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A DOS MESES DEL FEMINICIDIO DE LA PERIODISTA MIROSLAVA BREACH, LAS INVESTIGACIONES DEBEN ARROJAR RESULTADOS INMEDIATOS

Han pasado ya 60 días desde el feminicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea ocurrido el 23 de marzo pasado, sin que hasta el momento haya detenido a alguno de los implicados ni se tengan avances significativos en la investigación a pesar del discurso adoptado por las autoridades locales, en el cual se ha mencionado que ya se habían identificado tanto a autores materiales como intelectuales de este atroz hecho. Es alarmante que a la fecha no se haya librado ninguna orden de aprehensión, lo que denota la ausencia de debida diligencia por parte de las autoridades. Lo que además genera una seria desconfianza en las instituciones de Chihuahua, incertidumbre en los familiares, colegas periodistas y en la sociedad en general, quienes estamos a la espera de avances eficaces para la resolución del caso.

Debido a lo anterior, ARTICLE 19, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y Periodistas de a Pie condenamos la impunidad que hasta el momento se vive en el caso de Breach Velducea.

Las organizaciones que suscribimos, tenemos claro que las violaciones constantes a la libertad de expresión representan un problema estructural y social, reflejo de la violencia que se ha exponenciado en el país. La prensa está abandonada por los gobiernos de los tres niveles, convirtiéndose, en muchos de los casos, en un factor de riesgo más que de protección.

En este contexto de suma vulnerabilidad para la prensa, el reciente asesinato de Javier Valdez en el estado de Sinaloa pone en evidencia la carencia de políticas públicas del Estado Mexicano que busquen revertir la violencia de la que son objeto a diario las y los periodistas de nuestro país.

Las organizaciones firmantes hemos documentado a lo largo de varios años todas las dificultades que tiene la prensa en nuestro país; uno de los más peligrosos a nivel mundial para el ejercicio de la libertad de expresión.

A la luz de las “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas defensores” anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores el pasado 17 de mayo, exigimos que se inicie de manera inmediata el proceso de implementación de las medidas anunciadas, en especial la protección para periodistas, y el combate de la impunidad en los crímenes contra la prensa. No basta con condenar las violaciones a la libertad de expresión y expresar indignación por la violencia contra las y los comunicadores; es necesario que se concreten medidas dirigidas a poner un alto a la violencia que aqueja a quienes realizan la labor de informar en México.

Tanto la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, como la Procuraduría General de la República deben garantizar que en el caso de Miroslava Breach no haya impunidad llevando a los responsables ante la autoridad judicial a efecto de que sean sancionados por sus actos.

De la misma forma, hacemos un enérgico llamado al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que en coordinación con las autoridades federales y estatales garantice la seguridad de las y los periodistas en Chihuahua y en otras regiones del país donde son cotidianas las agresiones.

Para finalizar, exhortamos al gobierno de Javier Corral a realizar las acciones necesarias que lleven asegurar que actos como el cometido en contra de Breach Velducea no se repitan en el Estado de Chihuahua, recordando que desde el inicio de su administración dos periodistas y dos defensores de derechos humanos han sido asesinados.

Exigimos resultados, no más discursos.

ARTICLE 19 OFICINA PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C.
COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS
REPORTEROS SIN FRONTERAS
PERIODISTAS DE A PIE
PROPUESTA CÍVICA

Consulta AQUÍ el comunicado en PDF

Jade Ramírez Cuevas V.
@jadercv

Aunque nos duela, hay que reconocer que los periodistas llegamos tarde al tema de seguridad y protección.

En eso nos llevan años de ventaja los defensores de derechos humanos; tanto, que nos incluyeron en la Ley de Protección de la que se desprende el Mecanismo en la Secretaría de Gobernación sin que tuviéramos claras las razones, el qué y el por qué. Pero el pasado miércoles 17 de mayo, alguien llegó mucho más tarde que nosotros al tema: Enrique Peña Nieto, todo su gabinete y todos los gobernadores del país.

Después de 34 asesinatos en su sexenio siendo el más reciente el de Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa, y varias centenas de agresiones a reporteras y reporteros, acumuladas en dos décadas, le pareció adecuado salir públicamente a decirnos: ahora sí vamos a hacer lo que es nuestro mandato y no hemos hecho en todo este tiempo.

Mucho nos ha costado llegar a la reunión que se sostuvo el miércoles en Los Pinos. Demasiado sangre, demasiado dolor y rabia.

Entonces, no nos pidan que celebremos ni que aceptemos que nos llamen “amigos”, pues a pesar de llegar tarde al tema de la crisis de violencia que nos alcanzó de manera inaudita a los y las periodistas, en colectivo, en organizaciones, en pequeños e invisibles esfuerzos, llevamos más ventaja que el gobierno y hemos aprendido a articularnos para salvaguardarnos en la medida de lo posible y para auto cuidarnos; incluso hemos empezado a analizar por qué y cuáles son las coberturas de riesgo que de iniciarlas, nos requiere echar a andar una serie de mecanismos autogestivos para salir bien librados de ellas y cumplir con nuestro cometido al investigar: tener elementos sólidos para cuestionar y publicar información trascendente para la sociedad.

Con ese bagaje detrás podemos reclamar que nos resulten insuficientes sus compromisos y sus frases vacías, pues aunque parezca solución mágica, como leyó Miguel Ángel Mancera actual presidente de la Conago, el que “acataran” la Recomendación 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, que por cierto data del 2016, es este mismo organismo autónomo parte del problema que sumerge a México en negligencia y opacidad en materia de víctimas, prevención y epidemias violentas.

La CNDH forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo federal de Protección con voz y voto, con responsabilidad sobre las decisiones que se toman sobre la vida e integridad física de periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, ha sido opaca su intervención en la instancia porque se niega, con base en reglamentos internos, a ofrecer información sistematizada que prevenga y posibilite mapas de riesgos de los que el propio Mecanismo pueda echar mano en sus alertas tempranas.

El trabajo de los visitadores y la documentación que inician ante una denuncia o queja de algún medio o periodista se queda solo en su estantería. Quien denuncia, por lo regular, poco o nada vuelve a saber de la información que concierne a su caso ni del estatus de su queja o de alguna atención de seguimiento.

Ni tan fácil ni tan rápido.

Si la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, no ha atinado en la conformación de adecuadas carpetas de investigación en 900 denuncias acumuladas a la fecha, ¿cómo lo lograrán fiscales en las instancias locales? Ponerles el apellido especiales, resulta exagerado y hasta ocioso, pues ya se sabe que en este país las comisiones especiales son la tumba de los problemas.

Además, debe tomarse en cuenta que desde 2012, los periodistas señalan e identifican como principales agresores de la prensa a autoridades locales, cuerpos policiacos y militantes de partidos políticos.

Una instancia así solo funcionaría en la medida en que pueda ser independiente de los poderes locales, y eso urge.

No significa que no queramos ministerios públicos y policías investigadoras entrenadas, que sepan primero entender en qué consiste el trabajo de un periodista, cuáles son sus riesgos y cómo se materializan hechos que inhiben el ejercicio hasta el grado máximo de impedirlo, ya sea con un ataque o una amenaza. Lo que necesitamos es más que una oficina nueva en cada estado.

Necesitamos acciones reales, por ejemplo, que el procurador anuncie la inmediata reapertura de expedientes y contacto –sin citatorios violatorios de derechos y notificaciones intimidantes en las redacciones-, de las víctimas que han interpuesto una denuncia ante las delegaciones de la PGR o directamente en la FEADLE.

Crear 32 fiscalías especiales de poco servirá si no se aprueban con supervisión y consenso del gremio, y particularmente las víctimas, los protocolos de investigación y la sensibilización de los funcionarios a cargo. Nos encantará que nos dejen de llamar “alacranes”, “chismosos” o “entrometidos” y comiencen por respetar a quienes ejercemos los derechos de expresión e información.

Tampoco se trata de deslindar al gobierno federal de ser el garante de la protección. La necia idea de que los gobernadores deben instalar mecanismos locales para que no se le cargue la chamba a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, es una estrategia inocua si no hay independencia, especialización y sensibilización.

¿Miroslava o Javier habrían aceptado la protección, rondines o acompañamiento de la policía estatal o municipal?, ustedes colegas, ¿lo aceptarían? Son altas las probabilidades de que la respuesta sea un no.

No solo por la desconfianza que existe en las autoridades locales, sino porque regresamos al punto anterior: son esas mismas figuras las que están coludidas con la delincuencia organizada y se han convertido en perpetradores de violaciones a los derechos de los periodistas.

Para muestra de que esa iniciativa es contraproducente, dos botones: Guerrero, su Fondo de Apoyo a Periodistas se ha convertido en caja chica de cooptación, chayos y becas o prestaciones que le corresponden a los dueños de los medios cubrirlas. Eso, crea un vínculo que regula la libertad de prensa, pues es difícil que alguien quiera pegarle a la mano que le da un préstamo o una beca.

Y Morelos, es otro ejemplo. No sólo los periodistas que formaron parte del consejo en la toma de decisiones para medidas de protección con la Secretaría de Gobierno ya se retiraron de las mesas de trabajo, la instancia como tal opera de buena voluntad, no hay un marco regulatorio que defina por qué el gobierno de Morelos creó un mecanismo.

Si el mensaje del miércoles en Los Pinos fue para calmar los reclamos de la comunidad internacional, dudo que embajadores y cancillerías hayan quedado satisfechos.

El tiempo destinado para el evento debió incluir el reconocer que han fallado y que el estado es responsable por acción y omisión, y que a los que el presidente llamó “amigos”, los mataron por un vacío de poder y falta de garantías. Para acabar pronto, Peña Nieto debió cerrar anunciando que acepta la visita oficial de los relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el otoño de 2017.

Tanto David Kaye, Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, como Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión, en abril solicitaron autorización al Estado mexicano para hacer una visita oficial…y desde entonces, excusas es lo único que han recibido.

Cuando se ataca a un periodista y es asesinado, el ciudadano pierde poder. No sólo se trata de la vida e integridad de personas que ejercen la libertad de expresión e información.

Entonces, ¿quieres o no respetar y proteger a tus “amigos” Peña?

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Un asesinato estremece al gremio. Uno más. Uno más de una suma macabra –por impune– y dolorosa.

Uno más de una cantidad monstruosa que acumula dolientes casos sin resolver, cinco si miramos sólo los meses que lleva este año: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez y hoy Javier Valdez, sí, Javier Valdez, el valiente autor de Los Morros del Narco, Miss Narco, Con una granada en la boca, MalaYerba, entre otros libros, y fundador del medio electrónico Río Doce.

Este año se sostiene la estadística: cada 22 horas en promedio, un periodista es agredido mientras ejerce su oficio de cuestionar, investigar e informar. También, cada 22 días se ha asesinado a reporteros. Y suman 32 si miramos todo el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto: Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez y Rubén Espinosa son tres de los más significativos, no sólo por ser periodistas veracruzanos de origen, la entidad que más ataques ha recibido en su libertad de expresión en los últimos años con el ex gobernador Javier Duarte a la cabeza, sino porque en los dos primeros casos se trata de reporteros de medios pequeños, que debían alternar su actividad periodística con otras formas de remuneración que les permitieran la subsistencia; Goyo haciendo fotos de bodas, Moisés conduciendo un taxi.

En el tercero, Rubén, porque los homicidas lo siguieron desde Xalapa, Veracruz; llegaron por él hasta un departamento de la colonia Narvarte, en el corazón de la ciudad de México y lo llenaron de balas. A él junto a cuatro mujeres más (Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile).

Y si extendemos la cuenta hasta el año 2000, los fríos números nos hablan de 105 casos. Y ya no hay espacio que alcance para nombrar a tantos muertos, cada uno de ellos y ellas un impacto, una cuchillada a una frágil democracia que busca afanosa bocanadas de oxígeno y sólo encuentra plomo y más plomo.

En el año 2011, cuando Javier Valdez Cárdenas recibió el Premio Internacional de Libertad de Prensa del CPJ dijo: “En Culiacán, Sinaloa, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno; un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país, uno debe cuidarse de todo y de todos”.

Y también dijo: “Esta es una guerra. Sí, pero por el control del narco, y nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos. Y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos se llevan las ganancias”.

Ninguna respuesta del Estado ha funcionado. A finales del sexenio de Felipe Calderón se anunció la creación del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Un elefante blanco que de poco o nada ha servido para lo que dicen que lo crearon. Hace unos días Peña Nieto prometió el cambio de titular en la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión, un organismo que en seis años inició 800 carpetas de investigación por agresiones a periodistas y sólo ha resuelto 3 casos, 0.3 por ciento del total, según un análisis realizado por la organización Artículo 19. Sí, 0.3 del total.

En México existen 98% de probabilidades de que un delito quede sin castigo, pero en el caso de los periodistas la cifra es de 99,7%. Ésta es una de las razones centrales de por qué no cesa la violencia contra periodistas: porque los agresores se saben impunes.

En cada uno de los 105 homicidios, de las 50 desapariciones y decenas de ataques a periodistas, ha habido condenas de autoridades, incluso ahora del presidente Enrique Peña Nieto, pero todo se queda en palabras.

Las instituciones gubernamentales para proteger periodistas no funcionan. Al Mecanismo, por ejemplo, no se le asignó un peso en el presupuesto fiscal de 2017. Y el dinero de operación, resultado de un fideicomiso, se agotará en septiembre.

Nada hay en el escenario próximo que indique un cambio verdadero, no sólo de funcionarios como en la Fiscalía que tiene un nuevo responsable, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Los expedientes se siguen acumulando. El último tiene el apellido Valdez, el Virgilio en el descenso a los infiernos del narcotráfico.

En 2011 Javier, en la citada ceremonia de premiación también dijo: “En Ríodoce hemos experimentado una soledad macabra, porque nada de los que publicamos tiene ecos y seguimiento, y esa desolación nos hace más vulnerables”.

Hoy quiero pensar que no estamos solos los periodistas, pero en un acto de transparencia, también, es claro que el 15 de mayo de 2017 al medio día mientras íbamos hilvanando los informes escuetos de su asesinato en una calle de Culiacán, muchos periodistas nos sentimos abandonados por la sociedad. Sentimos que nos han dejado solos. Los doce tiros en un supuesto robo de vehículo retumban en la cabeza: no, a Javier lo mataron aquellos afectados por su periodismo sobre narco y abuso de poder. No le demos vueltas al asunto.

Salimos a caminar, paramos un rato, lloramos y de alguna manera, pedimos que la voz de Javier Valdez Cárdenas no se extinga pues su trabajo de desentrañar el crimen organizado debe seguir teniendo el eco necesario, aunque tengamos claro, también, que si las redes de corrupción entre el gobierno y la delincuencia organizada mataron a Miroslava Breach como a Javier Valdez, entonces ningún periodista en México que emprenda con ética como fervor el ser útil a través del periodismo, está seguro.

Publicado: 16.05.2017

La Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, recuerdan a los periodistas asesinados y desaparecidos en México a través de esta serie de postales.

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Publicado: 12.05.2017

Publicado: 12.05.2017