Autor: cliperiodistas

Imagen: Canal 44

Por: Samantha Páez

• El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (CPS) acordó presentar una solicitud al Consejo de la Judicatura
• Para Víctor Javier Martínez, abogado de Propuesta Cívica, el juez no debió admitir demanda contra Pedro Mellado, ya no había pruebas en su contra

El pasado 13 de marzo el Poder Judicial de la Federación dictó una sentencia favorable a Pedro Mellado Rodríguez, periodista de Jalisco, sobre quien pesaba una demanda por daño moral por parte del entonces diputado Enrique Aubry de Castro Palomino.

Mellado explicó durante una entrevista con Periodistas de a Pie que la demanda de Aubry data de enero de 2016. Llevaba años siendo crítico con el entonces candidato del Partido Verde, debido a que incumplía con el requisito de residencia de al menos dos años en el estado de Jalisco para obtener una postulación.

Enrique Aubry era en ese entonces regidor en el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México, por lo cual no habría residido en Jalisco para el momento en que se le presentó como candidato.

No fue el único tema que Pedro Mellado tocó en sus columnas en el diario El Mural, también refirió que fue denunciado por amenazar a una persona con arma de fuego después de un incidente de tránsito y después de negociar que no se le aplicara sanción por el hecho a cambio de favorecer votaciones en el Congreso de Jalisco. Así como la actitud agresiva de Aubry en el propio recinto legislativo.

Si bien el Poder Judicial jalisciense favoreció al actual dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVME), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito le dio la razón en la demanda de amparo que interpuso en contra de las sentencias emitidas por el Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial de Jalisco y por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia.

Uno de los motivos por los cuales se desechó la sentencia contra Mellado fue que ni el juez ni la sala tomaron en cuenta la profesión de Pedro Mellado, de tal forma que juzgaron como si se tratara de un asunto entre particulares y no con base al criterio de “malicia efectiva” dictado por la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN).

Tampoco Aubry probó durante el juicio el daño moral, ni la afectación a sus derechos de personalidad o referencias a la vida privada. Ni de manera previa solicitó su derecho de réplica al columnista.

“No pidió derecho de réplica, cuando fueron a la sesión de pruebas y alegatos, una de las cosas que se preguntaron fue si solicitó su derecho de réplica y nunca lo hizo. Su hubieran sido falsas ¿por qué no uso su derecho? y ¿por qué no demandó a otros de los medios de comunicación?”, expuso Mellado.

Piden investigar a magistrado

A través de un comunicado, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (CPS) informó de una solicitud al Consejo de la Judicatura de Jalisco, para que investigue la resolución de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia sobre el caso de Mellado.

Sobre todo después de que Pedro Mellado ganó un amparo para la protección de derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

La petición al Consejo de la Judicatura tiene base en el artículo 21, fracción XVII, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y el artículo 21 de su Reglamento Interno, el CPS da seguimiento al sistema anticorrupción y en especial en casos de relevancia donde se estimen irregularidades en el manejo o aplicación de los recursos públicos.

 Hay huecos legales

Víctor Javier Martínez Villa, abogado de Propuesta Cívica, refirió respecto al caso que desde un inicio no se debió aceptar la demanda contra Pedro Mellado, ya que no había pruebas que sustentaran la acusación.

Dijo que es muy común que los jueces de primera y segunda instancia civil no acaten los criterios de la Primera sala en materia liberta de expresión y delitos contra el honor. “Ellos no están capacitados en derechos humanos, ellos son jueces que dirimen entre particulares y cuando llegan estos casos  no saben cómo atenderlos”, agregó Martínez.

Por eso motivo periodistas y medios de comunicación generalmente pierden las demandas por daño moral en la primera y segunda instancia, es hasta que llegan al Poder Judicial de la Federación que se falla a favor de la libertad de expresión.

Otra cuestión que mencionó Víctor Javier Martínez es que en Jalisco habría un hueco legal en el Código Civil, pues indica que no habrá responsabilidad de daño moral por el ejercicio de la libertad de expresión, pero no menciona el criterio de “malicia efectiva”, donde se tiene que comprobar que periodista o medio difundieron información falsa o inexacta con la clara intención de dañar.

Asimismo habría un vacío legal a nivel nacional, porque los jueces civiles aceptan “demandas frívolas” y sin pruebas, en las que las figuras que demandan a los medios de comunicación o periodistas lo hacen para amedrentarlos. Entonces también haría falta una reforma para que haya requisitos más estrictos en este tipo de casos.

Ilustración: Eric Drooker / Internet

  Foto: Especial

Texto: Pedro Matías / Pagina3

Emboscado en la comunidad de San Angustín Loxicha, en la sierra sur de Oaxaca, fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal e integrante de la sección 22 de la CNTE. Es el sexto comunicador asesinado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El crimen ocurrió en la vísoera del Día Mundial de la Libertad de Prensa

Este texto fue publicado originalmente en Página 3 y Pie de Página, medios integrante de la alianza de medios Tejiendo Redes, de la Red de Periodistas de A Pie

OAXACA, OAXACA.- Telésforo Santiago Enríquez, director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”, fue emboscado y asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de esta entidad.

El maestro de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) participaba en la radio a través de un noticiario y promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

El atentado ocurrió la tarde del 2 de mayo de 2019, cuando el profesor de educación indígena se dirigía a la radio comunitaria, ubicada en el barrio Ampliación de las Tres Cruces, perteneciente a San Agustín Loxicha.

En su cuenta de Facebook, la exdiputada federal Aida Fabiola Valencia escribió: “Lamento informar el cobarde asesinato del Profesor Telésforo Santiago Enríquez, promotor del rescate cultural a través de su radio el Cafetal. La libertad de expresión y de pensamiento lo han llevado a la tumba”.

Aunque el maestro de educación indígena vivía a la entrada de San Agustín Loxicha, tenía que trasladarse hasta el barrio Ampliación de las Tres Cruces donde se encuentra la radio comunitaria, que está a unos 20 minutos de distancia de la cabecera municipal.

En el trayecto, el profesor, quien hace unos años fue candidato a la presidencia municipal fue emboscado y asesinado con armas de fuego.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Oaxaca y el gobierno del estado no han informado sobre el atentado.

De acuerdo a la documentación realizada por la Red de Periodistas de a Pie, Telésforo Santiago Enríquez es el sexto comunicador asesinado en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Los primeros casos fueron los de Rafael Murúa y Gustavo Cruz Mendoza, en Baja California Sur y Oaxaca, respectivamente, el 20 de enero.

Un mes después, el 20 de febrero, fue asesinado Samir Flores, opositor a la Termoeléctrica que forma parte de Proyecto Integral Morelos.

Santiago Barroso, integrante de Portal Red 653, en Sonora, fue asesinado el 16 de marzo.

Una semana después, el 24 de marzo, en Sinaloa, mataron a Omán Iván Camacho.

Ninguno de estos homicidios ha sido esclarecido por las autoridades. Y en algunos casos, como el de Samir Flores, en Morelos, el expediente fue extraviado.

El asesinato de Telésforo Santiago Enríquez ocurrió un día antes de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo.

Texto y fotos: Norma Trujillo y Raziel Roldán / Voz Alterna 

El invierno de 2011 iniciaba, se había ido a su pueblo a pasar la Navidad con sus padres y familia, una llamada telefónica entró a su celular Black Berry -que apenas aprendía a utilizarlo-, era para darle una orden de información de la Revista Proceso, ello la hizo retornar a su casa que se ubica en la colonia Felipe Carrillo Puerto de la capital veracruzana. Desde afuera nada parecía anormal, pero al entrar su sorpresa fue que del baño salía vapor, encontró mojado el piso, como si alguien se hubiera bañado minutos antes, los jabones de tocador que tenía almacenados fueron desenvueltos y batidos, los dedos de quien lo hizo se habían quedado marcados. Eran los primeros indicios de una amenaza que ella solo quiso que algunos de sus amigos lo supieran, “¿la pinche Procu qué va a hacer?”, se cuestionaba.

Y así fue, la Procuraduría de Justicia de aquel entonces, hoy Fiscalía General del Estado, el sábado 28 de abril de 2012, dio a conocer que la periodista Regina Martínez Pérez fue encontrada estrangulada en su domicilio de la colonia Reforma de Xalapa, desde entonces la entonces Procuraduría General del Estado, lanzó las primeras versiones que el crimen fue por robo y pasional. Se menciona en el expediente que la periodista falleció a causa de “anoxia por estrangulamiento” y que hubo lucha antes de ser sacrificada, pero en el expediente de la investigación ministerial 19/2012/PC no hay respuestas a las interrogantes ¿dónde están las muestras de la piel que tenían sus uñas?, por ejemplo, en el perfil de ADN de las gotas de sangre encontradas en la escena del crimen, corresponden a los acusados; dónde están la sábanas de llamadas de sus teléfonos celulares, qué dice el dictamen de sus correos electrónicos y de la computadora, el análisis de los grupos de interés que afectó con sus trabajos de investigación, todo esto no se refleja en ninguna de las sentencias expresadas por los jueces, o al menos, alguna recomendación para cambiar la línea de investigación original.

Los encargados de aplicar la justicia dieron a conocer a los supuestos autores materiales, no se han valorado otras pruebas más allá de las testimoniales del “cómplice” o chivo expiatorio (Jorge Antonio Martínez Silva, “El Silva”) del “desaparecido” asesino material Adrián Hernández Domínguez (alias “El Jarocho”), de sus vecinos, trabajadores y hasta de los amigos y familiares de los asesinos, solo se encajonó el crimen de la periodista a un móvil pasional y de robo, pero omiten otras líneas de investigación, lo que sigue siendo una ofensa para los periodistas que buscamos una sociedad más justa, equitativa y humana.

En su momento se llamó a declarar a compañeros y amigos periodistas de Regina, declaraciones de las que la Procuraduría no desprendió ninguna sola línea de investigación en torno a sus trabajos periodísticos, ni siquiera hay en el expediente una referencia de los temas de derechos humanos y corrupción que abordaba.

Han pasado 7 años y no hay resultados, seguimos exigiendo justicia, desde el gobierno de Javier Duarte , luego el ex gobernador actual, Miguel Ángel Yunes Linares había dicho que se les daría puntual seguimiento a las investigaciones de los crímenes de todos los periodistas veracruzanos, pero pasaron dos años y tampoco exigió resultados en la investigación al fiscal Jorge Winckler, y en el actual, gobierno, han pasado 4 meses y aún no hay una señal clara que se hará justicia, lo que preocupa porque más del 90 por ciento de los casos están en la impunidad y por eso el colectivo Voz Alterna estamos tratando de reactivar junto con Artículo 19 y la ONU de reactivar la Alerta de Protección a Periodistas.

En el informe que organizaciones sociales del país entregaron al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas dentro del séptimo examen periódico a México, que se llevó a cabo el 25 de abril, son la falta de agotamiento de todas las líneas de investigación -pues muchas veces las autoridades intentan desvincular las investigaciones de la labor ejercida por las personas defensoras y periodistas- y la clasificación inadecuada de actos de tortura. Por ejemplo, en un caso es el de Armando Saldaña, periodista de radio con contenido político en Tierra Blanca fue encontrado sin vida el 4 de mayo de 2015. A pesar de los signos de tortura que presentaba su cuerpo, ante la inexistencia de un tipo penal acorde a los estándares internacionales en ese momento, las autoridades omitieron los actos de investigación requeridos en un caso de tortura; la FEADLE declaró la improcedencia del ejercicio de la facultad de atracción el 10 de septiembre de 2015, sin haberse realizado las diligencias solicitadas por sus representantes y sin analizar debidamente la declaración de las víctimas. A la fecha no se ha detenido ni condenado a ninguna persona responsable.

Fuente: Voz Alterna

OSC informaron sobre el proceso de construcción de la iniciativa de Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de #DerechosHumanos y periodistas.

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— Cencos (@cencos) April 23, 2019

Foto: Twitter Cencos 

Texto: Fernando Santillán 

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de periodistas acuerdan con la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, ingresar en este periodo ordinario de sesiones y como iniciativa: La Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Sancionar y Reparar delitos cometidos contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

En conferencia de prensa Fernando Ríos Martínez, integrante de la Red de Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos, señaló que desde la Sociedad civil se ha impulsado el carácter preventivo que debe de tener el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para encontrar justicia y verdad, reparación y no repetición de agresiones en contra de periodistas y personas defensores de derechos humanos.

También dijo que es conocido que ambos colectivos periodistas y defensores de DDHH, viven una situación alarmante y amenazante, donde solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron asesinados doscientas dos personas defensoras de DDHH y periodistas y en lo que va del gobierno actual han sido asesinadas 13 defensoras de DDHH y periodistas.

Ante esta situación Fernando, mencionó que con esta iniciativa de ley no se pretende terminar con el mecanismo actual si no mejorarlo y ampliarlo para tener una mayor garantía de derechos humanos.

Definiciones 

Quiénes son las personas defensoras de derechos humanos:

Cualquier persona física o grupo de personas sin distinción de ninguna clase, tal como sexo, raza, color, lengua, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, posición económica, propiedad, estado civil, nacimiento, incapacidad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, características del sexo u otro., que actúen individualmente o en asociación o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya actividad se la de promover, proteger o luchar porque se protejan y se cumplan los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier parte del territorio nacional o internacional.

Quiénes son las personas periodistas:

Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuya acción consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de plataforma de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

Los Retos

Por su parte  Jade Ramírez Cuevas, periodista ex consejera del mecanismo, mencionó que con esta iniciativa se busca modificar el marco jurídico de la ley ya que existen omisiones y dilaciones en como se procesan los casos de emergencia sobre delitos en contra de personas defensores de DDHH y periodistas, toda vez que cualquier autoridad puede desestimar los ordenamientos que la junta de gobierno del mecanismo les hace para otorgar medidas duras, blandas, o afirmativas como es: el reconocimiento público o disculpas públicas a periodistas y defensores, debido a que la ley actual no es una ley general.

También dijo que será un reto impulsar versiones de esta iniciativa en los estados, pero es la manera que se debe seguir para tener realmente unidades de atención y protección de personas defensores de DDHH y periodistas en los estados.

Así mismo dijo que es necesario que los legisladores escuchen, se involucren y se responsabilicen de los delitos en contra de periodistas y personas defensoras de DDHH, ya que se sigue señalando como los principales agresores a las autoridades.

Para la elaboración de esta iniciativa impulsada por más de 120 organizaciones nacionales de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas y más de 100 personas, se llevaron a cabo al menos 8 mesas técnicas donde participaron asesores de técnica legislativa, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, víctimas de violaciones de derechos humanos, donde además fueron invitados a participar a la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en México.

Más información

Escucha aquí la conferencia: OSC informarán sobre iniciativa de ley general para proteger a personas defensoras de DDHH y periodistas.

Boletín de prensa: Hacia una política pública integral para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Proceso de construcción de la iniciativa de Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas

Texto: La Verdad de Juárez.  
Foto: Daniela Pastrana

Emite recomendación a la Secretaría General de Gobierno estatal para que establezca sanciones a servidores públicos estatales que atentaron contra Rocío Gallegos, se encargue de reparar el daño e inscriba a la informadora en el registro estatal de víctimas

Este texto fue publicado originalmente en La Verdad de Juárez, medio integrante de la alianza de medios Tejiendo Redes, de la Red de Periodistas de A Pie

Ciudad Juárez– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua determinó que hay evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho a la libertad de expresión de la periodista Rocío Gallegos, por parte de servidores público del Gobierno del Estado de Chihuahua, en hechos ocurridos en noviembre del 2017.

Así quedó asentado en la recomendación número 36/2019 emitida el pasado 17 de abril y firmada por el aún presidente del organismo José Luis Armendáriz González.

El documento, uno de los últimos firmados por Armendáriz –quien entregó la presidencia del organismo el 22 de abril– se dirigió al secretario General de Gobierno, Sergio César Alejandro Jáuregui a quien pide que instaure procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos denunciados por la periodista y en su caso impongan las sanciones que en derecho corresponden.

También pide reparar de manera integral el daño a la periodista, que la inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y se someta ante el Comité del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del estado la propuesta de capacitar a los servidores públicos sobre el respeto al trabajo de los periodistas y la importancia de la libertad de expresión.

Tras conocer la resolución, la periodista Rocío Gallegos, directora del sitio La Verdad, Periodismo de Investigación, dijo que es un gran logro para el periodismo, con el que se sienta un precedente en un hecho en el que estuvieron involucrados funcionarios del estado de Chihuahua, quienes a través de sitios digitales y redes activaron una campaña en mi contra, me acusaron de generar un daño social a través del periodismo.

A través de eso sitios digitales, entre los que estuvieron las cuentas del propio gobernador Javier Corral, se atentó en contra de mi libertad de expresión y el derecho a saber de la ciudadanía, agregó Gallegos, quien en ese entonces se desempeñaba como directora editorial de El Diario de Juárez, empresa a la que renunció el 18 de febrero del 2018.

Gallegos dijo que lo único lamentable es que el propio estado es quien debe determinar sanciones contra sus propios funcionarios.

Los hechos que desataron la queja de la periodista ante el organismo derechohumanista se registraron el 9 de noviembre del 2017.

En ese entonces, tras la publicación de una nota sobre un video donde se le acusa de proteger a un presunto narcotraficante, el gobernador Javier Corral Jurado, publicó en su página personal un artículo de opinión con señalamientos en contra de la periodista Rocío Gallegos.

En ese escrito difundido en el sitio del gobernador y varias cuentas vinculadas con Comunicación Social del Gobierno del Estado se descalificaba el trabajo de Gallegos y la acusaron de generar un daño social a través del periodismo.

Ese día, el mandatario estatal compartió en su página oficial http://www.javiercorral.org la columna titulada “La apuesta a la inestabilidad social no es periodismo”, realizada por Luis Cardona, quien entonces aparecía en el directorio oficial como empleado estatal, aunque oficialmente se informó que ya no trabaja para el gobierno.

El mismo artículo se compartió en una página de Facebook a nombre de Javier Corral (Prensa), identificada como una cuenta administrada por el equipo de prensa del gobernador, en la que destaca lo siguiente:

“De nada sirvieron a Rocío Gallegos los cursos nacionales e internacionales sobre ética periodística. No sirvieron de nada la cantidad de premios que recibía antaño, concursaba en cuanta convocatoria aparecía. La soberbia y esa fobia que practica, que no se alínea (sic) a su grupo, han sido el motivo de la persecución y descalificación contra semejantes”.

Ante la situación, la organización defensora de la Libertad de Expresión Artículo 19 se pronunció en ese entonces y su personal asesoró a la periodista en el seguimiento del caso ante la CEDH.

Diecisiete meses después –la queja se interpuso el 15 de noviembre del 2017– tras concluir sus investigaciones y conocer las versiones de la quejosa, así como de testigos y la autoridad señalada, la CEDH determinó que “hay evidencias suficientes para acreditar violaciones a la libertad de expresión” de la periodista Rocío Gallegos, por parte del funcionarios estatales.

En la recomendación se menciona que el gobierno del estado respondió que en ningún memento el gobernador Corral pretendió agredir a la periodista Rocío Gallegos, “a quien reconocemos su profesionalismo al margen de la línea editorial del medio (en el que entonces laboraba)”.

En su resolución, la CEDH de Chihuahua expone que al haberse acreditado una violación a los derechos fundamentales de la periodista, le asiste como víctima el derecho a la reparación integral del daño, conforme a lo establecido en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución del país.
También pide garantizar la no repetición de actos violatorios de similar naturaleza.

Se informó que la autoridad tiene 15 días para externar su posición ante tal recomendación.

La organización Artículo 19, emitió una alerta por las amenazas de muerte que recibió la periodista Ana Luisa Cantoral, colaboradora de los medios digitales de Oaxaca Página3.mx y MVM Noticias, el pasado 10 de abril.

De acuerdo a la organización  la periodista recibió las amenazas vía mensaje de texto. «El primero ocurrió a las 3:15 PM, en el que además de la amenaza, se vincula afectivamente con alguien del medio El Impacial y el segundo fue alrededor de las 7:00 PM. En ambos existen amenazas de muerte explícita, además en el segundo se hace referencia a un casco rosa, el cual ella utiliza para trasladarse en motocicleta para hacer sus coberturas, por lo que dan a entender que efectivamente la tienen identificada».

Ante estas amenazas la organización pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, proteger a la periodista y su familia e hizo un llamado a los funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública Oaxaca, omitir cualquier acto que pueda inhibir el ejercicio de la libertad de expresión de la periodista.

También pidió a las Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, inicie una investigación imparcial y tome como principal línea de investigación de las amenazas su labor periodística

Ana Luisa Cantoral, es colaboradora del medio digital Página 3, integrante de la alianza de medios Tejiendo Redes de la Red de Periodistas de a Pie.

La alianza de medios Tejiendo Redes se conforma de los medios: Lado B de Puebla; Voz Alterna de Veracruz; Raichali de Chihuahua; Noroeste de Sinaloa; Apeg-Trinchera de Guerrero; Zona Docs de Jalisco; Página 3 de Oaxaca; Chiapas Paralelo de Chiapas, La Verdad de Ciudad Juárez; Pie de Página de Ciudad de México.

Foto: Samantha Páez 

El Mecanismo de Protección en la mira, por encima del acceso a la justicia

Dará asistencia técnica en dos casos contrapuestos

Foto: Fernando Santillán 

Texto y documentación: Jade Ramírez Cuevas y Samantha Páez

Infografía: Lucía Vergara

La Red de Periodistas de a Pie lleva más de un año sistematizando diversas agresiones contra los periodistas mexicanos.

Cuando creíamos que ya no era necesario tener claros los números porque se habían rebasado las estadísticas, encontramos dos condiciones que nos hicieron no parar el registro de hechos violentos contra reporteros, reporteras y trabajadores de los medios: 2018 era año electoral y la estadística iba en aumento.

Sin embargo entrado el 2019, con pesar comprobamos que la estadística no se mantiene, sino se multiplica. De enero a marzo de este año casi se duplica la cantidad de agresiones físicas, intimidaciones, acosos, bloqueos informativos, despojo de equipo y dos asesinatos.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión debe tener mucho trabajo, que acumulado con las carpetas de investigación, averiguaciones previas e intentos de denuncia acumulados desde hace 10 años sin debida atención ni indagatorias, estamos frente a la omisión y dilación más grande en materia de libertad de expresión y derecho a la información en México.

A continuación la estadística de agresiones de marzo 2019.

Foto:  freepik.es

Texto: María Teresa Juárez

Hablar de suicidio en los medios de comunicación, requiere un marco ético que incluya una revisión de las prácticas más comunes cuando reportamos este suceso, así como algunas herramientas una cobertura adecuada.

Los medios de comunicación, desempeñan un papel vital en la producción de mensajes pertinentes que favorezcan una cultura de la prevención.

Por eso es importante que profesionales de los medios de comunicación tomemos en cuenta algunas recomendaciones básicas para su cobertura.

Compartimos algunas recomendaciones básicas extraídas de los textos: Recomendaciones para reportar el suicidio y; Prevención del suicidio, un recurso para los profesionales de los medios.

• Cuando reportes un suicidio, no describas el método utilizado.

• No proporciones detalles sobre el sitio o ubicación.

• No uses lenguaje sensacionalista o que normalice el suicidio.

• No usar titulares sensacionalistas.

• No publicar fotografías o videos sobre el suceso.

• Ten especial cuidado al reportar suicidios de celebridades.

• Ten cuidado al entrevistar a familiares o amigos en duelo. Familia y amigos sufren una pérdida aguda y podrían estar pasando por una crisis. Estas personas corren un mayor riesgo de suicidio o autolesión mientras están lidiando con su pena.

El respeto a su privacidad debe tener prioridad sobre la escritura de un historia dramática.

En algunos países, los periodistas se guían por un código de conducta cuando realizan este tipo de entrevistas.

• No coloques las historias de suicidio de manera prominente o destacada.

¿Qué sí podemos hacer?

En esta cobertura también será importante abordar el tema desde una estrategia de prevención del suicidio, por ejemplo…

• Usar información verificada sobre el tema: OMS, OPS, información estadística gubernamental, estudios académicos, informes como el de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, etc.
• No estigmatizar a las personas sobrevivientes del suicidio. En este punto será importante destacar los factores – familiares, sociales, comunitarios- que le ayudaron a superar este suceso.
• Reportar historias de cómo lidiar con factores estresantes de la vida o pensamientos suicidas.
• Cuando se informe de las alternativas existentes, será importante proporcionar información precisa y confiable para buscar ayuda tanto de expertos, como de instituciones públicas que ofrezcan atención integral.

Finalmente un punto importante será reconocer que los profesionales de los medios pueden verse afectados por historias de suicidio, por lo que será importante que también cuenten con apoyo emocional si así lo requieren.

Sitios recomendados:

https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_2017/en/

http://reportingonsuicide.org/wp-content/themes/ros2015/assets/images/RecsForReportsonSuicide_Spanish.pdf