Por: Daniela PastranaPublicado: 15.07.2014
En los últimos años México ha diseñado una estructura jurídica para prevenir la violencia contra periodistas. Pero el marco jurídico no basta y las acciones son insuficientes, según se desprende del informe anual sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe fue presentado el 14 de julio en un foro virtual en el que participaron 7 países de la región.
En el apartado de México, dice que para garantizar la efectividad del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que deriva de la ley aprobada en 2012, el Estado mexicano debe tomar “todas las medidas necesarias para asignar y capacitar a todo el personal necesario para la operación adecuada de las tres unidades técnicas auxiliares, garantizar que los estudios de riesgo y la implementación de las medidas urgentes, de prevención y de protección sean realizados de manera adecuada, con una perspectiva diferenciada respecto a las condiciones de cada beneficiario y beneficiaria, atendiendo a los protocolos adecuados en los plazos previstos en la ley y que las medidas de urgencia y de protección otorgadas no sean sustituidas o retiradas antes de la resolución de eventuales inconformidades”
Además, para la Relatoría de la CIDH es “especialmente importante garantizar una efectiva coordinación e intercambio de información entre aquellos órganos que lo administran y las entidades gubernamentales que participan de la Junta de Gobierno”.
La Relatoría reconoce como avance la creación del mecanismo federal y de mecanismos estatales autónomos de protección y prevención a los periodistas en riesgo en el Distrito Federal, Morelos, Chihuahua, San Luis Potosí e Hidalgo. Sin embargo, también aclara que la “evaluación de estos mecanismos estatales dependerá de su eficacia para disminuir la violencia contra periodistas que se produce en su respectiva jurisdicción”.
En este mismo tema, dice, “es fundamental garantizar el desarrollo de marcos jurídicos que permitan una coordinación efectiva con el mecanismo federal de protección y tengan particularmente en cuenta aquellos casos en que los peticionarios accedan a ambos mecanismos para solicitar protección. En este sentido, resulta esencial garantizar que los beneficiarios no queden sin protección ni sean asignados medidas de protección incompatibles por ambos mecanismos”.
El informe cita la Recomendación General No. 20 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la falta de eficiencia en la actuación de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ante los resultados obtenidos desde su creación en el 2010. Por ejemplo, de las 378 averiguaciones previas iniciadas por esa instancia entre julio de 2010 julio de 2013, 210 fueron remitidas a otras autoridades por incompetencia, y de los restantes 168 casos que si atendió, sólo en un caso se dictó sentencia.
Pese a las recomendaciones previas de la Relatoría para fortalecer a la FEADLE y dotarla de mayor autonomía y recursos, esto no ha ocurrido. Además, a pesar de que la reforma del artículo 73 (aprobada el 6 de junio de 2012) prevé en sus transitorios que el Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para establecer en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República una unidad administrativa especializada en los delitos contra la Libertad de Expresión “a la fecha de cierre de este informe, el Reglamento no había sido aprobado”.
Desde la aprobación de la reforma legal de 2013, la FEADLE ha ejercido su facultad de atracción sólo en el caso del asesinato de Armando Rodríguez Carreón, periodista de El Diario Ciudad Juárez, el 13 de noviembre de 2008.
Un caso que destaca el informe, en el apartado de la responsabilidad de los medios de comunicación es el de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, asesinada el 28 de abril de 2012.
El semanario acreditó una abogada en el juicio para participar del proceso como coadyuvante. Pero a pesar de que el gobernador del estado de Veracruz se habría comprometido a facilitar la participación de la revista en las investigaciones “Proceso identificó algunos desafíos en su rol de coadyuvante en el proceso, como la dificultad para acceder al expediente del caso y obtener copias (…) Hasta la fecha de cierre de este informe, el asesinato de la periodista todavía no habría sido resuelto”.
Después de la presentación del informe, el foro en México continuó con una mesa en la que participaron Alberto Nájar, cofundador de la Red de Periodistas de a Pie, Iván Báez, de la organización internacional Artículo 19 y Omar Rábago, del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Los tres coincidieron en que las estructuras que fueron creadas para atender delitos contra periodistas no terminan de funcionar.
Rábago afirmó que tanto el Mecanismo Federal de Protección como la FEADLE son una simulación, ya que no han respondido ante la gravedad del problema. Báez explicó que, según el informe semestral de Artículo 19, las agresiones a periodistas en el país tienen una tendencia sostenida creciente.
Por su parte, Nájar dijo que el tema de la violencia contra periodistas se borró de la agenda de los medios, lo cual no quiere decir que la violencia haya desaparecido.
“Los periodistas deberíamos de estar trabajando, haciendo investigación, no protestando en las calles, sin embargo, ante la falta de respuesta por parte del Estado, no nos queda de otra”, dijo Nájar.
Mas información
Video Cencos: #ForoVirtual: Violencia contra periodistas y trabajadores de los medios
Informe anual sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
