Malas cuentas. Lo que nos dejó la cobertura de elecciones

Al 1 de julio de 2018, iban registrados por lo menos 55 casos de agresión contra periodistas durante el periodo electoral de la considerada contienda histórica de México. Los 3 mil 416 puestos de elección popular, representó para los medios, la triplicación de trabajo en la cobertura periodística.
Al 1 de julio de 2018, iban registrados por lo menos 55 casos de agresión contra periodistas durante el periodo electoral de la considerada contienda histórica de México. Los 3 mil 416 puestos de elección popular, representó para los medios, la triplicación de trabajo en la cobertura periodística.¿Cuál es el estatus de las agresiones? en pocos casos, denuncias penales, en su mayoría denuncias públicas.

Al tiempo que fue presentado el informe de Misión en Ginebra, por parte de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, en México un grupo impulsor de la visita que emprendieron los dos relatores, simultáneamente, presentamos los retos del Estado mexicano de cara a la transición de gobierno. Aquí una repasada de lo expuesto.

El diagnóstico

El robusto sistema de protección y documentación de denuncias, que incluye al Mecanismo de Protección, a la Fiscalía especializada de la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han quedado rebasados en capacidad reactiva para atender cada denuncia y, de formalizarlas, no hay un protocolo único para las agresiones que se desprenden en el contexto electoral que es corto y debiera tener alcances inmediatos de prevención o para garantizar no represalias ni repetición.

Ninguna autoridad mexicana es capaz de frenar en medio del proselitismo de partidos políticos y candidatos independientes, seguidores y militantes, a los agresores para que hagan una pausa en su campaña y esclarezcan o se sujeten a investigación por las denuncias de agresión. El sistema de cientos de funcionarios públicos al servicio de la prevención y protección de periodistas a nivel federal, si de por si es deficiente, en periodo electoral, da dos pasos atrás.

Salvo la documentación de organismos civiles, el gobierno mexicano no hace un corte de caja ni considera de importancia, visibilizar qué candidatos o partidos se ven involucrados en acciones violentas contra medios y periodistas, durante el periodo electoral.

No contamos con una Alerta oficial en el gobierno para estos casos –al menos los periodistas no conocemos si existe y cuál es su ruta- y el instrumento inmediato que pudiera ostentarse como garante, las Unidades de Protección a Periodistas en los estados, tampoco activan un protocolo donde podrían ponerse a prueba; justo al tener cercanía con actores claramente identificados como agresores, candidatos a presidente municipal, diputaciones locales, aspirantes a Senado en sus distritos territorialmente ubicados, candidatos a gobernador, se vuelve más fácil determinar los hechos, documentarlos y hacerlos públicos.

Los propios institutos electorales en los estados, se mantienen al margen de los comportamientos violentos que podrían representar partidos y candidatos. Sencillamente, nadie es capaz de reaccionar en un periodo tan determinado, como es el electoral.

La posición en la que se colocó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), como perito periodístico ordenando una medida cautelar al portal Aristegui Noticias a partir del reclamo de un candidato y la revisión desde la perspectiva de los consejeros de contenido noticioso, los llevó a censurar la nota de Anabel Hernández sobre una supuesta investigación a Enrique Alfaro. Un mal precedente que no favorece el derecho a la libertad de prensa y de información.

Las relatorías especiales de la CIDH y ONU, sugieren un sistema articulado de prevención. Los relatores especiales exhortan “al Gobierno a fomentar de manera pública la divulgación total y eficiente de información a periodistas que den cobertura al proceso electoral, y adoptar una estrategia específica para garantizar su seguridad durante este proceso”, aunque los 55 casos que denuncian agresión a reporteros y reporteras cubriendo elecciones este 2018, dejan en claro que no hay forma de evitar los hechos violentos, pues nos siempre se trata de negar información, sino de reacciones violentas a la cobertura de candidatos.

Tras la contienda electoral, sugieren detectar las regiones donde los cambios políticos pueden derivar nuevas agresiones. Una vez pasado el 1 de julio, las autoridades mexicanas podrían enmendar la desatención a los riesgos que enfrentamos los periodistas en periodo electoral, y ya que no pudieron prevenir agresiones, asesinato, desaparición forzada y represalias, precisamente, en medio de cambios de poder, podrían activar una alerta dirigida a los nuevos gobernantes, para que reconozcan la violencia y presión o censura que se ejerció durante la contienda electoral, y se comprometan a inhibirla.

De cara a la transición de gobierno y los foros temáticos que se asoman para afianzar la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde hasta el momento no figura específicamente Libertad de Expresión o reformas al sistema de protección a periodistas; la esperanza plasmada en la realidad con seis periodistas asesinados en lo que va del año, más el cuantioso número de agresiones acumuladas por mes, sigue siendo la articulación autogestiva de periodistas, como ya sucede con organizaciones independientes u organismos civiles.

El informe de misión a México de las relatorías de libertad de expresión, representa una nueva oportunidad para que el Estado mexicano enmiende la década de deficiente protección y el acceso a la justicia para periodistas. Si el nuevo modelo de gobierno no contempla en los primeros meses resolver los crímenes de periodistas y poner sobre la mesa la emergencia nacional que inhibe el pleno goce de derechos universales que apuntalan la democracia, difícil se torna la relación del gobierno federal y los periodistas, quienes sin duda, seremos los primeros en registrar con crítica el paradigma político del futuro presidente.

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