Desde el asesinato de Javier Valdéz y la tormenta de reacciones que desató, no han sido pocos los que reprochan a los periodistas por su reclamo de seguridad y justicia.
Su argumento central es que los comunicadores no deben ser ciudadanos de excepción. En un país donde los muertos se cuentan por cientos cada día, la protección debería ser para todos y no sólo para un gremio “privilegiado”, dicen.
Es verdad que nadie debería salir a las calles, publicar desplegados o firmar cartas internacionales para que sea protegido. Es cierto que los periodistas somos, ante todo, ciudadanos.
Pero en la vorágine de los últimos días recuerdo lo que publicó un colega sobre estos señalamientos.
A un arquitecto no se le mata por diseñar un edificio o trazar un fraccionamiento. Los médicos no son atacados por recetar antibióticos, ni a un recolector de basura se le persigue, amenaza y hostiga por llevarse los desechos de una calle.
Pero un periodista sí es asesinado por hacer su trabajo.
Quienes critican el reclamo de seguridad que hacemos los comunicadores en México parecen olvidar o ignoran a propósito, que el derecho a la información, a expresarse libremente sin riesgo de amenazas o represalias es fundamental para la convivencia pacífica.
Los empresarios necesitan información para decidir el rumbo de sus inversiones. Los académicos requieren datos en el terreno para enfocar sus investigaciones. Un artista, actor o cantante que desconoce de su audiencia está destinado al fracaso.
Hasta los políticos requieren conocer a sus electores para enfocar sus discursos y propaganda.
El derecho a la información es elemental para todos. Hace mucho tiempo, y no fue en México precisamente, las sociedades decidieron que uno de los vehículos más efectivos para garantizarlo a todos es el periodismo y quienes lo ejercen.
Pero ahora, en estos días aciagos, cuando recordamos que la violencia se ceba en los periodistas, algunos comunicadores encumbrados gritan que no tenemos derecho a reclamar seguridad y justicia.
Al final, el comportamiento de esos personajes facilita el trabajo a los perpetradores, a la narcopolítica responsable de la muerte de varios compañeros.
Hacen el trabajo sucio de las autoridades que se niegan a cumplir su responsabilidad de cuidar la vida de todos. Basta verificar la trayectoria de varios de esos detractores para comprobarlo.
En la historia del mundo la complicidad de voceros privilegiados ha sido fundamental para sostener gobiernos autoritarios y sistemas económicos de depredación y desigualdad.
Para un Estado en crisis es importante el silencio, mantener la oscuridad en los rincones donde nace la corrupción y se engendra la violencia.
Y para quienes amenazan, hostigan, matan periodistas en México, los críticos de quienes protestamos son una de sus mejores inversiones.
A través de una carta abierta periodistas de Guerrero, exigen a las autoridades tener resultados en las investigaciones de las agresiones que sufrio la conductora indígena Marcela de Jesús Natalia, quién fue atacada a balazos el sabado 3 de junio cuando salia de la estación de radio RTG-Ometepec donde colabora desde hace 15 años.
En la misma se señala que el clima de violencia que se vive en guerrero es por la «inoperancia de las instituciones que deja en total indefensión a todos los guerrerenses. Todo puede pasar en Guerrero por que los delitos quedan impunes».
A su vez los periodistas apuntan que con estas agresiones prentenden silenciar el trabajo que realizán los periodistas para la sociedad.
De igual forma solicitaron a las autoridades implementar las medidas necesarias de protección para la conductora y que se encuentre y castige a los responsables de las agresiones en su contra.
A dos semanas de la desaparición del periodista Salvador Adame Pardo, en Nueva Italia, municipio de Múgica, una caravana integrada por su esposa Frida Ortiz y su hija Navidad, ambas periodistas en compañía de colegas de diferentes medios de comunicación de Michoacán, llegaron a la Ciudad de México para exigir a las autoridades realicen las investigaciones necesarias para encontrar con vida a Salvador, desparecido el jueves 18 de mayo a las 7:56 de la tarde por un comando armado.
Verónica Monrreal, colaboradora en el medio Revolución 3.0 Michoacán y vocera de la caravana, dijo para Periodistas de a Pie, que el día 31 de mayo sostuvieron una reunión en la Procuraduría General de la República (PGR), donde solicitaron ser reconocidos como víctimas indirectas, con base a que alrededor de 90 periodistas entregaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, una denuncia penal colectiva ante la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, en calidad de víctimas indirectas toda vez que los periodistas michoacanos se sienten agredidos y vulnerables por la desaparición del periodista Adame a causa de su trabajo periodístico.
Apuntó que al ser reconocidos como víctimas indirectas los periodistas tendrían acceso al expediente y con ello dar seguimiento al caso de manera legal y de esa manera evitar que se cierren las investigaciones.
También señaló que en un futuro, por medio de está acción, pretenderán reactivar las investigaciones de los seis periodistas asesinados y seis desaparecidos en Michoacán.
Elly Castillo periodista del Medio Changoonga.com, da su testimonio sobre las acciones de la caravana por la desaparición del Periodista Salvador Adame y la situación actual de los periodistas en Michoacán
De igual forma durante la reunión que sostuvieron en la PGR con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, les informaron que se encuentra abierta una carpeta de investigación en la Unidad Antisecuestros y ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, donde la principal línea de investigación es la actividad periodística de Salvador y la participación de la delincuencia organizada.
Como parte de las actividades del 1 de junio la Caravana entrego ante el Senado de la República y el Congreso de la Unión, una solicitud de reforma al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los delitos en contra la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información.
Por su parte los integrantes de la caravana hicieron un llamado a los periodistas del país para presentar demandas colectivas en los casos de asesinatos y desapariciones de periodista y de esta manera impulsar la tipificación de las agresiones a libertad de expresión en su calidad de víctimas indirectas.
A su vez Frida Ortiz, esposa de Salvador Adame, hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para no dejar de alzar la voz y a no guardar silencio porque la omisión es la que ha traído consigo que muchas familias sufran los mismo que está pasando ella y su familia con la desaparición de su esposo.
Mensaje de Frida Ortiz a 15 días de la desparición de su esposo Salvador Adame, director del Canal 6Tv en el municipio de Múgica
Actualmente Frida y su familia no pueden regresar a Nueva Italia, por el miedo a ser agredidas
Verónica Monrreal, vocera de la Caravana explica como se llevaron a cabo las acciones de protesta de la caravana por la desaparición de Salvador Adame
Los empleos en México aumentaron en el primer trimestre de 2017. Sin embargo, en ellos no se pagan más de tres salarios mínimos, no se ofrece Seguro Social ni prestaciones, y muchas veces no hay un sueldo fijo.
En esta emisión, la periodista Verónica García de León presenta tres historias que muestran la precarización del trabajo en la era de las reformas estructurales.
La muerte de Javier Valdez no fue en vano. Desde ese fatídico día la indignación que invadió a cientos de periodistas ha llevado a la introspección y a la reflexión.
En redes sociales se comparten discusiones, visos de solución, artículos que llevan al análisis sobre lo que ha pasado en este país, el más peligroso en el hemisferio occidental para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Frontera.
Incluso corresponsales extranjeros han expresado su solidaridad. La tristeza, la indignación y la impotencia se sienten profundas. ¿Pero es suficiente?
En 2010, el gremio se organizó por primera vez para reclamar el regreso con vida de reporteros y fotógrafos secuestrados en Durango, bajo el lema “¡Los queremos vivos!”. Desde entonces se marcha a las oficinas de Gobernación para exigir justicia, hoy por Valdez, antes reclamando el regreso con vida de Goyo, Gregorio Jiménez de Coatzacoalcos, Veracruz.
Y cada vez que muere un periodista, las voces se levantan en algún sitio para reclamar justicia y gritar “ni un muerto más”. En medio quizá se logre la creación de una nueva comisión o la lista de compromisos del presidente frente a su gabinete y gobernadores, que nos hace pensar que las cosas serán diferentes… hasta que viene el siguiente muerto.
¿Pero, qué falta o qué ha faltado en estos años que no terminamos de contar los periodistas muertos en esta guerra no declarada?
Quizá la indignación no ha sido suficiente, o el grito de ‘hasta aquí’ no sea demasiado fuerte. Falta quizá que este país se pare realmente por la muerte de un comunicador, y que exista una verdadera voluntad política, sin simulación, para investigar y castigar estos crímenes.
Pero hay tres constantes, tres ausencias en las voces que gritan que hace que no resuenen: la sociedad, más periodistas y los dueños de los medios, que de tenerlas quizá sí pudiera hacer la diferencia.
No es el hilo negro. El mismo Javier Valdez deja en su libro Narcoperiodismo la propuesta de mirar hacia adentro del gremio, aunque duele.
La sociedad
Ese martes 16 de mayo, frente a Gobernación, Carmen Aristegui hizo un llamado a una ciudadanía pasmada: “La muerte de un periodista debe ser entendida por una sociedad que parece que no está aquí, pero que debe estar, una sociedad que debe entender y salir del pasmo”, dijo.
Irónicamente la ausente es aquella sociedad que da sentido al trabajo que hacemos, por quien colegas como Javier dan la vida, para hacer efectivo su derecho a saber y estar informada.
Al final de cuentas, la muerte de un periodista aniquila de a poco ese derecho. La libertad de expresión es un derecho fundamental, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los periodistas somos una vía para ejecutarla. La ciudadanía tiene a través de los medios la posibilidad de saber.
Pero si no es parte del reclamo es que no siente que sea suyo, ya sea porque no aquilata ese derecho o bien porque no se siente representada en él.
Puede ser presuntuoso asumir que merecemos su solidaridad. ¿Por qué tendría que pensar en nuestros muertos también, cuando no hemos podido eliminar la mala fama que se ha hecho el oficio de recibir prebendas, de coludirse con el poder y tener intereses torcidos?
Los ejemplos del periodismo independiente existen cada vez más, eso es cierto, pero los medios con intereses no dejan de estar. La libertad existe, pero es parcial, lo sabemos. La presión gubernamental a medios y periodistas existe. El ejemplo más sonado recientemente es el reportaje de la ‘Casa Blanca’ que tuvo como consecuencia la salida de Aristegui de MVS.
En algunos casos, el medio ha cedido a esa presión. Y el resultado es que esa libertad parcial produce falta de credibilidad en una sociedad que no termina de arropar a sus periodistas.
De las empresas
Según una encuesta elaborada por la organización Konrad Adenouer, 83% de los periodistas ha recibido alguna vez presiones dentro de su medio que alteraron la manera de informar. Y otra encuesta, publicada en 2016, elaborada por el periodista Marco Lara, Mireya Márquez, investigadora de la Ibero, y la maestra Sallie Hughes, da cuenta de que 57% de los periodistas se adhieren a las políticas de censura al medio de comunicación al que pertenecen.
Lo anterior nos hace concluir por qué el silencio de los directivos y dueños de los medios ante el asesinato de sus propios comunicadores. Muchos, aliados al poder público que es en ocasiones el perpetrador de las agresiones contra los periodistas en un 60% de las veces, según la organización Artículo 19.
“En el aspecto de la seguridad, cuando los dueños de los medios hablan de ella porque hay mucha violencia, se refieren a su seguridad y la de sus bienes, no la del reportero y fotógrafo que andan en la calle”, decía Javier Valdez en una entrevista con Ariel Ruíz, publicada en el Búho en diciembre de 2016.
Y son esos mismos medios los que proponen jornadas extenuantes y ritmos de trabajo que hacen que los reporteros se conviertan en maquiladores de información para que dejen de pensar e investigar, a cambio de bajos salarios.
El 24 de mayo, a una semana del asesinato de Javier Valdez, y dos meses del asesinato de Miroslava Breach, docenas de empresas periodísticas firmaron un escueto pronunciamiento que circuló en redes sociales y algunas versiones impresas.
Sin embargo, su tono y reclamo cegó la responsabilidad que las empresas periodísticas tienen sobre la precaria situación de los reporteros; solo reconocen que la delincuencia organizada es la culpable de los ataques, y libraron, diplomáticamente, a las autoridades gubernamentales que han sido plenamente señalas como violadoras de los derechos de los periodistas.
Más periodistas
“A los periodistas les valen madre los periodistas, no hay una sociedad que acompañe al periodismo digno, valiente, que se realiza en el país”, dice Javier Valdez, en una entrevista con el semanario Zeta.
Se habla de la falta de unión del gremio. No estamos todos los que somos. Y al hacer un recuento de los último años, hay más muestras de organización, la Red es prueba de ellos, pero quizá no llegan a ser suficientes para integrarlos a todos.
Asumimos que todos los periodistas estamos indignados por lo que sucede, pero pocas veces nos apartamos de la escena para auto observarnos. ¿Qué hacer para participar, para estar?
Visualizar soluciones que puedan pasar por ver estas ausencias y convertirlas en presencias, pensar cómo las cosas pueden hacerse diferentes podría traer quizá resultados distintos. Sin embargo, la indignación es el combustible y el motor, pero el trabajo tendría que ir más allá.
La Red de Periodistas de a Pie cumplió el 22 de mayo, 10 años de existir y promover la creaciones de colectivos de periodistas en los estados. Durante siete años hemos tejido redes y nudos que fomenten el buen periodismo y la reflexión alrededor del oficio que elegimos.
Quizá hagan falta más organizaciones y espacios que congreguen a los periodistas, mientras, participamos en junio acercando a reporteros de los estados, voces de vivencias dolorosas como creativas alrededor del periodismo y que son fortaleza de la Red de Periodistas de a Pie.
Desde Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Morelos, Puebla, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Sinaloa, arribarán periodistas de primer nivel con amplia experiencia en los temas de seguridad, protección, condiciones laborales y regulación de publicidad oficial.
La intención es lograr plantear una agenda que resuelva cómo queremos mantener interlocución y exigencia, con los responsables de garantizar el libre goce de la libertad de expresión y el derecho a la información que se ha coartado con los 106 asesinatos registrados en México.
Es un gusto compartir con todas y todos ustedes que la serie #Buscadores. En un país de #desparecidos, ganó el tercer lugar en la categoría Multimedia ( Sitio Web), del concurso POY Latam. Premio sin fines de lucro que celebrar la excelencia en la fotografía documental y artística de Iberoamérica, convirtiéndose en el concurso más grande y uno de los más importante de la región.
Felicitamos a Mario Vergara, Silvia Ortiz, Alma Rosa Rojo, Maria Herrera, Graciela Pérez, Fernando Ocegeda, Guadalupe Contreras, Mirna Medina, Araceli Rodríguez, Alfonso Moreno, Leticia Hidalgo, y a todos los buscadores en este país. ¡Este premio es suyo!, gracias por iluminar esta obsuridad.
También queremos felicitar a Consuelo Pagaza y Prometeo Lucero quiénes diseñaron el proyecto y a todo el equipo que colaboró para materializarlo: Daniela Pastrana, Mónica González, Daniela Rea, Rafael Pineda, «Rapé», Marcos Vizcarra, Iván Medina, Ximena Natera, Félix Márquez , Victoria Helena, José Ignacio De Alba, Lucia Vergara Erika Lozano, Fernando Santillán y Adriana Tienda.
#Buscadores es una serie #documental que retrata la conversión de madres, padres, hermanos, hijos y parejas de personas desaparecidas, en antropólogos forenses, gestores, abogados, investigadores y peritos, asumiendo funciones que son obligación del estado, con el único objetivo en la mente de encontrar a sus seres queridos.
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¡Ya puedes ver la nueva emisión de PERIODISTAS DE A PIE!
¿Cómo se venden las concesiones mineras en México? ¿De qué manera el marco normativo beneficia la actividad minera en nuestro territorio?
En esta emisión, Daniela Pastrana entrevista a Mayra Eslava, investigadora y académica especializada en minería y Andrea Vega, periodista de investigación y autora del reportaje “Así se venden las minas en México”.
A DOS MESES DEL FEMINICIDIO DE LA PERIODISTA MIROSLAVA BREACH, LAS INVESTIGACIONES DEBEN ARROJAR RESULTADOS INMEDIATOS
Han pasado ya 60 días desde el feminicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea ocurrido el 23 de marzo pasado, sin que hasta el momento haya detenido a alguno de los implicados ni se tengan avances significativos en la investigación a pesar del discurso adoptado por las autoridades locales, en el cual se ha mencionado que ya se habían identificado tanto a autores materiales como intelectuales de este atroz hecho. Es alarmante que a la fecha no se haya librado ninguna orden de aprehensión, lo que denota la ausencia de debida diligencia por parte de las autoridades. Lo que además genera una seria desconfianza en las instituciones de Chihuahua, incertidumbre en los familiares, colegas periodistas y en la sociedad en general, quienes estamos a la espera de avances eficaces para la resolución del caso.
Debido a lo anterior, ARTICLE 19, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y Periodistas de a Pie condenamos la impunidad que hasta el momento se vive en el caso de Breach Velducea.
Las organizaciones que suscribimos, tenemos claro que las violaciones constantes a la libertad de expresión representan un problema estructural y social, reflejo de la violencia que se ha exponenciado en el país. La prensa está abandonada por los gobiernos de los tres niveles, convirtiéndose, en muchos de los casos, en un factor de riesgo más que de protección.
En este contexto de suma vulnerabilidad para la prensa, el reciente asesinato de Javier Valdez en el estado de Sinaloa pone en evidencia la carencia de políticas públicas del Estado Mexicano que busquen revertir la violencia de la que son objeto a diario las y los periodistas de nuestro país.
Las organizaciones firmantes hemos documentado a lo largo de varios años todas las dificultades que tiene la prensa en nuestro país; uno de los más peligrosos a nivel mundial para el ejercicio de la libertad de expresión.
A la luz de las “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas defensores” anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores el pasado 17 de mayo, exigimos que se inicie de manera inmediata el proceso de implementación de las medidas anunciadas, en especial la protección para periodistas, y el combate de la impunidad en los crímenes contra la prensa. No basta con condenar las violaciones a la libertad de expresión y expresar indignación por la violencia contra las y los comunicadores; es necesario que se concreten medidas dirigidas a poner un alto a la violencia que aqueja a quienes realizan la labor de informar en México.
Tanto la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, como la Procuraduría General de la República deben garantizar que en el caso de Miroslava Breach no haya impunidad llevando a los responsables ante la autoridad judicial a efecto de que sean sancionados por sus actos.
De la misma forma, hacemos un enérgico llamado al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que en coordinación con las autoridades federales y estatales garantice la seguridad de las y los periodistas en Chihuahua y en otras regiones del país donde son cotidianas las agresiones.
Para finalizar, exhortamos al gobierno de Javier Corral a realizar las acciones necesarias que lleven asegurar que actos como el cometido en contra de Breach Velducea no se repitan en el Estado de Chihuahua, recordando que desde el inicio de su administración dos periodistas y dos defensores de derechos humanos han sido asesinados.
Exigimos resultados, no más discursos.
ARTICLE 19 OFICINA PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS REPORTEROS SIN FRONTERAS PERIODISTAS DE A PIE PROPUESTA CÍVICA
Durante la convocatoria se recibieron 114 trabajos de diferentes estados del país en las tres categorías del concurso, 65 en Ensayo, 31 en Reportaje Escrito y 18 en Documental.
Desde la Red de Periodistas de a Pie y Pie de Página felicitamos a todas y todos los ganadores de esta sexta entrega del concurso y Ana Cristina Ramos por la mención especial en la categoría Reportaje Escrito. Para todos los que conformamos Pie de Página es un gusto compartir esta redacción contigo.
Segundo lugar Amor en familia Realizadores: Vanesa Job, Javier Estrella y Marco Antonio Chapa
Tercer lugar Jessica Realizadora: Erika Daniela Lozano González
La ceremonia de premiación sé llevará a cabo el día 13 de junio a las 18:00 horas en la Zona de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ubicada en Pino Suárez 2, Centro, Cuauhtémoc.
Aunque nos duela, hay que reconocer que los periodistas llegamos tarde al tema de seguridad y protección.
En eso nos llevan años de ventaja los defensores de derechos humanos; tanto, que nos incluyeron en la Ley de Protección de la que se desprende el Mecanismo en la Secretaría de Gobernación sin que tuviéramos claras las razones, el qué y el por qué. Pero el pasado miércoles 17 de mayo, alguien llegó mucho más tarde que nosotros al tema: Enrique Peña Nieto, todo su gabinete y todos los gobernadores del país.
Después de 34 asesinatos en su sexenio siendo el más reciente el de Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa, y varias centenas de agresiones a reporteras y reporteros, acumuladas en dos décadas, le pareció adecuado salir públicamente a decirnos: ahora sí vamos a hacer lo que es nuestro mandato y no hemos hecho en todo este tiempo.
Mucho nos ha costado llegar a la reunión que se sostuvo el miércoles en Los Pinos. Demasiado sangre, demasiado dolor y rabia.
Entonces, no nos pidan que celebremos ni que aceptemos que nos llamen “amigos”, pues a pesar de llegar tarde al tema de la crisis de violencia que nos alcanzó de manera inaudita a los y las periodistas, en colectivo, en organizaciones, en pequeños e invisibles esfuerzos, llevamos más ventaja que el gobierno y hemos aprendido a articularnos para salvaguardarnos en la medida de lo posible y para auto cuidarnos; incluso hemos empezado a analizar por qué y cuáles son las coberturas de riesgo que de iniciarlas, nos requiere echar a andar una serie de mecanismos autogestivos para salir bien librados de ellas y cumplir con nuestro cometido al investigar: tener elementos sólidos para cuestionar y publicar información trascendente para la sociedad.
Con ese bagaje detrás podemos reclamar que nos resulten insuficientes sus compromisos y sus frases vacías, pues aunque parezca solución mágica, como leyó Miguel Ángel Mancera actual presidente de la Conago, el que “acataran” la Recomendación 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, que por cierto data del 2016, es este mismo organismo autónomo parte del problema que sumerge a México en negligencia y opacidad en materia de víctimas, prevención y epidemias violentas.
La CNDH forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo federal de Protección con voz y voto, con responsabilidad sobre las decisiones que se toman sobre la vida e integridad física de periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, ha sido opaca su intervención en la instancia porque se niega, con base en reglamentos internos, a ofrecer información sistematizada que prevenga y posibilite mapas de riesgos de los que el propio Mecanismo pueda echar mano en sus alertas tempranas.
El trabajo de los visitadores y la documentación que inician ante una denuncia o queja de algún medio o periodista se queda solo en su estantería. Quien denuncia, por lo regular, poco o nada vuelve a saber de la información que concierne a su caso ni del estatus de su queja o de alguna atención de seguimiento.
Ni tan fácil ni tan rápido.
Si la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR, no ha atinado en la conformación de adecuadas carpetas de investigación en 900 denuncias acumuladas a la fecha, ¿cómo lo lograrán fiscales en las instancias locales? Ponerles el apellido especiales, resulta exagerado y hasta ocioso, pues ya se sabe que en este país las comisiones especiales son la tumba de los problemas.
Además, debe tomarse en cuenta que desde 2012, los periodistas señalan e identifican como principales agresores de la prensa a autoridades locales, cuerpos policiacos y militantes de partidos políticos.
Una instancia así solo funcionaría en la medida en que pueda ser independiente de los poderes locales, y eso urge.
No significa que no queramos ministerios públicos y policías investigadoras entrenadas, que sepan primero entender en qué consiste el trabajo de un periodista, cuáles son sus riesgos y cómo se materializan hechos que inhiben el ejercicio hasta el grado máximo de impedirlo, ya sea con un ataque o una amenaza. Lo que necesitamos es más que una oficina nueva en cada estado.
Necesitamos acciones reales, por ejemplo, que el procurador anuncie la inmediata reapertura de expedientes y contacto –sin citatorios violatorios de derechos y notificaciones intimidantes en las redacciones-, de las víctimas que han interpuesto una denuncia ante las delegaciones de la PGR o directamente en la FEADLE.
Crear 32 fiscalías especiales de poco servirá si no se aprueban con supervisión y consenso del gremio, y particularmente las víctimas, los protocolos de investigación y la sensibilización de los funcionarios a cargo. Nos encantará que nos dejen de llamar “alacranes”, “chismosos” o “entrometidos” y comiencen por respetar a quienes ejercemos los derechos de expresión e información.
Tampoco se trata de deslindar al gobierno federal de ser el garante de la protección. La necia idea de que los gobernadores deben instalar mecanismos locales para que no se le cargue la chamba a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, es una estrategia inocua si no hay independencia, especialización y sensibilización.
¿Miroslava o Javier habrían aceptado la protección, rondines o acompañamiento de la policía estatal o municipal?, ustedes colegas, ¿lo aceptarían? Son altas las probabilidades de que la respuesta sea un no.
No solo por la desconfianza que existe en las autoridades locales, sino porque regresamos al punto anterior: son esas mismas figuras las que están coludidas con la delincuencia organizada y se han convertido en perpetradores de violaciones a los derechos de los periodistas.
Para muestra de que esa iniciativa es contraproducente, dos botones: Guerrero, su Fondo de Apoyo a Periodistas se ha convertido en caja chica de cooptación, chayos y becas o prestaciones que le corresponden a los dueños de los medios cubrirlas. Eso, crea un vínculo que regula la libertad de prensa, pues es difícil que alguien quiera pegarle a la mano que le da un préstamo o una beca.
Y Morelos, es otro ejemplo. No sólo los periodistas que formaron parte del consejo en la toma de decisiones para medidas de protección con la Secretaría de Gobierno ya se retiraron de las mesas de trabajo, la instancia como tal opera de buena voluntad, no hay un marco regulatorio que defina por qué el gobierno de Morelos creó un mecanismo.
Si el mensaje del miércoles en Los Pinos fue para calmar los reclamos de la comunidad internacional, dudo que embajadores y cancillerías hayan quedado satisfechos.
El tiempo destinado para el evento debió incluir el reconocer que han fallado y que el estado es responsable por acción y omisión, y que a los que el presidente llamó “amigos”, los mataron por un vacío de poder y falta de garantías. Para acabar pronto, Peña Nieto debió cerrar anunciando que acepta la visita oficial de los relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el otoño de 2017.
Tanto David Kaye, Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, como Edison Lanza, Relator Especial de Libertad de Expresión, en abril solicitaron autorización al Estado mexicano para hacer una visita oficial…y desde entonces, excusas es lo único que han recibido.
Cuando se ataca a un periodista y es asesinado, el ciudadano pierde poder. No sólo se trata de la vida e integridad de personas que ejercen la libertad de expresión e información.
Entonces, ¿quieres o no respetar y proteger a tus “amigos” Peña?
El asesinato del periodista Javier Valdez, y antes el de Regina Martínez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, Rubén Espinosa, Alberto López Bello y decenas más, hasta sumar 106 asesinatos desde el año 2000, confirman que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
En esta emisión, Alberto Nájar nos presenta un programa sobre la violencia contra el periodismo en nuestro país que pone la mirada en un problema que se denuncia desde hace varios años: la impunidad.
