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Rafael Murúa, periodista asesinado en BCS, denunció agresiones en 2018 en el blog El Organismo

En 52 días de gobierno de Felipe Prado he vivido más agresiones y abuso de autoridad que en los 6 años anteriores desde que ejerzo el periodismo en mi natal Santa Rosalía.

Dista mucho de ser el propósito de este artículo acusar a una persona por estos incidentes. Mucho menos persigo que se haga justicia por estas líneas, de hecho, creo que nunca podrán reparar el daño al ver la tranquilidad de mi familia interrumpida por la intolerancia de quien sea que esté detrás de esto, pero preciso es que se aclare.

Lo que quiero es reiterar el compromiso que tengo con mi comunidad y su bienestar, por lo que constituimos Ondas en la Playa A.C. (OP) y creamos una radio local en Frecuencia Modulada (FM) y un sitio web de noticias con dominio propio, ambos medios de comunicación, los primeros en su tipo en la historia. La radio sigue siendo la única en Santa Rosalía. En nuestra página web tenemos 6 años ejerciendo profesionalmente el periodismo.

Como presidente de OP mi deber fue gestionar una radio para los “kashanos”. Mi trabajo ahora es sustentar la frecuencia XHOLP 93.3 FM para que la población haga los programas de radio que quiera hacer. Como los niños y niñas de la Escuela Primaria Benito Juárez que actualmente en nuestra programación nos recuerdan los sitios históricos de la ciudad, nos dan los consejos de la semana, exhortan a una sana convivencia y nos prohíben tirar ciertos artículos al mar.

Ser presidente de una Organización No Gubernamental (ONG) y director de dos medios de comunicación es trabajo de tiempo completo. No obstante, tuve que agregar a mis deberes el de ser periodista, ya que la persona que invitamos a ser Jefe de Noticias de nuestros medios en 2011 rechazó la oportunidad. Ignoro si fue miedo, escepticismo o flojera, pero yo no me podía dar ninguno de esos lujos.

Ejercer el periodismo en Santa Rosalía me ha traído bastante satisfacción, incluyendo un título profesional, pero también varias amenazas de muerte, intentos de censura al más dictatorial estilo, calumnias, traiciones, enemistades, e invaluable conocimiento y experiencia; todavía me sigue sorprendiendo esta profesión.

Por primera vez, opinar sobre un tema de política causó agresiones a mi persona, familia y patrimonio. Cabe señalar que me expresé solamente en mi cuenta personal de Facebook, no en la de Radiokashana FM, tampoco en nuestro sitio web o radio.

El 29 de octubre de 2018, pasado a las 16:17 horas, publiqué: “La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado. Prefiere que los funcionarios le preparen su fiesta de cumpleaños que cumplir con acuerdos entre Gobierno del Estado y Municipio: ‘son convenios con otro Ayuntamiento, no con este’, contestó. El Presidente sigue en campaña, poniendo en riesgo equipo de cientos de miles de pesos que usa la Policía Estatal y Municipal, así como Protección Civil.” Tampoco en esta ocasión profundizaré sobre este tema, ya que por su naturaleza es delicado y me preocupa la seguridad pública.

Esa misma noche me estaban advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Casualmente la información venía de la casa de uno de los funcionarios de la actual administración municipal con puesto de coordinador.

Dos días después una muchedumbre de adultos golpeó estruendosamente, en repetidas ocasiones, las rejas de la cochera de mi hogar. Enseguida al otro extremo de la casa una bala quebró una de las ventanas del segundo piso.

Cuatro días más pasaron incluyendo el día de muertos. El lunes 5 de mayo una comandante de policía municipal llegó a nuestro estudio de grabación y redacción diciéndome que me estaba buscando para llevarme detenido, al igual que el vehículo que usaba en ese momento, en garantía hasta que pagara los daños de un auto cuyo dueño no lo pidió, mucho menos interpuso una demanda. Además, supuestamente, lo había chocado dos días antes y la comandante no tenía testigos. A todas luces se trataba de una privación de la libertad extrajudicial. No lo permití.

¿Hechos aislados?

Funcionarios del XVI Ayuntamiento de Mulegé, presidido por Felipe Prado Bautista, me han llamado paranoico delirante de persecución por señalar estos hechos, aunque jamás he señalado a nadie por ello. No pretendo acusar aquí a una persona por estos incidentes.

Con 10 años de experiencia como periodista ejerciendo en el segundo país más peligroso del mundo para hacerlo y, como Director General de una Radio Comunitaria, cuento con medidas y protocolos de seguridad. Lo que llama mi atención es la antelación de las agresiones a mi trabajo. Desde el pasado proceso electoral ya no escribí nada.

Atendiendo al compromiso que tengo con mi comunidad, salgo de mis primeras vacaciones en seis años del periodismo para compartir con la opinión pública esta lamentable cadena de sucesos perfectamente normales hace un siglo. Lo hago en un contexto por demás alarmante para los muleginos en seguridad y democracia.

Quien quiera que sea que ha usado su poder para dirigir estas agresiones, públicamente le tengo que decir que no entiendo indirectas, no publicamos mentiras o verdades a medias. El conflicto armado no declarado que azota el país aumentó gravemente la violencia en nuestra entidad y localidad, es un tema que no investigamos, preferimos mantener los micrófonos abiertos a la expresión ciudadana, manteniendo al margen de nuestra radio la política partidista, y denunciando el más mínimo abuso de autoridad.

Nuestra conciencia no tiene precio.

Rafael Murúa Manríquez
Licenciado en Periodismo
Director General de Radiokashana FM

Rafael Murúa, periodista asesinado en BCS, denunció agresiones en 2018 en el blog El Organismo

Publicado: 21.01.2019

Rafa

RAFAEL MURÚA MANRÍQUEZ

En 52 días de gobierno de Felipe Prado he vivido más agresiones y abuso de autoridad que en los 6 años anteriores desde que ejerzo el periodismo en mi natal Santa Rosalía.

Dista mucho de ser el propósito de este artículo acusar a una persona por estos incidentes. Mucho menos persigo que se haga justicia por estas líneas, de hecho, creo que nunca podrán reparar el daño al ver la tranquilidad de mi familia interrumpida por la intolerancia de quien sea que esté detrás de esto, pero preciso es que se aclare.

Lo que quiero es reiterar el compromiso que tengo con mi comunidad y su bienestar, por lo que constituimos Ondas en la Playa A.C. (OP) y creamos una radio local en Frecuencia Modulada (FM) y un sitio web de noticias con dominio propio, ambos medios de comunicación, los primeros en su tipo en la historia. La radio sigue siendo la única en Santa Rosalía. En nuestra página web tenemos 6 años ejerciendo profesionalmente el periodismo.

Como presidente de OP mi deber fue gestionar una radio para los “kashanos”. Mi trabajo ahora es sustentar la frecuencia XHOLP 93.3 FM para que la población haga los programas de radio que quiera hacer. Como los niños y niñas de la Escuela Primaria Benito Juárez que actualmente en nuestra programación nos recuerdan los sitios históricos de la ciudad, nos dan los consejos de la semana, exhortan a una sana convivencia y nos prohíben tirar ciertos artículos al mar.

Ser presidente de una Organización No Gubernamental (ONG) y director de dos medios de comunicación es trabajo de tiempo completo. No obstante, tuve que agregar a mis deberes el de ser periodista, ya que la persona que invitamos a ser Jefe de Noticias de nuestros medios en 2011 rechazó la oportunidad. Ignoro si fue miedo, escepticismo o flojera, pero yo no me podía dar ninguno de esos lujos.

Ejercer el periodismo en Santa Rosalía me ha traído bastante satisfacción, incluyendo un título profesional, pero también varias amenazas de muerte, intentos de censura al más dictatorial estilo, calumnias, traiciones, enemistades, e invaluable conocimiento y experiencia; todavía me sigue sorprendiendo esta profesión.

Por primera vez, opinar sobre un tema de política causó agresiones a mi persona, familia y patrimonio. Cabe señalar que me expresé solamente en mi cuenta personal de Facebook, no en la de Radiokashana FM, tampoco en nuestro sitio web o radio.

El 29 de octubre de 2018, pasado a las 16:17 horas, publiqué: “La Seguridad Pública no le importa a Felipe Prado. Prefiere que los funcionarios le preparen su fiesta de cumpleaños que cumplir con acuerdos entre Gobierno del Estado y Municipio: ‘son convenios con otro Ayuntamiento, no con este’, contestó. El Presidente sigue en campaña, poniendo en riesgo equipo de cientos de miles de pesos que usa la Policía Estatal y Municipal, así como Protección Civil.” Tampoco en esta ocasión profundizaré sobre este tema, ya que por su naturaleza es delicado y me preocupa la seguridad pública.

Esa misma noche me estaban advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Casualmente la información venía de la casa de uno de los funcionarios de la actual administración municipal con puesto de coordinador.

Dos días después una muchedumbre de adultos golpeó estruendosamente, en repetidas ocasiones, las rejas de la cochera de mi hogar. Enseguida al otro extremo de la casa una bala quebró una de las ventanas del segundo piso.

Cuatro días más pasaron incluyendo el día de muertos. El lunes 5 de mayo una comandante de policía municipal llegó a nuestro estudio de grabación y redacción diciéndome que me estaba buscando para llevarme detenido, al igual que el vehículo que usaba en ese momento, en garantía hasta que pagara los daños de un auto cuyo dueño no lo pidió, mucho menos interpuso una demanda. Además, supuestamente, lo había chocado dos días antes y la comandante no tenía testigos. A todas luces se trataba de una privación de la libertad extrajudicial. No lo permití.

¿Hechos aislados?

Funcionarios del XVI Ayuntamiento de Mulegé, presidido por Felipe Prado Bautista, me han llamado paranoico delirante de persecución por señalar estos hechos, aunque jamás he señalado a nadie por ello. No pretendo acusar aquí a una persona por estos incidentes.

Con 10 años de experiencia como periodista ejerciendo en el segundo país más peligroso del mundo para hacerlo y, como Director General de una Radio Comunitaria, cuento con medidas y protocolos de seguridad. Lo que llama mi atención es la antelación de las agresiones a mi trabajo. Desde el pasado proceso electoral ya no escribí nada.

Atendiendo al compromiso que tengo con mi comunidad, salgo de mis primeras vacaciones en seis años del periodismo para compartir con la opinión pública esta lamentable cadena de sucesos perfectamente normales hace un siglo. Lo hago en un contexto por demás alarmante para los muleginos en seguridad y democracia.

Quien quiera que sea que ha usado su poder para dirigir estas agresiones, públicamente le tengo que decir que no entiendo indirectas, no publicamos mentiras o verdades a medias. El conflicto armado no declarado que azota el país aumentó gravemente la violencia en nuestra entidad y localidad, es un tema que no investigamos, preferimos mantener los micrófonos abiertos a la expresión ciudadana, manteniendo al margen de nuestra radio la política partidista, y denunciando el más mínimo abuso de autoridad.

Nuestra conciencia no tiene precio.

Rafael Murúa Manríquez
Licenciado en Periodismo
Director General de Radiokashana FM

Puedes leer la publicación original aquí: https://elorganismo.wordpress.com/2018/11/14/gonzolador-censura-en-mulege/

No estamos haciendo lo suficiente

Donde sea que miremos hoy en el mundo hay señales del desastre ambiental. En la atmósfera: hemos depositado millones de toneladas de CO2 que están generando un calentamiento de la temperatura promedio global y que podría superar el umbral de los 2 grados a fines de este siglo. En los océanos, ese exceso de dióxido de carbono, está incrementando la acidez de las aguas y destruyendo los arrecifes de coral, poniendo en riesgo su existencia. En estos mismos mares, flota para nuestra vergüenza una isla de plástico tres veces el tamaño de Francia, y también de ellos la industria pesquera extrae todos los días toneladas de especies marinas.

El impacto del hombre y la extracción de recursos continúan en tierra. A los bosques los estamos destruyendo a un ritmo en el que, al hacerlo, liberamos aún más CO2 a la atmósfera del planeta, alteramos los patrones de lluvia, reducimos la biodiversidad, acorralamos a pueblos indígenas que habitan esos territorios hace siglos y, al mismo tiempo, borramos para siempre especies de plantas y animales que ni la ciencia ha tenido tiempo de observar y conocer. En la Amazonía, las mafias criminales envenenan con toneladas de mercurio los ríos para extraer el oro que termina alimentando las refinerías de Europa, Asia y Estados Unidos.

Nuestra especie está destruyendo árboles y animales antes de que siquiera podamos descubrirlos y maravillarnos ante ellos. Los insectos, el principio de la cadena alimenticia de todos los seres vivos, están esfumándose con consecuencias aterradoras.

Según la Agencia Internacional de Energía, desde 1990 el uso de combustibles fósiles ha aumentado. Aunque la producción de petróleo creció a un ritmo más lento entre 1990 y 2017, la producción de carbón se duplicó en el mismo periodo sobre todo en China. Incluso, las inversiones en energía limpia se han realizado con una racionalidad puramente económica y bajo un manto de corrupción. Un estudio publicado en 2017 en la revista científica Plos One, pronostica que la construcción de solo seis represas podría cambiar el ciclo de vida de la cuenca amazónica. Estamos provocando un apocalipsis del que más temprano que tarde seremos víctimas.

El naturalista británico David Attenborough (Inglaterra, 1926) sintetiza este panorama de forma clara: ha dicho y repetido de la forma más clara posible: «En este momento nos enfrentamos a un desastre hecho por el hombre a escala global, nuestra mayor amenaza en miles de años es el cambio climático. Si no actuamos, el colapso de nuestras civilizaciones y la extinción de gran parte del mundo natural está en el horizonte”.

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado en octubre de 2018, nos advierte que el desastre es inminente si es que hoy no hacemos algo. El documento elaborado por el grupo de científicos más importante del mundo tiene mensajes para todos, gobernantes y hasta el último ciudadano de a pie: cada pequeño aumento de la temperatura importa, cada año importa, cada decisión que tomemos tendrá consecuencias en el futuro cercano. Tenemos menos de 10 años para detener la intensidad actual con la que emitimos gases en la atmósfera. Ya no valen mucho más los diagnósticos. Hasta de cifras e informes está saturado el Planeta. Es tiempo de actuar.

Pero cada ser humano sobre el planeta tiene también una responsabilidad. Mientras un joven holandés ideó un método para recolectar el plástico del océano, decenas de ambientalistas y líderes indígenas dan su vida todos los años por la protección de bosques y otros recursos naturales a lo largo y ancho del mundo. Algunos empresarios renuevan la esperanza subvirtiendo la forma tradicional de hacer negocios para integrar la naturaleza en sus cuentas y balances. En laboratorios se reinventan las formas de producir energía, desde la fusión nuclear que imita la potencia del sol, hasta paneles solares de última generación, motores de hidrógeno. También vemos renacer costumbres sencillas y pérdidas como el uso de fibras naturales para reemplazar materiales no biodegradables.

El periodismo no es un oficio aislado a esta responsabilidad. Los periodistas de todo el continente tenemos un compromiso profundo para entender que el planeta entero debe transitar hacia un modelo de crecimiento y desarrollo diferente. Un cambio que sin duda estará atravesado por conflictos, pero también de nuevas esperanzas y oportunidades. Detrás de las migraciones masivas que todos los días aparecen en nuestras páginas y pantallas, detrás de las protestas de los Chalecos amarillos en París y el rimbombante negacionismo de algunos líderes globales parece estar el mismo fenómeno: una sociedad global acomodándose ante el más grande desafío que ha encarado desde que los primeros hombres salieron de África hace 200.000 años.

El compromiso del periodismo con este momento es histórico. Es necesario interpelarnos y preguntarnos si realmente estamos haciendo lo suficiente. Como nunca antes en la historia, contamos con las mejores herramientas para comunicar información a una escala global y a velocidades tan rápidas como la de un haz de luz. Llegó la hora de actuar, y el periodismo debe ser capaz de hacer viajar a esa velocidad las soluciones y acciones que se necesitan para detener la catástrofe de la que ya estamos advertidos. El tiempo se acaba.

Medios que suscriben

Ojo-Publico.com (Perú), InfoAmazonia (Brasil), Mongabay Latam, El Espectador (Colombia), Semana Sostenible, Cuestión Pública (Colombia), Distintas Latitudes, Lado B (México), El Surtidor (Paraguay), El Deber (Bolivia), Correo del Caroní (Venezuela), GK (Ecuador), La Mula (Perú), El Desconcierto (Chile), Onda Local (Nicaragua), Actualidad Ambiental (Perú), Wayka (Perú), Red de periodistas de a pie (México), Zona Docs (México), Trinchera (México), Raíchali (México), Claves 21 (Argentina), Runrunes, El Pitazo.com, TalCualDigital (Venezuela), Red Ambiental de Información (Bolivia)

Exigencia del colectivo Medios Libres sobre el presupuesto 2019 en materia de Comunicación Social y la abrogación de la actual ley

Publicado: 19.12.2018

  • El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PPEF 2019) proyecta 4 mil 258 millones de pesos a comunicación social.
  • El Colectivo #MediosLibres exige la abrogación de la #LeyChayote, la cual no garantiza el buen ejercicio de los recursos públicos, misma que entrará en vigor el 1 de enero.

Ciudad de México, 18 de diciembre de 2018. El sábado pasado el nuevo gobierno presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la11 Federación 2019 (PPEF 2019), el cual, contempla un presupuesto a comunicación social de 4 mil 258 millones de pesos. El gobierno no ha justificado cómo se presupuestó esta cantidad o bajo qué plan o estrategia de comunicación social se basó, lo cual, bajo un ejercicio de rendición de cuentas es necesario. Asimismo, es de suma importancia que los ejercicios sobre publicidad oficial sean transparentes y públicos.

Gráfica. Comparativo del presupuesto aprobado y ejercido 2017, presupuesto aprobado 2018 y proyecto de presupuesto 2019 para comunicación social*

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cuenta Pública de 2017, PEF 2018 y PPEF 2019.

El comparativo únicamente contempla el concepto 3600 “Servicios de comunicación social y publicidad”. Las cifras del presupuesto ejercido 2018 aún no se encuentra disponible.

En mayo de este año se publicó la Ley General de Comunicación Social (LGCS), que permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, contribuyendo al uso de la publicidad oficial para controlar las líneas editoriales de los medios, generando censura indirecta y, de este modo, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Esta ley, conocida también como #LeyChayote, entrará en vigor el 1 de enero y  no contiene controles suficientes en materia de comunicación social, situación que fomenta el uso proselitista del dinero público. De igual manera, la LGCS no se apega a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional ni a lo establecido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La #LeyChayote debe ser abrogada y emitirse una nueva que contemple criterios claros y transparentes para la asignación de la publicidad oficial, así como emitir los candados necesarios para evitar sobreejercicios. Es importante recordar que desde el Colectivo #MediosLibres elaboramos una  iniciativa de ley de publicidad oficial la cual debe ser discutida y revisada a la par de que el Congreso atienda de igual forma la iniciativa que abrogue la LGCS.

La ausencia de una regulación adecuada en el gasto de publicidad oficial permite que los sobreejercicios sigan ocurriendo sin control y a discreción de las autoridades encargadas de aprobar los presupuestos. En particular, llama la atención que con respecto a la Secretaría de Gobernación se busca la aprobación de un presupuesto en comunicación social de un mil 786 millones de pesos, monto que es superior en un 854.83% con respecto a los 180 millones de pesos presupuestados en 2018 para el mismo rubro. Cabe mencionar que esta secretaría del Poder Ejecutivo Federal será la encargada de administrar la política de comunicación social, es decir, de centralizar las facultades y recursos de comunicación social, esto de conformidad con la Ley General de Comunicación Social (LGCS).

Al respecto, el Decreto del PPEF señala, como en años anteriores, que no  podrán realizarse incrementos durante el año fiscal, salvo en casos de contingencia, situación que ha sido soslayada por los distintos gobiernos federales y que ha dado paso a dichos sobreerjercicios. En este sentido, es importante recordar que la austeridad anunciada por el Presidente no será efectiva si el PEF no fija topes presupuestarios para la modificación del gasto en materia de comunicación social.

Además, si bien es cierto que el  Decreto del PPEF, determina de manera general cómo se realizará el gasto en comunicación social y advierte sobre la centralización del gasto en la Oficina de la Presidencia de la República, no fija criterios o reglas claras, objetivas y transparentes de asignación del gasto ni tampoco mecanismos de planeación, evaluación y control. Lo anterior, puede ser una limitante en la divulgación de información plural y de interés público.

Desde el Colectivo #MediosLibres exigimos al Presidente de la República y al Congreso de la Unión, la urgencia de tener una legislación que atienda los problemas actuales sobre libertad de expresión derivados del mal uso de la publicidad oficial, sobre todo cuando la LGCS institucionaliza y legaliza las malas prácticas.

Exigencia del colectivo Medios Libres sobre el presupuesto 2019 en materia de Comunicación Social y la abrogación de la actual ley

Publicado: 19.12.2018

  • El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PPEF 2019) proyecta 4 mil 258 millones de pesos a comunicación social.
  • El Colectivo #MediosLibres exige la abrogación de la #LeyChayote, la cual no garantiza el buen ejercicio de los recursos públicos, misma que entrará en vigor el 1 de enero.

Ciudad de México, 18 de diciembre de 2018. El sábado pasado el nuevo gobierno presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la11 Federación 2019 (PPEF 2019), el cual, contempla un presupuesto a comunicación social de 4 mil 258 millones de pesos. El gobierno no ha justificado cómo se presupuestó esta cantidad o bajo qué plan o estrategia de comunicación social se basó, lo cual, bajo un ejercicio de rendición de cuentas es necesario. Asimismo, es de suma importancia que los ejercicios sobre publicidad oficial sean transparentes y públicos.

Gráfica. Comparativo del presupuesto aprobado y ejercido 2017, presupuesto aprobado 2018 y proyecto de presupuesto 2019 para comunicación social*

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cuenta Pública de 2017, PEF 2018 y PPEF 2019.

El comparativo únicamente contempla el concepto 3600 “Servicios de comunicación social y publicidad”. Las cifras del presupuesto ejercido 2018 aún no se encuentra disponible.

En mayo de este año se publicó la Ley General de Comunicación Social (LGCS), que permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, contribuyendo al uso de la publicidad oficial para controlar las líneas editoriales de los medios, generando censura indirecta y, de este modo, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Esta ley, conocida también como #LeyChayote, entrará en vigor el 1 de enero y  no contiene controles suficientes en materia de comunicación social, situación que fomenta el uso proselitista del dinero público. De igual manera, la LGCS no se apega a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional ni a lo establecido en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La #LeyChayote debe ser abrogada y emitirse una nueva que contemple criterios claros y transparentes para la asignación de la publicidad oficial, así como emitir los candados necesarios para evitar sobreejercicios. Es importante recordar que desde el Colectivo #MediosLibres elaboramos una  iniciativa de ley de publicidad oficial la cual debe ser discutida y revisada a la par de que el Congreso atienda de igual forma la iniciativa que abrogue la LGCS.

La ausencia de una regulación adecuada en el gasto de publicidad oficial permite que los sobreejercicios sigan ocurriendo sin control y a discreción de las autoridades encargadas de aprobar los presupuestos. En particular, llama la atención que con respecto a la Secretaría de Gobernación se busca la aprobación de un presupuesto en comunicación social de un mil 786 millones de pesos, monto que es superior en un 854.83% con respecto a los 180 millones de pesos presupuestados en 2018 para el mismo rubro. Cabe mencionar que esta secretaría del Poder Ejecutivo Federal será la encargada de administrar la política de comunicación social, es decir, de centralizar las facultades y recursos de comunicación social, esto de conformidad con la Ley General de Comunicación Social (LGCS).

Al respecto, el Decreto del PPEF señala, como en años anteriores, que no  podrán realizarse incrementos durante el año fiscal, salvo en casos de contingencia, situación que ha sido soslayada por los distintos gobiernos federales y que ha dado paso a dichos sobreerjercicios. En este sentido, es importante recordar que la austeridad anunciada por el Presidente no será efectiva si el PEF no fija topes presupuestarios para la modificación del gasto en materia de comunicación social.

Además, si bien es cierto que el  Decreto del PPEF, determina de manera general cómo se realizará el gasto en comunicación social y advierte sobre la centralización del gasto en la Oficina de la Presidencia de la República, no fija criterios o reglas claras, objetivas y transparentes de asignación del gasto ni tampoco mecanismos de planeación, evaluación y control. Lo anterior, puede ser una limitante en la divulgación de información plural y de interés público.

Desde el Colectivo #MediosLibres exigimos al Presidente de la República y al Congreso de la Unión, la urgencia de tener una legislación que atienda los problemas actuales sobre libertad de expresión derivados del mal uso de la publicidad oficial, sobre todo cuando la LGCS institucionaliza y legaliza las malas prácticas.

Cuando los periodistas tienen que hacer activismo para exhibir las mentiras del gobierno mexicano

A fines de noviembre, cinco periodistas mexicanos fuimos invitados a viajar a Bruselas para la presentación de un programa preparado de manera conjunta entre la organización Artículo 19 y representantes en el Parlamento Europeo encabezados por el español Josep-Maria Terricabras, denominado “El Parlamento Europeo de la mano con el periodismo mexicano”.

Las mentiras del gobierno de Peña Nieto sobre el estado de los derechos humanos y en particular de la situación del periodismo ante la comunidad internacional se sostienen de manera descarada; así lo pudimos constatar en este encuentro con eurodiputadas y eurodiputados.

Nos vimos en un salón de la enorme sede del Parlamento Europeo. En la primera fase de este programa estuvimos incluidos: Carmen Aristegui, Gloria Ruiz (Coahuila), Jesús Humberto González Deleija (Tamaulipas, Rosa Eugenia Linares (Morelos), Jorge Sánchez (Veracruz) y yo por Guanajuato.

Allá nos topamos de frente con el discurso hipócrita, falsamente solidario y ridículamente justiciero del Embajador Mauricio Escareño, cabeza de la Misión de México en la Unión Europea y Embajador para Bélgica y Luxemburgo, que salió con la batea de que México “de manera conjunta con la Unión Europea condena enérgicamente todos los actos de agresión contra personas defensoras y periodistas y subrayamos nuestro firme compromiso compartido para abordar las amenazas que enfrentan y asegurar que puedan cumplir con su trabajo en total independencia”.

Cuánta indignación nos provocó escucharlo, y así se lo dijimos. No tuvo cara ni valor para quedarse al resto de la reunión. Salió pretextando otras actividades. Luego nos enteramos de que previo a esta reunión, solicitó insistentemente los nombres de las y los periodistas que acudirían a la presentación del programa. No se los dieron.

Con este programa, seis eurodiputados “adoptaron” a cada periodista, y entonces les toca enviar cartas a la Presidencia de la república, al Congreso federal y a los gobernadores de cada uno de estos estados para informarles que son “nuestros padrinos” y que están atentos a que desempeñemos nuestro trabajo y nuestras actividades relacionadas con la defensa de la libertad de expresión y de la protección a periodistas y personas defensoras sin riesgos, o a señalarlos desde el Parlamento Europeo cuando se presenten agresiones de cualquier índole.

Hablar del contexto de riesgo nacional, desde las experiencias personales.

Rosy Linares contó cómo día a día sale a reportear con su hijo Jesús Daniel (quien padece parálisis cerebral y un tipo de epilepsia) de seis años en una silla que amarra a su espalda. Jorge Sánchez habló, por supuesto, del asesinato de su padre y de cómo decidió dejar de lado a lo que se dedicaba para continuar con el medio que Moisés Sánchez imprimía, “La Unión”.

Gloria y Jesús vivieron amenazas, intimidaciones mediante actos concretos como una privación de la libertad y un hijo encañonado. Yo hablé del asesinato de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en Veracruz, y de las campañas de desprestigio de empresarios patrocinados por gobiernos y el acoso judicial por protestar por las agresiones contra colegas.

Esta es no la primera sino una iniciativa más, otro plan, una enésima estrategia con la que se quiere poner la atención desde el exterior a la situación por la que atraviesa el periodismo mexicano, la impunidad de los crímenes cometidos contra las y los periodistas, las desapariciones, el desplazamiento, el exilio, el riesgo cotidiano en tantas regiones del país.

Pero en este gobierno que terminó, el de Enrique Peña Nieto, no vimos el efecto de la presión diplomática, de la comunidad internacional, o a través de los acuerdos económicos que México tiene con otros países.

En su sexenio más periodistas fueron asesinados, se multiplicaron las agresiones, el acoso digital a las mujeres periodistas subió de tono y agravó las ofensas misóginas, y todo esto se elevó en relación inversa y proporcional a las condiciones de trabajo de las y los periodistas, los salarios precarios, la falta de prestaciones, los despidos individuales o masivos.

Ahora, en el Parlamento Europeo hay quienes creen que este momento político es una oportunidad para resolver los delitos, buscar a las y los desaparecidos, frenar las agresiones contra los periodistas mexicanos en riesgo. Ojalá.

Otorgan a colaboradores de Pie de Página y Periodistas de a Pie, Premio Nacional de Periodismo en México 2018

Nos llena de alegría y compromiso de seguir con nuestra labor periodística, compartir con ustedes, nuestros lectores, que los colaboradores Melly Arellano, Daniela Pastrana, Daniela Rea y los colaboradores de la serie Buscadores, de Pie de Página, medio de comunicación de la Red de Periodistas de a Pie, recibieron el Premio Nacional de Periodismo en México 2017, en las categorías: crónica, opinión, entrevista y una mención honorífica.

Melly Georgina Arellano Ayala, ganadora con el reportaje “Mujeres contra la mina“ que es parte de la serie especial Resistencias, en la categoría crónica.

Daniela Pastrana, ganadora con la editorial “Señores del mecanismo de protección. ¡Ya despierten!“, publicada en Periodistas de a pie en la categoría opinión. 

Daniela Rea, ganadora en la categoría es entrevista con: “Pueden ver a un niño y pensar que no hay futuro“, que es parte de la serie especial Mujeres ante la guerra publicada en en Pie de Página.

Y una mención honorífica por la serie Documental colectiva: “Buscadores en un país de desaparecidos“, publicada en en Pie de Página y ganador del Premio Gabo 2017.

Felicitamos a todos los ganadores del premio en las diferentes categorías y a todas y todos nuestros colaboradores por que a través de su trabajo, compromiso y dedicación han hecho posible este reconocimiento, sabemos que hoy esta labor requiere de un trabajo de equipo, con el objetivo siempre de que nuestro trabajo sirva a la sociedad a la cual debemos nuestro oficio.

Ante persistente violencia contra periodistas y defensoras de derechos humanos, proponen una ley general de prevención y protección

Publicado: 21.11.2018

Por Samantha Páez

@samantras

De acuerdo con Alejandro Cerezo, de Comité Cerezo, de 2010 a 2018 fueron desaparecidas 150 personas defensoras de derechos humanos y 250 ejecutadas; en ese mismo periodo 12 periodistas fueron víctimas de desaparición y 72 de homicidio. Esto a pesar de la existencia en México de un mecanismo de protección por parte del gobierno federal.

Ante esa situación 60 organizaciones sociales y activistas, entre ellas la Red Nacional de Periodistas de a Pie, impulsan una iniciativa para crear una nueva Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Dicha propuesta fue presentada públicamente este miércoles 20 de noviembre y será llevada al Congreso de la Unión el 22 de noviembre, además se abrirán tres fechas para la discusión y retroalimentación con legisladores, integrantes del nuevo gobierno federal, organizaciones y personas interesadas en el tema lo días: 26 de noviembre, 5 de diciembre y 11 de diciembre.

Más transparencia

Al momento de presentar la iniciativa de ley general, Alejandro Cerezo destacó que una de las cosas en las que se pone más énfasis es en la transparencia y rendición de cuentas. La idea es que todos los datos que maneja el mecanismo, menos la información personal de las personas beneficiarias, sea pública.

Esto debido a que existen dudas de cómo se distribuyen los recursos y a los precios que maneja la empresa encargada de la protección de las personas beneficiarias.

En su informe “Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público”, Fundar evidenció un subejercicio de los recursos del Fideicomiso Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de 37.2 millones de pesos de 2013 a 2015.

Además de que la mayoría de medidas de protección son físicas, lo cual eleva el gasto y no resuelve el problema de fondo, que es la inseguridad e impunidad que impera en el país.

Cerezo dijo que la iniciativa sería el primer paso para establecer una política pública de protección que siga los estándares internacionales y que se vuelva realidad las recomendaciones de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de derechos humanos.

Reparación del daño

Por su parte Jade Ramírez Villanueva, de Periodistas de a Pie, sostuvo que una de las partes más importantes la propuesta es la garantía no repetición y reparación de daño para periodistas y personas defensoras que sean víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.

Con el reconocimiento de periodistas y personas defensoras como víctimas, más allá del amarillismo con que se aborda el tema, le daría un carácter urgente y pondría en contexto la compleja situación en la que ejercen su labor ambos gremios.

Para Jade Ramírez la nueva ley no restringiría al mecanismo de protección federal y no anularía a los mecanismos estatales, sino que permite que las personas beneficiarias elijan en qué mecanismo quedarse y participar más de las medidas de seguridad que requiera.

Fernando Ríos Martínez, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT), dijo que otra de las cuestiones interesantes de la propuesta es hacer responsables a los estados de la protección de periodistas y personas defensoras, además de hacer cumplir el mandato del mecanismo

Asimismo la iniciativa de ley pretende hacer valer el derecho a defender y legitimar el trabajo de las personas defensoras, para que los ataques en su contra sean considerados violaciones a los derechos humanos. Otra cuestión que se propone es que los delitos no prescriban, para que el sistema legal pueda resolver de fondo.

Legislaciones complementarias

Mario Andrés Hurtado Cardozo, de Propuesta Cívica, manifestó a su vez que la inicitiva para crear la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas se da en un momento coyuntural.

Donde la crisis es notoria tanto en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) como en el mecanismo de protección, debido a que sus acciones son reactivas y no buscan de fondo garantizar los derechos humanos a la libertad de expresión o a la defensa de derechos humanos.

Hurtado puntualizó que no bastaría con avanzar en una normativa más amplia y de mayor protección a periodistas y personas defensoras, sino ésta no va acompañada de otras legislaciones a favor de los derechos humanos y que limiten la militarización del país.

¿Qué contiene la ley?

A groso modo la iniciativa contempla ocho puntos principales:

  1. Definiciones, donde se toma el concepto más amplio para definir a la persona defensora y periodista, y marco jurídico.
  2. Las obligaciones del Estado para a defender derechos humanos y la libertad de expresión, así como los delitos contra dichos derechos.
  3. De la investigación de los casos.
  4. Operación del mecanismo federal y los mecanismos estatales, así como de los recursos que se les destinarán.
  5. La reparación integral del daño.
  6. Capacitaciones, sanciones e inconformidades.
  7. Transparencia y Acceso a la Información.

Encuentro Regional de Periodismo de Investigación en Megaproyectos – octubre 2018

El Encuentro Regional de Periodismo de Investigación en Megaproyectos, en el que participaron más de 100 periodistas de diversas entidades del país, se realizó los pasados 27 y 28 de octubre de 2018 en la Ciudad de México.

Durante el Encuentro, se realizaron 4 mesas temáticas:

  • «Megaproyectos en México: miradas y enfoques» en la que participaron como ponentes Itzel Silva (México): Experiencia de casos y litigio desde el trabajo de Fundar; Miguel Ángel Mijangos (México): Patrones generales del modelo extractivo; y Andrea Cerami (México): Megaproyectos y normativa de impacto ambiental. La consulta indígena y el caso yaqui
  • «De estrategia legal, investigación de empresas y el análisis de datos» con Mayra Eslava (México): La minería desde el panorama legal; Manuel Llano (México): La experiencia de Cartocrítica: investigación, mapas y datos para la sociedad civil; Eduard-Martín Borregón (México): Análisis de casos: Nuevo Aeropuerto, Río Sonora y Contrataciones.
  • «Comunicación regional y cobertura» con Jody García. (Guatemala): ¿Cómo se cubren temas de corrupción desde la
    experiencia Nómada? Experta en temas de corrupción, política y derechos humanos. Proyecto Nómada; Lesly Banegas (Honduras): Cobertura en temas de extractivismo desde una radio comunitaria. Periodista, presentación del noticiero estelar de Radio Progreso; Jeniffer Moore (Canadá): Cobertura de conflictos socio-ambientales y temas de transparencia. Investigadora independiente.
  • «Investigación desde el periodismo de datos» con Milagros Salazar (Perú): Investigación en temas de corrupción desde el enfoque de América Latina. Directora de Convoca y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ); y Lilia Saúl (México): Aporte del periodismo de datos a las investigaciones de largo aliento. Coordinadora Editorial en Connectas, Plataforma de Investigación para las Américas.

Así mismo se realizaron 6 talleres simultáneos distribuidos en ambos días.

26 de octubre:

  • Taller 1: Agua y datos: todo lo que debemos saber. Uso y disponibilidad del agua en México.
    Impartió: Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental
  • Taller 2: Modelo Extractivo. Experiencia del contexto de la minería, más allá de cómo se expresa en términos ambientales comunitarios.
    Impartió: Red Mexicana de Afectados por la Minería.
  • Taller 3: ¿Cómo se documentan casos de comunidades afectadas por Megaproyectos? Herramientas y fuentes.
    Impartió: FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.

27 de octubre:

  • Taller 1: El agua desde el enfoque legal y comunitario. Concesiones del agua en México: panorama legal, transparencia y la visión desde lo comunitario.
    Impartió: Oxfam, México.
  • Taller 2: Investigar conflictos socio-ambientales. Cómo orientar investigaciones específicas cuando se investigan empresas usando fuentes de información a nivel público: México, Canadá y otras regiones.
    Impartió: Jennifer Moore, experta en impactos de las empresas mineras canadienses y las políticas exteriores de Canadá en América Latina.
  • Taller 3: Minería: políticas en América Latina y México. Legislación y políticas de la minería en México y AL. Análisis comparativo.
    Impartió: Mayra Eslava, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas

Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas

Publicado: 02.11.2018


 

El periodismo frente a la imposición

Las pupilas se dilataban y la cabeza giraba a la libreta. Anotaciones desordenadas, con flechas, con asteriscos y en secuencia. Gestos de caídas de veintes o nuevas ideas.

Lo más de cien participantes al Encuentro regional de Megaproyectos y Periodismo de Investigación que organizó la Red de Periodistas de a Pie el fin de semana anterior, absorbieron los insumos informativos que exponentes y talleristas de México, Canadá, Perú, Guatemala y Honduras, prepararon para quienes de por sí, ya tenemos un trayecto en esto de reportear megaproyectos y sus daños e impactos negativos al medio ambiente, los pueblos, la vulneración de leyes y reglamentos, pero sobre todo, el desvío de recursos públicos en lo que se han convertido “las obras de desarrollo”.

Desde el sexenio de Felipe Calderón, además se iniciarse la guerra versión mexicana, se aceleró la concreción de obra pública de gran envergadura que aceleró los daños ambientales en cuencas, poblaciones, reservas, fauna endémica, bosques. No es una casualidad, es la secuencia del modelo de desarrollo basado en la explotación de bienes naturales que mejor divisas le deja al capitalismo.

Y si bien el panista Felipe Calderón no es quien impulsó el modelo desarrollo, sino viene de más atrás como 1989 con Carlos Salinas de Gortari y los programas para revertir repartición de tierras en comunidades agrarias y ejidos bajo el PROCEDE -la medición de tierras pero en la práctica posesión rasurada-, en el sexenio de Enrique Peña Nieto incrementaron los litigios estratégicos entorno a la defensa del territorio y los bienes en riesgo de privatizarse, a propósito de la reforma energética que se aprobó en 2013.

Quienes han narrado las violencias que preparan el terreno para despoblar comunidades indígenas y rurales y con ello poner en marcha los megaproyectos carreteros, mineras, represas, aeropuertos internacionales, parques eólicos, y las violencias que se desatan a través de la criminalización de defensores del medio ambiente y pueblos en resistencia, han tenido que contar el modelo de imposición también; se modo de ejercer recursos públicos sin consultas libres e informadas o violando la autonomía municipal de las cabeceras donde no se aprueba el cambio de uso de suelo.

Tras las sesiones de capacitación propuestas por la Red de Periodistas de a Pie, el reto periodístico es descifrar el desvío de recursos, los ramos y etiquetas presupuestales, el derroche y la fiscalización de obra pública en manos de privados, pero también, los mapas de aprovechamiento que la Secretaría de Energía, la SEMARNAT, CONAGUA, Comisión Federal de Electricidad conversan con inversionistas mexicanos y extranjeros. Desde luego la sobre judicialización de derechos colectivos y la tendencia en el Poder Judicial frente a casos de amparos contra el despojo, es lo que para el próximo año pretende contar a través de historias transversales y reportajes que alcanzan una alianza con Perú y Colombia.

Con Controla tu gobierno, Fundar, REMA, el MAPDER y Oxfam, entre otros, los reporteros, fotógrafos, documentalistas que conforman el tejido de Periodistas de a Pie, se devolvieron a San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Norte y Baja Sur, Estado de México, Yucatán y Tabasco, con la libreta llena de apuntes, indicios e hipótesis de periodismo de investigación que iremos presentando en 2019, desde conflictos locales hasta el procedimientos de cómo trasladar contratos de obra pública de Texcoco a San Lucía, a propósito de la virtual cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

La imposición y lo que continúa buscando ésta, ha comenzado a reportearse desde ya.

Reporteras en Guardia: luchando por la memoria

Publicado: 29.10.2018

 mataranadie.com

Por Samantha Páez

@samantras

El pasado martes se presentó en la ciudad de México la segunda parte del memorial a periodistas asesinados de 2000 a 2018 “Matar a nadie”, proyecto del colectivo de periodistas Reporteras en Guardia.

Vania Pigeonutt, una de las coordinadoras del proyecto, explicó a Periodistas de a pie que la idea surgió después de una plática con Laura Castellanos, debido a que siempre que se trabajan temas de periodistas se deja de lado a las y los colegas que fueron asesinados.

Por ello decidieron luchar por la memoria y hacer perfiles de 166 periodistas, comunicadores, fotoperiodistas y trabajadores de medios de comunicación víctimas de homicidio y desaparición del año 2000 al 2018.

La lista de colegas se creó después de contrastar datos de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Artículo 19, Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).

La idea es “hacer una propuesta como colectivo emergente para que la imagen que demos a conocer de los periodistas sea una imagen viva, o sea, decir que ellos hicieron esto o lo otro sin importar quiénes fueron los causantes (de la muerte)”, comentó Vania.

“Matar a nadie” se gestó desde enero de este año, primero como un libro y luego como un memorial en línea, donde participan 140 periodistas, editoras y coordinadoras de 24 entidades federativas.

Al memorial le falta una última etapa, la cual se prevé presentar antes de que asuma el nuevo gobierno federal.

No son cifras

Camelia Muñoz, periodista de Coauhila, quien participa en el memorial “Matar a nadie”, contó que se enteró del proyecto en agosto cuando viajó a la Ciudad de México y acudió a la presentación de la primera etapa del mismo, así como a la del colectivo Reporteras en Guardia.

Decidió sumarse y escribir el perfil de Marco Aurelio Martínez Tijerina, un locutor de radio de Nuevo León, asesinado el 10 de julio de 2010 en el municipio de Montemorelos.

Camelia no conoció a Marco Aurelio en persona, pero tienen amigos en común. Así fue cómo reconstruyó la historia de su colega, quien además de comunicar ayudaba a las personas que llegaban a la estación de radio en Monte Morelos. “Era un buen gestor de recursos”, dice Camelia, por eso destacó su compromiso social con la audiencia.

Para Camelia fue importante hacer este trabajo, porque le recordó el homicidio de su compañero de trabajo de Valentín Valdés, con el cual trabajó en el diario Zócalo. “Nada nos va a regresar a nuestros compañeros, pero tampoco podemos olvidar (…) no son una cifra”, dijo Camelia Muñoz.

Valentín y otro de sus compañeros fueron privados de su libertad el 7 de enero de 2010 por varios sujetos armados en Saltillo; horas más tarde el cuerpo sin vida de Valentín fue encontrando en otro punto de la ciudad. Después de ocho años, no hay avances en el caso y la Fiscalía local reservó por cinco años toda la información pública al respecto.