Las organizaciones de libertad de expresión tenemos que escuchar a los periodistas de los estados y profundizar en el análisis de los asesinatos. Estamos obligadas a ello. No podemos seguir con la misma narrativa de los últimos 10 años, como si no hubiéramos aprendido nada, dice en entrevista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, coordinadora de libertad de expresión de la Red de Periodistas de a Pie
Este mensaje no será popular, pero hay que decirlo, dice Jade Ramírez Cuevas, coordinadora de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie: tenemos que subir los estándares de la documentación para hablar de periodistas asesinados.
“No se trata de decir cuáles son buenos y malos periodistas, sino de diferenciar cuáles situaciones se derivan del trabajo periodístico y cuáles pueden derivarse de otras actividades de riesgo. Documentar cada caso, con los nodos de los estados, con el contexto de la agresión y el mapeo de los medios y sus intereses. Desagregar las estadísticas a partir de lo que se está viviendo en los estados. Sabemos que no hay investigaciones de las autoridades y si nosotros tampoco nos metemos a documentar no vamos a salir del circuito de impunidad”, dice.
Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y los propios periodistas, insiste, “no abonamos nada generalizando las historias, por el contrario, eso sólo acrecienta una estadística que ya no nos interpela y tampoco a la sociedad. Y peor aún, no ayuda al entendimiento de lo que está pasando”.
Sabe de lo que habla. Antes de integrarse a la dirección colectiva de Periodistas de a Pie, ella misma recibió varias amenazas de muerte –primero por su cobertura de la oposición a la presa del Zapotillo y luego por su defensa de periodistas y defensores–; fue beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a defensores y periodistas y formó parte de la primera Junta de Gobierno del Consejo Ciudadano del mecanismo, al que renunció con una carta muy dura sobre su inutilidad y la forma en la que puso en mayor riesgo.
En el área que coordina desde 2015 ha gestionado innumerables formas de apoyo a periodistas. Muchos la consideran radical, poco tolerante a los acuerdos con autoridades, el “ala dura” de la Red de Periodistas de a Pie, la que nos regaña por no usar medidas estrictas de protocolos y la que nos interpela sin miramientos cuando bajamos la guardia.
Ahora, con la misma franqueza que la caracteriza, reclama la “visión chilanga” que prevalece en la defensa periodistas. “Las organizaciones deben escuchar a los colegas de los estados antes de lanzarse a reclamar nada”.
Hablamos largo rato, vía telefónica desde Jalisco, donde vive. Le pregunto por qué la red de Periodistas de a Pie no considera en sus estadísticas de asesinatos de periodistas a Rogelio Barragán y Édgar Nava, ocurridos hace unos días y que han sido considerados por la prensa nacional dentro de un trío de periodistas asesinados en México en una semana (el otro es Celestino Ruiz, en Veracruz) y condenados incluso por la ONU.
De botepronto responde: “porque estamos escuchando lo que nos dicen los compas de los estados. Porque preguntamos, indagamos, y no hay indicios de que sea por una actividad periodística”.
Insiste: “Checa la página de Amapola y de APEG (Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero), que es lo mejor del periodismo de Guerrero, y dime si hicieron notas sobre el asesinato de Rogelio Barragán. No las hicieron, ¿por qué? Por lo mismo que la red no lo incluye en la lista de periodistas asesinados: porque en la región no se le identifica como periodista, sino como un empresario que abrió un portal que daba información, por los motivos que quieras, ligada a un grupo criminal y que incluso puso en riesgo a otros periodistas”.
En el caso de Édgar Nava, asesinado en Zihuatanejo, aclara que la Red no lo contabiliza porque, aunque administraba un portal, no era periodista activo hace años. “Era funcionario, es decir, fue periodista y dejó de serlo hace años para irse al gobierno. Eso no le quita gravedad al asesinato, pero no podemos considerarlo en el mismo rango de un periodista activo”.
No es el caso de Celestino Ruiz, asesinado en Veracruz el mismo día, y quien “independientemente de las prácticas buenas o malas que tuviera en el ejercicio del periodismo, hay evidencias de que estaba amenazado por ese trabajo periodístico”.
— ¿Por qué para Periodistas de a Pie es importante la diferenciación?
— Primero, porque la red no tiene un mandato de defensa de libertad de expresión en general, sino defensa del periodismo con estándares de calidad y ética. Pero principalmente porque no podemos seguir con el discurso de hace 10 años, cuando no teníamos ninguna idea ni experiencia acumulada de lo que pasaba en el país con las agresiones a periodistas. En un principio se metía a todos porque no los conocíamos. Pero ahora ya las conocemos. Hemos creado nodos, exploramos todas las vías y aprendimos que esa generalización tampoco nos ayuda a tener claridad en el diagnóstico. Nos están matando, sí, eso lo sabemos hace 10 años, pero ¿por qué? ¿Qué falta? ¿Cuáles los diagnósticos regionales? Es decir, necesitamos una lectura más fina y eso es algo que los periodistas tenemos que hacer porque las autoridades no lo van a hacer, no les interesa.
— ¿No les interesa o no pueden?
— No les interesa. No es su agenda prioritaria la garantía de derechos a periodistas. Eso no hay que ser ningún genio para verlo. Pero tampoco hay un esfuerzo mayor de organizaciones y periodistas por hacer esa lectura fina. La exigencia se concentra en el discurso del presidente y está claro que su construcción sobre el periodismo y medios se basa en sus experiencias propias. Pero reducirlo a eso tampoco sirve para entender.
Pocas veces se exige a los legisladores o a los gobiernos locales. No hemos escuchado nada del Fondo de apoyo para periodistas en Guerrero, por ejemplo, que ha sido usado políticamente para darle a los periodistas las prestaciones que los dueños no les dan. Tampoco escuchamos nada sobre el papel de los medios ni de los intereses de los propietarios, que muchas veces ponen en riesgo a sus reporteros. Entonces, hay que empezar a ponernos más serios en la documentación y no ponérsela fácil a los grupos que se apropian de una cifra inflada cuando antes no le importaba lo que nos pasaba y toman la bandera de los asesinatos de periodistas como botín político, porque esa es la otra cosa: ¿cuánto, como organización o como colectivo, nos sirve generalizar e inflar las agresiones?”
— ¿Cuáles son los criterios de PdP para incluir un caso en sus listados de periodistas asesinados o desaparecidos? ¿Cómo lo definen?
— El principal criterio es que su actividad central sea el periodismo. Lo primero que hacemos es recolectar una serie de información contextual con los nodos en los estados. Lo que nos dicen los que están ahí, en la zona y en el terreno. En las regiones todos sabemos quién es quién. Los periodistas más cercanos a la realidad de los estados saben perfectamente que en una conferencia con 20 personas hay diez que no hacen función de periodistas, que son enviados por grupos políticos o criminales a espiar y a vigilar a los que quieren ser críticos. En estas épocas es un blanco fácil travestirse de periodista, ponerse una credencial aunque tu actividad central sea otra, y mal haríamos nosotros si no hacemos una separación.
Una cosa muy distinta es que abras una página de Facebook o un blog y desde ahí documentar actos de corrupción y violaciones a derechos humanos, como muchos comunicadores comunitarios, o el propio Moisés Sánchez, por ejemplo, que manejaba un taxi para financiar su periódico, y que incluso fue candidato y trató de organizar una policía comunitaria, pero no tenía un cargo público. El problema con Édgar Nava es que tenía una doble actividad como servidor público y estaba a cargo de una dirección controvertida que es la de inspección y reglamentos.
Pero más allá de los casos específicos, que algunos son muy difíciles de diseccionar, el criterio general es que no tenga cargos públicos. Porque veamos ¿cuántos trabajadores de los medios brincaron en los últimos años del periodismo a oficinas de comunicación? Lamentablemente por una precariedad laboral muchos terminaron haciéndolo, y no los vamos a juzgar por eso, pero un periodista no puede seguir siendo periodista cuando tiene un cargo público.
— Hoy en un programa traté de explicar esto y me dijeron que es una posición poco solidaria con el gremio…
— Creo que el primer gesto de solidaridad debe estar con los nodos locales. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar a los que están ahí, en terreno, cotejar sus datos para la documentación y sumarnos a los criterios de los propios colectivos que en estos años han ido aprendiendo a documentar y que pueden hacer una indagación más rápida. Para la red ese ha sido el principio fundamental: si los que están en terreno nos dicen necesitamos apoyo pues vamos a la manifestación, pero si nos dicen no, aguas, pues aguas, porque apoyar a quienes ahí mismo están usando la bandera del periodismo para atacar a otros periodistas críticos y eso pone en riesgo al periodismo más crítico de cada región, es muy irresponsable. Y aquí, insisto, para nosotros la referencia de buen periodismo son los colegas de la APEG y de Amapola.
Desde mi propia condición regional te puedo decir que a los periodistas que estamos en los estados nos incomoda mucho que, conociendo cómo están las circunstancias en lo local y las dificilísimas condiciones en las que trabajamos, desde la capital se considere periodista a quien no lo es, porque nos desmotiva.
— Pero, ¿dónde está el punto medio? ¿Cómo evitamos caer en la misma criminalización que hacen las autoridades?
— El derecho a la libertad de expresión no es privativo de los periodistas, pero el trabajo profesional sí le da un perfil a un periodista. No tomar perfiles de las personas que sufren agresiones provoca, por decirlo de un modo, una innecesaria confusión.
Es cierto que el discurso de las autoridades siempre va a ser que, o ‘estaban metidos en algo’ o que fue un asunto personal. Pero a diferencia de hace años, cuando no teníamos forma de saberlo porque no nos conocíamos entre nosotros, ahora si hay redes conformadas, nodos en los estados, formas de verificar rápidamente cual puede ser el origen de la agresión. Y entonces lo que hay que hacer es preguntar, como periodistas que somos, y sobre eso definir. Y eso sirve para desmontar incluso el discurso de las autoridades, porque tienes información mucho más robusta y verificada.
Insisto: en las regiones se ubica muy bien que hay ciertos medios que sirven a intereses que no son del interés público. Y eso también tenemos que decirlo, porque negarlo no sólo no nos ayuda a entender, sino que pone en riesgo a los periodistas críticos. Es increíble que en estos diagnósticos no se esté hablando más duramente de la responsabilidad de los medios y en cambio, se concentre toda la reflexión en el discurso presidencial, que ciertamente no ayuda, pero no puede ser esa la única explicación. Los expresidentes no tenían ese discurso y también mataron a muchos periodistas en esas administraciones.
Lo que toca entonces es hacer un marcaje y una diferenciación. No es una descalificación a priori, sino una separación a partir del diagnóstico del mapa regional. La red PdP ha ido focalizando y dándole la palabra a los que tienen más información, que son los periodistas de las regiones. También hemos ido avanzado en la definición de criterios porque no nos servía de nada meter en el mismo paquete a personas que usan la fachada de los medios de comunicación para tener prácticas que han hecho mucho daño, como la de los “orejas” (enviados de gobiernos o grupos delictivos a infiltrarse en conferencias y manifestaciones como si fueran periodistas). Creo que después de 11 años estamos obligados a elevar el nivel de análisis, más allá de decir: ‘otro periodista asesinado’. Porque cada vez se vuelve más complejo el acceso a la justicia y a la verdad.
