Por: Ernesto Aroche (@aroche) y Jade Ramírez (@jadercv) Publicado: 13.10.2016
Logró hacerse gobernador del estado de Chihuahua, un político que se autodefine como periodista y abogado.
Con independencia de estar en desacuerdo o no con esa definición de sí mismo, es una realidad que cuando fue diputado y senador, se convirtió en entusiasta promotor de la regulación de los medios desde una perspectiva social. Ahora para Javier Corral, se viene una de las batallas que se antojan reto y que podría romper con el viejo paradigma: mantener una relación respetuosa, incluyente y sin prácticas tendenciosas, como las que él mismo llegó a denunciar y reprochar durante años, entre un gobierno y los periodistas.
Por: Ernesto Aroche (@aroche) y Jade Ramírez (@jadercv)
“Era notorio bajo el autoritarismo priista que la prensa – entendida en su más alta acepción — funcionaba como una suerte de subsistema político, en cuyo centro se hallaba el presidente de la Republica. Más en los círculos especializados que entre el público en general, había verdades sabidas sobre los subsidios, formales algunos, subrepticios otros, que marcaban a la industria periodística y que era, con frecuencia, el factor para la subsistencia de empresas amañadas y periodistas menores”.
Lo anterior es parte del prólogo que Miguel Ángel Granados Chapa escribió para el libro “La otra Guerra Secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder” de Jacinto Rodríguez Murguía.
Granados Chapa, fue un periodista que podía hablar a toda claridad de la relación del Partido Revolucionario Institucional con el periodismo, porque le tocó vivir la paradigmática relación orquestada desde el estado de México en la que el grupo Atlacomulco intervino a conveniencia, en procesos mediáticos y prácticas periodísticas; también sucedió en decenas de grupos poderosos tanto en Veracruz o Chihuahua, después del 2000, cuando México saludó a la alternancia política, pero esos estados siguieron siendo bastión para operar intereses del PRI en los medios.
Luego con la llegada de la derecha a la presidencia, tampoco se dio otra forma de relacionarse con los medios de comunicación y los periodistas. El amorío prensa y poder siguió subordinada a los intereses económicos que favorecen a políticos en bonanza. Algunos hasta se erigieron como figuras de poder por encima del político o a la par, pocos, contados, buscaron romper tal subordinación; en términos generales el status quo se mantuvo.
Tras dos sexenios de panismo y el retorno del PRI en la presidencia, lo que han dejado en la lucha por el poder, es un reguero de cadáveres que se cuentan por miles en el país, y una subcuenta de bajas con altísimo daño a la libertad de expresión: asesinatos, desapariciones forzadas y agresiones contra periodistas.
Ahora prácticamente reportear cualquier tema resulta un asunto incómodo para las posiciones de poder. Los derechos violados al reportear, quedan aminorados o invisibilizados por las estrechas relaciones entre el medio y los gobiernos locales o el federal: con una sola llamada, sin tomar en cuenta a la víctima, dan por arreglado el asunto o, incluso, los directivos capitalizan la agresión contra uno de su redacción, para llegar a acuerdos comerciales interrumpidos.
La profundidad de una investigación periodística conoce los límites dependiendo de la publicidad oficial en juego o la relación preferencial que un directivo del medio tiene con los gobernantes en turno, desde el editor hasta el director general, pasando por jefaturas de información o reporteros, convertidos también en vendedores de notas para garantizar su quincena. La libertad de expresión pues, queda claramente condicionada: nadie muerde la mano que le da de comer.
En ese contexto la llegada del panista Javier Corral al gobierno de Chihuahua, abre la posibilidad de construir una nueva relación entre la prensa y el poder, basada no en el control económico, sino en el reconocimiento del rol social de la prensa.
Al menos ese es el ofrecimiento de Corral, quién además de sus actividades y cargos políticos, antes encabezó organizaciones civiles dedicadas a la defensa de la información y la transparencia. En su discurso en la toma de protesta el chihuahuense dijo:
«Un tema con el que estoy profundamente comprometido es la garantía del derecho a la información y a la libertad de expresión; en nuestro gobierno se trasparentará como nunca la relación gobierno-medios de comunicación; en campaña repetí en varias ocasiones que los periodistas gozaran de una libertad jamás experimentada y esa es nuestra convicción y compromiso”.
“Acabaremos con el dispendio del dinero público a los medios, vamos a racionalizar y transparentar el gasto publicitario. No habrá convenios de publicidad, sino que en función de las necesidades del gobierno y de los chihuahuenses, se contratarán los espacios que se requieran; jamás vamos a subordinar a ese gasto la línea editorial de algún medio, para comprar el halago, la complicidad o el encubrimiento. Queremos la crítica fundamentada y constructiva, la cual no únicamente agradeceremos, sino atenderemos. Pero también rechazaremos y exhibiremos el manejo informativo malintencionado o los intentos de extorsión.”
“Lo que se contrate, con la disponibilidad de recursos que tengamos para ello, será destinado a la comunicación social, no se utilizará para el culto a la personalidad del gobernador o la promoción personal de algún funcionario público, de hecho propondremos al Congreso una legislación para regular la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación, y los criterios de su ejercicio”.
En Chihuahua ya existe seria preocupación entre reporteros y directivos de medios “porque se van a quedar sin chamba”, contó un periodista de aquel estado, al enlistar medios que nacieron con el PRI de César Duarte, pero ante el nuevo modelo que propone Javier Corral, quedarán fuera de presupuesto. Así pasó con el periódico Crónica que a través de un desplegado, anunció su cierre:
También los medios digitales: El péndulo, Enjaque, La Opción, Tiempo, Entrelíneas, Omnia, se sabe, son sitios que se mantenían de ingresos del gobierno vía publicidad oficial. Precisamente el gobernador anunció que ocho serán las plataformas o redes sociales virtuales, desde donde manejará la información oficial de su administración y acciones.
Ya organismos internacionales han definido que se usa la publicidad oficial como mecanismo de control. En el estudio “Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México” elaborado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) junto con FUNDAR y Artículo 19, se advierte:
“En México, la asignación de la publicidad oficial es la herramienta más común para ejercer la censura indirecta y es una parte integral del complicado panorama mediático del país. Sin reglas claras y precisas, permite influir o chantajear a los dueños de los medios y a los periodistas (…) La asignación opaca y arbitraria de la publicidad oficial restringe el pluralismo y la diversidad de voces mediante la financiación selectiva de medios de comunicación que apoyan a los funcionarios y sus políticas”.
Este menester que podría parecer solo una forma de hacer negocios o sostener la nómina de una redacción, según el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “todo acto del poder público que implique una restricción al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención”, resulta violatorio de la libertad de expresión.
Javier Corral ofreció hacer “lo necesario en materia legislativa para garantizar los derechos de los trabajadores de la información, sabemos sus condiciones laborales y buscaremos mejorarlas”, lo que llama la atención si no se plantea como concesiones o prerrogativas, sino el mínimo que cualquier gobernante debe garantizar para mantener una sana, distante y ética relación con los medios de comunicación.
Sólo así, con equidad y reglas claras en el uso de recursos públicos en medios de comunicación, soplarán vientos de libertad en los espacios periodísticos creados a partir de un bien común como es la información para hacer escrutinio del quehacer político. Eso es periodismo, lo demás, son relaciones públicas.
Al terminar con el dispendio y el uso discrecional del erario para premiar amigos y castigar críticos, el gobierno de Corral o cualquier otro que le apueste al modelo respetuoso, abrirán una vía para el goce de las libertades y los derechos que México como país está obligado a cumplir.
Ahora, los periodistas y medios alternativos que pugnamos por independencia y relaciones transparentes, reconocemos como interesante el discurso del gobernador de Chihuahua, pero tampoco firmamos un cheque en blanco a su administración, por el contrario, seremos observadores y críticos de las acciones que respalden la palabra empeñada.
