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, amante de las palabras, empírica empedernida y autodidacta clavada con la que comparto trinchera de luchas. Las situaciones de riesgo, agresiones y amenazas de muerte por su trabajo periodístico en Jalisco (México) catalizaron su camino en la defensa de la libertad de expresión. Fue representante, durante tres años, de periodistas y defensores de derechos humanos ante el Mecanismo Federal de Protección, el que posteriormente denunció de manera pública como herramienta ineficaz y negligente. También es integrante del Consejo Directivo de la Red de Periodistas de a Pie

Me interesa saber su perspectiva, no sólo como periodista y activista, sino como aliada, como mujer y como madre. La entrevista es atisbo de encuentro, un pretexto privilegiado para des/re-entrañar y subrayar el gesto, lo que cotidianamente queda al margen, sin ser visto ni contado. No queremos moralejas ni coherencias sino colocarnos frente a la otra, espejearnos, palpar contracturas y tramas sutiles, saborear las palabras que quedan orbitando. Desde estas orillas podemos con-movernos en el vaivén de las mareas que, lejos de destantearnos, reverberan nuestros horizontes.

¿Cómo defines la «seguridad» y cómo ha ido mutando esa noción a lo largo de los años para ti?

La seguridad era un asunto resuelto para mí debido a que fui criada en completa libertad. Involuntariamente, creo, mi madre fomentó la libertad como eje en la vida para la toma de decisiones. En la juventud determiné quién quería ser y qué quería ser. Enfrenté todo tipo de situaciones aventureras y creativas, pero también dolorosas y sorpresivas.

La seguridad, durante mucho tiempo, la comprendí como un asunto que yo administraba. Sin embargo, hubo hechos personales que me recordaron que no dependía solo de mí: violencia doméstica, por ejemplo, con una pareja y después violencia psicológica y emocional. Esta última me sucedió en un ámbito paradójico: mi pareja era un hacker de academia, personaje altamente reconocido en el mundo del pensamiento sistematizado de las ciencias y particularmente promotor de la cibercultura. Él abrió una veta dentro de mi universo tecnológico que tenía medianamente dibujada: la cibercultura, el mundo vivido a través de sistemas y arquitecturas digitales. Me adentré en ello: aprendí asuntos técnicos interesantes, creativamente lideré innovadores proyectos, por ejemplo, los antecesores a mediana escala de Facebook o Myspace de promotoría cultural y bueno, la dinámica de vida cambió a otros lenguajes y formas de establecer vínculos a través de redes virtuales constructivas de cosas afines.

Pero la relación de átomos se quebró, comenzó la desconfianza y espionaje de mi pareja hacia mí y de mí hacia él; todo concluyó con un hackeo de nuestros universos íntimos. Desastre total. Venta de inseguridad para mí. Tuve que reconstruir después poco a poco la seguridad de mi persona en esos ámbitos y el establecimiento de relaciones sanas.

Al tiempo se presentaron los primeros ataques contra mi privacidad derivados de mi trabajo periodístico y ello me obligó, como mecanismo de autocuidado, a regresar a lo que había enterrado por la anterior relación y aprender nuevas técnicas y atajos como cuevas para proteger mi trabajo, mi vida e integridad como periodista y demás desdoblamientos de mi persona.

Hoy, para mí, lo que me causa sensación de seguridad es mantener un perfil público en redes sociales indescifrable. La parte íntima de mis relaciones afectivas significativas están desdibujadas, no hay rastro ni evidencia. En redes sociales no abandero ninguna causa específico, sino atemporalmente ciertas luchas. Dejo sin acuse los “linchamientos” públicos en internet: ese es mi método para no determinar tiempo de mi equilibrio personal. Conservo la seguridad íntima de mis emociones como capacidad frente a las vulnerabilidades morales. Resultar un enigma sobre gustos, apegos, me provoca libertad para expresarme.

El halo de misterio, el no-entender, la imposición “así es y punto” ha retardado la apropiación de estos beneficios porque no se entienden, son demasiados técnicos y engorrosos

Si bien la práctica implícita y explícita de desarrollar estrategias de cuidado en movimientos sociales en México es histórica (desde colectivos urbanos hasta comunidades en la sierra), en sí la lógica de capacitación para defensoras y defensores de DDHH y periodistas podríamos ubicarlo en un marco más contemporáneo. En este escenario tenemos organizaciones y fundaciones internacionales y nacionales, órganos gubernamentales (como el Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas), colectivos autónomos, etc. ¿Cuándo empezaste a conocer y tomar consciencia sobre estas estrategias de cuidados dentro de movimientos sociales? ¿Cómo ha sido tu experiencia?

Deriva de, precisamente, los hechos violentos que pusieron en riesgo mi vida. Las amenazas de muerte, los hostigamientos por correo, las llamadas telefónicas a números privados, el espionaje y seguimiento en calle, así como la intromisión a cuentas de correo electrónico. Todo esto, en un tiempo de cinco años, me llevó a tomar consciencia de los pasos de estrategia de guerra que en ese ámbito debía emprender. No hablo que de todo me pasó al mismo tiempo, no, ha sido progresivo. Las violencias fueron cambiando, pero los últimos acontecimientos estuvieron muy relacionados con la intromisión de correos.

Tomé mi primer curso en 2011, después cada año asistía a un taller. Realmente comprendí todo de paso a pasito, pero fui interiorizando la necesidad y oportunidad de crear otras relaciones desde eso. Por ejemplo, comencé a encriptar comunicaciones en 2012, medio a comprender por qué y cómo técnicamente. No solo para mis asuntos, sino para los asuntos de otros que yo debía observar. Entonces, se cruzó la emergencia del inicio de un sexenio decantado como violento y desesperanzador (2012) y entre las organizaciones civiles que me han arropado a lo largo de los años se asomaron nuevas formas de cuidado físico, psicológico, emocional, financiero, técnico y tecnológico.

¿Cuál es tu visión y relación con respecto a los abordajes sobre ese tema desde estos diferentes actores? ¿Podrías esbozar una genealogía (subjetiva)? ¿Qué tensiones emergen? ¿Cómo articulan las distintas esferas de la seguridad (integridad física, seguridad digital, etc.) y a qué niveles (individual, colectivo/grupal, familia)?

Es muy desordenada y por momentos diría hasta momentáneamente relacionada a una moda o emergencia. Por un lado, hay toda una caballería de organismos civiles que se adentran a las emergencias y producen metodologías para el entrenamiento y reflexión, pero al mismo tiempo, lo hacen alejados de las realidades del país y suponiendo que en otras latitudes está interiorizada la necesidad. Se volvió como la reconquista de grupos con necesidades por los espejitos de los especialistas que presuponen que “sabemos”.

El tema es que principalmente formo parte de una colectividad no reflexiva sobre su propio hacer (los periodistas) y me ha tocado llamar la atención para provocar interés en otros, a diferencia, a mi parecer, de las defensoras de derechos humanos que se esfuerzan para que sus pares suben peldaños al mismo ritmo.

Del Mecanismo de Protección solo puedo aportar que se trata de la falacia más trabajada por el gobierno mexicano. Es una falsedad su existencia. Lo que hace la política pública es administrar emergencias, re-victimizar, criminalizar y recabar datos de cada caso, y así elaborar sus mapas de espionaje y ecuaciones de información. A través de atender víctimas de riesgos por su labor como defensores y periodistas, obtiene cualquier cantidad de cruces y datos.

Con Periodistas de a Pie ha sido completamente diferente el proceso, porque ha tocado articular con pares temas en común. Ahí se cruzan algunas vecindades como con CEPAD o colectivos feministas que visualizan una incorporación e interiorización de tópicos de seguridad y protección en mí, que pongo en función de su realidad y termino compartiendo formas para que determinen sus acuerdos en el tema.

¿Qué papel han jugado las TICS (tecnologías de la Información y la Comunicación) en tu vida? ¿Cómo crees que se han insertado y transformado la práctica de las y los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas en México?

Soy hija de la modernidad, de la lavadora y la licuadora, del horno de microondas. Desde luego, las tecnologías de la información me han moldeado como mujer en una sociedad hipercomunicada –técnicamente hablando- y han impactado en mis proyectos e ideas. Además, ser periodista radial me implicó trascender de lo análogo a lo digital aunque creativamente aún tengo afectos por lo análogo.

En el ámbito de las y los defensores de DDHH y periodistas, la presencia de las TICs ha llegado a ser hasta un acto radical en algunos casos. Proyectos autónomos y autogestivos como medios libres como Indymedia. En sí, las radios piratas han sido, más que un canal, una posición política de cómo intervenir. Eso desde lo básico de comunicación, hasta lo complejo de incidencia pública y articulación social como en casos como el YoSoy132 que se trata de un alumbramiento emergente desde la médula misma de lo táctil sino lo virtual.

¿Por qué empezaste a formarte en «seguridad digital»? ¿Cómo ha sido ese proceso? Obstáculos, ritmos, comunidades…

Por necesidad, como ya lo mencionaba, y practicar el autocuidado. Ha sido un proceso cansado y engorroso por momentos, confuso a veces, porque siempre hay quien llega y te dice que “Kik no funciona, que es Telegram lo seguro para codificar conversaciones, después que no, que es Whatsapp con su nuevo modelo de cifrado, y luego que Signal…”

En realidad tangiblemente el usuario no tiene cómo comparar y poner a prueba. Pero, en el camino sabes que un emporio compró a otro y las bases de datos no le pertenecen a alguien sino a quien paga por ellas. Con este bobo ejemplo describo que ha sido muy engorroso y complicado comprender que no hay finitos en esto sino innovaciones desde una perspectiva comercial hasta una posición política. Tengo mis comunidades para diferentes servicios y todas fluyen bien.

Muchas defensoras, periodistas, activistas, feministas en México son conscientes de que están en una situación particularmente vulnerable en tanto a su seguridad. Y muchas han estado en más de un taller de seguridad digital. Aun así, existe una gran dificultad en migrar a entornos más seguros. ¿Cuáles crees que son los talones de Aquiles de este proceso?

El halo de misterio, el no-entender, la imposición de “así es y punto” ha retardado la apropiación de estos beneficios sobre seguridad digital porque no se entienden, son demasiados técnicos y engorrosos. Hay poco planteamiento político del porqué cambiar pasos y maneras en el tema de seguridad digital.

El tiempo que debe dedicársele es un factor en contra para la velocidad con que pasan las cosas en nuestra región. La indisciplina para cuidar las formas también. Un sistema de prácticas éticas y de seguridad implica disciplina, particularidad no típica en estas tierras.

La seguridad digital tiende a ser enmarcada como una serie de habilidades que se adquieren reactivamente y de manera individual ante una amenaza real (una vez que ya hubo un ataque). Personalmente, me gusta resignificar la seguridad como una política de cuidados colectivos dentro del cultivo de comunidades libres. Se vuelve fundamental ampliar el marco de análisis y meter el dedo en la llaga del capitalismo.

Por increíble que parezca, siendo 2017, una feminista empleada en una ONG que da servicios de comunicación e investigación sobre la mujer, no cuenta con llaves para encriptar correos y manejar de manera segura sus comunicaciones institucionales sobre temas sensibles. Cualquiera diría ¡qué incongruente!, yo digo que qué sana y libre, qué nivel de confianza en sí misma. Admirable. En México no hemos tenido oportunidad de definir una posición política porque no es políticamente correcto tenerla, aunque debas respetar la de otros. El sistema político mexicano, encumbrado en una doctrina capitalista y neoliberal, no tiene espacio para las libertades tácitas, mucho menos para las exhaustivas, luego entonces difícil será visualizar la prevención antes que la reacción.

Somos hijos de la “buena ondez”, recibimos a los barbones de tez blanca con abrazos y miel, les dimos pelea muy tarde cuando ya embarcaban nuestro oro, fue hasta que hicieron polvo las deidades que reaccionamos; y así se repitió la historia una y otra vez. Así de tarde siempre llegamos a la pelea por las libertades privatizadas. Sin embargo, cada vez son más los sorprendidos que se enfilan en la lucha por libertades de todo tipo, incluidas las digitales. 

Puedes consultar la publicación original aquí

Mariano Abarca, en memoria del defensor de Chicomuselo

Publicado: 22.06.2017

 

¡Ya puedes ver Periodistas de a Pie!

En esta ocasión, Daniela Pastrana presenta la historia de Mariano Abarca, un defensor de la tierra que enfrentó a la minera canadiense Blackfire en Chiapas, y fue asesinado frente a su familia en la puerta de su casa, en Chicomuselo, en noviembre de 2009. ¿Cuál es la situación a la que se enfrentan los defensores de la tierra en México? ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano respecto a este grave problema? 

Mensaje Alerta Temprana Chihuahua: Patricia Mayorga

Publicado: 21.06.2017

Redacción

La periodista Patricia Mayorga permanece fuera de México, debido a que los gobiernos de Chihuahua y el gobierno federal, no han podido detener las condiciones de inseguridad en aquel estado para quienes ejercen el periodismo de investigación, crítico y comprometido. Después del asesinato de Miroslava Breach Valducea las acciones para garantizar justicia a la familia y seguridad a los reporteros, han sido cortas, según la percepción de sus propios testimonios, pronunciamientos y observaciones que emitimos las organizaciones civiles que seguimos a diario y de cerca, lo que acontece en Chihuahua en materia de libertad de expresión.

Durante la instalación de la Alerta Temprana derivada de un acuerdo en la Junta de Gobierno del Mecanismo federal de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Patricia Mayorga leyó el posicionamiento de sus compañeros de oficio que continúan bajo asecho en aquel estado.

Regulación de publicidad oficial, criterios claros para la colaboración de gobiernos locales con el federal en materia de protección, fin a la impunidad y un cese a la criminalización de medios de comunicación, son las naturales exigencias expresadas.

 

Editorial: ¿Hacia la unidad gremial?

Publicado: 21.06.2017


Daniela Pastrana

@danielapastrana

Había terminado el segundo día de la #AgendadePeriodistas y me apuraba a terminar la agenda de Pie de Página –el sitio periodístico de la Red de Periodistas de a Pie— para dejarla lista antes de irme a la marcha por el primer mes del asesinato de Javier Valdez. Con un ojo al gato, escuchaba las conclusiones del día. Me detuve cuando anunciaron el objetivo de la mesa 4: “Para el 2020 constituiremos una red nacional de periodistas que nos defienda…”

“¿Oí bien?”, pregunté de inmediato a varios periodistas de a pie que habían participado en esa mesa. Las versiones variaban: que si una red, un frente, un sindicato; que varios habían dicho que no, pero igual se sostuvo la propuesta. Lo cierto es que en el ánimo de las mesas del Palacio Postal estuvo muy presente la idea de formar una organización, foro, red, o “lo que sea” que nos aglutine y una gremialmente. Una aspiración legítima, en la que la Red PdP ha trabajado los últimos 3 o 4 años, cosiendo y recosiendo procesos de colectivos locales que los gobiernos se encargan de dividir y cortar, sembrando desconfianza por la vía de la cooptación, el cochupo, el engaño y los rumores. Y no podía dejar de preguntarme si eso es viable en un universo tan diverso y abierto como el convocado ahí.

Como muchos, no pude estar de tiempo completo durante tres días laborales. Participé en la mesa de fortalecimiento de organizaciones y en la marcha para clausurar simbólicamente la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle). Así que el último día me puse a reportear a los colegas que estuvieron en diferentes mesas. Y felizmente encontré varios motivos para la esperanza.

Primero, y lo más destacable, fue el efecto reconstructor del encuentro. Que coincidiera con la manifestación por el primer mes del asesinato de Javier Valdez fue un gran acierto. Vernos ahí, reencontrarnos, mirarnos en los otros, nos hizo levantarnos de la tristeza, contagiarnos de las ganas de dar la pelea por la profesión que elegimos y que amamos. Al final de la jornada vi a periodistas que estaban enojados o tristes, animados por el entorno; a periodistas que por primera vez participaban en una reunión así emocionados de compartir las experiencias. Eso es algo que debemos aplaudir de la organización y del momento.

Otra cosa destacable fue la incorporación de actores nuevos a estas discusiones: la banda de las ferias, de periodistas premiados y escritores, que poco se habían acercado a estos procesos que, por la urgencia, ya se habían detonado hace tiempo en distintos estados y que justamente provocaron que la Red PdP se metiera a los temas de libertad de expresión (el tema del séptimo aniversario de la red fue, precisamente, “tejiendo redes”), el surgimiento de las redes de Juárez y Libre Periodismo, en Chihuahua; de Voz Alterna, en Veracruz; de Trinchera, en Guerrero; de la red de Puebla, la del Noreste, y la reactivación de la Asociación 7 de Junio, en Sinaloa, y de otros colectivos más viejos aún, como la red de mujeres periodistas de Cimac. Para ninguno de ellos la novedad era el encuentro, sino la participación de la élite chilanga y efenepeinera, e incluso de otros actores de la sociedad civil.

Lo tercero que hay que destacar son las propuestas concretas y posibles que salieron de las mesas. Me detengo en tres:

  1. Llevar a cortes internacionales al Estado mexicano por la impunidad sistémica en los asesinatos de periodistas. No es una idea descabellada. Hace dos años, en la reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que convocó la Unesco, el exjuez Baltasar Garzón planteó como una posibilidad de considerar crímenes de lesa humanidad la violencia contra periodistas en países como México, donde es una práctica sistemática; la tesis jurídica fue planteada desde antes por Gabriel Soto, ex oficial de protección de Artículo 19.
  2. Impulsar una ley de regulación oficial, e incluso una reforma constitucional para el conocimiento de las empresas como entidades de interés público. Aunque hubo voces disonantes que decían que la publicidad oficial debe desaparecer, lo cierto es que hubo un acuerdo en que son recursos públicos que deben vigilarse con transparencia, que el Estado debe garantizar el ejercicio pleno del acceso a la información, y para eso es necesario impulsar, por lo menos, la ley general reglamentaria de la publicidad oficial, y la creación de un órgano regulador autónomo para la distribución de la publicidad oficial y la transparencia en ese gasto.
  3. Sistematizar el trabajo de las organizaciones que ya existen para fortalecer el trabajo de los periodistas. Partimos de la idea de que uno de los problemas centrales de los colectivos locales es la autonomía económica y para eso es necesario que desarrollen capacidades y herramientas para acceder a los recursos que les permitan sostener la organización. Y, sobre todo, de aprovechar la experiencia de quienes ya han recorrido ese camino para no volver a empezar todo de cero.

La pregunta es: ¿podemos hacerlo en un universo de participantes tan diverso y al mismo tiempo tan pequeño?

En la Red PdP sabemos lo difícil que es consolidar una organización de periodistas. Sabemos que hay gente que está al inicio que luego se desgasta y se va; que cuesta mantener el ritmo; que es muy difícil organizarnos en nuestros tiempos libres (porque todos tenemos que seguir reporteando); que el trabajo se concentra en unos; que nunca falta quien critica más de lo que trabaja. Que tenemos que estar cambiando las llantas con un carro en movimiento y que eso implica un montón de trabajo.

También estamos convencidos de que se necesita, más que nunca, hacer fogatas para cuidarnos y enfrentar al monstruo que quiere engullirnos. El asunto es cómo.

En las mesas participaron 381 periodistas de 21 estados del país, gente de Estados Unidos y Sudamérica y Europa, según informó Guillermo Osorno, director del Centro Horizontal, que cargó con la organización del encuentro. Entre los colegas a los que pregunté cuál era su evaluación, hubo quien me dijo que había sentido que era un deja vu de otros encuentros y hubo quien me dijo que se sembró la semilla de una red de redes; hubo quien se cambió de mesa porque algunos integrantes de organizaciones civiles comentaron que los reporteros van a los talleres para hacer curriculum o “por las galletas y el café”. Varios comentaron que faltaron reporteros de medios nacionales; que faltó la academia (en una mesa estábamos pidiendo un abogado o contador porque nadie tenía bien claro cómo hacer la tarea que teníamos que hacer por falta de conocimiento de los requisitos para ser una “donataria autorizada”).

Pero lo que más se notó fue la ausencia de directivos de medios. Con excepción de Daniel Moreno, de Animal Político; Juan Angulo, de El Sur; Adrián López, del Noroeste; y Carmen Aristegui, que llegó a las conclusiones del último día, los medios que hace poco firmaron un inédito desplegado para sumarse a la condena de la violencia contra la prensa brillaron por su ausencia.

Así parece difícil cambiar algo. Pero igual hay que intentarlo, porque ya no podemos seguir dejando que el miedo nos paralice, y porque toda esa concentración de energía y corazón que vimos en el encuentro debe tener resultados. Si no, nos llenaremos de mayor frustración y daremos más armas a quienes prefieren vernos silenciados.

Pero también necesitamos ser responsables y no generar más expectativas de las que podemos cumplir. En PdP lo sabemos bien: las ganas, el entusiasmo, las ideas y la voluntad no son suficientes, no en un país donde el trabajo cotidiano nos chupa y nos acaba, no en un país donde 8 de cada 10 periodistas gana menos de 10 mil pesos y tiene que estar buscando que comer. Esto requiere trabajo, mucho trabajo. Y es un camino largo.

Justo por eso, tenemos que empezar por ver los futuros posibles, los asequibles, donde podemos actuar. Un sindicato, foro, frente nacional quizá no sea posible en el contexto en el que estamos, pues en muchos lugares la desconfianza sigue permeando y seguirá mientras no se arreglen otros problemas de fondo como la asignación discrecional de la publicidad o la impunidad. Y porque los lazos de solidaridad son procesos que se construyen con base en trabajo, no por decreto.

Pero sí es necesario y urgente revisar lo posible y meterle todas nuestras energías a ello. Pensarle y repensarle. O, como dijo una colega del sur: “Avancemos donde hay coincidencia, no nos boicoteemos a nosotros mismos”.

Porque lo que viene no va a mejorar, como bien dijo Francisco Cuamea, de Sinaloa, en la manifestación frente a la Feadle. Y a nosotros nos toca hacer lo que sabemos hacer: periodismo. Más y mejor periodismo. Más ético. Más profesional.

Y seguir cambiando la llanta con el carro en movimiento.

A un mes de cumplirse dos años de impunidad del caso Narvarte, la CDHDF emite recomendación a la PGJCDMX por su inadecuada investigación

A un mes de cumplirse dos años del homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Nadia Dominique Vera Pérez, defensora de derechos humanos en la colonia Narvarte, la Comisión de los Derechos Humanos (CDHDF), emitió dieciséis recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y dos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por su actuación en las investigaciones del caso.

 La Recomendación 4/2017 fue presentada por Perla Gómez Gallardo, titular de la CDHDF, en la que se señala que las “actuaciones ministeriales carecen de una investigación adecuada, diligente, integral, oportuna, eficaz y exhaustiva, toda vez que desde su inicio no se actuó conforme a los protocolos de investigación determinados para cada delito y tampoco se estableció una línea de investigación especial para el esclarecimiento de los hechos que consideraran que los mismos se pudieron haber producido con motivo de alguna característica particular de las víctimas, tales como sus actividades laborales, género, nacionalidad, opiniones políticas o cualquier otro motivo de discriminación.”

De acuerdo al documento se acreditó que la procuraduría local violentó los derechos humanos de la víctimas como son el derecho al debido proceso, a la libertad de expresión, a la verdad, al acceso a la justicia, el derecho a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria de las personas fallecidas y el derecho a la honra y a la dignidad, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incumpliendo de esta manera con su obligación de garantizar la protección de los derechos humanos, la realización de una investigación seria, expedita, efectiva, y con perspectiva de género.

Ante estos hechos las víctimas tienen derecho a una reparación adecuada a través de medidas para restituir, indemnizar y de rehabilitación y garantizar la no repetición, también se deberá incluir la reparación al daño al proyecto de vida, la cual “implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de un desarrollo personal”.

De aceptar la PGJCDMX y el TSJCDMX las recomendaciones deberán ser implementadas en un lapso de 60 a 120 días.

Así mismo la titular del CDHDF señaló que si bien la procuraduría abrió todas las líneas de investigación por indicaciones del jefe de gibierno por los hechos ocurridos del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, solo dió seguimiento a la línea de investigación por homicidio. Cabe señalar que la línea de investigación por feminicidio fue abierta mediante un amparo y no por la procuraduría local, aún cuando la Ciudad de México cuenta con fiscalías especializadas en materia de feminicidios y libertad de expresión.

Recomendaciones

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

 

Primero. En un plazo que no exceda de 90 días naturales contados a partir de la aceptación del presente instrumento, se presente un plan integral de investigación que tenga por objeto subsanar las omisiones de la autoridad investigadora en los desgloses que aún quedan pendientes de resolver por parte de esa Procuraduría. Para tales efectos, se deberán realizar reuniones de trabajo periódicas con las víctimas indirectas y sus representantes, en las que se garantice su participación y que sus propuestas sean tomadas en cuenta para las investigaciones.

Segundo. Se agoten y determinen en dicho plan todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas a las actividades periodísticas de Rubén Manuel Espinosa Becerril y de defensa de derechos humanos realizadas por Nadia Dominique Vera Pérez. Asimismo, se establezcan las diligencias que se practicarán para su agotamiento, así como los plazos y términos para su realización.

Tercero. En un plazo que no exceda de 60 días naturales, se emita un documento que fije la ruta de acción mediante la cual se establezca la fiscalía, agencia y/o unidad de investigación, que deberá conocer de aquellos asuntos en los cuales la víctima o víctimas del delito pertenezcan a más de un grupo en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizado, colectivo social y/o reúnan las características propias de distintos perfiles. Lo anterior para que, atendiendo a las particularidades del hecho ilícito, pudiese tener competencia para realizar la investigación más de una fiscalía, agencia y/o unidad de investigación, o en su caso, se establezcan con toda precisión los mecanismos de colaboración y actividades que realizará cada una de ellas, con la finalidad de efectuar una investigación especializada. Una vez elaborado, dicho documento deberá ser difundido mediante circular entre el personal de esa Procuraduría, en un plazo no mayor a 15 días naturales.

Cuarto. En un plazo que no exceda de 60 días naturales, se actualice el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, acorde con las reformas constitucionales de 2008 y 2011, relativas al nuevo sistema de Justicia Penal Adversarial y la perspectiva integral de promoción, protección, garantía y respeto de los derechos humanos.

Quinto. En un plazo que no exceda de 60 días naturales, se actualicen los Lineamientos respecto a la investigación e integración de averiguaciones previas donde se encuentren involucradas personas defensoras de los derechos humanos como víctimas de delitos, por el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, acorde con las reformas constitucionales de 2008 y 2011, relativas al nuevo sistema de Justicia Penal Adversarial y la perspectiva integral de promoción, protección, garantía y respeto de los derechos humanos.

Sexto. En un plazo que no exceda de 60 días naturales, se actualice el Protocolo de investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas en el ejercicio de esta actividad, acorde con las reformas constitucionales de 2008 y 2011, relativas al nuevo sistema de Justicia Penal Adversarial y la perspectiva integral de promoción, protección, garantía y respeto de los derechos humanos.

Séptimo. En un plazo que no exceda de 90 días naturales, se diseñe un mecanismo de control y supervisión que fortalezca los aspectos técnicos y organizativos de las medidas de seguridad y de confidencialidad con las que cuenta esa Procuraduría, acorde a las leyes vigentes en la materia, así como al anterior sistema penal inquisitivo y al nuevo sistema de Justicia Penal Adversarial, para que, en lo subsecuente, se evite la filtración de información contenida en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación.

Octavo. En un plazo no mayor de 120 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, indemnice de manera integral a las víctimas, por concepto de daño material e inmaterial. Para el cálculo de la indemnización se deberán tomar en consideración las características de las víctimas como la edad, el sexo, situación económica, así como las violaciones que sufrieron y las consecuencias físicas y emocionales de las mismas; con base en los criterios establecidos en el apartado IX.1.1 de este instrumento.

Noveno. En un plazo no mayor de 15 días naturales contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, previo consentimiento de las personas víctimas, realice los trámites correspondientes con el fin de proporcionarles el tratamiento y acompañamiento psicológico especializado que ellas requieran, y por el tiempo que sea necesario. Lo anterior como medida de rehabilitación para revertir las consecuencias de las afectaciones psicosociales ocasionadas por la violación de sus derechos, de conformidad con el apartado IX. 1.2 de este instrumento. En caso de que las víctimas no radiquen en la Ciudad de México, se les brinden alternativas viables para el cumplimiento de dicha medida.

Décimo. En un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad a favor de las víctimas indirectas, mismo que deberá ser satisfactorio y acordado con las mismas, así como con esta Comisión, de conformidad con el apartado IX.1.3 del presente documento recomendatorio.

Décimo Primero. En un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se fortalezca la capacitación del personal profesional ministerial y de la Policía de Investigación que presta sus servicios en la Fiscalía Central de Investigación para Homicidios de esa Procuraduría, en relación a la aplicación de los protocolos de actuación relativos a la intervención en el lugar del hecho y/o hallazgo, el Modelo para la investigación del delito de homicidio, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, los Lineamientos respecto a la investigación e integración de averiguaciones previas donde se encuentren involucradas personas defensoras de los derechos humanos como víctimas de delitos, por el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas y el Protocolo de investigación para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas en el ejercicio de esta actividad, debiendo contar con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos de esta Comisión.

Décimo Segundo. En un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se fortalezca la capacitación y se implemente un programa de actualización continua al personal profesional que presta sus servicios en la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género, de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, así como en la Coordinación General de Servicios Periciales, todas de esa Procuraduría. Dicha capacitación y actualización tendrá que ser acorde a los estándares internacionales de las materias en las que son especialistas y deberá contar con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos de esta Comisión.

Décimo Tercero. En un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se continúe con las investigaciones para determinar la probable responsabilidad penal y administrativa de otras servidoras o servidores públicos adscritos a esa Procuraduría General de Justicia, relacionada con la filtración de datos contenidos en la averiguación previa y sus desgloses, relacionados con los hechos materia de la presente Recomendación.

Décimo Cuarto. En un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se dé vista a la instancia competente a fin de que se inicien la investigaciones administrativas por los actos de vulneración a los derechos humanos de las personas agraviadas señaladas en esta Recomendación atribuidos a personal de esa Dependencia.

Décimo Sexto. En un plazo no mayor de 120 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, esa Procuraduría elabore una ruta de coordinación y articulación institucional con el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), con la finalidad de establecer un mecanismo de actuación del personal de ambas instituciones cuando existan hechos presuntamente constitutivos de los delitos de homicidio y feminicidio, y puedan dotarse de toda la información y elementos necesarios para la debida investigación y/o estudio de los casos, respectivamente

 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

 

Décimo Séptimo. En un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se fortalezca e implemente un programa de actualización continua al personal médico que presta sus servicios en el INCIFO, en relación a la aplicación de la Guía Técnica para la Realización de Necropsias en casos de feminicidios y la Guía Técnica para la Realización de Necropsias, debiendo contar con el visto bueno de esta Comisión.

Décimo Octavo. En un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se dé vista a la instancia competente a fin de que se inicien las investigaciones administrativas y/o penales correspondientes, con el fin de determinar la responsabilidad del personal del INCIFO por las omisiones en las que incurrió en la práctica de las necropsias de ley a los cuerpos de las víctimas.

 
Presentación de la Recomendación 4/2017 en la CDHDF
 

 

Recomendación 4/2017

Resultados del Concurso “Género y Justicia” Edición 2017 Ensayo, Documental y Reportaje Escrito

Ensayo, Documental y Reportaje Escrito

Publicado: 19.06.2017


Las instituciones convocantes del Concurso Género y Justicia agradecemos el interés de quienes participaron en la edición 2017, cuyos trabajos en las categorías de ensayo, documental y reportaje escrito, son fundamentales para el cumplimiento del objetivo del certamen de promover la investigación en temas relacionados con la problemática vinculada a la igualdad de género y el acceso a la justicia de las mujeres, así como la que deriva hacia niñas, niños y adolescentes.

El compromiso con este propósito, mostrado a través de todos y cada uno de los trabajos recibidos, es una importante aportación para el avance en la plena vigencia de los derechos humanos, en la que estamos empeñados.

Con agrado hacemos de su conocimiento el procedimiento y resultados de la edición 2017:

La convocatoria del concurso se lanzó en el mes de noviembre de 2017, y cerró el lunes 12 de marzo de 2018.

Se recibieron un total de 66 trabajos, procedentes de la Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Saltillo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Uno fue enviado de Bélgica. La distribución por categoría es la siguiente:

Ensayo: 29

Reportaje Escrito: 30

Documental: 7

La selección de los trabajos ganadores estuvo a cargo de un jurado imparcial integrado por personalidades del ámbito académico, social, periodístico y cinematográfico, quienes han sido reconocidas por su compromiso y trayectoria.

El licenciado Enrique Zapata González Pacheco, Titular de la Notaría Pública número 194 de la Ciudad de México, estuvo presente en las sesiones de trabajo de quienes fungieron como jurados en cada una de las categorías, en las cuales se determinaron los trabajos ganadores; así como también, en la apertura de los sobres cerrados que se entregaron junto con los trabajos, para dar fe pública de la identidad de los participantes.

De acuerdo con lo establecido en las bases del Concurso, los ensayos, documentales y reportajes escritos que fueron entregados sin seudónimo, se descalificaron de forma automática.

La deliberación y proceso de las tres sesiones de trabajo consta en el acta correspondiente, que podrá ser consultada en la página de Internet www.supremacorte.gob.mx a partir de agosto de 2018. Los resultados se muestran a continuación:

RESULTADOS CATEGORÍA ENSAYO

Primer lugar
Hacer visible lo invisible: la violencia contra la mujer adulta mayor y la obligación de prevención
Seudónimo: Amicus Curiae
Autor: Juan Jesús Góngora Maas

Segundo lugar
Un México misógino: Entre la violencia por razón de género y la falta de acceso a la justicia de las mujeres
Seudónimo: Christian de Gouges
Autor: Juan Manuel Zeferino Beltrán Cruz

Tercer lugar
Intersexualidad en México y el problema de la sexualidad binaria
Seudónimo: Herculine Adélaíde Barbín
Autora: Priscila Reneé Monge Kincaid

Mención especial
Feminicidio: una propuesta argumentativa para su efectiva implementación
Seudónimo: Danna Valentina
Autor: Ramsés Samael Montoya Camarena

JURADO CATEGORÍA ENSAYO

Dra. Lucía Núñez, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG-UNAM).

Dra. Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Mtra. Ana Pecova, Directora de EQUIS: Justicia para las Mujeres A.C.

Lic. Enriqueta Cabrera Cuarón, Periodista, escritora y analista en temas nacionales e internacionales.

RESULTADOS CATEGORÍA DOCUMENTAL

Primer lugar
Niñas y adolescentes migrantes en la frontera sur de México: historias invisibles de violencia
Seudónimo: La Pacha Sur
Realizadora: Carmen Eliana García González

Segundo lugar
Entre la denuncia y la difamación: Proceso judicial en contra de activista por los derechos de las mujeres
Seudónimo: Bordando Historias
Co-realizadores: Jenniffer Córdova Solís, Eleana Alejandra Ibarra Rojas y Diego Alonso Mendoza Borjón

Tercer lugar
Aquí buscamos a todos
Seudónimo: Bemol
Realizador: Pedro Omar García Valencia

JURADO CATEGORÍA DOCUMENTAL

Lic. en Psic. Tere Vale, Periodista y especialista en temas de comunicación social y propaganda política.
María del Carmen de Lara, Directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUE-UNAM).

Ana Cruz, cineasta y productora.

Leonardo Curzio, periodista.

RESULTADOS CATEGORÍA REPORTAJE ESCRITO

Primer lugar
Maternidad en las calles: mujeres luchan para evitar que las autoridades les quiten sus hijos
Seudónimo: Florecita Rockera
Autora: Eréndira Aquino Ayala

Segundo lugar
Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios
Seudónimo: Ojo de Horus
Autora: Valeria Durán

Tercer lugar
Alma, víctima de esterilización forzada en Guerrero
Seudónimo: Betsy
Autoras: Gloria Betsabe Piña Espinoza y Diana Aydeé Rodríguez Gutiérrez

Mención especial
Cualquier mujer puede ser asesinada en la CDMX: Se intensifican los feminicidios en la capital
Seudónimo: Señora Dallowey
Autor: Guillermo Rivera Vázquez

JURADO CATEGORÍA REPORTAJE ESCRITO

Edith López Hernández, Investigadora.

Luis Guillermo Ramírez Hernández, periodista independiente.

Mtra. Regina Tamés Noriega, Directora Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE.

ATENTAMENTE

Suprema Corte de Justicia de la Nación; Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres; Periodistas de a Pie, A.C.; Mujeres en el Cine y la Televisión, A.C.

Más información

Periodistas de Veracruz exigen que Javier Duarte sea investigado por los asesinatos y desapariciones de periodistas durante su gobierno

Publicado: 18.06.2017


Los asesinatos de 18 periodistas y las desapariciones de 3 colegas más durante el sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no deben quedar impunes.

El responsable de gobernar el estado de Veracruz entre diciembre de 2010 y noviembre de 2016 será juzgado por delitos vinculados a corrupción y el desvío de los recursos públicos de la entidad, después de que la justicia de Guatemala avaló su extradición.

Sin embargo, ni la Procuraduría General de la República ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz le han presentado cargos relacionados con las muertes de periodistas ni con las numerosas agresiones contra la prensa registradas durante su mandato.

De acuerdo con organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, el Estado de Veracruz se convirtió en una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio periodístico durante la administración de Javier Duarte.

Mientras él despachó como gobernador de Veracruz, desaparecieron los colegas Sergio Landa Rosado de Cardel; Miguel Morales Estrada de Poza Rica y Gabriel Fonseca de Acayucan.

Asimismo, 18 compañeros que trabajaban en territorio veracruzano fueron asesinados:

Yolanda Ordaz, Gabriel Huge, Misael Solana, Milo Vela, Guillermo Varela y Esteban Rodríguez en el puerto de Veracruz; Regina Martínez y Víctor Báez en Xalapa; Armando Saldaña y Pedro Tamayo en Tierra Blanca; Gregorio Martínez en Coatzacoalcos; Manuel Torres en Poza Rica; Juan Mendoza y Moisés Sánchez en Medellín; Anabel Flores y Juan Santos Carrera en Orizaba, Noel López en Jáltipan y Rubén Espinosa, quien trabajaba en Xalapa (su asesinato se perpetró en la Ciudad de México, a donde había huido tras amenazas).

Ninguno de los crímenes contra periodistas veracruzanos ha sido esclarecido. Mientras Javier Duarte fue gobernador, la Fiscalía General del Estado criminalizó a las víctimas y nunca hubo interés por detener y castigar a los autores intelectuales y materiales.

Con base en los hechos ocurridos en los últimos 6 años y bajo el contexto de su reciente extradición a México, la Red Veracruzana de Periodistas, respaldada por organizaciones y colectivos de diferentes regiones del país, exige que el ex gobernador sea investigado por los asesinatos y desapariciones de los 21 periodistas.

Estamos convencidos de que Javier Duarte de Ochoa, así como sus más cercanos colaboradores -quienes también deben ser investigados- tuvieron un alto grado de responsabilidad en los crímenes antes señalados, tanto por acción como por omisión, por lo que pedimos que las investigaciones atraídas en la FGE y en la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sean reactivadas lo más pronto posible.

RED VERACRUZANA DE PERIODISTAS

Respaldan:

PERIODISTAS DE A PIE | ARTÍCULO 19 | DERECHO A INFORMAR | FOTOREPORTEROS MX | COLECTIVO OJOS DE PERRO VS LA IMPUNIDAD | UNIÓN DE PERIODISTAS | COLECTIVO MÁSDE131 | RED DE PERIODISTAS DEL NORESTE | RED DE PERIODISTAS DE JUÁREZ| RED PUEBLA DE PERIODISTAS | RED LATINOAMERICANA DE JÓVENES PERIODISTAS | RED DE PERIODISTAS DE SONORA | UNIÓN DE PERIODISTAS DE TLAXCALA | INFORMATIVOS 90.9 | LA UNIÓN DE MEDELLÍN  | DISTINTAS LATITUDES | DIARIO PRESENCIA | PROYECTO 13


Consulta el pronunciamiento en PDF aquí

Artículo invitado: El peor de los tiempos para el periodismo, ¿qué nos sigue?

Artículo invitado

Publicado: 17.06.2017


por Carmen Aggi

@CarmenAggi

Los periodistas sufren la precarización del oficio y la falta de solidaridad gremial. Las prestaciones laborales (si es que tienen), son pocas. La mayoría de ellos trabajan en la incertidumbre legal porque no cuentan ni con un contrato que los proteja. No se establecen de manera clara sus obligaciones y menos, sus derechos. Son contratados bajo requerimientos distintos, con sueldos indignos.

La mayoría de los medios no los capacitan porque lo ven como un gasto. No se preocupan por la formación y profesionalización del recurso humano. El género también es un problema en este oficio, ya que las mujeres son más vulnerables. Ganan menos que los hombres y hay muy pocas tomando decisiones importes en los medios.

Los periodistas también se enfrentan al régimen informal de censura propiciado con dinero público, es decir, a la influencia que causa el uso del dinero público, vía publicidad oficial, en las líneas editoriales y en las coberturas de los medios de comunicación.

Los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Periodistas, hecha por Fundar y la Universidad de Miami, entre el 2013 y el 2015, nos revelan una realidad desoladora. Los más de 18 mil 500 periodistas que laboran en México, sufren la precarización de su trabajo. Ocho de cada diez ganan menos de 10 mil pesos al mes.
¿Cómo lograr que en 2020 la sociedad mexicana cuente con una organización nacional de Periodistas que protejan sus derechos y vigile a medios de comunicación? ¿Cómo tener medios que no dependan de recursos públicos, que sean transparentes y otorguen mejores condiciones a los trabajadores?

Estas grandes interrogantes fueron el tema central del segundo día de la Agenda de Periodistas. Desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde se discutió, opinó, propuso y se concluyó, que, urge tener una representatividad a nivel nacional, los periodistas deben conocer y exigir sus derechos laborales, se deben crear redes de solidaridad gremial e involucrar a la sociedad. Urge una iniciativa de ley que regule el uso del dinero público en los medios de comunicación, aunque lo ideal sería que los medios no recurrieran al dinero público para financiarse.

Todo eso es lo que se debe o debemos hacer. Pero ahora la pregunta es cómo lo vamos a lograr. La tarea es titánica, pero me queda claro que el primer paso ya se dio. Reunirnos y tratar de encontrar soluciones a tantas problemáticas es un paso, tal vez pequeño, pero ya comenzamos y debemos seguir. Si no, la realidad será cada vez peor.

Hoy estamos en el último día de esta Agenda, discutiendo las reacciones de seguridad pública y el significado social de las agresiones contra periodistas.

FEADLE, 7 años sin hacer justicia

Publicado: 16.06.2017

 

¡Lista una nueva emisión de Periodistas de a Pie!

¿Por qué la FEADLE no ha resuelto los casos sobre agresiones contra los periodistas? ¿Cuál es la finalidad de crear fiscalías estatales si el mecanismo nacional no ha atendido las denuncias? ¿Cómo se puede garantizar el ejercicio periodístico en nuestro país? 

La periodista Verónica García de León presenta un análisis y algunas entrevistas acerca de este tema. 

Artículo invitado: #AgendaDePeriodistas

Publicado: 15.06.2017


Por Verónica Espinosa

Es cierto: cuando tantos periodistas de todo el país y las organizaciones nos sentamos en una misma mesa para ponernos de acuerdo más que para discutir nuestras diferencias, es porque ya no podemos más. Porque algo tenemos que hacer para frenar las agresiones, la impunidad, la tristeza colectiva, las pérdidas, la amenaza de imponer el silencio.

Hace años, un periodista cubano radicado en México decía que los periodistas mexicanos debíamos darle más importancia a lo que nos une que a aquello que nos separa.

Nada más urgente ahora.

La #AgendaDePeriodistas convocada por reporteros, medios, redes y organizaciones, como una posibilidad de aterrizar lo de urgente, mediano y largo plazo en materia de prevención, protección y castigo a las agresiones a periodistas y medios de todo el país y de todos los tipos, inició el miércoles 14 con una primera sensación de arropamiento, sobre todo a los periodistas que llegamos de todo el país a esta gran reunión en la Ciudad de México, porque la logística para recibirnos nos hizo sentir seguros y protegidos, algo que en mucho ya no podemos sentir en nuestros estados.

Pero el encuentro inició también con esa incertidumbre de si seríamos capaces de coincidir, proponer, definir, planear y articular una ruta para asuntos como frenar y abatir la impunidad en los delitos contra periodistas y diseñar un mecanismo preciso, efectivo, para salvarles las vidas a los periodistas y que puedan seguir contando lo que ocurre en este país en llamas.

La dinámica permitió enfocar las baterías en los propósitos concretos porque se estableció de antemano que este foro no sería un evento catártico ni testimonial, sino un encuentro para salir con propuestas que se llevarán a la práctica y con acuerdos sobre quiénes y cómo trabajarán en ello. Pero este formato, desde mi punto de vista, también impidió que se aprovecharan las escasas pero importantes experiencias exitosas que se tienen en el trabajo de redes, la capacitación, la prevención de agresiones, la articulación con organizaciones de la sociedad civil e incluso, en el litigio contra funcionarios públicos responsables de ataques a periodistas.

No faltaron los temas siempre ambivalentes, que causan escozor en algunos, ojitos brillantes en algunos otros, como esa idea de formar una organización nacional de periodistas como ‘músculo’ de la estrategia para poner un alto a las agresiones. La propuesta fue una de las pocas que logró generar reacciones divididas.

Mucho se pensó, se escribió y se anotó entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche en las dos primeras mesas de la Agenda que tuvieron como temas los riesgos, la atención de casos críticos y respuestas inmediatas, y las alternativas para combatir la impunidad. ‘Toneladas de información’, dijo alguien. Especialización de funcionarios de la procuración e impartición de justicia para atender, investigar y juzgar los casos de agresiones a periodistas y sanciones efectivas, así como exhibición de los funcionarios que por omisión o comisión obstaculizan este camino, fue uno de los puntos abordados en la segunda mesa, por ejemplo.

Se fijaron metas; los escenarios de un México del 2022 en el que logremos reducir la impunidad asociada a las agresiones contra la prensa y libertad de expresión con mecanismos de protección eficientes, servidores públicos capacitados, mecanismos transparentes para su designación y desempeño y una vigilancia social a la que le entren las universidades, las organizaciones internacionales de derechos humanos y protección a periodistas, abogados y –por supuesto- los propios periodistas.

Desde acá, sentados en la mesa, se ven como sueños guajiros: no dejo de preguntarme cómo le hacemos para abrir esa caja que dice “voluntad política” y que a veces se convierte en caja de Pandora.

Pero se oyen las voces que se apuntan para lo que sigue, para organizar una mesa de seguimiento, una comisión permanente, un colectivo que se reparta las tareas…

Día Uno.

Artículo invitado: Relación Corral-medios; entre el revanchismo, la protección y la publicidad oficial

Artículo invitado

Publicado: 14.06.2017

por Jaime Armendáriz

Autoridades de Chihuahua y federales, firmaron el pasado 9 de junio una serie de compromisos para garantizar la labor periodística y erradicar los ataques hacia reporteros y personas defensoras de derechos humanos.

Cada uno de los compromisos está definido en el llamado Plan de Contingencia, trabajado durante varios meses por organizaciones de la sociedad civil y periodistas integrados en la alerta temprana para ambos gremios.

Esa alerta se generó a raíz de una serie de ataques mediáticos, a través de columnas políticas en periódicos digitales, registrados el año pasado contra la periodista Patricia Mayorga, corresponsal de Proceso y entonces colaboradora de El Diario de Juárez y fundadora de la Red Libre de Periodismo.

Irónicamente, el día de la firma del plan de contingencia, la propia periodista tuvo que mandar un mensaje video grabado al encontrarse fuera del país por ya no tener condiciones de seguridad en Chihuahua. Su destino actual es el exilio. Ahí se puso nuevamente un tema que como Red Libre Periodismo hemos exigido en reiteradas ocasiones: la regulación de la publicidad oficial. Sí, ese rubro, vulnera a los periodistas, es fuente de riesgo.

Es tema para garantizar la libertad de los medios de comunicación, pero sin duda es una gran batalla que habrá de darse no solo en Chihuahua, sino en todo el país. La razón es que los medios se acostumbraron a vivir del erario sin ningún mecanismo de transparencia ante la ciudadanía al recibir dinero público.

Con el priista César Duarte, hoy prófugo de la justicia, se gastaron miles de millones de pesos en los medios, que no dieron mayor oposición a tener esos convenios elevados.

Pusieron a reporteros al servicio; quienes estaban en contra eran fácilmente relegados, tachados de conflictivos pero aun así se mantuvo resistencia.

A cambio de ello se sacrificó en gran parte el ejercicio periodístico, sin lograr, afortunadamente, anularlo.

Después llegó el panista Javier Corral Jurado como gobernador en octubre de 2016. El discurso era claro y reiterativo: no habrá más dinero para medios de comunicación y se gozará de la más plena libertad de expresión.

Parecía un buen discurso de transparencia para erradicar esa mala práctica del vínculo entre el poder y la prensa, sin embargo no llego con un plan claro para hacerlo ni para evitar la confrontación: se enfocó en desprestigiar públicamente a los medios y por ende activó un ambiente hostil a quienes diariamente salen a reportear.

El discurso lo mantuvo varios meses. Hoy es común escuchar o leer de la ciudadanía que quien critica las acciones gubernamentales es porque «seguramente dejó de recibir dinero», sin dar cuenta qué hay trabajos periodísticos con sustento sobre las acciones erróneas cometidas en la administración de Corral.

A la par, los medios se han enfocado en seguirle cada paso al mandatario, haciendo de cada uno de sus errores (que no han sido difíciles de encontrar) grandes escándalos mediáticos, pero con el pecado de «olvidar» o no haber cubierto con esa misma proporción todos los delitos de lesa humanidad cometidos en la administración de Duarte.

Hoy los periodistas de a pie, vivimos las consecuencias. La ciudadanía nos abandonó al igual que las autoridades, quienes han emitido opiniones generalizadas y han realizado estrategias de descalificación de reporteras y reporteros, lo que agrava el entorno de vulnerabilidad.

Estamos en medio de los intereses económicos de los medios y su lucha contra Corral, el discurso y revanchismo que trae el propio mandatario contra los medios de comunicación, y la escalada de violencia registrada en los meses recientes, ligada a la «narcopolítica», ha terminado con la vida de varios compañeros.

Con esos factores Chihuahua se convirtió, otra vez, en una de las entidades más peligrosas para el ejercicio periodístico. En los ocho meses que lleva Javier Corral Jurado como gobernador, Adrián Rodríguez Samaniego y Miroslava Breach Velducea han sido asesinados; ambos crímenes permanecen impunes. Esos asesinatos se suman a los de otros 20 comunicadores desde el año 2000.

Otros comunicadores más, han sido agredidos, esposados y/o amenazados al realizar su trabajo, principalmente quienes cubren la fuente policíaca. Unos más, han sido víctimas de campañas de desprestigio, a través de calumnias publicadas en medios de comunicación.

Los casos de agresiones a periodistas son coleccionados o apilados en los archivos de las corporaciones. No hay voluntad para resolverlos, de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes están obligadas a garantizar las condiciones para el ejercicio de la libre expresión e investigación periodística.

No alcanzará cifra millonaria en la Procuraduría General de la República como recompensa para hacerse de información sobre quienes perpetraron los asesinatos. No solo queremos el rostro de quienes los atacaron, necesitamos, también, saber los nombres de quienes desde las cúpulas del poder y la delincuencia organizada, orquestaron todos los crímenes contra periodistas.

Y peor aún es la naturalización de la impunidad. El combate a la impunidad es la mejor prevención ante la inseguridad que vivimos.

Por todo eso la insistencia de una regulación en la publicidad oficial, de lo contrario estaremos destinados, cómo ciudadanos y periodistas, a ver cómo el recurso público se sigue utilizando a discreción y ver el efecto que tiene en la información.

Ganadores del concurso Género y Justicia, protestan durante la entrega de premios por los feminicidios y asesinatos de periodistas en México

 Ana Cristina Ramos, reportera de Pie de Página, al recibir una mención especial por el reportaje Aborto: médicos inquisidores toman postura.  Foto: Cortesía 

Por: Fernando Santillán González

Este 13 de junio se llevó a cabo la entrega de premios del octavo concurso Género y Justicia 2016 en la zona de Murales de la SCJN.

Durante la ceremonia de premiación, los ganadores del concurso protestaron y exigieron justicia por la violencia en contra de las mujeres, las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Al pasar a recoger su reconocimiento los ganadores portaban playeras con la imagen del periodistas Javier Valdez, en las que a su espalda se leía “Cuál Justicia” y portando pancartas con imágenes de Miroslava Breach, Nadia Vera y Lesvy Berlín exigieron justicia por los feminicidios y asesinatos de periodistas en México.

Fotos: Christian Palma
A continuación puedes consultar los trabajos ganadores

Reportaje Escrito

Primer lugar
Serie esclava sexual (Parte 1/Sobrevivir a lo imposible: mis 7 años como esclava sexual de los zetas y Cártel del Golfo. Parte 2/El caso de Daniela paraliza de “miedo” a las autoridades mexicanas: 18 meses sin avances)
Autor: Óscar Daniel Balderas Méndez

Segundo lugar
Matrimonios forzados en Chiapas: cuando los Usos y Costumbres se imponen a la Constitución
Autora: Patricia Janeth de los Santos Chandomí

Tercer lugar
Edomex: Alerta de género ambigua y suntuosa
Autor: Alejandro Melgoza Rocha

Mención especial
Aborto: médicos inquisidores toman postura
Autora: Ana Cristina Ramos Villa

Ensayo

 Primer lugar
El juicio de amparo frente a las estructuras legales excluyentes: El problema de la interrupción legal del embarazo en México

Autor: Gerardo Mata Quintero

Segundo lugar
La mirada distraída. Los matrimonios forzados en las comunidades indígenas de México: ¿tradición cultural o violencia de género?
Autora: Norma Carolina Ortega González

Tercer lugarRe(gu)laciones desiguales: Las narrativas del trabajo doméstico remunerado
Autor: Diego Rodríguez Eternod

Mención especialPolíticas públicas y diversidad sexual
Autora: Argelia Berenice Cortez Encinas

Documental


Primer lugar
Amor, nuestra prisión
Realizadora: Carolina Corral Paredes

Segundo lugar
Amor en familia
Realizadores: Vanesa Job, Javier Estrella y Marco Antonio Chapa

Tercer lugar
Jessica
Realizadora: Erika Daniela Lozano González

Durante la convocatoria se postularon 114 trabajos de diferentes estados de la república en las categorías ensayo, reportaje escrito y documental.

Convocan la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en conjunto con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), Periodistas de a Pie, A.C., y Mujeres en el Cine y la Televisión, A.C

Más información en el siguiente enlace: https://periodistasdeapie.org.mx/2017/05/22/dan-a-conocer-a-los-ganadores-del-concurso-genero-y-justicia-2016/