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Dar a conocer, sensibilizar e invitar a la reflexión, desde diversas ópticas, acerca de las problemáticas que en materia de igualdad de género y acceso a la justicia de las mujeres se presentan en México.

Las categorías son: Ensayo, Reportaje Escrito, Documental, Fotografía y Cineminuto. 

Los trabajos deberán abordar los siguientes temas:

• La igualdad y la no discriminación en el acceso a la justicia. Obstáculos y retos que enfrentan las mujeres, niñas, niños y adolescentes para acceder a la justicia.
• Ejercicio y goce del derecho a la igualdad y a la no discriminación de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Trata de personas.
• Feminicidios, enfocado a sus causas, prevención y obstáculos para su configuración.
• Ejercicio de los derechos político-electorales y paridad de género.
• Violencia de género en las nuevas tecnologías.
• Derechos humanos de la comunidad LGBTTTI.
• Los derechos de las mujeres en reclusión.
• Acceso a la justicia de mujeres indígenas.
• Acceso a la justicia de mujeres con discapacidad.
• Derechos de niñas y niños con madres en reclusión.

Los trabajos deberán registrarse y enviarse, a partir de la publicación de esta convocatoria y a más tardar, el 15 de agosto de 2019 a las 23:59 hrs. a la siguiente liga electrónica: http://sitios.k8s.scjn.pjf.gob.mx/registro/formulario/10-concurso-genero-justicia, en donde, una vez terminado el registro, recibirán un correo acuse de recibo con su número de folio para hacer constar su participación en el certamen.

Consulta la convocatoria completa aquí: 

Hace doce años un grupo de periodistas, la mayoría mujeres, empezó a reunirse para conversar sobre la mejor manera de cumplir con su trabajo.

Eran reuniones informales, donde lo mismo se analizaba un reportaje o crónica que conversaban sobre el rumbo del país que, para ese entonces, emprendía la ruta de odio y sangre que aún prevalece.

De esos encuentros nació la Red de Periodistas de a Pie, que este 20 de mayo cumple un nuevo aniversario.

Ha sido un camino intenso, donde nos tocó acompañar algunos de los años más crueles y violentos para los periodistas mexicanos.

Por momentos fue una ruta de angustia ante las amenazas y el exilio forzado de muchos compañeros.

También de mucho dolor ante el asesinato o desaparición de colegas profesionales, muy queridos todos.

En estos pasos aprendimos la necesidad de unirnos, todos los periodistas, para cuidarnos entre todos.

Supimos, de la peor manera, que el Estado le incomoda el periodismo crítico, ése que reclama cotidianamente uno de los derechos fundamentales para las sociedades libres: el de la información.

Pero esta docena de años también es un camino de alegría y solidaridad. Gracias a la confianza de muchos compañeros la Red contribuyó a la organización de periodistas en varios estados del país.

Les compartimos nuestra experiencia para formar equipo, supieron de los tropiezos internos y el doloroso proceso de la ruptura que sin embargo nos fortaleció.

A partir de 2015 Periodistas de a Pie modificó la estrategia para defender periodistas en riesgo.

Y es que a pesar de las protestas, campañas en redes sociales y denuncias en medios aliados la impunidad en las agresiones nunca se detuvo.  Por el contrario: el desinterés  de las autoridades se convirtió en una especie de salvoconducto para los perpetradores.

Al mismo tiempo las movilizaciones en las calles eran cada vez menos concurridas. Como en muchos otros temas la sociedad mexicana naturalizó la violencia hacia los periodistas.

El camino, entonces, el periodismo. Sin abandonar la defensa por la libertad de expresión y el derecho a la información, la Red promovió investigaciones sobre las causas de la violencia, una mezcla de impunidad, corrupción y desigualdad social.

En realidad nunca dejamos de ejercer nuestra tarea. La Red edita desde 2014 un periódico mensual entonces, ahora bimestral, que se distribuye en los albergues para migrantes en el país.

Se llama En el Camino que pronto se trasladó también a internet. Luego nació Pie de Página, un portal periodístico independiente donde participa una red de periodistas nacionales e internacionales con amplia experiencia en la cobertura de temas sociales y de derechos humanos.

Pie de Página ha sido la plataforma para articular una alianza con otros once medios en varios estados del país, que realiza publicaciones en conjunto.

Esta Alianza de Medios, como se llama, es un esfuerzo inédito en México y se ha convertido en uno de los espacios principales de investigaciones periodísticas para la Red.

Así llegamos a este nuevo aniversario. En estos doce años la Red de Periodistas de a Pie ha recibido reconocimientos por el respaldo a compañeros en situación de riesgo.

También Pie de Página ha cosechado varios premios nacionales de periodismo, así como el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2017.

Lo más valioso es el esfuerzo y solidaridad de quienes participamos en esta red, y el empeño por que el proyecto crezca.

No ha sido fácil. Pero a diferencia de hace doce años la Red es más sólida y amplia, con mayor compromiso y la convicción de hacer, todos los días, el mejor periodismo posible. 

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019.- En los últimos días, periodistas de Morelos se han enfrentado a una serie de agresiones derivadas de la cobertura del ataque con arma de fuego del 8 de mayo, en la Plaza de Armas, en Cuernavaca.

El ataque se registró durante una manifestación en la que grupos sindicales exigían a autoridades locales información sobre la reubicación de comerciantes. Al finalizar, un grupo de entre 10 y 12 reporteros entrevistaron a Gilberto Alcalá, secretario de Desarrollo Social de Morelos. Al mismo tiempo, un hombre de 22 años disparó en contra de un grupo de personas, dos murieron y dos más fueron lesionadas, entre ellas, un periodista.

La mañana siguiente aparecieron cartulinas en las colonias Altavista y Tabachines, en la misma ciudad, con mensajes presuntamente provenientes del crimen organizado: ” [quienes] declaren en contra de inocentes serán trozados. Va también para los periodistas chismosos”.

El viernes 10 de mayo, un juez de control de primera instancia en materia penal del primer distrito, dictó prisión preventiva al supuesto atacante. Posteriormente, en la madrugada del día siguiente, en los municipios de Cuernavaca y Temixco fueron encontradas dos mantas, que también se presume provienen del crimen organizado, donde se amenaza al gremio periodístico, haciendo alusión principalmente a las y los periodistas que presenciaron el ataque de días antes: “… Y a los reporteros y periodistas fíjense en lo que hablan y a quien señalan porque van a empezar a rodar cabezas…(sic)”.

Éstas no son las únicas amenazas derivadas de los hechos del 8 de mayo. El mismo viernes, una reportera confió a ARTICLE 19 haber recibido una llamada donde fue amenazada, diciéndole sus agresores que contaban con imágenes desde distintos ángulos de su presencia en la Plaza de Armas al momento del ataque armado.

Lo sucedido en la Plaza de Armas genera un precedente alarmante respecto a las condiciones en que la prensa en Morelos desempeña su labor. Si bien lo sucedido no fue un ataque directo contra los trabajadores de los medios presentes en el área, la aparición posterior de mensajes a través de mantas y cartulinas donde se amenaza a la prensa que se encontraba en la plaza y en general a quienes se dedican a la labor informativa en la región, genera alarma  y preocupación de que este tipo de sucesos formen parte del panorama cotidiano para las y los periodistas de Morelos.

ARTICLE 19, CIMAC, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus sigas en inglés), Periodistas de A Pie y Reporteros Sin Fronteras consideran que el grupo de periodistas presentes en la Plaza de Armas de Cuernavaca, el pasado miércoles 8 de mayo se encuentran en alto riesgo y es obligación inminente del estado tomar medidas urgentes  para que este riesgo no se materialice. Por ello exigen:

Al Gobierno de Morelos cumplir con la obligación de mantener condiciones idóneas para la práctica periodística no sólo en la capital del estado sino en todo su territorio, proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad ha sido puesta en peligro mediante la adopción de medidas adecuadas a cada caso y procurar justicia a través de la investigación y sanción a los responsables de los hechos del 8 de mayo y de las amenazas vertidas a través de mantas y cartulinas en los días posteriores.

Exigimos también se investigue el origen de los mensajes amenazantes ciñéndose al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometido contra la Libertad de Expresión a fin de dar con los responsables y se establezcan las sanciones correspondientes, para asegurar la no repetición de estas agresiones y la salvaguarda del ejercicio periodístico.

Exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contacte a las y los periodistas presentes en la Plaza de Armas, a fin de contar la información necesaria para analizar el nivel de riesgo al que se enfrentan y otorgar las medidas correspondientes para la protección de cada periodista y sus familias.

Organizaciones que suscriben:

ARTICLE 19
CIMAC
CPJ
Periodistas de a Pie
Reporteros sin Fronteras

 Foto: Fernando Santillán

El Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato es un grupo integrado por más de 30 periodistas y personas defensoras de derechos humanos que promueven el libre ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en la entidad. Al tener presencia en varios municipios, se presenta como una plataforma amplia e independiente a lo largo y ancho de Guanajuato.

Conformado desde 2014, este Colectivo ha participado en el proceso de aprobación de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guanajuato, así como en la elaboración de su Reglamento, y forman parte del Consejo Estatal de Protección, presidido por el Secretario de Gobierno.

En agosto de 2018 este Colectivo recibió mensajes intimidatorios, por lo que las organizaciones nacionales —Propuesta Cívica y CIMAC- e internacionales —Reporteros Sin Fronteras (RSF), Article 19 y el Committee to Protect Journalists (CPJ)-, enviaron una carta al Gobernador del Estado, pidiendo medidas de protección. Los hechos fueron denunciados, sin que hubiera avance en las investigaciones.

Se debe recordar que de 2009 a 2018, Article 19 ha documentado 81 agresiones a periodistas en la entidad. Tan sólo en 2018 la organización presentó 25 casos en su informe anual.

Sobre los casos que se denuncian, manifestamos públicamente que, desde febrero de 2019, Arnoldo Cuéllar, Verónica Espinosa, Kennia Velázquez y Raymundo Sandoval, integrantes de este Colectivo, han enfrentado una campaña sistemática de ataques en twitter, caracterizada por acoso selectivo de al menos una veintena de cuentas anónimas. Estos ataques cibernéticos han afectado también a otras cuentas, como la del periodista y académico Saúl Arellano, editor de Newsweek Guanajuato.

Como parte de esta campaña, el 06 de abril una usuaria de twitter creó la lista denominada “Huachicoleros”, en la que incluye a varios integrantes del Colectivo por la Libertad de Expresión, lo que constituye un acto de criminalización del trabajo que realizan. Cabe señalar que la Red Rompe el Miedo, coordinada por Article 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Datacivica, documentó un mensaje de desprestigio similar durante la campaña electoral de 2018 (ver caso), en el que a través de un video difundido por una cuenta anónima en Facebook, se ligaba al portal El Salmantino con grupos de la delincuencia organizada.

El evento más grave lo constituye la usurpación de identidad del usuario de twitter @ray_sandoval, documentado el 26 de abril del presente año. Cabe señalar que horas antes, Raymundo Sandoval había cambiado su usuario a @colectivodhpaz, sin modificar el ID y los datos asociados con la cuenta original.

Estos hechos, calificados como “impersonation atack” (ataque de usurpación) por parte de twitter, fueron suficientes para que la cuenta fuera suspendida a petición de Sandoval. El afectado ha solicitado a la FEADLE que inicie una carpeta de investigación por el delito federal “uso indebido o usurpación de identidad” (artículos 221, 223 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Por estos mismos hechos, el doctor Sandoval ha sido incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación Federal.

Por ello, quiénes abajo firmamos:

1. Exigimos al Gobierno de Guanajuato colaborar con el Mecanismo Federal para otorgar medidas de protección para quienes integran el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, y en su caso otorgar medidas en lo local. Responsabilizamos al Gobernador en caso de que la violencia contra el Colectivo escale.

2. Las cuentas que encabezan la campaña al mismo tiempo defienden al Gobierno de Guanajuato, por ello exigimos al Gobernador que inicie una investigación al interior de su Gobierno, que determine si hay o no funcionarios operando la campaña, y en caso de ser así, que emita una sanción.

3. El Consejo Estatal de Protección está obligado a establecer una política pública en materia de libertad de expresión con énfasis en la atención de las causas de las agresiones, incluidas las digitales.

4. La Fiscalía General de la República debe investigar los hechos constitutivos de delito a través de la FEADLE, llegando hasta la sanción de los responsables, y cumpliendo el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

5. Pedimos que el Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) Raúl Montero de Alba, inicie una investigación por estos hechos, actuando de manera independiente y diligente; haciendo, en su caso, las recomendaciones que sean pertinentes al Gobierno de Guanajuato.

6. Exhortamos al Congreso de Guanajuato que incluya en la Ley, en calidad de agresiones a las campañas de acoso selectivo en el ámbito digital, cuando éstas intenten limitar el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos son actores clave de la Democracia, así ha sido reconocido en el 20º aniversario de la Declaración de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la ONU en 2018. “No se callen”, dijo hace poco Ángela Merkel a activistas. Esperamos que el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato no lo haga.

Exigimos una respuesta contundente por parte del Gobernador de Guanajuato.

Imagen: Canal 44

Por: Samantha Páez

• El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (CPS) acordó presentar una solicitud al Consejo de la Judicatura
• Para Víctor Javier Martínez, abogado de Propuesta Cívica, el juez no debió admitir demanda contra Pedro Mellado, ya no había pruebas en su contra

El pasado 13 de marzo el Poder Judicial de la Federación dictó una sentencia favorable a Pedro Mellado Rodríguez, periodista de Jalisco, sobre quien pesaba una demanda por daño moral por parte del entonces diputado Enrique Aubry de Castro Palomino.

Mellado explicó durante una entrevista con Periodistas de a Pie que la demanda de Aubry data de enero de 2016. Llevaba años siendo crítico con el entonces candidato del Partido Verde, debido a que incumplía con el requisito de residencia de al menos dos años en el estado de Jalisco para obtener una postulación.

Enrique Aubry era en ese entonces regidor en el municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México, por lo cual no habría residido en Jalisco para el momento en que se le presentó como candidato.

No fue el único tema que Pedro Mellado tocó en sus columnas en el diario El Mural, también refirió que fue denunciado por amenazar a una persona con arma de fuego después de un incidente de tránsito y después de negociar que no se le aplicara sanción por el hecho a cambio de favorecer votaciones en el Congreso de Jalisco. Así como la actitud agresiva de Aubry en el propio recinto legislativo.

Si bien el Poder Judicial jalisciense favoreció al actual dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVME), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito le dio la razón en la demanda de amparo que interpuso en contra de las sentencias emitidas por el Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial de Jalisco y por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia.

Uno de los motivos por los cuales se desechó la sentencia contra Mellado fue que ni el juez ni la sala tomaron en cuenta la profesión de Pedro Mellado, de tal forma que juzgaron como si se tratara de un asunto entre particulares y no con base al criterio de “malicia efectiva” dictado por la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN).

Tampoco Aubry probó durante el juicio el daño moral, ni la afectación a sus derechos de personalidad o referencias a la vida privada. Ni de manera previa solicitó su derecho de réplica al columnista.

“No pidió derecho de réplica, cuando fueron a la sesión de pruebas y alegatos, una de las cosas que se preguntaron fue si solicitó su derecho de réplica y nunca lo hizo. Su hubieran sido falsas ¿por qué no uso su derecho? y ¿por qué no demandó a otros de los medios de comunicación?”, expuso Mellado.

Piden investigar a magistrado

A través de un comunicado, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (CPS) informó de una solicitud al Consejo de la Judicatura de Jalisco, para que investigue la resolución de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia sobre el caso de Mellado.

Sobre todo después de que Pedro Mellado ganó un amparo para la protección de derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

La petición al Consejo de la Judicatura tiene base en el artículo 21, fracción XVII, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y el artículo 21 de su Reglamento Interno, el CPS da seguimiento al sistema anticorrupción y en especial en casos de relevancia donde se estimen irregularidades en el manejo o aplicación de los recursos públicos.

 Hay huecos legales

Víctor Javier Martínez Villa, abogado de Propuesta Cívica, refirió respecto al caso que desde un inicio no se debió aceptar la demanda contra Pedro Mellado, ya que no había pruebas que sustentaran la acusación.

Dijo que es muy común que los jueces de primera y segunda instancia civil no acaten los criterios de la Primera sala en materia liberta de expresión y delitos contra el honor. “Ellos no están capacitados en derechos humanos, ellos son jueces que dirimen entre particulares y cuando llegan estos casos  no saben cómo atenderlos”, agregó Martínez.

Por eso motivo periodistas y medios de comunicación generalmente pierden las demandas por daño moral en la primera y segunda instancia, es hasta que llegan al Poder Judicial de la Federación que se falla a favor de la libertad de expresión.

Otra cuestión que mencionó Víctor Javier Martínez es que en Jalisco habría un hueco legal en el Código Civil, pues indica que no habrá responsabilidad de daño moral por el ejercicio de la libertad de expresión, pero no menciona el criterio de “malicia efectiva”, donde se tiene que comprobar que periodista o medio difundieron información falsa o inexacta con la clara intención de dañar.

Asimismo habría un vacío legal a nivel nacional, porque los jueces civiles aceptan “demandas frívolas” y sin pruebas, en las que las figuras que demandan a los medios de comunicación o periodistas lo hacen para amedrentarlos. Entonces también haría falta una reforma para que haya requisitos más estrictos en este tipo de casos.

Ilustración: Eric Drooker / Internet

  Foto: Especial

Texto: Pedro Matías / Pagina3

Emboscado en la comunidad de San Angustín Loxicha, en la sierra sur de Oaxaca, fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal e integrante de la sección 22 de la CNTE. Es el sexto comunicador asesinado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El crimen ocurrió en la vísoera del Día Mundial de la Libertad de Prensa

Este texto fue publicado originalmente en Página 3 y Pie de Página, medios integrante de la alianza de medios Tejiendo Redes, de la Red de Periodistas de A Pie

OAXACA, OAXACA.- Telésforo Santiago Enríquez, director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”, fue emboscado y asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de esta entidad.

El maestro de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) participaba en la radio a través de un noticiario y promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

El atentado ocurrió la tarde del 2 de mayo de 2019, cuando el profesor de educación indígena se dirigía a la radio comunitaria, ubicada en el barrio Ampliación de las Tres Cruces, perteneciente a San Agustín Loxicha.

En su cuenta de Facebook, la exdiputada federal Aida Fabiola Valencia escribió: “Lamento informar el cobarde asesinato del Profesor Telésforo Santiago Enríquez, promotor del rescate cultural a través de su radio el Cafetal. La libertad de expresión y de pensamiento lo han llevado a la tumba”.

Aunque el maestro de educación indígena vivía a la entrada de San Agustín Loxicha, tenía que trasladarse hasta el barrio Ampliación de las Tres Cruces donde se encuentra la radio comunitaria, que está a unos 20 minutos de distancia de la cabecera municipal.

En el trayecto, el profesor, quien hace unos años fue candidato a la presidencia municipal fue emboscado y asesinado con armas de fuego.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Oaxaca y el gobierno del estado no han informado sobre el atentado.

De acuerdo a la documentación realizada por la Red de Periodistas de a Pie, Telésforo Santiago Enríquez es el sexto comunicador asesinado en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Los primeros casos fueron los de Rafael Murúa y Gustavo Cruz Mendoza, en Baja California Sur y Oaxaca, respectivamente, el 20 de enero.

Un mes después, el 20 de febrero, fue asesinado Samir Flores, opositor a la Termoeléctrica que forma parte de Proyecto Integral Morelos.

Santiago Barroso, integrante de Portal Red 653, en Sonora, fue asesinado el 16 de marzo.

Una semana después, el 24 de marzo, en Sinaloa, mataron a Omán Iván Camacho.

Ninguno de estos homicidios ha sido esclarecido por las autoridades. Y en algunos casos, como el de Samir Flores, en Morelos, el expediente fue extraviado.

El asesinato de Telésforo Santiago Enríquez ocurrió un día antes de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo.

Texto y fotos: Norma Trujillo y Raziel Roldán / Voz Alterna 

El invierno de 2011 iniciaba, se había ido a su pueblo a pasar la Navidad con sus padres y familia, una llamada telefónica entró a su celular Black Berry -que apenas aprendía a utilizarlo-, era para darle una orden de información de la Revista Proceso, ello la hizo retornar a su casa que se ubica en la colonia Felipe Carrillo Puerto de la capital veracruzana. Desde afuera nada parecía anormal, pero al entrar su sorpresa fue que del baño salía vapor, encontró mojado el piso, como si alguien se hubiera bañado minutos antes, los jabones de tocador que tenía almacenados fueron desenvueltos y batidos, los dedos de quien lo hizo se habían quedado marcados. Eran los primeros indicios de una amenaza que ella solo quiso que algunos de sus amigos lo supieran, “¿la pinche Procu qué va a hacer?”, se cuestionaba.

Y así fue, la Procuraduría de Justicia de aquel entonces, hoy Fiscalía General del Estado, el sábado 28 de abril de 2012, dio a conocer que la periodista Regina Martínez Pérez fue encontrada estrangulada en su domicilio de la colonia Reforma de Xalapa, desde entonces la entonces Procuraduría General del Estado, lanzó las primeras versiones que el crimen fue por robo y pasional. Se menciona en el expediente que la periodista falleció a causa de “anoxia por estrangulamiento” y que hubo lucha antes de ser sacrificada, pero en el expediente de la investigación ministerial 19/2012/PC no hay respuestas a las interrogantes ¿dónde están las muestras de la piel que tenían sus uñas?, por ejemplo, en el perfil de ADN de las gotas de sangre encontradas en la escena del crimen, corresponden a los acusados; dónde están la sábanas de llamadas de sus teléfonos celulares, qué dice el dictamen de sus correos electrónicos y de la computadora, el análisis de los grupos de interés que afectó con sus trabajos de investigación, todo esto no se refleja en ninguna de las sentencias expresadas por los jueces, o al menos, alguna recomendación para cambiar la línea de investigación original.

Los encargados de aplicar la justicia dieron a conocer a los supuestos autores materiales, no se han valorado otras pruebas más allá de las testimoniales del “cómplice” o chivo expiatorio (Jorge Antonio Martínez Silva, “El Silva”) del “desaparecido” asesino material Adrián Hernández Domínguez (alias “El Jarocho”), de sus vecinos, trabajadores y hasta de los amigos y familiares de los asesinos, solo se encajonó el crimen de la periodista a un móvil pasional y de robo, pero omiten otras líneas de investigación, lo que sigue siendo una ofensa para los periodistas que buscamos una sociedad más justa, equitativa y humana.

En su momento se llamó a declarar a compañeros y amigos periodistas de Regina, declaraciones de las que la Procuraduría no desprendió ninguna sola línea de investigación en torno a sus trabajos periodísticos, ni siquiera hay en el expediente una referencia de los temas de derechos humanos y corrupción que abordaba.

Han pasado 7 años y no hay resultados, seguimos exigiendo justicia, desde el gobierno de Javier Duarte , luego el ex gobernador actual, Miguel Ángel Yunes Linares había dicho que se les daría puntual seguimiento a las investigaciones de los crímenes de todos los periodistas veracruzanos, pero pasaron dos años y tampoco exigió resultados en la investigación al fiscal Jorge Winckler, y en el actual, gobierno, han pasado 4 meses y aún no hay una señal clara que se hará justicia, lo que preocupa porque más del 90 por ciento de los casos están en la impunidad y por eso el colectivo Voz Alterna estamos tratando de reactivar junto con Artículo 19 y la ONU de reactivar la Alerta de Protección a Periodistas.

En el informe que organizaciones sociales del país entregaron al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas dentro del séptimo examen periódico a México, que se llevó a cabo el 25 de abril, son la falta de agotamiento de todas las líneas de investigación -pues muchas veces las autoridades intentan desvincular las investigaciones de la labor ejercida por las personas defensoras y periodistas- y la clasificación inadecuada de actos de tortura. Por ejemplo, en un caso es el de Armando Saldaña, periodista de radio con contenido político en Tierra Blanca fue encontrado sin vida el 4 de mayo de 2015. A pesar de los signos de tortura que presentaba su cuerpo, ante la inexistencia de un tipo penal acorde a los estándares internacionales en ese momento, las autoridades omitieron los actos de investigación requeridos en un caso de tortura; la FEADLE declaró la improcedencia del ejercicio de la facultad de atracción el 10 de septiembre de 2015, sin haberse realizado las diligencias solicitadas por sus representantes y sin analizar debidamente la declaración de las víctimas. A la fecha no se ha detenido ni condenado a ninguna persona responsable.

Fuente: Voz Alterna

OSC informaron sobre el proceso de construcción de la iniciativa de Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de #DerechosHumanos y periodistas.

👉 https://t.co/C8UOwdMAaj pic.twitter.com/iNjIYsE11O

— Cencos (@cencos) April 23, 2019

Foto: Twitter Cencos 

Texto: Fernando Santillán 

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de periodistas acuerdan con la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, ingresar en este periodo ordinario de sesiones y como iniciativa: La Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Sancionar y Reparar delitos cometidos contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

En conferencia de prensa Fernando Ríos Martínez, integrante de la Red de Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos, señaló que desde la Sociedad civil se ha impulsado el carácter preventivo que debe de tener el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para encontrar justicia y verdad, reparación y no repetición de agresiones en contra de periodistas y personas defensores de derechos humanos.

También dijo que es conocido que ambos colectivos periodistas y defensores de DDHH, viven una situación alarmante y amenazante, donde solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron asesinados doscientas dos personas defensoras de DDHH y periodistas y en lo que va del gobierno actual han sido asesinadas 13 defensoras de DDHH y periodistas.

Ante esta situación Fernando, mencionó que con esta iniciativa de ley no se pretende terminar con el mecanismo actual si no mejorarlo y ampliarlo para tener una mayor garantía de derechos humanos.

Definiciones 

Quiénes son las personas defensoras de derechos humanos:

Cualquier persona física o grupo de personas sin distinción de ninguna clase, tal como sexo, raza, color, lengua, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, posición económica, propiedad, estado civil, nacimiento, incapacidad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, características del sexo u otro., que actúen individualmente o en asociación o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya actividad se la de promover, proteger o luchar porque se protejan y se cumplan los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier parte del territorio nacional o internacional.

Quiénes son las personas periodistas:

Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuya acción consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de plataforma de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

Los Retos

Por su parte  Jade Ramírez Cuevas, periodista ex consejera del mecanismo, mencionó que con esta iniciativa se busca modificar el marco jurídico de la ley ya que existen omisiones y dilaciones en como se procesan los casos de emergencia sobre delitos en contra de personas defensores de DDHH y periodistas, toda vez que cualquier autoridad puede desestimar los ordenamientos que la junta de gobierno del mecanismo les hace para otorgar medidas duras, blandas, o afirmativas como es: el reconocimiento público o disculpas públicas a periodistas y defensores, debido a que la ley actual no es una ley general.

También dijo que será un reto impulsar versiones de esta iniciativa en los estados, pero es la manera que se debe seguir para tener realmente unidades de atención y protección de personas defensores de DDHH y periodistas en los estados.

Así mismo dijo que es necesario que los legisladores escuchen, se involucren y se responsabilicen de los delitos en contra de periodistas y personas defensoras de DDHH, ya que se sigue señalando como los principales agresores a las autoridades.

Para la elaboración de esta iniciativa impulsada por más de 120 organizaciones nacionales de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas y más de 100 personas, se llevaron a cabo al menos 8 mesas técnicas donde participaron asesores de técnica legislativa, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, víctimas de violaciones de derechos humanos, donde además fueron invitados a participar a la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en México.

Más información

Escucha aquí la conferencia: OSC informarán sobre iniciativa de ley general para proteger a personas defensoras de DDHH y periodistas.

Boletín de prensa: Hacia una política pública integral para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Proceso de construcción de la iniciativa de Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas

Texto: La Verdad de Juárez.  
Foto: Daniela Pastrana

Emite recomendación a la Secretaría General de Gobierno estatal para que establezca sanciones a servidores públicos estatales que atentaron contra Rocío Gallegos, se encargue de reparar el daño e inscriba a la informadora en el registro estatal de víctimas

Este texto fue publicado originalmente en La Verdad de Juárez, medio integrante de la alianza de medios Tejiendo Redes, de la Red de Periodistas de A Pie

Ciudad Juárez– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua determinó que hay evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho a la libertad de expresión de la periodista Rocío Gallegos, por parte de servidores público del Gobierno del Estado de Chihuahua, en hechos ocurridos en noviembre del 2017.

Así quedó asentado en la recomendación número 36/2019 emitida el pasado 17 de abril y firmada por el aún presidente del organismo José Luis Armendáriz González.

El documento, uno de los últimos firmados por Armendáriz –quien entregó la presidencia del organismo el 22 de abril– se dirigió al secretario General de Gobierno, Sergio César Alejandro Jáuregui a quien pide que instaure procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos denunciados por la periodista y en su caso impongan las sanciones que en derecho corresponden.

También pide reparar de manera integral el daño a la periodista, que la inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y se someta ante el Comité del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del estado la propuesta de capacitar a los servidores públicos sobre el respeto al trabajo de los periodistas y la importancia de la libertad de expresión.

Tras conocer la resolución, la periodista Rocío Gallegos, directora del sitio La Verdad, Periodismo de Investigación, dijo que es un gran logro para el periodismo, con el que se sienta un precedente en un hecho en el que estuvieron involucrados funcionarios del estado de Chihuahua, quienes a través de sitios digitales y redes activaron una campaña en mi contra, me acusaron de generar un daño social a través del periodismo.

A través de eso sitios digitales, entre los que estuvieron las cuentas del propio gobernador Javier Corral, se atentó en contra de mi libertad de expresión y el derecho a saber de la ciudadanía, agregó Gallegos, quien en ese entonces se desempeñaba como directora editorial de El Diario de Juárez, empresa a la que renunció el 18 de febrero del 2018.

Gallegos dijo que lo único lamentable es que el propio estado es quien debe determinar sanciones contra sus propios funcionarios.

Los hechos que desataron la queja de la periodista ante el organismo derechohumanista se registraron el 9 de noviembre del 2017.

En ese entonces, tras la publicación de una nota sobre un video donde se le acusa de proteger a un presunto narcotraficante, el gobernador Javier Corral Jurado, publicó en su página personal un artículo de opinión con señalamientos en contra de la periodista Rocío Gallegos.

En ese escrito difundido en el sitio del gobernador y varias cuentas vinculadas con Comunicación Social del Gobierno del Estado se descalificaba el trabajo de Gallegos y la acusaron de generar un daño social a través del periodismo.

Ese día, el mandatario estatal compartió en su página oficial http://www.javiercorral.org la columna titulada “La apuesta a la inestabilidad social no es periodismo”, realizada por Luis Cardona, quien entonces aparecía en el directorio oficial como empleado estatal, aunque oficialmente se informó que ya no trabaja para el gobierno.

El mismo artículo se compartió en una página de Facebook a nombre de Javier Corral (Prensa), identificada como una cuenta administrada por el equipo de prensa del gobernador, en la que destaca lo siguiente:

“De nada sirvieron a Rocío Gallegos los cursos nacionales e internacionales sobre ética periodística. No sirvieron de nada la cantidad de premios que recibía antaño, concursaba en cuanta convocatoria aparecía. La soberbia y esa fobia que practica, que no se alínea (sic) a su grupo, han sido el motivo de la persecución y descalificación contra semejantes”.

Ante la situación, la organización defensora de la Libertad de Expresión Artículo 19 se pronunció en ese entonces y su personal asesoró a la periodista en el seguimiento del caso ante la CEDH.

Diecisiete meses después –la queja se interpuso el 15 de noviembre del 2017– tras concluir sus investigaciones y conocer las versiones de la quejosa, así como de testigos y la autoridad señalada, la CEDH determinó que “hay evidencias suficientes para acreditar violaciones a la libertad de expresión” de la periodista Rocío Gallegos, por parte del funcionarios estatales.

En la recomendación se menciona que el gobierno del estado respondió que en ningún memento el gobernador Corral pretendió agredir a la periodista Rocío Gallegos, “a quien reconocemos su profesionalismo al margen de la línea editorial del medio (en el que entonces laboraba)”.

En su resolución, la CEDH de Chihuahua expone que al haberse acreditado una violación a los derechos fundamentales de la periodista, le asiste como víctima el derecho a la reparación integral del daño, conforme a lo establecido en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución del país.
También pide garantizar la no repetición de actos violatorios de similar naturaleza.

Se informó que la autoridad tiene 15 días para externar su posición ante tal recomendación.

La organización Artículo 19, emitió una alerta por las amenazas de muerte que recibió la periodista Ana Luisa Cantoral, colaboradora de los medios digitales de Oaxaca Página3.mx y MVM Noticias, el pasado 10 de abril.

De acuerdo a la organización  la periodista recibió las amenazas vía mensaje de texto. «El primero ocurrió a las 3:15 PM, en el que además de la amenaza, se vincula afectivamente con alguien del medio El Impacial y el segundo fue alrededor de las 7:00 PM. En ambos existen amenazas de muerte explícita, además en el segundo se hace referencia a un casco rosa, el cual ella utiliza para trasladarse en motocicleta para hacer sus coberturas, por lo que dan a entender que efectivamente la tienen identificada».

Ante estas amenazas la organización pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, proteger a la periodista y su familia e hizo un llamado a los funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública Oaxaca, omitir cualquier acto que pueda inhibir el ejercicio de la libertad de expresión de la periodista.

También pidió a las Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, inicie una investigación imparcial y tome como principal línea de investigación de las amenazas su labor periodística

Ana Luisa Cantoral, es colaboradora del medio digital Página 3, integrante de la alianza de medios Tejiendo Redes de la Red de Periodistas de a Pie.

La alianza de medios Tejiendo Redes se conforma de los medios: Lado B de Puebla; Voz Alterna de Veracruz; Raichali de Chihuahua; Noroeste de Sinaloa; Apeg-Trinchera de Guerrero; Zona Docs de Jalisco; Página 3 de Oaxaca; Chiapas Paralelo de Chiapas, La Verdad de Ciudad Juárez; Pie de Página de Ciudad de México.