Durante años, la violencia ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares en México. En Ciudad Mier, uno de los casos más emblemáticos de Tamaulipas, la memoria de ese éxodo persiste no en cifras institucionales, sino en las historias de quienes se fueron… y de quienes regresaron.
Este videoreportaje reconstruye, desde la voz de un habitante desplazado, lo que significó huir, perderlo todo y volver a un lugar que ya no es el mismo. A través de su testimonio y del análisis documental, se revela cómo el desplazamiento en Mier no solo respondió a la violencia del crimen organizado, sino también a la ausencia de mecanismos oficiales que reconozcan y atiendan el fenómeno.
Hoy, más de una década después, el desplazamiento interno forzado en Tamaulipas enfrenta un nuevo desafío: su invisibilidad. Mientras las autoridades niegan su existencia, las casas vacías, los patrimonios perdidos y las vidas reconstruidas en otros lugares cuentan otra historia. Esta es una mirada a lo que ocurre cuando una crisis existe… pero no se reconoce.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Entre el “síndrome del preso” y el exilio, Magdalena Alonso, Marcela de Jesús Natalia y Teresa Montaño encarnan la cara más cruda del periodismo en México: el desplazamiento forzado. Mientras el Estado maquilla las cifras bajo el eufemismo de “refugios temporales”, las comunicadoras enfrentan una muerte social que busca silenciar sus investigaciones sobre corrupción y violencia, dejando a sus familias fracturadas y sus hogares en el abandono.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
“Dios mío, me están matando, ¡ayúdame!”, pensó Marcela al sentir quemar su piel por el fuego del arma que pretendía arrancarle la vida. Era sábado y cumplía 54 años. Fue la última vez que estuvo en cabina transmitiendo para su raza Ñomndaa, fue la última vez que pisó su tierra: Guerrero.
Marcela de Jesús Natalia es una periodista desplazada desde 2017. Forma parte de los cientos de comunicadores que han tenido que huir de sus territorios en México a causa de la violencia. En un país que carece de estadísticas oficiales precisas sobre la magnitud del desplazamiento, la realidad de las mujeres periodistas es invisibilizada por el Estado rebasado y carente de políticas públicas integrales.
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) y Aluna Psicosocial, advierten en el estudio Personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México que el desplazamiento forzado interno forzado es cada vez más común, y de la falta de instrumentos oficiales que impiden dimensionar cuántas han sido obligadas a abandonar su lugar de origen.
Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), explica que este fenómeno tiene más de 15 años. No comenzó con los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez en 2017, sino que tuvo uno de sus primeros focos en Veracruz hacia 2010 “cuando la violencia generó oleadas de comunicadores que huyeron en grupo”. Luego se sumó Morelos, y desde entonces, estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo se acumulan en la lista de zonas de alto riesgo.
“Cuando hablamos de la violencia estructural en México debemos preguntarnos qué causas llevan a las periodistas a abandonar su labor y cuál de ellas podría implicar mayores costos políticos para el Estado Mexicano en términos de atención. Sin duda, una de las principales tiene que ver con el desplazamiento”, apunta Adriana Ramírez Vanegas, del área de seguridad y protección de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
La activista coordinó los trabajos del diagnóstico Dejar Todo, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección, presentado en 2022.
Ella subraya que el desplazamiento forzado es una de las grandes deudas en acceso a la justicia y reparación del daño, así como una omisión en la creación de una ruta institucional de atención, ya que implica la salida no planeada de periodistas que huyen por violencia. No es una decisión propia, ni por oportunidades, sino una situación forzada por supervivencia.
Marcela, marcada por la resistencia
La historia de Marcela de Jesús es un compendio de violencias: por ser indígena, por ser mujer, por ser activista y por ser periodista. Pese a ello, a sus 62 años, su palabra es cálida, abraza y conforta, como si buscara sacudirse el dolor acumulado.
Desde niña enfrentó la discriminación contra su pueblo Ñomndaa, del que se siente orgullosa. A los ocho años, al saber que su familia planeaba casarla, huyó de su comunidad, Los Lirios, municipio de Xochistlahuaca, para poder estudiar. “En 1972 fui la única niña del lugar que escapó para terminar la primaria”, comenta al ubicar que, con esa acción, inició su labor como activista y defensora. La decisión le costó el rechazo de su madre, quien debido a los usos y costumbres de su comunidad la consideró una deshonra.
Su labor periodística la inició en 1994 en la XEJAM, La Voz de la Costa Chica, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Su voz en lengua ñomndaa tuvo un impacto inmediato en su natal Guerrero, hasta donde llegaba la señal. “Escuchar nuestro idioma en un medio de comunicación y sobre todo yo siendo mujer, fue impactante. Tuve mucha audiencia porque no había otro medio donde se hablara nuestro idioma”. A los pocos meses, al visitar su tierra, fue recibida como una celebridad, con danza y fiesta. Sin embargo, su labor incomodó a los poderosos.
Marcela de Jesús Natalia, periodista, activista y defensora, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero. Imagen: Patricia Monreal
La cárcel como mordaza
El 8 de marzo de 1998, Día Internacional de la Mujer, Marcela fue detenida arbitrariamente junto con uno de sus hijos, entonces menor de edad. Ambos fueron torturados uno frente al otro, ella recibió una sentencia de 40 años en prisión por delitos fabricados, incluyendo homicidio. Fue trasladada al Centro Penitenciario de Villa de Etla para dificultar su localización, ahí permaneció tres años y cinco días.
“La persecución judicial es una de las formas de violencia para silenciar periodistas”, señala Sara Mendiola Landeros, directora de Propuesta Cívica, asociación que da acompañamiento a personas defensoras y periodistas en riesgo. “Antes era el daño moral por la vía civil, ahora se recurre al derecho penal, con acusaciones como terrorismo, delincuencia organizada o fraude, e incluso se crean nuevos delitos en las leyes, como el de ciberasedio”, lo que según la experta, es una crisis que amenaza el derecho a informar.
Con apoyo de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Marcela fue absuelta el 13 de marzo de 2001. Lo primero que hizo fue buscar al hijo que habían detenido con ella y ya se encontraba en libertad, él casi se desmaya al verla, pensó que su madre se había escapado de prisión. Luego buscó a sus hijos menores y enfrentó su rechazo ya que su padre les había dicho que ella los abandonó. “Mendigue muchos años su cariño, es la fecha en que todavía no hay buena relación”, confiesa.
Adriana Ramírez, de Serapaz, refiere que las mujeres periodistas, siempre anteponen a su familia, y generalmente se sienten culpables. “Muchas de las relaciones sobre todo con sus parejas, son puestas ahí, en un tema de desplazamiento, porque además, si hay violencia de pareja por ejemplo, eso se viene a reflejar en el desplazamiento, se agudiza”.
Estas contradicciones, que va teniendo la sostenibilidad de la vida de las periodistas desplazadas se ponen en juego, y derivan en que la violencia se vaya incrementando, remarca la activista.
El atentado: “Fue por informar a mi raza”
Tras recuperar su libertad, Marcela regresó a Guerrero en 2003 y se integró al Sistema de Radio y Televisión del Estado, primero como honoraria, luego escaló hasta ocupar la gerencia de la Radio, de donde salió tiempo después debido a presiones ejercidas por afectar intereses de poder que existían en el lugar.
Hizo activismo en Xochistlahuaca, en donde la división en su pueblo crecía. “Como defensora siempre de mi raza, me opuse y empecé a apoyar las escuelas paralelas, les decía que no era justo, que podíamos tener diferencias ideológicas los adultos, pero era cruel que a los niños se les pintara una uña para ver quién pasaba a desayunar y quién no, eso era inhumano”.
Tras dejar la gerencia de la Radio, recobró su espacio de locución, de 5 a 9 de la mañana, hasta que llegó el 3 de junio de 2017. Al salir del trabajo, un sicario le disparó en tres ocasiones.
“La primera bala iba a mi frente, metí la mano, entró y salió por mi muñeca derecha. La segunda bala me despedazó la mandíbula. El chico me dio el tiro de gracia en la sien derecha, pero falló. La bala entró rozando mi cerebro y me destruyó el oído derecho”, narra con una calma sobrecogedora.
Desde entonces vive desplazada. En el hospital, incluso escuchó a un médico conspirar por teléfono para “acabarla en el quirófano”. Marcela sostiene que una política de su municipio pagó 50 mil pesos por su asesinato. Gracias a la presión de sus colegas periodistas y a un traslado de emergencia al Estado de México, logró sobrevivir.
Hoy Marcela duerme tranquila porque sabe que su “pecado” fue garantizar el derecho de su pueblo a estar informado. Sin embargo, las cifras no ceden: desde el año 2000 a la fecha, más de 176 comunicadores han sido asesinados en México, una docena son mujeres, dejando tras de sí una estela de exilios invisibles y justicia pendiente, según la organización Artículo 19.
Magdalena, síndrome del preso
Acostada sobre la cama del refugio que le proveyó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Magdalena Alonso Ríos pasa hasta ocho horas viendo el techo, perdida en la impotencia de no sentirse libre. “Esta soledad no está bien, es forzada. Estoy en una casa que nunca se calienta, siempre tengo frío. He dado hasta diez mil pasos dentro, tengo el síndrome del preso: me la paso caminando de un lado a otro”, se duele.
Tras 35 años de ejercer el periodismo en Zitácuaro, Michoacán, Magdalena tuvo que dejarlo todo el 16 de marzo de 2022, un día después del asesinato de Armando Linares, director de Monitor Michoacán. Entre lágrimas dio la noticia en Al Aire Zitácuaro, su noticiero que estaba por cumplir 17 años, jamás imaginó que sería su última transmisión.
Ese día supo que la buscaban, dos hombres en motocicleta preguntaban por ella. Los retratos hablados coincidían con los agresores de Linares. Apoyada por el Colectivo #NiUnoMás Michoacán, presentó su denuncia y le otorgaron protección.
La llamada de Alejandro Encinas, entonces Subsecretario de Derechos Humanos fue definitiva: “Usted es foco rojo. Al Gobierno de México no le conviene otro periodista muerto en Zitácuaro”.
Al día siguiente fueron por ella, apenas alcanzó a abrazar a su hija para despedirse. “Pensé que podían no ser quienes decían, no pedí identificaciones y, diabética, empecé a sentirme mal. En la carretera creí que me matarían, pero solo dijeron que no podían hablar conmigo y que podían detenerse si lo pedía. No quise parar. Tras horas de noche y miedo, finalmente llegué”.
Al refugio arribó en estado de shock, se repetía que no había hecho nada malo y que en sus noticias siempre evitó mencionar grupos delictivos o nombres. Era su cumpleaños, amaneció con los ojos hinchados y sin agua ni para un café.
Hoy, a cuatro años de aquel destierro, Magdalena es una cifra invisible: el Estado aún no la reconoce legalmente como “periodista desplazada”.
Magdalena Alonso Ríos, periodista desplazada desde hace cuatro años, originaria de Zitácuaro, Michoacán. Imagen: Patricia Monreal
Lo que no se nombra, no existe
La SEGOB no cuenta con cifras sobre periodistas en condición de desplazamiento, ejemplo de ello, es la respuesta a la solicitud de información que para este trabajo le fue formulada: “Se comunica que luego de una búsqueda con criterio amplio en todos los archivos físicos y electrónicos que conforman la Dirección General de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no se encontró información relacionada con lo expuesto”.
Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, denuncia que el Mecanismo de Protección usa el término “refugio temporal” de forma maliciosa: “Ellos han querido minimizar esta problemática porque no quieren reconocer el problema. Hay que recordar que lo que no se nombra, no existe, y entonces se ha querido hacer este jugueteo de palabras para invisibilizar la gravedad de que están desplazando periodistas de sus regiones y para minimizar también la responsabilidad que recae sobre la institución”.
Entre 2014 y octubre de 2025, 247 periodistas han estado sujetos a la medida de refugio. Aunque las cifras oficiales muestran un descenso en 2024 y 2025, las organizaciones alertan que esto no se debe a una baja en la violencia, sino a una mayor resistencia institucional para otorgar protección.
Mendiola señala que el desplazamiento es desgarrador: de un día a otro deben dejar familia, trabajo y entorno para mudarse a estados desconocidos y hostiles. En este contexto, la Ciudad de México se volvió principal refugio para defensores y periodistas, considerada “ciudad refugio” por ofrecer mayor seguridad frente a la violencia en entidades como Guerrero, Tamaulipas o Michoacán.
El Mecanismo rara vez gestionó desplazamientos de forma adecuada, explica Mendiola: los refugios tenían malas condiciones y fallas de seguridad, incluso intrusiones y robos. Los periodistas no contaban con la protección suficiente, lo que agrava el daño psicoemocional y los obligaba a vivir en precariedad, evidenciando la debilidad institucional.
Magdalena agradece el refugio al que de inicio se resistía. Acepta que la sacaron del riesgo que enfrentaba y le dieron apoyo, pero con el tiempo se sintió juzgada: “No me siento protegida, me siento acusada”.
En reuniones de evaluación del Mecanismo minimizaron el robo de las cámaras de seguridad que hubo en la casa de su hija que permanece viviendo en Zitácuaro, le dijeron que no podían hacer nada porque no era periodista. “Me molesté mucho, pegué en la mesa y les dije que se nota que no saben lo que es tener cerca al crimen organizado, les dije que lo ocurrido significa que, como no me encuentran a mí, me están diciendo que saben dónde está ella”.
En vísperas de cumplir cuatro años desplazada, teme que le sean retiradas las medidas de protección, pese a que las condiciones de riesgo que las propiciaron sigan vigentes.
Teresa, la palabra que no calla
Era verano y la lluvia caía inclemente sobre Toluca, Estado de México, cuando Teresa vio acercarse un vehículo que pensó era el taxi que estaba esperando, se apresuró a subir para evitar empaparse con el chubasco. Pronto se dio cuenta del error involuntario: dentro del automóvil viajaban tres hombres que iban por ella.
Teresa Montaño Delgado nunca planeó ser periodista. Por una situación familiar a los 21 años, con la preparatoria terminada, comenzó a trabajar como asistente de una comunicadora de sociales, con el tiempo se profesionalizó: hizo la licenciatura, realizó una maestría y tomó diversos cursos de especialización. Se enganchó al periodismo, le apasionó y hoy suma más de 30 años ejerciéndolo.
Para ella, el desplazamiento fue la única opción tras sobrevivir a un secuestro en Toluca en agosto de 2021. Fundadora de The Observer, Teresa apostó por el periodismo de investigación en un Estado de México acostumbrado a la línea oficialista.
Su labor le costó sufrir en carne propia una realidad común en México, las autoridades son las grandes violentadoras de los derechos de periodistas. La estadística del Mecanismo así lo demuestra: de 905 agresores detectados entre 2012 y octubre de 2025, 371 (40.99%), eran servidores públicos; 289, particulares (31.93%); y 245, personas no identificadas (27.07%).
En su informe Las Formas del Asedio, violencia contra las mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) da cuenta “de 1,189 casos de agresiones contra mujeres periodistas ,un incremento del 117% respecto al periodo de Enrique Peña Nieto, lo que representa un patrón sostenido de hostilidad institucional y sociopolítica”.
Adriana Ramírez Vanegas recuerda que al documentar en CIMAC las causas del desplazamiento, veían que había una impunidad total.
“Era una impunidad rodeada de una serie de desatenciones frente a agresiones que se habían prolongado durante mucho tiempo, es decir, la mayoría de las periodistas que salen lo hacen porque ya enfrentan una cadena de violencias extremas que incluso involucran atentados directos contra su vida e integridad. Y aunque muchas veces presentaban denuncias y hablaban públicamente de estas agresiones, no había respuesta”.
Lo vivido por Teresa da cuenta de ello. Tras publicar investigaciones sobre corrupción y contratos millonarios de renta de autos por el Gobierno del Estado de México, fue despedida de El Heraldo de México, donde laboraba como corresponsal. Tiempo después descubrió que una de las empresas involucradas pertenecía al mismo grupo del diario.
Siguió con su labor en The Observer, hasta el 13 de agosto de 2021. Ese día tenía una cita médica en el centro de Toluca alrededor de las cuatro de la tarde, poco después vino su secuestro que se prolongó por horas que le parecieron eternas. La liberaron cerca de la medianoche.
Con los ojos vendados, escuchaba a sus captores insistir en que era reportera, ella lo negaba y decía ser contadora y maestra, intentando explicar los documentos y fotos en su teléfono. Mientras el auto daba vueltas bajo la lluvia, la interrogaron y vaciaron sus tarjetas en cajeros, incluida la que usaba para administrar The Observer. Fueron por su auto y la amenazaron con matar a su hijo si estaba en casa, por eso al saber que no había nadie sintió alivio.
Su preocupación se centró entonces en las cajas con documentos de sus investigaciones y de The Observer que ahí tenía, hoy se sorprende al recordar su apremio por preservar esos papeles, y de cómo les pedía a sus captores que le dejaran algunos. Escuchaba cómo revisaban y movían todo, prometieron dejar las cajas, pero no fue así, una desapareció y la otra quedó vacía, con folders regados por el suelo.
Más tarde, una nueva angustia le sobrevino cuando, una vez más en marcha, sintió que salían de la ciudad, encañonada pensó que la asesinarían, finalmente, la abandonaron en un municipio cercano a Toluca. Cuando se quitó la venda, lo primero que hizo fue checar si con ella habían dejado las cajas con sus documentos, pero no había nada.
Caminó entre calles y milpas hasta llegar a un centro comercial en San Mateo Atenco. Pidió un teléfono prestado para avisarle a su hija que la habían secuestrado y liberado. Luego vino la impunidad: la ministerio público que le asignaron tras presentar su denuncia, intentó fabricar culpables y ella exigió una investigación real.
Su caso nunca fue registrado en las cifras de ataques a la prensa por el Gobierno del Estado de México, borrándola como periodista y víctima de la estadística oficial.
La decisión de desplazarse fue casi inmediata, salió hacia España con una beca que le proveyó RSF por tres meses, luego prolongó su estadía en ese país a invitación de la organización La Taula per Mèxic. Por un tiempo retornó a su hogar, pero se vio nuevamente obligada a salir, actualmente permanece en Alemania.
Teresa Montaño Delgado, periodista exiliada del Estado de México. Imagen: Patricia Monreal
“Siempre hemos manejado dos conceptos: desplazamiento y exilio”, señala Balvina Flores, de RSF. Explica que al inicio los periodistas no solo se desplazaban dentro del país, sino que se exiliaban, los primeros casos fueron de Veracruz y Morelos, la mayoría se fue a Estados Unidos, algunos obtuvieron permiso humanitario y aún permanecen allá, otros fueron a Canadá.
A pesar de la violencia que las atraviesa, la determinación de continuar con su labor, persiste en la mayoría de las periodistas desplazadas
Adriana Ramírez, destaca que el desplazamiento de las periodistas no es solo movilidad forzada, sino una forma de represión política contra el periodismo mexicano. Agrega que además de tener una marca de género, el fenómeno implica un ataque a la libertad de expresión, pues busca silenciar su trabajo. “En el 70% de los casos acompañados por CIMAC, el origen estaba en investigaciones sobre corrupción, transparencia y vínculos con el crimen organizado, así como en graves violaciones a derechos humanos”.
De ahí que muchas periodistas no solo informaban: acompañaban procesos de justicia y se volvían actoras clave, al desplazarlas, no solo se acallaba su voz, sino también los procesos que impulsaban. El efecto de acuerdo con la activista, era multiplicador: silenciar a una periodista significaba silenciar comunidades enteras y borrar temas de la agenda pública.
El desplazamiento entonces sostiene, no solo refleja violencia estructural, implica perder el derecho ciudadano a la información y evidencia patrones con consecuencias personales, políticas y para la libertad de expresión.
Desde el exilio, Teresa retomó la investigación sobre contratos de empresas fachada que detonó su salida, contó con el apoyo de la red Forbidden Stories, que en 2023 armó un equipo para verificar y fortalecer su trabajo durante cuatro meses. El reportaje se publicó en The Guardian, El País, y en medios nacionales en vísperas de la elección por la gubernatura mexiquense. Para ella fue una reivindicación profesional.
El día de la elección en que ganó la morenista Delfina Gómez Álvarez, en el Instituto Electoral del Estado se le impidió el acceso al área de prensa, mientras en el aire, un dron empezó a seguirla. Después se suscitaron otros episodios de violencia: policías municipales acudían a preguntar a sus vecinos sus horarios, pretendiendo ingresar a su casa.
En noviembre de 2023, el jefe de prensa de Morena en el Congreso del Estado, a quien ella conocía, le marcó por teléfono: “En la plática me dijo, ‘oye, tú tienes un hijo, ¿no?’, ¿qué edad tiene?’, en ese tiempo tenía 23 creo, y me contestó: ‘ah, ya está en edad de que le pase algo, ¿verdad?’, así me dijo, y le colgué”.
Una vez más tuvo que huir, aunque no fue la única, también lo hicieron sus dos hijos, hoy los tres viven en lugares distintos. Desde Europa, Teresa asume con mayor claridad su condición de periodista desplazada y bajo riesgo.
El costo de la “muerte social”
Marcela de Jesús Natalia, Magdalena Alonso y Teresa Montaño sueñan con volver a su lugar de origen para retomar la vida que construyeron y seguir ejerciendo el periodismo. En las tres, pesa la conciencia de saber que las condiciones para el retorno no están dadas, que no hay certeza de que lo puedan hacer, y de que sus proyectos de vida tomaron rutas dolorosas que jamás imaginaron.
Sara Mendiola y Balbina Flores coinciden en la necesidad de una política integral para atender el desplazamiento interno forzado: prevención, protección durante el desplazamiento y planes de retorno, el mayor reto tras salvaguardar la vida.
En términos políticos, al Estado Mexicano le cuesta más un periodista asesinado o desaparecido, pero en términos económicos, el costo mayor es de uno desplazado.
Adriana Ramírez lo explica con base a los cálculos que en su momento realizaron en CIMAC. Apunta que mantener un año a una periodista desplazada costaría en promedio, 1.2 millones de pesos anuales, una inversión que el Estado prefiere omitir.
“Muchas periodistas desplazadas viven una crisis profunda: les cuesta asumirse víctimas, enfrentan culpa, depresión y pérdida de autonomía”. Subraya Ramírez que el desplazamiento implica una muerte social. Busca silenciar su pluma y romper su autonomía.
Mientras el Estado Mexicano siga nombrando “estancias temporales” a los que son exilios forzados, la justicia seguirá siendo una promesa rota para quienes, como Teresa, aún se preguntan si vale la pena decir la verdad. Su respuesta, pese a todo, sigue siendo sí.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Desde diciembre de 2021, seis familias indígenas tzeltales de Nueva Palestina, en Ocosingo, viven desplazadas tras un ataque armado en su comunidad. Su caso forma parte de una crisis mayor: en 2024, Chiapas concentró más de la mitad de los desplazamientos registrados en México, un fenómeno que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños y que, pese a recomendaciones oficiales, sigue sin una respuesta protección y atención integral.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
En Chiapas, el desplazamiento forzado interno provocado por la violencia de grupos armados y del crimen organizado mantiene en situación de extrema vulnerabilidad a miles de personas, principalmente mujeres, niñas, niños, adolescentes y ancianos.
De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) 2024, el estado de Chiapas concentró el 61.8% de los 26 mil desplazamientos registrados en México, mientras que 17 mil 800 personas huyeron de sus comunidades por hechos violentos ligados a grupos criminales, según el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y ACNUR.
En este contexto, seis familias indígenas originarias de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo —integradas por 46 personas, entre ellos 24 niñas, niños y adolescentes— permanecen desplazadas desde diciembre de 2021, sin reconocimiento legal pleno como víctimas, pese a la recomendación 157/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que acreditó graves violaciones a sus derechos humanos.
El caso Nueva Palestina: ataque armado y huida
Desde la geografía del dolor mexicano, donde la violencia deja muertos y desplazados, emerge la voz de Antonia Aguilar Solórzano, madre de diez hijos y esposa de Versaín Velasco García, defensor comunitario. Su testimonio es un retrato descarnado de la realidad que se vive en la selva Lacandona.
Los días 15 y 16 de diciembre de 2021, su vida, y la de sus hijos, junto con otras cinco familias, se convirtió en un infierno.
Un grupo armado, presuntamente coludido con policías rurales, atacó sus viviendas en Nueva Palestina, comunidad situada al oriente de Ocosingo, en la frontera con Guatemala. La región arrastra conflictos agrarios y ambientales, y hoy enfrenta además la disputa del crimen organizado por el control territorial.
Antonia, originaria del pueblo tzeltal, relató con voz temblorosa que su casa fue incendiada. Ella y su familia fueron amenazadas de muerte. Fue privada de su libertad con una de sus hijas, entonces menor de edad y permaneció ocho días en cautiverio sin agua ni alimentos. “Me golpearon hasta perder el conocimiento; pensaron que me habían matado junto con mi hija”, recuerda.
Tras días de encierro, una fiscal acudió por ella con el argumento de trasladarla a un albergue en Ocosingo. Sin embargo, pasó de víctima a acusada: fue encarcelada durante un año bajo cargos -–dice– fabricados.
El conflicto se originó cuando cinco jóvenes fueron acusados de robo y multados con 50 mil pesos cada uno, si no pagaban, serían quemados. Ante la inminencia del plazo, sus familiares pidieron la intervención de Versaín Velasco García, quien logró que fueran trasladados y puestos a disposición de la fiscalía de Ocosingo.
Esa acción, según Antonia, incomodó a las autoridades comunales. “No era la primera vez que intervenía, ya había denunciado violaciones a los derechos humanos, y eso no gustaba a la gente”, expresa la mujer maya del pueblo tzeltal.
El día del ataque, Antonia vio llegar a policías rurales y civiles armados con palos, machetes, gasolina y armas de fuego hasta su casa. Buscaban a Versaín. Al no encontrarlo, arremetieron contra sus hijos violentamente. Entre la revuelta, algunos lograron huir y refugiarse con familiares y vecinos.
“Salimos porque nos atacaron”-afirma- “dijeron que iban a acabar con todo, con el apellido, con la raíz”, expresó la víctima.
En represalias las autoridades locales encarcelaron a Isaura Velasco García, hermana del defensor y a Diego Chamoan Velasco Aguilar, hijo de Versain, de 15 años, ambos fueron acusados de robo.
Bersain Velasco Aguilar, el segundo hijo de Versain, tenía 17 años, al ser el varón mayor, siempre acompañaba a su padre en las diligencias de la defensoría y en los trabajos del campo, desempeñándose como su secretario o ayudante. Por ser un joven visible, los agresores se ensañaron contra él, por lo que fue quien llevó la peor parte; fue torturado y herido a machetazo, en el solar de la casa de sus padres.
Fredi Gómez Santis, padre de dos menores y sobrino político del defensor comunitario, salió en defensa del joven Bersain. Según los hechos Gomez Santis disparó al policía Antonio Hernández Olleta, por lo que fue capturado, torturado y posteriormente desaparecido. Este delito fue imputado a Versaín Velasco García, esposo de Antonia.
Lesiones, secuelas y expedientes sin avances
El hijo mayor de Antonia, Bersaín Velasco Aguilar, ha documentado las agresiones sufridas a su familia y, con el acompañamiento de organizaciones civiles, se ha convertido en un activo defensor de derechos humanos en la exigencia de justicia.
El 16 de diciembre de 2021 sufrió un ataque con machete que le provocó una fractura expuesta en el brazo derecho al intentar cubrirse de un intento de decapitación.
“El policía quiso herirme en el cuello; me cubrí con el brazo y por eso tengo esta lesión”, relató Bersaín, hoy estudiante de Derecho.
Bersain Velasco Aguilar, es quien lleva el caso de las familias desplazadas de Nueva Palestina. El segundo hijo del activista Versain. Fotos: Mitzi Fuentes
Relata que, tras el ataque, huyó y caminó durante tres días por la selva hasta encontrarse con su padre. El 20 de diciembre llegó a San Cristóbal de Las Casas, donde fue internado en el Hospital de las Culturas y sometido a cirugía. Actualmente porta una placa y un tornillo metálico; una cicatriz rodea su codo derecho, su movilidad quedó limitada de forma permanente.
“Es imposible negar que hubo un ataque armado cuando existen pruebas físicas visibles”, sostiene Bersain
El joven estudiante de derecho y defensor, junto con otras seis familias, da seguimiento a los procesos legales, aunque enfrentan dificultades para costear la defensa jurídica. Con apoyo de voluntariados han impulsado las carpetas de investigación C.I. 0154-101-301-2022 (por Víctima de desaparición forzada); R.A. 0058-101-2801-2022; MSCTSCM/006/005/2023; MSCTSCM/007/005/2023 (por tortura sexual), y R.A. 1308-078-1001-2021.
La familia sostiene que hubo fabricación de delitos y afirma que, desde el 8 de enero de 2022, existen otras órdenes de aprehensión vigentes contra sus integrantes. También denuncia la falta de avances sustanciales en la investigación por parte de las fiscalías, mientras los presuntos responsables continúan en libertad.
El padre, Versaín Velasco García, defensor comunitario, permanece privado de su libertad desde el 10 de enero de 2022. Fue sentenciado a 58 años y cuatro meses de prisión en la causa penal 02/2022. De acuerdo con su defensa la sentencia fue confirmada en apelación y actualmente se encuentra en trámite un juicio de amparo.
Su caso ha sido documentado por la ONU, en enero de 2024, Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, exigió su liberación. La comisión de derechos humanos lo reconoció como víctima en la recomendación 157/2023. Pero nada de eso ha bastado. Versaín continúa preso.
El desplazamiento: cuatro años de nomadismo forzado
Desde su salida de Nueva Palestina, las familias residen en San Cristóbal de Las Casas en condiciones de hacinamiento. Antonia y su familia viven en un pequeño cuarto “no hay dónde lavar los trastes ni preparar comida, no hay cocina”, describe.
Sus hijas e hijos duermen en el piso, amontonadas. La vivienda resume su condición: estrechez y precariedad.
Fotos: Mitzi Fuentes
El apoyo oficial es insuficiente, reciben 2 mil 500 pesos para pagar la renta, pero deben completar con lo que no tienen. La despensa contiene 12 productos para el mes por familia. “es un producto por persona para todo el mes”, dice, “no alcanza para alimentar a 10 niños, niñas y adolescentes en crecimiento”.
Mujeres e infancias, los más afectados
El impacto en la salud y el desarrollo de las ocho mujeres y 24 menores ha sido devastador.
Antonia refiere que sus hijos están desnutridos y son vulnerables a infecciones estomacales y enfermedades respiratorias.
Antonia sufre migrañas severas, secuela de los golpes en la cabeza. Cuando el dolor la postra, sus hijos improvisan alivio con aceite de oliva y rezos. La fe suple lo que falta en la farmacia. “Me preocupa morirme y dejar solos a mis hijos”, confiesa.
Claudia Guzmán Velasco, sobrina del defensor de derechos humanos y víctima de desplazamiento forzado y abuso sexual, contó que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Hoy es madre de dos hijos, con uno de ellos en brazos, recuerda cómo fue sometida y encarcelada injustamente.
“Nos metieron a la cárcel sin haber hecho nada, solo por ser familia de Versaín y llevar el apellido Velasco”, dice.
El 27 de abril de 2022, su agresor, Pedro Sánchez Vilchis, fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión en el CERSS 16 de Ocosingo.
Antonia Aguilar Solórzano, madre de diez hijos y esposa de Versaín Velasco García, defensor comunitario. Fotos: Mitzi Fuentes
Otras de las mujeres afectadas es Ester, hija de Versaín y Antonia, quien tenía 20 años cuando ocurrió el ataque, aseguró que las secuelas son imborrables. “Fue muy duro, nadie quiere volver a vivir eso. Incluso niños que entonces tenían tres años aún pueden contar lo que vieron”, relató.
Aseguró que la adaptación en San Cristóbal de Las Casas sigue siendo difícil. Reveló que al principio recibieron atención psicológica esporádica y medicinas limitadas.
“Cada vez que vamos a la clínica solo nos dan paracetamol”, señaló Ester, al describir la falta de tratamientos adecuados para dolores crónicos, infecciones y fiebres derivadas de la violencia sufrida.
En el ámbito educativo, las familias han hecho esfuerzos por mantener a los menores en la escuela pese a la precariedad. Algunas tienen seis o diez hijos, lo que complica cubrir inscripciones, útiles y transporte. El hacinamiento es otra constante: familias numerosas comparten viviendas insuficientes.
El miedo una sombra permanente
El miedo no se disipa. Antonia y las otras mujeres temen que “vengan los de Nueva Palestina” a hacerles daño. La amenaza no es exagerada: su hijo Diego fue detenido de forma arbitraria por la policía municipal en San Cristóbal de Las Casas e interrogado por antecedentes.
“¿Y si la propia policía tiene contacto con quienes nos agredieron?” cuestiona.
El temor, explica, se reaviva al recordar el día del ataque, cuando – según su testimonio- policías rurales y estatales actuaron junto con civiles armados.
Exigen reconocimiento y reparación
Pese a la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, las seis familias desplazadas de Nueva Palestina no han sido reconocidas formalmente como víctimas. Sólo cinco recibieron apoyo parcial para vivienda y despensas limitadas.
Antonia no contempla regresar a su comunidad. “El gobierno tiene la obligación de garantizar un lugar seguro para mis hijos, su salud, su educación y una vida digna”, Su exigencia resume la de miles en Chiapas: “Que el gobierno nos escuche. Que nos mire. Que no sigamos sufriendo. Ya no pedimos limosna, pedimos justicia”.
El testimonio de esta mujer tzeltal da cuenta de las consecuencias del desplazamiento forzado. En su relato convergen los hechos de violencia que marcaron su salida de la comunidad y los desafíos que enfrenta desde entonces, pero también la decisión de mantenerse en pie junto a su familia.
La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) estimó que, en 2024, la violencia afectó directa e indirectamente a 161 mil 570 niñas, niños y adolescentes según el INEGI, en municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec y Tila, donde se registraron desplazamientos forzados masivos. En su informe 2025 reportó 460 denuncias por desaparición y 328 por pederastia, entre otros delitos.
La organización Melel Xojobal ha advertido que el desplazamiento forzado incrementa riesgos específicos para mujeres y niñas entre ellos violencia sexual, deserción escolar y, pérdida de acceso a servicios de salud.
A ello se suma la migración forzada de 8 mil 656 niñas, niños y adolescentes detenidos; 876 deportados y 635 menores chiapanecos repatriados desde Estados Unidos. Las cifras revelan un contexto de violencia estructural que impacta con mayor fuerza a la infancia y a las mujeres.
Familias víctimas de Desplazamiento forzado de la comunidad Nueva Palestina, Ocosingo, en manifestación frente a palacio de gobierno del Estado de Chiapas. Fotos: Mitzi Fuentes
Una crisis histórica que se agrava
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha documentado que el desplazamiento forzado en Chiapas tiene raíces históricas. Durante el levantamiento zapatista se registraron al menos 20 mil personas desplazadas.
“Hay cuentas pendientes históricas por estos hechos lamentables”, señaló Pedro Alfaro, coordinador de Incidencia del Frayba.
La impunidad y la falta de atención estructural han propiciado nuevos desplazamientos, alimentados por la violencia y la reactivación de grupos armados, incluidos remanentes del paramilitarismo de los años 2000.
En 2017, la violencia en municipios como Chenalhó, Pantelhó, Chalchihuitán y Aldama, así como en la región Selva, obligó a huir a 18 mil personas.
El su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” reportó 20 eventos de desplazamiento forzado interno entre enero de 2023 y junio de 2024, con un estimado de 15 mil 780 personas afectadas, víctimas de la violencia en municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa.
Así también, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.
En la región Frontera y Sierra Mariscal se calcula que 8 mil 190 personas han sido desplazadas por grupos delincuenciales. La magnitud del fenómeno evidencia una crisis humanitaria con graves violaciones a los derechos humanos. La falta de seguridad y el temor han convertido estos territorios en zonas silenciadas, con presunta complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Pedro Alfaro, centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Humanos. Foto: Mitzi Fuentes
El padre Miguel Montoya, de la Vicaría de Justicia y Paz, informó que además de la zona fronteriza también hay desplazamientos en Altamirano (18 familias), Tenejapa (cuatro familias) y Tila (más de 50 familias). Estos casos se atienden en mesas de diálogo con el gobierno estatal.
“En la zona fronteriza persiste la violencia por la presencia del crimen organizado y el temor a denunciar es alto. También hay desplazamientos derivados de conflictos comunitarios”, declaró el párroco.
El obispo Rodrigo Aguilar Martínez reconoció que, aunque la situación ha mejorado respecto a años anteriores, “no se ha terminado, falta mucho por hacer en la reconstrucción de la paz”.
Las cifras oficiales están por debajo de las documentadas por organizaciones y redes defensoras de derechos humanos. Entre 2017 y 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 23 recomendaciones en favor de 502 mujeres, 539 hombres y 431 niñas y niños.
Obispo Rodrigo Aguilar Martínez de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Mitzi Fuentes
A su vez, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas informó, vía transparencia, que de 2010 a 2023 atendió 13 casos en municipios como Teopisca, Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Nicolás Ruiz, Chilón y Huixtán. En total, brindó atención a mil 462 personas: 391 hombres, 429 mujeres, 329 niños, 300 niñas y 13 adolescentes.
La falta de aplicación efectiva del marco legal federal y estatal mantiene en la indefensión a víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas. Aunque existe una Ley para la Protección y Atención del Desplazamiento Interno en el estado, en la práctica muchas personas no reciben reconocimiento oficial como víctimas, requisito indispensable para acceder a apoyos gubernamentales. El trámite exige presentar denuncia ante el Ministerio Público, pero el temor a represalias impide que la mayoría lo haga, lo que deja los casos en la impunidad.
Pese a que Chiapas es uno de los pocos estados con una legislación específica en la materia, el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno permanece inoperante y no se ha emitido el reglamento que permita aplicar la ley. Esta omisión ha limitado la actuación de las autoridades, que concentran su intervención en respuestas emergentes de ayuda humanitaria a través de Protección Civil, sin desarrollar políticas integrales de prevención, registro y atención estructural del fenómeno.
Además, no existen mecanismos sólidos de documentación, diagnóstico ni espacios formales de diálogo entre autoridades, víctimas y sociedad civil para atender las causas del desplazamiento. La ausencia de coordinación y de estrategias de prevención y reparación refleja una deuda pendiente tanto del gobierno estatal como del federal, mientras las personas desplazadas continúan buscando por cuenta propia medios de subsistencia y protección.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
por Landy Valle
Calles vacías y un silencio ensordecedor son los testigos de la tragedia que hace más de cuatro años se registró en las comunidades de la sierra del municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en donde cientos de familias fueron víctimas de la maldad del hombre, que les obligó a dejar sus trabajos, pertenencias y sus vidas.
Jerez de García Salinas se ubica a 57 kilómetros de la capital zacatecana, es considerado uno de los siete pueblos mágicos del estado, el cual padeció momentos difíciles por la inseguridad.
La pugna por el territorio entre los grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG ) y el Cartel de Sinaloa fue como un huracán de violencia que inició en 2021 y que, a la fecha, la herida social no logra sanar.
De acuerdo con las autoridades municipales, en total fueron 22 comunidades desplazadas y más de 2 mil 500 personas obligadas a dejar sus hogares, cargando con ellas el miedo y la incertidumbre en los hombros, sentimientos que aún se perciben entre los que decidieron volver a reclamar lo suyo: su tierra y su hogar.
La comunidad de Palmas Altas, ubicada en la zona serrana de Jerez de García Salinas, ya no tiene las pintas del “CJNG” o el “Mayo”, que se ubicaban en la entrada del poblado. Las autoridades se encargaron de borrarlas. Aunque los recuerdos perduran.
En las calles circulan muy pocas personas, el unico movimiento en la comunidad de Palmas Altas es de actividad agrícola. Fotos: Landy Valle
Como una horrible pesadilla, Benjamín Carrillo, habitante de Palmas Altas, recuerda las fechas y horas en que los grupos del crimen arremetieron en contra de los pobladores, situación que sembró el miedo y que fue clave para que el 4 de marzo del 2021 se decidieran a dejar su casas para ponerse a salvo.
La madrugada de ese día la disputa entre los grupos armados tocó de manera directa a las familias. El asesinato de “El tilico”, un mecánico de la comunidad, junto con su hijo Jorge de 19 años de edad, marcó un antes y un después en Palmas Altas.
Tras descubrir el asesinato, sumado a las desapariciones de seis personas días atrás, Benjamín dejó de postergar su salida de Palmas Altas para poner en resguardo a su familia, “porque esta gente no se va a detener (…) pronto, les dije: saquen lo que puedan y vámonos (…). Ese día, medio rancho nos salimos”, recordó Benjamín.
Familias de distintas comunidades de la Sierra Jerezana acudieron por sus pertenencias acompañados del Ejército Mexicano. Fotos: Cortesía
Pensando en que la violencia pronto acabaría, junto a su familia se estableció en la cabecera municipal de Jerez, como muchas otras, pero el terror continuó más de lo esperado.
Pasaron los meses y a la distancia se daban cuenta de que las desapariciones se seguían cometiendo, tanto en Palmas Altas, Sarabia, Sauz de los García y otras localidades, “y el gobierno ni sus luces”.
Fue hasta septiembre que, a pesar del miedo, Benjamín intentó acercarse a Palmas Altas porque todas sus pertenencias se encontraban ahí, “afortunadamente no nos habían saqueado la casa”. Tomó documentos oficiales, ropa y algunos otros objetos.
Para octubre, solo vivían cinco familias en la comunidad, “ya casi todos se habían salido”. Pese a ello Benjamín comenzó a sentir confianza, “a ser más fuerte que el miedo” e intentar establecerse nuevamente en su casa, sin embargo, la paz duró muy poco.
Banjamín y su familia solo pudieron permanecer un mes en la comunidad, cuando el riesgo regresó. El 27 de noviembre, un joven conocido como “Picho” fue levantado y asesinado junto con su esposa. Al día siguiente fueron localizados sus cuerpos en Fresnillo.
En la misma fecha, cerca de Palmas Altas se desató una balacera y el propio Benjamín tuvo la mala experiencia de ser detenido por las personas del cartel para una supuesta revisión. “Está limpio, somos del Cartel del Golfo y andamos limpiando la zona”, le advirtieron.
Al día siguiente se pudo observar en las calles el rastro de la violencia. Casas saqueadas, ropa, zapatos, una camioneta y hasta tractores se quedaron a la mitad de la calle después de la huida de los grupos armados. “Como deja un huracán cuando pasa”.
Durante el regreso de las familias, se encontraron vehículos calcinados, testigos de la violencia en las comunidades. Fotos: Cortesía
Por estos hechos las cinco familias que permanecían en Palmas Altas se dieron por vencidas y decidieron dejar su comunidad.
La única opción que tuvieron fue ir y venir diariamente para no dejar sus tierras y animales, que representan los principales sustentos económicos, es a lo que se dedican esas familias. Así, antes de que el sol cayera, ya tenían que estar de regreso en Jerez, aunque esto no los exentaba de ver a sujetos armados en el camino.
Solidaridad y respaldo
Sin respuesta de las autoridades durante todo 2021, la comunidad migrante y la solidaridad de los ciudadanos fue una pieza clave para sostener a las familias que de manera directa se enfrentaron a las adversidades de la inseguridad.
Los paisanos en el extranjero apoyaron económicamente a las familias locales para que pudieran rentar una casa en la cabecera municipal. Otras personas optaron por mudarse a Estados Unidos.
Jerez es uno de los municipios con mayor porcentaje de población que ha emigrado hacia Estados Unidos, en muchos casos, emprendieron negocios en este país que prosperaron, lo que les permitió invertir en sus hogares de origen, en este caso, en las comunidades del pueblo mágico.
Sin embargo, con la llegada del crimen organizado a los pueblos jerezanos y el saqueo a las casas, los habitantes perdieron las inversiones millonarias que habían hecho, tanto en la construcción de éstas, como en la compra de muebles. Incluso, les dio miedo regresar a visitar su terruño.
Con este desplazamiento, ciudadanos organizados y la iglesia católica se movilizaron para brindar una contención a las familias. Aimé Alanís Pérez, integrante del Colegio de Psicólogos Profesionales para el Bienestar Social A.C., relató la intervención psicosocial que realizaron durante tres meses con las personas afectadas.
Actualmente, la mayoría de las casas se encuentran cerradas con candados. /Grupos del Crimen Organizado, desprendieron las protecciones de las casas para poder entrar. Fotos: Landy Valle
El objetivo principal de estas acciones fue brindar una contención a las víctimas de desplazamiento forzado, “algo que pensaron que nunca podría llegar a ocurrir y que de alguna manera fue un parteaguas que marcó mucho sus vidas, al dejar de un día para otro absolutamente todo”.
La psicóloga explicó que cada persona vivió de manera distinta la situación, sin embargo, para los hombres fue una experiencia muy fuerte.
“Se sintieron impotentes y muy rebasados por el hecho de sentir que no podían proteger a su familia, que estaba fuera de su alcance el poder brindar seguridad y protección a sus hijos y su pareja. Era muy frustrante y les costaba, por el mismo sistema cultural y social que tenemos en Latinoamérica, hablar de las emociones, pero aun así estaban muy conmovidos y afectados”, relató Aimé Alanís.
Un campo de guerra
Para febrero de 2022, Palmas Altas se convirtió en una zona de guerra, las pocas familias que continuaban en el pueblo fueron echadas por los grupos armados. “Que supuestamente aquí iba a ser un campo de guerra, hasta que no lograran llegar a Jerez, era según su objetivo”, compartió Benjamín.
Expuso que su comunidad fue de las más afectadas porque se encontraban en el centro de un triángulo, donde conectaba la cabecera municipal de Jerez, Fresnillo y Valparaíso, lo que atribuyó a que la zona favoreciera las operaciones de los grupos armados.
Por cuenta propia, Benjamín comenzó a buscar ayuda con las autoridades. Buscaba, junto a otros vecinos, regresar para recuperar los objetos de mayor valor, debido a que habían visto cómo en otras comunidades las casas estaban completamente saqueadas.
El primer contacto fue con Marco Antonio Vargas Duarte, en ese entonces, secretario de gobierno del Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, quien le expuso la intención de instalar en junio de ese año un destacamento en Sarabia, Monte de los García y otras comunidades, aunque eso no pasó.
La ayuda no llegó por parte del municipio, sino por el Ejercito Mexicano, quienes acompañaron a cerca de 40 familias a su comunidad para sacar algunas de sus pertenencias, este hecho, dijo Benjamín, fue solo una práctica para lo que vendría.
Benjamin abriendo la casa que cuida de un paisano. / Benjamin muestra las casas de los paisanos que fueron saqueadas. Fotos: Landy Valle
El 17 de febrero que se preparó el operativo en el que se trasladaron las familias de Palmas Altas para poder sacar sus cosas: refrigeradores, estufas, herramientas de trabajo, entre otras pertenencias.
Significó un hecho sin precedentes: las imágenes de la caravana de camionetas llenas con todas sus bienes recorrieron los medios nacionales. Hoy los pobladores siguen cuestionando: “¿por qué las autoridades prefirieron acompañar a las familias para sacar sus pertenencias, en lugar de sacar a los grupos delincuenciales?”.
Ese día Benjamín lo sigue recordando con mucho dolor junto a su familia, “ahí sí lloramos. Nos sentimos humillados por dejar todo por la maldad del hombre”, relató con lágrimas en los ojos.
El desplazamiento forzado de las comunidades de Jerez llegó hasta la Ciudad de México, cuando decidieron movilizarse hacia la Cámara de Diputados y a la mañanera del pueblo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenían el propósito de exigir condiciones de seguridad para poder regresar a sus hogares.
Las familias difundieron en medios nacionales cómo fueron desplazados, sin embargo, no tuvieron mesas de trabajo con los legisladores.
Familias acudieron a las comunidades a reocoger las pertenencias de mayor valor. Fotos: Cortesía
Se movilizaron al edificio de la Guardia Nacional y ahí Lucía Calderón, encargada de la seguridad en al menos cinco estados: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, y Michoacán, se comprometió a que en dos semanas colocarían una base de seguridad en la comunidad, aunque aclararon que tenía que ser autorizada por el gobernador, David Monreal Ávila, quien hasta ese momento no había solicitado apoyo de la federación.
Era principios de marzo, casi un año de que inició su peregrinar, cuando comenzaron las acciones de seguridad, “hicieron limpia de todos los malandros”, recordó Benjamín.
Sin recuperar población
Para el 14 de marzo del 2022 les avisaron que podían volver a sus casas con la garantía de que se instalaría un cuartel de la Guardia Nacional en la entrada del pueblo, en una de las tantas casas abandonadas.
Al llegar a Palmas Altas se encontraron con el desastre que dejaron los grupos armados. Algunos, incluso, tuvieron que reconstruir por completo sus casas.
Benjamín recordó que poco a poco la población comenzó a regresar, aunque no en su totalidad. Calculó que únicamente alrededor del 30 por ciento de los pobladores decidió volver, “y se puede decir que, hasta la fecha, la mayoría no volvió”.
A cuatro años de los hechos esto se puede constatar al ver las calles vacías, además de los candados colocados en puertas y portones. “Es gente que agarró mucho miedo y otros que se fueron hasta Estados Unidos”.
Benjamín hizo el recuento de algunas comunidades: Juana González tiene dos familias; en San Antonio de Ordóñez regresaron cinco y en Sarabiam solo retornaron 20.
Las pintas hechas por los delincuentes fueron borradas por las autoridades. / Un cuartel improvisado de la GN en una casa saqueada en Palmas Altas. Fotos: Landy Valle
En el regreso el gobierno del estado sí acudió. “Vino a tomarse la foto donde supuestamente las comunidades desplazadas ya estaban activas y que según habían venido a reparar todas las viviendas, cuando solo pintó dos o tres casas, nomás para la foto”, dijo Benjamín en tono de reclamo.
No se puede hacer confianza
Aun y cuando se tiene presencia de la Guardia Nacional de manera permanente, reconoció que todavía no se puede tener confianza en la seguridad. Relató que en meses recientes tiraron poncha llantas (puntillas de fierro) en la carretera, “porque todavía están ahí (los grupos armados), entre los cerros”.
Consideró que no ven el beneficio en que la Guardia Nacional esté patrullando al azar, “necesitan ir al punto porque ellos saben dónde están. Si ellos ya saben, ¿por qué no actúan y se meten al cerro?”, cuestionó.
Poco a poco las comunidades han tenido la confianza de retomar sus actividades recreativas. Sarabia, otra de las comunidades desplazadas, este 2026 celebró el 90 aniversario de su fundación y lo festejó con la presentación de una banda musical que reunió a todas las familias, al menos a las que regresaron.
Un residente de la comunidad, quien solicitó omitir su nombre, aseguró: “nosotros no estamos confiados, ni pensando que ya pasó todo, pero es nuestra tierra”.
Relató que reactivar su actividad económica en las comunidades fue difícil, “nos ha costado, perdimos mucho, pero si no crecemos aquí en nuestra tierra, entonces no vamos a poder crecer en ninguna parte. Estamos tratando de sacar a nuestro rancho adelante”.
Aunque más allá de la riqueza material que pudieran obtener y preservar en Sarabia, aseguró que su mayor anhelo es, “recuperar la libertad que teníamos, por eso luchamos actualmente, porque nos quitaron mucho”.
Admitió que debido al riesgo que corrían los jóvenes con la presencia de los grupos delincuenciales, la mayoría de los que regresaron son personas mayores. “La juventud corría el peligro de que los levantaran, por ello, tratamos de que se fueran a Estados Unidos o agarraron trabajos en la ciudad, por eso no regresaron”.
A pesar de que pasaron cuatro años del desplazamiento, reconoció que continua el miedo y la desconfianza, “yo ya no confío ni en mi sombra, no se puede confiar en nada cuando están las cosas como están en todo el estado”.
Sin embargo, reconoció: “siempre regreso a Sarabia. No hay otro lugar tan hermoso como aquí. Conozco muchísimas partes de Estados Unidos, pero ninguna es de uno”.
Familias que regresaron a Sarabia festejan el aniversario del ejido. Fotos: Landy Valle
Una ley sin aplicar
De acuerdo con los testimonios, la mayoría de la recuperación de las viviendas se logró por el esfuerzo de los habitantes. En algunos casos se les apoyó para restaurarlas, pero no hubo un plan de acción para brindar un seguimiento, como lo establece la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas, aprobada en marzo del 2022 y publicada en el Periódico Oficial estatal hasta el 1 de octubre de ese año.
El diputado local David González Hernández, quien presentó la iniciativa, detalló el Congreso del estado hizo su parte aprobando la legislación, sin embargo, las condiciones para su aplicación le correspondían al Ejecutivo.
Explicó que actualmente no se tiene registro de que alguna comunidad o una persona en lo individual, esté haciendo uso de esta ley.
“Ellos iban a hacerse responsables de aglomerar a las instancias que tuvieran relación en alguna situación de estas, incluido en los municipios, pero al día de hoy, por ejemplo, no se ha instalado la mesa que tenga que ver con el desplazamiento forzado”, declaró.
De acuerdo con la ley, se debió crear el Sistema Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno, el cual es el encargado de prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas para las personas desplazadas, así como formular y ejecutar el Programa Estatal, no obstante, no fue establecido.
El diputado reconoció que por parte del gobierno del estado realizaron acciones de seguridad e infraestructura para el retorno de las familias, pero no encaminadas a la prevención, “con un registro estatal de las personas desplazadas, con el Consejo que tiene que estar involucrado con esta situación de prevención del desplazamiento y bueno, pues que hablar del fondo que debe de existir”.
Destacó que Zacatecas es la cuarta entidad con una ley de desplazamiento forzado, sin embargo, reconoció la necesidad de legislar en la materia a nivel federal, “hay antecedentes a nivel nacional, pero ninguna ha sido considerada”.
En la comunidad Juana de los García, solo regreso una familia. Fotos: Landy Valle
Una promesa sin cumplir
En 2022, el gobernador David Monreal anunció la construcción de un Destacamento Regional de Seguridad (Deres) en la comunidad de Palmas Altas, no obstante, a cuatro años del desplazamiento de las familias y casi al término de la gestión del mandatario, no se ha cumplido.
Los mismos pobladores donaron un terreno a la entrada de la comunidad para su instalación, aunque fue hasta junio de 2025 que concluyó el proceso para la entrega de tierras a las autoridades para la construcción de este proyecto, el cual busca fortalecer la seguridad de más de 25 comunidades serranas.
Manuel Eduardo Flores Sonduk, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas (SESESP) informó que serán dos destacamentos que se instalarán en las comunidades desplazadas: Víboras, comunidad de Tepetongo y Palmas Altas, de Jerez de García Salina. El proyecto tendrá una inversión de 6 millones de pesos en cada uno, utilizando recursos federales y estatales.
Según el funcionario, el objetivo de estos espacios será que permanezcan los tres órdenes de gobierno y están planeados en tres módulos con cocina, comedor, dormitorios y una zona de capacitación. Expuso que la inauguración de estos espacios se espera realizar para finales de octubre.
Habitantes de Palmas Altas donaron parte del ejido para la construcción de un Destacamento Regional de Seguridad. Foto: Landy Valle
Recuperación y acción de Estado
Marco Antonio Vargas Duarte, quien actualmente se desempeña como responsable de Atención a las Familias Desplazadas, consideró que un aspecto que ayuda a que las familias vayan cicatrizando la herida social es la seguridad que hoy se tiene en la zona.
Destacó que por ello mantienen bases de operación en algunas de las comunidades, además de la presencia de las fuerzas federales y estatales con recorridos por las carreteras y comunidades.
“Esa presencia de las fuerzas del orden permite que esa cicatriz vaya sanando poco a poco, pero evidentemente no regresó toda la gente, aquellas personas que no regresaron son quienes realmente vivieron momentos muy difíciles”, compartió.
Pese a que la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas no se aplicó, Vargas Duarte aseguró que no quedó en letra muerta, al haberse invertido recursos económicos por parte del municipio, el estado y la federación, para atender los daños que se generaron en las comunidades.
A pesar de que en 2022 las familias apenas estaban regresando a sus viviendas, el funcionario aseguró que se restauró el Estado de Derecho de toda la región, “ya no he visto algún problema”.
Afirmó que se han regularizado las vidas de las familias en las comunidades de Jerez, pese a que no deja de existir en el ánimo colectivo la incertidumbre “de que aquello que sucedió vuelva a repetirse”.
En las casas saqueadas, solo quedan recuerdos de la cotidianeidad robada por la violencia. Foto: Landy Valle
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
En México, más de 300 mil personas han sido desplazadas en los últimos años. Aunque la violencia asociada a la delincuencia organizada concentra la atención pública, la falta de garantías para los derechos de las personas LGBTIQ+ también está generando desplazamientos internos que permanecen insuficientemente documentados y atendidos.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
por Fernanda Gálvez
De 2023 al 2024, el número de personas desplazadas internas en el país casi se duplicó, según datos del informe“Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024”, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
La Ciudad de México y urbes como Tijuana, se han convertido en destinos para personas migrantes y para quienes huyen de violencia en sus comunidades de origen. El mismo informe documenta que estas ciudades también reciben a personas en situación de desplazamiento interno forzado que salen de otros estados en busca de seguridad.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que la principal causa del desplazamiento es la violencia generada por el crimen organizado, seguida de fenómenos naturales. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en 2024, al menos 28,000 personas se desplazaron de sus hogares debido a las estructuras criminales.
Sin embargo, el crimen organizado no es la única causa. En su informe tras la visita a México en junio del 2023, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, documentó casos vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón de género, feminicidios, homicidios, reclutamiento forzado y extorsiones.
Cuando las personas son desplazadas, suelen cargar pocas cosas consigo, entre ellas incluyen las imágenes u objetos religiosos. Foto: Fernanda Gálvez
Discriminación y “sexilio”
La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género también puede detonar desplazamientos. A este fenómeno, el sociólogo puertorriquense Manuel Guzmán, lo nombró “sexilio”.
Alma Cosette Guadarrama Muñoz, doctora en Derecho por la Universidad La Salle, explica que el sexilio ocurre cuando la negación del derecho al libre desarrollo de la personalidad obliga a las personas a trasladarse hacia entidades donde perciben mayor protección institucional.
Guadarrama, quien en 2025 llevó a cabo el proyecto “Los invisibles de la migración en México: los desafíos jurídicos de la comunidad LGBTI+ en Ciudad Ixtepec, Oaxaca”, añade que “teóricamente se habla de sexilio porque se ven obligados a irse aún cuando incluso ellos ni siquiera identifican que están siendo forzados a moverse”.
Para la Dra. Alma Cosette Guadarrama, el sexilio es un tipo de discriminación silenciosa que obliga a las personas a abandonar sus hogares, conviertiéndolos, incluso sin que lo sepan, en personas desplazadas. Foto: Fernanda Gálvez
La ausencia de un marco legal que les proteja
En México no existe una ley federal específica sobre desplazamiento forzado interno. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encargado de proteger y asistir a las personas desplazadas internas desde 1971, comenzó a trabajar el tema en nuestro país a partir de 2019 por petición de las autoridades federales que buscaban mejorar la respuesta ante la población desplazada.
En 2020, como parte de su labor, la Agencia de la ONU apoyó la propuesta de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno que, dentro de sus causales, incluía la orientación sexual e identidad de género. “Esta ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero ya no por la de Senadores, entonces se archivó con el cambio de legislatura”, recuerda Carolina Reyes, encargada del área de desplazamiento interno del ACNUR.
Actualmente sólo Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca cuentan con legislación local en la materia. Esta última, explica Reyes, es la única que dentro de la causal por violación a derechos humanos cuenta con discriminación que, entre otros motivos, incluye la orientación sexual y la identidad de género.
Sin embargo, especialistas subrayan la ausencia de registros oficiales desagregados que permitan dimensionar el impacto del desplazamiento en poblaciones LGBTIQ+.
ACNUR ha colaborado con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para que en la Encuesta Intercensal 2025 se integraran preguntas sobre movilidad interna, cuyos resultados se prevé se publiquen en 2026.
Alberto Baltazar, encargado del área de datos y registros de desplazamiento interno del ACNUR, reconoce que hacer registros sobre desplazamiento es complicado, pero no imposible. “Hay posibilidades de que las instituciones, en el marco de los servicios que brindan, pudiesen, por ejemplo, tener una pregunta para identificar el historial de desplazamiento de las personas”. Es importante tener datos con estas especificaciones porque “permite identificar perfiles y necesidades, y así definir cuáles son las responsabilidades y las mejores alternativas para responder desde una institución”, explica.
Liosbel y Jesús, son una pareja originaria de Cuba, que llegaron a México tras ser desplazados de su país por su orientación sexual. Foto: Fernanda Gálvez
Trayectorias de la violencia
Xux Ek Navarro es una de muchas mujeres trans que vive en sexilio. Luego de haber sido víctima de violencia por parte de su expareja, en 2021 solicitó refugio a Casa Frida, una organización dedicada a proteger, acompañar e integrar socialmente a personas de la comunidad LGBTI+ víctimas de violencias en México, quienes la orientaron y acompañaron en su proceso. Fue así como dejó su hogar en Guanajuato para instalarse en un lugar donde su vida no corriera peligro.
Cuando Xux Ek Navarro llegó a la Ciudad de México, lo hizo con su hermano, pues ambos habían sido víctimas de violencia por parte de su expareja. Sin embargo, Navarro cuenta que desde antes ya había considerado salirse del Bajío, en Guanajuato, debido a la discriminación que vivía: “me llegó a pasar que me negaron servicios médicos, se negaron a atenderme en una estética o en una tienda, y no me dieran trabajo porque querían que me vistiera como hombre.
El mural pintado en una de las paredes de Casa Frida muestra a un grupo diverso de personas desplazadas que han pasado por el refugio. Foto: Fernanda Gálvez
De acuerdo a Guadarrama Muñoz, aunque las personas salen de su lugar de origen para evitar la discriminación, siguen encontrándola durante sus trayectos, “desafortunadamente esto tiene que ver con la construcción de la sociedad, en nuestro contexto regional, estoy hablando de América, la norma que impera es lo heterosexual”.
En su caso, relata Navarro, cuando buscó ayuda, las autoridades que acudieron a la casa donde su hermano y ella estaban siendo violentados, se burlaron e incluso la culparon por estar ahí. Luego, al intentar levantar una denuncia contra su agresor, narra que de nuevo sintió que la intentaban culpar de lo que estaba pasando por “ser como era”, insinuando que las violencias que enfrentaba fueron consecuencia de su decisión de asumirse públicamente como una mujer trans.
A pesar de los avances legales en derechos para gente queer, en el informe, la Relatora Especial expresó su preocupación por la discriminación y estigmatización que sufren, al ser desplazadas e intentar tener acceso a sus derechos, sumado a la falta de un marco jurídico que las proteja y la poca o nula cultura sobre la identidad sexogenérica que existe, las convierte en una de las poblaciones más vulnerables dentro del desplazamiento.
A diferencia de las personas desplazadas que no son parte de la diversidad sexual, quienes sí lo son, sufren discriminación y violencia desde sus hogares, lo que en un inicio las obliga a salir a las calles quedando desprotegidas. René A. Tec-López, posdoctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que no se necesita cruzar una frontera geográfica para vivir en sexilio, “muchas de estas personas primero tuvieron que salir de su hogar por la violencia y el rechazo que vivieron allá”.
Xux Ek Navarro, actualmente asesora de Coordinación e Integración Comunitaria en Casa Frida, explica que, en la mayoría de los casos, las historias de violencia de quienes solicitan refugio sigue un patrón recurrente: primero enfrentan discriminación en su familia y son expulsadas de sus hogares; después llegan a la calle, donde conocen a alguien que les ofrece su ayuda y alojamiento. “Aquí pueden pasar dos cosas”, advierte. “Esa misma persona puede convertirse en perpetradora de violencia –psicológica, física o sexual– o resultar ser reclutadora de una red de trata de personas”.
Xux Ec explica que la discriminación sigue un camino similar en varios casos: ser expulsados de sus hogares por temas de género y orientación sexual, estar en situaciones que les vulneren, ser ‘acogidos’ por personas que les maltratan o explotan y/o recibir apoyo. Foto: Fernanda Gálvez
Un cruce de violencias
Las personas migrantes y desplazadas suelen enfrentar violencias similares durante sus trayectos. “Todas las personas en movilidad requieren protección; sin embargo, los mecanismos de protección deben ser diferenciados”, señala Carolina Reyes, quien subraya la importancia de distinguir entre ambos contextos. Mientras que una persona huye o ha sido expulsada de su comunidad no puede regresar sin poner en riesgo su vida, quienes migran –en términos generales– no enfrentan ese mismo nivel de peligro al volver a su lugar de origen.
Pese a esta diferenciación, la falta de datos específicos sobre personas desplazadas obliga a revisar los registros y testimonios de migración. La población migrante que forma parte de la comunidad LGBTI+, además de provenir de contextos similares al que vivió Navarro, está expuesta a violencias que también enfrentan quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno.
René A. Tec-López, además de investigar temas de migración LGBTIQ+, es Oficial de Programas de la Organización para Refugio, Asilo y Migración (ORAM), en su experiencia, asegura que las violencias a las que se enfrentan van desde secuestros, abusos y extorsiones que sufren por parte de la delincuencia organizada, los agentes de migración e incluso de la Guardia Nacional.
“Una persona cisgénero o gay puede pasar más desapercibida; sin embargo cuando se trata de una persona trans –cuya expresión de género resulta visible o rompe con la norma– la exposición a la violencia aumenta”, advierte. En ese contexto las mujeres trans, así como los hombres trans y las mujeres en general, son las poblaciones que, lamentablemente, enfrentan mayores niveles de violencia sexual durante el tránsito.
Ek Navarro explica que, en estados con fuerte presencia de grupos criminales, las personas que quedan en la calle se convierten en un sector altamente vulnerable, fácilmente detectado por grupos criminales. “Se vuelve una mercancía: identifican a alguien en la calle, la secuestran y la obligan a trabajar. Por lo general, ese “trabajo” es explotación sexual”, advierte.
Una persona cisgénero o gay puede pasar más desapercibida; sin embargo cuando se trata de una persona trans –cuya expresión de género resulta visible o rompe con la norma– la exposición a la violencia aumenta”, René A. Tec-López. Foto: Fernanda Gálvez
Alberto Baltazar, del ACNUR, dice que han detectado que las víctimas de sexilio suelen provenir de comunidades indígenas o con características rurales. Explica que su orientación puede representar una afrenta a los valores culturales o tradiciones locales, lo que las empuja a desplazarse hacia núcleos urbanos donde puedan vivir su identidad sexual con mayor seguridad y libres de estigmas.
Las necesidades de las personas de la diversidad sexual en situación de desplazamiento forzado interno son heterogéneas. Como explica René Tec-López, estas dependen no sólo del lugar de origen, sino también de la identidad de género y orientación sexual. «No son las mismas necesidades las de una persona gay cisgénero que las de una persona trans”, señala.
La mayoría de las organizaciones que trabajan con estas comunidades buscan acompañarlas desde una perspectiva interseccional, es decir, tener en cuenta no sólo su estatus de personas desplazadas, sino también las circunstancias que las atraviesan y por las cuales pueden ser objeto de diversas violencias.
Con esas especificidades en mente, René Tec, identifica al menos tres obstáculos que enfrenta la población migrante –y que también afectan a las personas en situación de desplazamiento–: el acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios de salud.
René Tec señala que las complicaciones a las que se enfrentan las personas desplazadas por sexilio son, sobre todo, racismo, xenofobia y disciminación por su identidad de género y orientación sexual. Foto: Fernanda Gálvez
“La gran mayoría de las víctimas afirmaron que el desplazamiento iba inevitablemente acompañado de la pérdida de medios de subsistencia”, expresa el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas.
El oficial de Programas de ORAM explica que, en el caso de las personas migrantes, la falta de documentación regulada suele traducirse en empleos precarios y condiciones de explotación laboral. Añade que muchas mujeres trans recurren al trabajo sexual, una actividad que, advierte, «también se desarrolla en un entorno de alto riesgo frente a la trata de personas”. De acuerdo al Reporte sobre trata de personas del 2025, el principal método de captación sigue siendo la oferta de empleo.
La pérdida de documentos en los tránsitos es otra constante. La Relatora Especial ha señalado que esta situación restringe el acceso a derechos, particularmente entre población racializada y mujeres trans.
Desde ORAM, René Tec-López ha identificado además patrones de abuso social contra personas en situación de vulnerabilidad. Tanto en lo laboral como en el acceso a vivienda, explica, hay quienes se aprovechan de su condición de movilidad y de las barreras lingüísticas. “A una persona migrante sin papeles, le triplican la renta. Muchas no dominan el español, y de eso se aprovechan las y los arrendadores”.
En materia de salud, la Ciudad de México cuenta con Clínicas Especializadas Condesa, centros dedicados a la prevención, detección y atención integral de enfermedades como VIH/Sida, que ofrecen servicios gratuitos. Sin embargo, en otras entidades del país el acceso a este tipo de atención sigue siendo limitado.
Un lugar seguro
En su informe la Relatoría Especial de la ONU documentó que las personas LGBTIQ+ desplazadas enfrentan altos niveles de discriminación y estigmatización al intentar acceder a sus derechos.
Xux Ek Navarro relata que durante su proceso de denuncia sufrió revictimización. Mientras vivía abusos por parte de su expareja, –explica– no siempre estaba plenamente consciente, pues se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. Por ello, cuando en el Ministerio le exigieron precisar fechas y hora exactas de las agresiones, se sintió muy frustrada: “Mi mente no me daba para recordar fechas, nada. Sentía mucha rabia, mucha tristeza, mucha impotencia; sentía todo al mismo tiempo”, recuerda.
Posteriormente, mientras era atendida en el hospital por las lesiones, que según su testimonio, le habría causado su expareja, escuchó a una enfermera mencionar refugios para personas de la diversidad sexual. Sin embargo en los primeros refugios que buscó no le ofrecieron alojamiento junto a su hermano. “En los de mujeres no le permitían entrar a él o a ambos; no aceptaban chicas trans, y en los de hombres yo no me sentía segura”. Fue entonces cuando, tras oír la recomendación de la enfermera, buscó en internet y encontró Casa Frida.
Su llegada al refugio –afirma– marcó un punto de inflexión. Desde el primer contacto por redes sociales recibió apoyo legal y acompañamiento a su traslado a la Ciudad de México. Gracias al acompañamiento psicológico y al proceso de integración, logró sentirse segura y pudo retomar su vida.
Actualmente, Casa Frida ofrece alojamiento y un plan integral de atención para que las personas recuperen su autonomía. Entre sus servicios se incluyen acompañamiento psicológico, asesoría legal, educación financiera, apoyo en la búsqueda de empleo e inserción laboral, además de planes personalizados que facilitan la estancia o movilidad de quienes llegan.
Casa Frida es un refugio LGBTIQ+ que durante la pandemia buscó dar hogar temporal a quienes eran desplazadxs dentro del país por temas de identidad, expresión de género y orientación sexual. Foto: Fernanda Gálvez
El pasado viernes 20 de marzo realizamos el conversatorio «Democratizar la información, preservar los conocimientos» en el que participaron Neima Paz y Leonardi Fernández del proyecto Wikimedia wayuunaiki y que fue moderado por María Teresa Juárez.
Hace casi 10 años Aracely Cruz fue desplazada de su comunidad junto a su madre y 54 familias más del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, en Chiapas.
Recuerda con tristeza aquel 26 de mayo de 2016, cuando tuvo que huir de su hogar luego de que un grupo de personas fueran a su domicilio con el fin hacerle daño a su familia. Este evento, resultado de un conflicto paramilitar provocado por grupos políticos, terminó con el asesinato de su padre, Guadalupe Cruz, dejando un vacío insuperable en su vida.
“Nosotros recordamos con dolor todo lo que hemos vivido en este desplazamiento, no por gusto nos salimos de la comunidad, fue por toda la violencia. No le debíamos a nadie, por eso no temíamos en ese momento. Fueron a nuestra casa a lastimarnos, mataron a mi papá y le dispararon a mi mamá. Una niña de 12 años también murió ese día. Han sido situaciones muy complicadas para mi familia y para mí”, relató la joven mujer. Hoy, con 32 años y una hija de 2, vive junto a 130 personas más en el campamento provisional que les otorgó el gobierno como solución.
Entrada del campamento para desplazados del Ejido Puebla. Foto: Ximena Avendaño
Según información rescatada del archivo de SIPAZ, “La Comisión de Paz y Transparencia de Chenalhó reclamaba la destitución de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, electa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señalada de no cumplir las promesas electorales y acusada de ‘corrupción, abuso de poder y de desviar recursos’”.
Este hecho violento derivado de la resistencia política de la comunidad fue compartido a través de un comunicado del Movimiento Pedrano Chenalhó, donde expusieron que los opositores de Pérez Pérez fueron atacados con armas de fuego, palos, piedras y machetes, en una emboscada instruida por simpatizantes de la que en ese momento ya era exalcaldesa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervino solicitando al gobierno estatal de Chiapas la aplicación de medidas cautelares de urgencia sobre las personas desplazadas para cubrir de inmediato sus necesidades básicas.
A la fecha, siguen sin existir avances sobre las carpetas de investigación ni resoluciones claras sobre las órdenes de aprehensión emitidas a las personas que le quitaron la vida a su papá. Según el testimonio de Aracely, no hay condiciones seguras para regresar a la comunidad y los gobiernos que han pasado no han hecho nada por atender la situación.
Entre enero de 2023 y junio de 2024, al menos 15,780 personas de 14 diferentes municipios de la sierra y frontera de Chiapas fueron desplazadas por crisis derivadas de enfrentamientos de grupos criminales, disputas territoriales y crimen organizado, conforme a información del último informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba), publicado en marzo del año pasado.
En Chiapas, el Frayba es una de las organizaciones de defensoría de los pueblos indígenas con mayor impacto y registro de diversas faltas a las garantías de las comunidades, entre ellas el desplazamiento forzado interno (DFI).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalla que las Personas Desplazadas Internas (PDI) son aquellas que se han visto forzadas u obligadas a huir o abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, sin cruzar una frontera internacional, como resultado de conflictos armados, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres.
Dentro de la definición se debe excluir a las personas migrantes o refugiadas, pues, si bien, cada caso implica un abandono de territorio por situaciones que incluso se pueden percibir similares (violación de los derechos humanos, situaciones políticas, violencia generalizada), el desplazado interno no sale del territorio nacional dentro de su proceso de movilidad.
Históricamente, en México, la asistencia a las personas desplazadas internas ha sido atendida por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo informe de mediados de 2025 ha cubierto 262,411 casos de desplazamiento en el territorio nacional. Su presencia en acontecimientos dentro del territorio indígena y la Zona Altos de Chiapas, como la resistencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), enfrentamientos paramilitares y la masacre de Acteal (1997), forman parte de sus procesos de trabajo por el desplazamiento y las comunidades en el sur del país.
Bajo la creciente presencia del crimen organizado y violencia armada en Chiapas, municipios como Frontera Comalapa, Chenalhó, Pantelhó y La Concordia han vivido por años el aumento de inseguridad en sus regiones y el desplazamiento por violencia, a la par de la creación de nuevos grupos criminales y organizaciones comunales, que fungen como nueva autoridad bajo la protección de usos y costumbres de los pueblos.
Conforme a lo documentado por el Frayba, el camino de una persona desplazada internamente, bajo cualquiera de las circunstancias de conflicto, marca un precedente para su vida, su cotidianidad y para la construcción de una nueva realidad a la que tendrá que enfrentarse como consecuencia de ello.
Especialmente al tratarse de las mujeres y madres víctimas de DFI, considerando las diversas realidades y condiciones que enfrentan durante el desplazamiento, las cuales forman parte de las múltiples características que deben tenerse en cuenta.
Particularidades y contexto del estado de Chiapas para madres víctimas del desplazamiento forzado
Desde 2012, Chiapas cuenta con la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, que busca atender y defender los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, contemplando la diversidad étnica y geográfica de las regiones que conforman el estado, así como el reconocimiento de la función pública de la condición de PDI y las diversas causas que puedan propiciar su desplazamiento. Pero muy poco se ha visto la aplicación de estas normativas en 14 años de existencia.
Con el cumplimiento estructural de los estándares internacionales de protección a los DFI, la ambiciosa Ley impulsada en el sexenio del exgobernador Juan Sabines Guerrero, establece en el Artículo 24 que “Toda persona tiene derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le fuercen u obliguen a abandonar su lugar de residencia habitual”.
Como vocera del Frayba, Dora Lilia Roblero expresó que, a pesar de contar con esta ley, en Chiapas no está operando la atención al fenómeno. Señalando la insuficiente implementación: “La aplicación de la ley sólo es formal y no se traduce en acciones concretas completas para atender necesidades reales en medio de una simulación”.
Previo a su desplazamiento, Aracely trabajaba como campesina en los cafetales y siembras de maíz. Desde la fuga en 2016 reside en la urbanización de la ciudad más próxima a su territorio, donde no cuentan con tierras para cosechar y le ha sido muy difícil encontrar un empleo digno.
“Es muy diferente estar en una comunidad y luego ser desplazada a una ciudad. No nos sentimos igual, no son las mismas condiciones de vida, ni de trabajo para nosotros. Incluso, tuvimos que irnos a trabajar a la Ciudad de México porque los cultivos son muy pocos y no se dan cada mes”, señaló.
Zona de cultivo y criadero / Criadero. Fotos: Ximena Avendaño
Dentro de las acciones y recomendaciones de la Ley, se concibe atender las necesidades específicas de las PDI según las regiones de proveniencia, las condiciones climatológicas de su lugar de origen, actividades para la reintegración social, la proporción de garantías de retorno y mecanismos de prevención en las zonas de alta incidencia histórica. Así también, la atención psicológica y de salud por los procesos de movilización, brindando atención integral a las familias de las comunidades afectadas.
Los principios rectores de las Personas Desplazadas Internas señalan como responsabilidad del estado atender y salvaguardar la seguridad, integridad y el respeto o restablecimiento de los derechos humanos de todas aquellas personas que han sido víctimas de un desplazamiento forzado interno.
Bajo su contexto territorial y considerando lo establecido legalmente, las condiciones de reubicación de las 130 personas provenientes del Ejido Puebla, que actualmente radican en el municipio de San Cristóbal de las Casas, no han sido las mejores para el tipo de actividades que realizaban previo a su desplazamiento. “Permanecemos aquí porque estamos exigiendo nuestros derechos y porque no tenemos a dónde más ir. Hemos luchado en todo y no hemos obtenido respuesta a la solución que exigimos. Sabemos trabajar y no estamos acostumbrados a que el gobierno nos regale nada”, dijo Aracely.
Zona de viviendas del campamento. Foto: Ximena Avendaño
Dora Lilia declaró que la postura del Frayba es que esta problemática estructural termina por vulnerar principalmente a mujeres, madres e infancias. Por la falta de acceso a atención y cuidado del desarrollo integral, o bien, necesidades que puedan tener bajo una situación de DFI, así como al cumplimiento a las garantías establecidas por la Ley.
Según el Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno y el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, desde 2012 Chiapas debería contar con una estructura de diagnóstico, documentación y registro sistemático de información sobre PDI, como parte de la atención e informes de resultados.
A la fecha, la única información basada en cifras y en trabajo de campo en este contexto proviene de los informes de centros de derechos humanos, como el Frayba, SIPAZ y organizaciones internacionales, como el ACNUR o el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Sobre la operatividad y aplicación de la ley en Chiapas, Dora Lilia comentó que el Frayba ha señalado las insuficiencias de su aplicación. Explicó que en distintas ocasiones han pronunciado que la aplicación de la ley sólo es formal y no se traduce en acciones concretas completas para atender necesidades reales. “Estamos en medio de una simulación, más que una respuesta efectiva a las necesidades de las personas desplazadas” dijo.
Maternidades desplazadas
Aracely y su hija de dos años. Foto: Ximena Avendaño
Bajo el contexto de las maternidades, la integrante del Frayba, explicó que la realidad de las mujeres en México es muy diferente a lo que un hombre puede pensar de su propia vida, principalmente por desafíos y desigualdades vinculados al género (violencia e inseguridad).
De la misma forma, consideró que la posición de una mujer y madre desplazada interna en una región del sur del país presenta un panorama diverso, dependiendo de las particularidades de cada situación de desplazamiento.
Estas diferencias derivan de factores como la economía, las particularidades geográficas de los territorios y el pensamiento machista presente en los usos y costumbres que aún predominan en algunas regiones de Chiapas.
Para Aracely, el desplazamiento, así como la pérdida de su papá a causa del conflicto paramilitar han generado incertidumbre y miedos que antes no tenía, pero tampoco ha detenido su camino.
“Como ciudadanos también tenemos el derecho a rehacer nuestras vidas. Aunque seamos desplazados, estemos donde estemos, seguimos siendo seres humanos”, afirmó.
En este sentido, Dora Lilia reflexionó que es importante tener en cuenta la condición de género dentro de las afectaciones y realidades de las mujeres madres en DFI, comprender la vulnerabilidad que se les confiere por su situación de maternidad (aumenta si está en gestación). Así como la incertidumbre que genera para las ellas el hambre, miedo, ansiedad y las enfermedades de sus hijos e hijas.
“Los niños que nacen en desplazamiento forzado también son desplazados, eso lo debe reconocer el gobierno, aunque no quieran. Así como mi mamá, ahora yo también soy mamá y sé que es muy difícil, me ha costado mucho”, detalló Aracely.
A partir del desplazamiento, ellas se enfrentan a un mundo nuevo que desconocen, fuera de su hogar, de la rutina familiar que tenían e incluso, de las actividades domésticas o económicas que desarrollaban. Pierden su rol comunitario porque la comunidad deja de existir como la conocían.
La representante del Frayba, expuso que la condición de género es fundamental para ver los impactos en las personas dentro del fenómeno de desplazamiento, pues restringe el acceso de las mujeres y niñez a servicios de salud sexual y reproductiva; de la misma manera en que obstaculiza el seguimiento de educación, prácticas religiosas, etc.
“El desplazamiento forzado no afecta de la misma manera a hombres y mujeres. Aunque ambos sufren pérdida de vivienda, territorio, redes sociales y medios de vida, los impactos suelen ser diferenciados por género debido a roles sociales, desigualdades estructurales y riesgos específicos”, compartió.
Según la asamblea general de las Naciones Unidas, “Las mujeres suelen convertirse en las únicas cuidadoras de niños o parientes mayores mientras lidian con la pobreza y la marginación social, lo que puede generar angustia o la aparición de síntomas somáticos sin diagnóstico”. Las condiciones de vivienda son otro factor que se ve perjudicado. Los desplazados del ejido Puebla continúan habitando el campamento provisional que consiguieron gracias a su lucha.
Huecos de malla, tapados con sábanas y bolsas para evitar el frío / Viviendas cubiertas para protegerse del frío. Fotos: Ximena Avendaño
Las casas que integran el campamento tienen techos de lámina y una construcción vieja. Algunas familias optaron por colocar bolsas negras de basura y trazos de tela a falta de ventanas para impedir que el frío entre, pues San Cristóbal de las Casas es una zona fría donde las temperaturas descienden constantemente.
Con desesperanza y cansancio Aracely describe la situación que enfrentan diariamente a causa de las viviendas y la falta de compromiso por parte de las autoridades.
“Aquí uno se siente insegura y triste, aún no hemos tenido ningún avance. Los funcionarios del gobierno nos dicen que vendrán y nos dejan plantados dos o tres horas. Nos reunimos con representantes de la comunidad, con otras compañeras y nunca llegan”, dijo Aracely. Mencionó además que, si bien han recibido apoyo humanitario por el área de Protección Civil, la mayoría de las veces no es suficiente para las necesidades que cada familia tiene dentro del campamento.
Placa sobre la construcción de la estructura del campamento que fue adaptado a viviendas hace 10 años. Foto: Ximena Avendaño
La portavoz del Frayba compartió que las mujeres en situación de desplazamiento rara vez cuentan con suficientes medios de higiene personal, causando impactos en la salud por la falta de acceso a servicios básicos de sanidad.
“El despojo de la tierra significa también perder el acceso a la medicina tradicional y pérdida de sus procesos de salud desde su cultura. Hay que tomar en cuenta la incertidumbre que genera para las madres el hambre, miedo, ansiedad y enfermedades de sus hijos e hijas bajo estas condiciones”.
El trabajo de crear entornos felices se vuelve más complicado, o bien, como en el caso de Aracely, cuando la maternidad se da dentro del desplazamiento y hay un desconocimiento de algo en el pasado que también les pertenece.
“A veces recuerdo cómo fue mi niñez y todo lo que viví en mi comunidad. Hace 10 años las cosas cambiaron para todos los que estamos aquí, toda nuestra vida es diferente. Pero también me imagino poder estar con mi hija viviendo una vida digna, trabajando en el campo y en nuestro hogar”, externó Aracely, mientras reflexionaba sobre lo que pasó y sigue pasando en su ejido.
El Artículo 6 de la Ley en Chiapas reconoce como desplazados internos vulnerables a niños y niñas, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y los adultos mayores. “Bajo esta condición tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales”.
“No es lo mismo estar en una casa, vivir tranquilamente y poder hacer su vida con normalidad. Aquí todo es muy diferente, no estamos libres ni siquiera para trabajar. Yo no pude llevar un control de mi embarazo porque no tenemos un servicio de salud digno”, compartió Aracely.
“No tenemos seguro, aquí en el campamento tenemos atención médica, pero no hay medicamentos, o los pocos que hay, luego están caducados. Hasta los doctores y enfermeros que están aquí han presentado quejas para que nosotros podamos tener mejores condiciones, para que el gobierno nos escuche y ni a ellos los han querido escuchar”, continuó.
Consultorio médico del campamento visiblemente deteriorado / Consultorio médico, área de consultas y medicamentos. Fotos: Ximena Avendaño
Sumado a la realidad de violencia que enfrenta la PDI, las madres y las infancias se exponen a la desigualdad comunitaria y sistemática, procesos de revictimización por las autoridades y la sociedad.
Por su parte, Dora Lilia expuso que el Frayba ha documentado los diversos impactos psicosociales que representan para las madres la salida intempestiva de sus hogares, la incertidumbre y el miedo, así como la violencia física y psicológica que dejan estragos en su día a día y se acentúan frente a la exclusión que sufren por la ausencia de los servicios de salud integral que dejan atrás por el desplazamiento.
Como impactos particulares mencionó:
Ansiedad y estrés derivados de la protección de hijos.
Duelo prolongado por pérdida de redes comunitarias.
Riesgo en embarazos sin atención médica adecuada.
Insomnio, estrés, dolores de cabeza.
Problemas gastrointestinales.
Para Aracely la principal preocupación es el futuro y bienestar de sus hijos e hijas menores. “Aquí no solo yo tengo a mi hija, hay mujeres con dos o tres hijos, y lo más triste es que aquí al campamento no llega la educación. No hay maestros ni apoyo para ellos”.
Niñas del campamento jugando en un sube y baja improvisado con madera. Foto: Ximena Avendaño
A través de las vivencias de Aracely y de las mujeres de su comunidad, se encuentra que mientras ellas piensan en la educación para sus hijos, también deben dividirse entre el trabajo y continuar buscando una resolución que les permita un retorno seguro o unas mejores condiciones de vida, bajo la realidad a la que se enfrentan día con día.
Según Dora Lilia y las propias madres, las desigualdades contemplan diversos factores: autonomía, psicología y duelo al territorio que se queda atrás; oportunidades económicas, espacios seguros para maternar, herramientas de crianza e inclusive, nuevas realidades a las que deben enfrentarse al salir de comunidades rurales y llegar a la urbanización de las localidades seguras próximas.
Dentro de los principales causantes de estrés psicológico en las madres desplazadas, añadió la especialista, se encuentran una mayor exposición al riesgo de violencia desde sus diferentes raíces: sexual (explotación y trata), violencia en trayectos de huida, en albergues o asentamientos informales y una mayor vulnerabilidad por violencia doméstica en contextos de estrés y precariedad.
Dora Lilia agregó que el Frayba ha podido analizar que, a la carga emocional, económica y laboral que enfrentan muchas mujeres en su papel de jefas de hogar (al cuidar a sus hijas e hijos, a personas mayores o enfermas y asumir diversas responsabilidades adicionales), se suma la dificultad de acceder a un empleo formal, lo que agrava aún más su situación.
Aracely fue desplazada por los conflictos de Chenalhó, hoy tiene una vida que construir a pesar del dolor que le puedan causar los recuerdos de ese momento tan significativo para su vida. “Si en algún momento yo le cuento a mi hija sobre esto, será una historia triste, porque no sé si para ese momento ya vamos a tener justicia. No sabría por dónde empezar. Perdí a mi papá y la vida en el campo como la conocía”.
“Como mujer y madre entiendo el dolor que cada una podemos tener en el corazón. En nuestro estado hay cada vez más desplazados y no hay seguridad para ninguno de nosotros. Lo que necesitamos y queremos es tener una vida digna y segura, vivir en paz. Cuando se resuelva el desplazamiento cada uno verá cómo sigue su camino”, concluyó Aracely.
Aracely Cruz, mujer y madre desplazada del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas. Foto: Ximena Avendaño
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Cuando salieron a prisa y abandonaron la casa con casi todo lo que tenían en Ojo de Agua del Progreso, una localidad de Guerrero clavada en la región Sierra, a mil 154 metros sobre el nivel del mar, tenías apenas nueve años. Durante los 10 años transcurridos has reconstruido lo que les pasó, en charlas con María, tu madre, quien sigue situada en la tristeza.
Las razones te sobran. Digamos que la huida forzada es lo menos, pues nada supera el asesinato de Daniel, tu hermano mayor, ocurrido meses después, el 22 de agosto del 2017. Era muy joven.
Daniel nunca encajó en Chilpancingo y las circunstancias le orillaron a regresar a la Sierra de su municipio, Heliodoro Castillo. Esas condiciones estuvieron asociadas al estigma que viven muchos desplazados cuando buscan un nuevo comienzo.
La Sierra es una región del estado que siempre ha existido, pero recién reconocida, conformada por las poblaciones que están sobre un circuito de montañas, de cumbres quebradas que forman parte de la Sierra Madre del Sur.
Fue de todo, pero como dijiste, Chico –el apodo que te gusta usar–, hay “gente abusiva” en la ciudad y nunca faltó quién se aprovechara del trabajo de tu hermano.
Desde ese agosto de su muerte, tu familia está petrificada en el “silencio sepulcral”.
Zacarías, tu padre, enfermó por el alcohol, que lo hunde en el llanto y la culpa. Cree que si lo hubiera apoyado podría haber evitado que Daniel regresara a la Sierra. No haberlo presionado para que mantuviera a dos familias, la de su esposa y dos hijos, y la de ustedes: tu madre, tu padre y tú, el más pequeño. Osbaldo, el hermano de en medio, ahora con 30 años, estudiaba en Taxco y tenía cierta independencia.
Ahora ninguna de esas dos familias existe. A tu cuñada y a tus dos sobrinos, con quienes creciste –solo tienes 19 años– no los ves desde 2018, un año después de la muerte de Daniel y, ustedes, están divididos.
Por ahora trabajas en una farmacia en Ciudad de México, donde te mudaste a mitad del año pasado para alcanzar a Osbaldo; querías salirte de casa. El plan que traes en mente es en el futuro contar tu propia historia, que incluye la de Daniel, como escritor o periodista o, quizá, cineasta.
Ya escribiste algunos poemas, como el que le dedicaste a tu hermano fallecido:
…Y con más fuerza apretaban el gatillo de sus trompetas y trombones,
dejando salir al sonido una, tras otra.
Las amapolas no hacían nada más que ponerse tristes,
pues, sus amapoleros se les iban, los miraban tristes y avergonzadas.
Casa abandonada en la localidad de El Limoncito, municipio de Zirándaro, ubicado en la región Tierra Caliente de Guerrero, luego de que pobladores se salieran por el acoso de grupos criminales en 2019. La Tierra Caliente y la Sierra son dos regiones del estado afectadas por violencia y marcadas por el desplazamiento interno forzado. Foto: Eduardo Guerrero
La salida intempestiva
El día que huyeron, tu padre llegó temprano a casa de trabajar en los plantíos. Nunca lo hacía, era una mala señal. Le dijo a Daniel, ya casado y con hijos, que pusiera en las camionetas que tenían lo que creyera importante para mudarse. Él, por lo pronto, salió con los chivos que estaban criando para venderlos en la comunidad o en las rancherías cercanas y así obtener dinero con qué salirse del pueblo. Había pocas posibilidades de que los vendiera puesto que no tenía tiempo y había pocos habitantes. Regresó con varios animales, porque no tuvo éxito en la venta. Al final abandonó a los animales en la casa que dejaron, con muchas otras pertenencias.
El último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en Ojo de Agua del Progreso hay 204 habitantes, pero hace 10 años eran menos. La comunidad la conformaban dos grupos de familias, uno situado al norte, del que ustedes formaban parte, y otro al sur, donde la mayoría se apellidaban Maldonado.
Ese mismo día salieron del pueblo hacia Chilpancingo, donde tenían una casa en una colonia popular. También estaba la opción de llegar a donde vivía tu abuela paterna.
Para huir de la Sierra tomaron un camino distinto al usual. Nunca cruzaron por Xochipala, un pueblo del municipio de Eduardo Neri que lleva o trae de la región. Menos salieron por Casa Verde, la desviación que desemboca a la carretera Chilpancingo-Iguala. En lugar de bajar, subieron y dieron la vuelta, evitaron salir por el camino principal hacia el municipio de Leonardo Bravo, en particular, la comunidad Polixtepec.
La gente de Leonardo Bravo, en la región Sierra, tiene conflictos con los de Heliodoro Castillo.
Muchos recuerdos son difusos, pero tu memoria selectiva recuperó momentos de cuando cruzaron por la comunidad de Corral de Piedra, en el municipio de Leonardo Bravo, en las dos camionetas de redilas cargadas de lo que pudieron sacar. Las calles del pueblo que hace honor a su nombre y que tienen cercas de piedra, estaban polvorientas, era la época de sequía. La camioneta cerrada de color negro, que estaba estacionada al final del pueblo, con unos tipos recargados, era “una clara señal de que los estaban vigilando”.
Esa salida intempestiva e involuntaria de casa es lo que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) define como desplazamiento interno y ocurre cuando las personas o grupos de personas se ven “forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual”. Las razones son varias: un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por humanos. Entre las primeras, está su caso.
Zacarías, el padre de Chico, en los campos de la zona rural de Chilpancingo, después del desplazamiento, un día de trabajo. Esta foto la hizo Chico, quien aún siendo menor, hacia la misma jornada de trabajo. Foto: Cortesía
La vida en la Sierra
Cuando tu padre regresó de Estados Unidos, donde estuvo algunos años trabajando como inmigrante, ni siquiera habías nacido. Comenzaba este siglo. Ahora sabes que volvió para cambiar la siembra de maíz, frijol y calabaza, por la de amapola. Encontró que todos en el pueblo estaban sembrándola, porque les dejaba más de ingresos que los otros cultivos.
Cultivadores de la amapola de la sierra de Guerrero han dicho que comenzaron a cultivar la flor porque personas de fuera, en particular del norte del país, les llevaron las semillas para que las produjeran y, después, comprarles la goma de opio que sale de los bulbos de la flor.
Las organizaciones de corte investigativo y académico, como Noria Research, también tienen documentado el tema: la amapola llegó a la Sierra de Guerrero a finales de los ochenta y los noventa en contextos de violencia estructural, hasta convertirse en una forma de vida por generaciones. Aunque nunca cambiaron las condiciones deficientes en educación, infraestructura o desarrollo, esas que deben garantizar las instituciones del Estado.
La organización ubicó que entre 2017 y 2018 hubo un desplome del precio de la amapola en diferentes zonas del estado donde sembraban la flor, lo que generó la merma de la producción.
Con los actos violentos en Guerrero, que comenzaron en 2007 después de la declaratoria de “guerra contra el narcotráfico” y no con el inicio de la siembra de la flor en la parte alta del estado, que ya sostenía la economía local, los cultivadores comenzaron a ser criminalizados sin considerar su entorno de marginalidad en la sierra y que su función estaba limitada a la siembra. También quedaron en medio de los hechos violentos que comenzaron a desatarse en la región.
Aun así, conservas grandes recuerdos de tu niñez allá: los días de pesca de camarón en el río que atravesaba el pequeño pueblo, los días de almuerzo en la escuela que atendía un solo maestro, con enchiladas y agua de naranja.
Con la sierra capturada después de la descomposición del estado por la violencia –y en el país– que nació con la narrativa de combatir las drogas, los grupos criminales que surgieron en la sierra, Los Tlacos y el denominado Cártel de la Sierra, continúan luchando los municipios. Han tenido algunos cambios internos, mermas y nuevas adhesiones.
Tu padre decidió asociarse con uno de sus amigos de Corral de Piedra para sembrar la flor y repartirse las ganancias, a quien después mataron. Como dices, “fue cuando comenzó el declive” en la sierra, que provocaría su desplazamiento y el de muchas otras familias en el pueblo y en pueblos vecinos, en momentos distintos.
En su caso, algo tuvo que ver la relación de tu hermano Daniel con la familia de su esposa, una muchacha de Polixtepec, un pueblo cercano que pertenece a Leonardo Bravo.
Desde que ambos se fugaron para vivir juntos, como ocurre en las comunidades rurales, Daniel comenzó a resolverle la vida al suegro, lo que para los criminales que habían llegado a la sierra a imponer un orden no era bien visto, pues consideraban que se aprovechaba del joven, porque al fin y acabo eran de diferentes municipios.
Después de eso, les cayó la primera advertencia.
Pobladores de diversas comunidades de la parte serrana del municipio de Zirándaro, se armaron con escopetas y rifles calibre 22 para defenderse en su territorio en 2019. Foto: Eduardo Guerrero
La expulsión y el desplazamiento que provocó el retorno y el asesinato
A Daniel nunca le faltaron ganas de trabajar cuando llegaron a Chilpancingo. Fue albañil, cargador, ayudante de herrero, vigilante. Con los ahorros que tenía montó una tienda de abarrotes, vendió mariscos y pescados frescos, pero no le funcionó.
Parecía tener todo en contra. Cuando lo contrataron como guardia para una fiesta, nunca le pagaron, tampoco en el negocio de vidrio y aluminio del amigo de tu padre.
Tú crees que las repetidas adversidades que se le estrellaban en la cara tuvieron que ver con que venían de la marginada sierra. Para ti, Chilpancingo también es un pueblo con gente de todas partes del estado, por eso te cuesta entender por qué le gente los miraba mal por “no saber hablar bien” o desconocer los ritmos de la pequeña ciudad.
En fin, todo eso, sumado a que tu padre le reprochaba su infortunio, devolvió a tu hermano a la sierra con la familia de su esposa. Ella y sus hijos se quedaron en la capital con ustedes. Para entonces, sus suegros estaban en la comunidad Los Morros, también de Leonardo Bravo, porque en la comunidad de Polixtepec ya no los dejaron estar, pero viajaban diario porque mantenían su sembradío de amapola.
Ustedes acá también enfrentaron sus propios cambios. Tu madre y tu padre se mudaron a La Vieja, una comunidad muy pequeña ubicada cerca de la zona rural de Chilpancingo, para sembrar con maíz, frijol y calabaza en un terreno que les prestaron unos familiares. Tú te quedaste con tu cuñada y tus sobrinos. Ese abandono te hizo bajar el interés en la escuela y tu maestro se lo hizo saber a ellos, que después decidieron llevarte.
Era el final de la cosecha y acababan de volver a Chilpancingo con la producción. Serían como las tres de la tarde, estaban preparándose para comer, cuando tu padre recibió una llamada por teléfono de uno de los cuñados de tu hermano. Supieron que algo pasaba porque Zacarías elevó su tono de voz, le habían informado de una balacera en Polixtepec, en el campo donde trabajaba Daniel.
Solo recuerdas haber escuchado que tu padre gritó: “¿saben dónde está?”, refiriéndose a tu hermano.
Hasta ahora no tienes claro si Zacarías sabía o sospechaba lo que le ocurrió pero no les compartió más. En ese momento todos –tus padres, cuñada, sobrinos y tú– subieron a la camioneta rumbo a la sierra.
Tu padre iba a toda la velocidad que podía, lo que le causó un disgusto con tu madre. Los ánimos se salieron de control cuando un correcaminos se les cruzó en la carretera, porque soltó cuanta grosería pudo para sacudirse el mal augurio que atribuyen a esas apariciones. De pronto, las serpientes y el gato negro que vieron en días pasados; la gallina que cantaba como gallo, cobraron sentido porque también significaban malos presagios.
Al oscurecer llegaron a Los Morros, último lugar donde pudieron subir, a la casa de familiares de tu cuñada. Ir a Polixtepec todavía era peligroso, solo habría que ver el terreno en donde estaba esa vivienda, lleno de familias que se salieron de sus casas por la balacera, como ustedes lo hicieron antes. Seguían sin saber de Daniel.
Alrededor de las 10 de la noche la mala noticia llegó. Una camioneta de redilas, que fungía como albergue para los nuevos desplazados, entró por la parte trasera del terreno. Tú solo alcanzaste a ver las cobijas y colchonetas, de esas que regala el gobierno en las contingencias, amontonadas en la parte trasera del vehículo que era de alguien de la región que subió hasta Polixtepec a ver qué había quedado. Ahí venía el suegro de Daniel.
De más cerca, se veían los pies de un cuerpo, calzados con unas botas. Tu madre los reconoció enseguida, eran los de Daniel. De pronto el llanto y la lluvia estruendosa que cayó fueron una sola tormenta. Tú, impávido, solo mirabas.
Las tumbas en el cementerio de Ojo de Agua del Progreso, el pueblo de donde salió desplazada la familia de Chico. Estas cruces son en memoria de algunos de sus familiares, solo los restos de Daniel quedaron en el panteón de otra comunidad (Los Morros), porque no han podido volver a casa. Foto: Cortesía
Un repaso al contexto y las cifras de las huidas forzadas
Tan pronto sepultaron a Daniel, el resto de tu familia volvió a Chilpancingo. La situación no estaba como para seguir allá arriba. Es más, el cadáver de Daniel quedó en el panteón de Los Morros para no subir a Ojo de Agua del Progreso.
María le reclamó a Zacarías por eso, sentía como si lo hubieran abandonado.
En la capital, la noticia del día, que difundió el gobierno estatal, eran los hechos donde murió tu hermano, con una versión diferente a la tuya. Los medios de comunicación reportaron que se trató de un enfrentamiento en un campo de amapola, en el que murió un hombre llamado David, de unos 45 años. Daniel solo tenía 22.
Hubo dos heridos, no uno, como reportaron en las noticias, ambos eran cuñados de tu hermano. A uno le hirieron el hombro de un balazo y el otro tuvo un rozón. En el campo también estaba el suegro de Daniel, padre de esos menores y quien, después supieron, fue el primero que corrió de los balazos.
Eso les resulta extraño, sobre todo cuando tus paisanos les contaron que un jefe criminal había abordado al suegro y lo hizo decidir entre su vida o la de su yerno. A tu hermano lo cocieron a balazos.
Las situaciones o hechos de violencia criminal saltan entre las causas fundamentales del desplazamiento en el país, lo que, a su vez, ha posicionado a Guerrero en los primeros sitios nacionales en personas desplazadas entre 2017 y 2020, de acuerdo con los informes de la CMDPDH, organismo que estudia el desplazamiento desde 2007. Solo en 2017 la entidad estuvo en segundo sitio, en el resto coronó.
Efectivos de la Guardia Nacional recorren la localidad de El Limoncito, municipio de Zirándaro, luego de que pobladores abandonaran está localidad, por acoso de grupos criminales. Foto: Eduardo Guerrero
El desplazamiento interno ocurre de diferentes maneras en el estado, a cuenta gotas, en pequeños grupos o por familia, como ocurrió con la tuya, lo que lo vuelve casi imperceptible. O colectivo y evidente, como el de noviembre de 2018, donde unas mil 800 personas salieron de comunidades de Leonardo Bravo, también de la sierra, pero de la parte que ustedes no pudieron cruzar durante su salida.
De esa cifra que fue documentada en el momento en que los habitantes de estas comunidades llegaban a Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, donde muchos siguen y fueron alcanzados por más violencia, la CMDPDH solo tiene documentada la mitad.
Las cifras son diversas, sin embargo, el desplazamiento interno sigue ocurriendo. La Secretaría General de Gobierno en Guerrero informó que en la actualidad atiende a nueve grupos de desplazados de Chilpancingo, Acapulco, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Apaxtla de Castrejón, Leonardo Bravo, Zitlala y Chilapa, que representan 257 familias, equivalente a 856 personas.
La dependencia estatal no ofrece detalles de las condiciones de los desplazados cuando exponen sus acciones de atención, pero sí lo difunde como un fenómeno que tiene un único autor, exentándose de las responsabilidades. Dice que “surge como consecuencia de la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada”.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que acompaña a familias de desplazados de las comunidades de Leonardo Bravo y Zitlala, tampoco niega que en el estado exista un “control de territorio” de parte de grupos criminales que provoca el desplazamiento interno, pero también expone desde hace algunos años que existe una relación entre estos grupos criminales y agentes del Estado para que el dominio ocurra.
Los datos de esta infografía están basados en los informes anuales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) de 2017 a 2020, que ubican a Guerrero en los lugares más altos de desplazamiento interno forzado. Fue generada con NotebookLM y Gemini (IA) y es producto de un proceso de formación de la Red de Periodistas de a Pie y la DW Akademie, promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.
Una nueva búsqueda… contar su historia
La aseveración que el Centro Morelos ha expuesto en sus comunicados acerca de que el desplazamiento es una “violación continuada” de todos los derechos humanos contra quienes lo viven, cobra sentido en tu historia, en la de tu familia. A ustedes también les arrebataron el núcleo familiar, como bien lo dices, “hubo una ruptura que hasta la fecha no sana”, ni con los años, menos en el destierro que atraviesan.
Volviste a salir de casa, pero está vez por decisión, porque vivir con tus padres era insostenible: los gritos y pleitos entre ellos no paraban, ya sea por la otra relación sentimental que tiene Zacarías, además de la de tu madre, lo que les generó otra grieta familiar. Tu madre le reclama el gasto que dejó de proveerles.
Zacarías se desentendió de ustedes desde que salieron de la sierra; trabajabas con él como peón y no te pagaba.
Dejaste la preparatoria desde primer grado, en 2021. Te dejaron de interesar muchas cosas, supones que porque estabas sumido en una depresión. Lo supones, porque nadie te lo diagnosticó, pero en tus circunstancias, es lo más probable que haya pasado.
Sin embargo, en medio de la penumbra buscaste tus propias salidas, como la escritura. Todavía conservas la libreta que compraste para descargar tu estrés con letras. La llenaste con pensamientos, quejas y poemas. En ese proceso descubriste la poesía, la pintura y, después, el periodismo, lo que te tiene motivado porque viste una salida: “investigar lo que pasó”. Daniel es tu motivación.
Antes de irte a la Ciudad de México hiciste contacto con algunos periodistas locales en busca de un espacio en medios que consideraste confiables. Tomaste algunos talleres, comenzaste a hacer tus propias indagaciones, mientras aprendes cómo lo hacen otros.
Empiezas a entender cosas. La semilla está sembrada.
Cuando recorres las calles de la capital del país para hacer fotos, por ahora usas una cámara que te prestaron. Pero a finales del año pasado, otra mala noticia despertó tus temores: María, tu madre, fue diagnosticada con cáncer cérvicouterino. Pronto empezará su tratamiento, los doctores dieron posibilidades de erradicárselo. Cuando hablan por teléfono te dice que está tranquila y a ti la esperanza no te abandona.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
El 27 de octubre de 2021, Irma Galindo Barrios tenía 41 años. Desapareció en Ciudad de México en un contexto de conflicto comunitario en las localidades del municipio de San Esteban Atatlahuca, en el estado de Oaxaca, lugar en donde vivía y realizaba su labor de defensa de los bosques, que ha dejado un saldo de más de 100 casas quemadas y 300 habitantes desplazados, sin que tengan fecha de retorno.
Ese día, la guardabosques Ñuu Savi -mujer mixteca- fue vista por última vez en la Ciudad de México. La poca información existente es porque envió mensajes a sus amigas. Les contó que iba a una junta con el Mecanismo de Protección del Gobierno de México, organismo que ya le había otorgado protección y resguardo por las amenazas, criminalización y violencia que vivía.
La lucha de Irma por San Esteban Atatlahuca y la de tres pueblos más – Ndonoyugi, Mier y Terán y Guerrero Grande- pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlauca, en la mixteca alta de Oaxaca era porque sus propias autoridades talaban árboles de maderas preciosas, para venderlas en el municipio mixteco de Tlaxiaco y otras zona de Oaxaca.
Los Ñuu Savi o mixtecos -uno de los 68 pueblos originarios que tiene México- se autodenominan como “pueblo de la lluvia” porque tienen una vinculación directa con sus montañas. Junto a su lengua, el territorio es su recurso más importante para seguir preservando su cultura.
La guarda forestal caminaba por los lechos del bosque y encontraba alivio a sus aflicciones. Escuchaba las aves cantar, veía los venados cola blanca cruzarse entre los senderos y apreciaba los frondosos pinos rojos de ocote y abetos blancos de la montaña “Yuku” que ahí crecían, eso le bastaba para sentirse libre y segura.
Estos pueblos que Irma, mujer de cabello negro y estatura media, recorrió en muchas ocasiones para evitar la tala ilegal y que después fueron su hogar, siguen luchando con sus vidas para que sus colinas verdes, que forman el cerro del Ratón y el llano de Oyameles, sigan siendo el pulmón de esa región de Oaxaca.
A Irma nada ni nadie la detenía, así era ella, mujer aguerrida. Su esperanza era que algún día los aserraderos: el único legal, uno comunitario y otros ilegales, dejaran de cortar madera y venderla. Para ella, talar árboles era un acto dañino, no solo para el medio ambiente, para la propia tierra. “Al talar se nos va la vida”, repitió varias veces durante entrevistas otorgadas a diversos medios. La ambientalista comunitaria se refería a ese espacio natural como su hogar, su todo.
Dedicaba rituales para pedir que todo regresara a su estado anterior. “La tierra está dolida, pero resiste de todo lo que le hacen, oro por el bosque y por esta tierra”, contó Irma.
Cansada de que las autoridades locales la ignoraran, en 2018 presentó denuncias por el saqueo de madera ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Oaxaca y ante la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. La Profepa convocó a reuniones, pero nada ocurrió. Al preguntar a la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal (DGIVF), informó que desconoce las denuncias que existen ante los Ministerios Públicos.
Tras denunciar comenzaron a hostigarla y amenazarla. Autoridades y presuntos responsables la llamaban loca y bruja por defender su bosque. El 10 de noviembre de 2019 fue incendiada su casa y todo lo que había al interior: obras de arte, ropa típica y los tesoros de toda su vida. En la misma fecha fueron incendiadas alrededor de 10 casas más de su comunidad. Los comuneros responsabilizaron al presidente municipal y a las autoridades comunitarias.
Tras ese hecho violento y quedarse sin casa, Irma desapareció. Fue la primera vez que abandonó su territorio, pero al no conocer su paradero, se le consideró como desaparecida. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que el 10 de noviembre de 2019, se inició una investigación de oficio con el expediente DDHPO/CA/010/TX(25)/OAX/2019 y solicitó a la Fiscalía General del Estado que iniciara una carpeta de investigación para su localización.
Nueve días después, el 19 de noviembre del 2019, apareció y aclaró que su ausencia fue por autoexilio, para evitar que le quitaran la vida. Posteriormente vivió desplazada en la montaña por dos años. Defendió su bosque con mujeres y hombres de tres comunidades -Ndonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Teran-, a quienes les enseñó a resistir labrando la tierra, cuidando los árboles y recuperando sus textiles a través de la elaboración de prendas de manta.
Esas fueron sus últimas resistencias previo a su desplazamiento a la Ciudad de México, en donde se dejó de saber su paradero.
Irma Galindo Barrios es una defensora comunitaria del bosque Ñuu Saavi. Ella junto con pueblos que hoy viven desplazados buscaban un mejor futuro ambiental para su comunidad, luchando por su bosque y conservando sus tradiciones. Lleva más de cuatro años desaparecida. Foto: Diana Manzo
Por defender nuestro bosque nos desplazaron
“Defender nuestro bosque de la tala ilegal y masiva no debería ser motivo para vivir desplazada”, cuenta con tristeza Sebastiana Paz Bautista, originaria de Ndonoyugi, Oaxaca, una de las tres comunidades mixtecas, junto con Guerrero Grande y Mier y Terán, que viven desplazamiento forzado desde el 2021.
Dichas comunidades, habitadas por indígenas Ñuu Savi (mixtecos), pertenecen al municipio de San Esteban Atatlahuca, localizado a más de 3000 metros de altura, resguarda 2,500 hectáreas de bosque rico en abeto blanco, que es ambicionado por los talamontes, personas dedicadas a la tala ilegal, corte y extracción de árboles y recursos forestales sin la autorización de las autoridades.
Sentada sobre una silla de plástico en el albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco, Oaxaca, donde vive refugiada desde hace cuatro años junto con otras 65 personas, una mujer que ronda los 50 años recuerda cuando personas afines al Movimiento de Unificador de Lucha Triqui (Mult) llegaron a su pueblo y les arrebataron la paz y su patrimonio.
“Fue algo muy brutal lo que nos ocurrió aquel 23 de octubre del 2021, cuando un grupo de personas armadas quemó 132 viviendas, 92 en Guerrero Grande y 40 casas en Induyunujia, y desde entonces no hay retorno seguro. Las autoridades prometen, pero no hay garantía de que estaremos a salvo”, expresa con pesar la mujer que elige no ser identificada.
Mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores se reúnen para tejer mientras añoran el retorno seguro a sus comunidades. Foto: Diana Manzo
Agrega que, a pesar de las recomendaciones emitidas al Estado mexicano y al Gobierno de Oaxaca por la Comisión Interamericana para el Desarrollo, así como la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada, nada ha ocurrido, siguen viviendo en situaciones no deseadas.
La mujer que ha defendido a su comunidad sin importar la criminalización ni las amenazas, asegura que llevan cuatro años intentando sobrevivir en esta situación de desplazamiento.
“Las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad son los más vulnerables al ataque, ya lo hemos denunciado y exigimos protección, porque nos han amenazado”, señala.
Las mujeres desplazadas exigen que la educación se cumpla, se respete como un derecho humano, agrega, “desde acá, afuera de nuestra comunidad, luchamos para que nuestras niñas y niños vayan a la escuela, reciban sus vacunas, y tengan dinero. Nada ha sido fácil. Acá lloramos, nos abrazamos, pasamos nuestros cumpleaños y hasta fin de año”.
Además, señala, conocen muy bien a los protagonistas de la violencia. “Sabemos con nombres y apellidos; las autoridades también saben quiénes son los involucrados de toda esta violencia que vivimos, pero no hacen nada. Cumplimos un año desplazados, pero ya no queremos más años, nuestra petición es volver a nuestras casas a seguir cosechando nuestra milpa y hacer vida allá donde nacimos, donde todo era bueno y puro”.
Sin otra opción, niñas y niños acuden a la escuela de Tlaxiaco. Han expuesto en papeles y dibujos su sentir: “Nosotros los niños exigimos”, es la leyenda de un cartel tapizado con sus cartas y dibujos en los que exigen volver a sus hogares sanos y salvos.
“Me corrieron a balazos, destruyeron mi comunidad, salí lejos de mi pueblo y me quemaron todas mis cosas y las de mi familia, nos quedamos sin nada”, expresa la carta de un niño mixteco que vive desplazado en ese refugio temporal de Tlaxiaco, que acompaña el Centro de Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos indígenas (CEDHAPI, AC).
En estas casas de lámina y de cartón viven las familias desplazadas desde hace más de cuatro años. Foto: Diana Manzo
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que se iniciaron carpetas de investigación por la desaparición de cuatro personas, derivado de la violencia que hay en las tres comunidades. El 25 de octubre de 2021 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones localizó el cuerpo sin vida de una persona en el paraje Shinitoo, de la Agencia (comunidad) de Ndoyonuyuji, por el que abrió la carpeta de investigación 35213/FMIX/TLAXIACO/ 2021 por el delito de homicidio.
De acuerdo con un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo hay 82 millones de personas desplazadas forzadamente, lo que equivale a un aumento del 4 por ciento sobre el 2019.
En su informe 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que 16 ambientalistas fueron asesinados en México y que en ese mismo año hubo alrededor de 90 agresiones contra activistas en 65 ataques distintos.
Bordar para no olvidar
En una pared del refugio se aprecia un cartel grande con la inscripción: “Desplazados por la defensa de los bosques”. Está rodeado de proclamas y una manta que bordaron como señal de resistencia y para no olvidar lo que vivieron, lo que viven y lo que añoran.
En este refugio ubicado en Tlaxiaco, Oaxaca las niñas y niños juegan y han aprendido a sobrevivir. Un letrero grande reafirma el desplazamiento que viven y su lucha por el bosque.Foto: Diana Manzo
Ilse Riaño Paz tiene 30 años y 2 hijos. Dice que para ella bordar es una forma de resistir, y así ha sido durante este tiempo que viven desplazados.
En la manta de dos metros por un metro, el grupo expresó su sentir. Dividieron sus bordados en tres momentos. En el primero muestran las casas quemadas y la violencia que significó el desplazamiento. En el segundo plasmaron la actualidad, cómo viven en un espacio donde no pueden realizar todo lo que quisieran, pero no hay otro modo de vida. En el tercero, se imaginan retornando a su comunidad, donde la paz, la alegría, y la resistencia sean las formas de vivir.
Ilse asegura que desde que llegaron se organizaron y con la ayuda de un artista visual -también desplazado- comenzaron a bordar, tanto mujeres como hombres.
“Lo que quisimos hacer es mostrar quiénes somos. Vimos lo duro que es vivir desplazados y pensamos que (bordar) es una forma de obtener recursos. Vivimos desplazadas y desplazados y bordar eso que sentimos, es justamente para reafirmar nuestra identidad, decirles quiénes somos y qué estamos haciendo acá, en este lugar”, describe.
Mujeres tejen sus flores que admiraban en su bosque, y lo hacen para no olvidarlas.Foto: Diana Manzo
Con hilos de algodón de varios colores, agujas delgadas, manta y bastidores de madera tipo aro, las mujeres tejen blusas tradicionales de Atatlahuca Oaxaca, un municipio ubicado en la zona norte de la mixteca oaxaqueña.
Cielo también salió huyendo de su comunidad y es amiga de Irma Galindo. Considera que tejer significa “no olvidar”. Asegura que fue gracias a la guardabosques que retomaron estos textiles como una forma de nombrar lo que otros quieren que olviden, que es su cultura, su pueblo, y su propia identidad.
El arte textil de la comunidad de Atatlahuca es distinguido por grecas de colores vivos: rojo, verde y fuschia, tejidas sobre tela de manta color natural. También han elaborado flores y frutas que los distinguen como comunidad y ahora están representadas en un bordado.
Tejer para no olvidar. Así ven pasar sus días las mujeres de Ndoyonuyuji. Bordan orquídeas, Ita Saa, Xinu, Ita tyanuni, Yoko itu, entre otras. Son flores con nombre en mixteco para no olvidar su bosque y su vida que dejaron por la violencia hace 4 años.Foto: Diana Manzo
El bosque es vida
El municipio de Atatlahuaca, Oaxaca, está dividido por 9 agencias municipales, (representaciones del Ayuntamiento en las comunidades) de las cuales, Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji se opusieron a la tala clandestina en 2 mil 640 hectáreas de bosque, actividad que aseguran, encabezó el presidente municipal Rogelio Bautista Barrios y el comisariado ejidal Eulogio Alvarado, a quién culpan de la violencia que actualmente viven.
En declaraciones públicas, la autoridad local ha negado cualquier hecho que se le acusa, e incluso, ha justificado la situación diciendo que en la cabecera municipal también hay otras personas desplazadas, por lo que ha exigido la intervención de las autoridades federales y estatales de forma urgente.
Magdiel Hernández Caballero, activista especializado de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, asevera que lo que viven las tres comunidades de Atatlahuca es una situación que se dio por la defensa del bosque, posteriormente por un tema agrario de disputa de tierras, y por la exigencia de recursos de los ramos federales 28 y 33, porque no ha habido obras sociales para las tres comunidades. Es decir, se requiere apoyo a la salud, calles rehabilitadas y apoyo para el campo.
“Todo ha sido muy triste y preocupante, porque de la nada todo lo perdimos. Yo extraño mi ranchito, mis gallinas, mis cultivos de maíz, frijol y calabaza. Acá en Tlaxiaco es otra forma de vida, todo es distinto”, lamenta Hernández Caballero.
Pedro Hernández Bautista desplazado y representante de los refugiados de Ndonoyuji, explica que a pesar de sus denuncias y exigencias no saben nada de su retorno. Está enterado de la aprobación de la ley, sin embargo, asegura que pareciera que solo es “de papel”, pues a cuatro meses, no hay avances de tener un retorno seguro a sus comunidades.
“De nada sirve que exista una ley si todo es de papel, es decir, no hay nada, seguimos sobreviviendo con nuestros medios y como se pueda. Sí es algo muy complicado, porque a veces el personal del INPI nos dice que acá solo es para vivir, no nos dejan sembrar nuestras hortalizas y plantas, o nos dicen que no podemos tener nuestros animalitos, como cerdos, borregos, gallinas o patos, pero nosotros seguimos acá, porque no tenemos otro lugar a dónde ir y eso es muy triste”, señala Pedro.
Dicha Ley castiga el desplazamiento forzado y la negativa a facilitar el retorno de las familias, asimismo brinda acceso a asistencia humanitaria, educación culturalmente pertinente, información clara, medios de subsistencia y documentación gratuita, lo que, según los entrevistados, es aplicado a medias.
“Acá si no bordamos, no hacemos una actividad, no comemos. Entonces, esta ley, reafirmamos que sigue siendo de papel. No es verdad, al menos para las tres comunidades que acá habitamos”, recalca Sebastiana Paz.
Por su parte, Maurilio Santiago, activista de los derechos humanos de la CEDHAPI, afirma que son cientos de personas indígenas mixtecas afectadas por la violencia de la zona.
“Eso que ocurrió en estas tres comunidades parece un sitio de guerra: casas quemadas, cuatro personas desaparecidas y varios desplazados, lo que nos indica que la violencia está fea en la zona. Lo que estamos haciendo es brindar acompañamiento. Ya hay denuncias y exigimos se haga una investigación exhaustiva para dar con los responsables”, apunta Maurilio Santiago.
Lamenta la falta de actuación del gobierno de Oaxaca, que en ese entonces estaba a cargo de Alejandro Murat, que asegura, no hizo nada para resolver el conflicto. Dice que es lo mismo con el actual gobierno, a cargo de Salomón Jara Cruz.
El defensor comunitario reconoció que la violación a los derechos humanos existe y es urgente que se investiguen los delitos cometidos, y que se dé cumplimiento a la acción urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada.
A principios de este 2026, durante una conferencia semanal del gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, secretario de Gobierno, informó que 27 comunidades en la entidad viven desplazamiento forzado interno.
“Las familias que llevan mayor tiempo fuera de sus casas por la violencia, son las de comunidades como Río Santiago y Santiago Textitlán, ubicado en la Sierra Sur”, indicó Romero López.
En un comunicado, la titular de la coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH), Flor Estela Morales Hernández expresó que la reubicación involuntaria es una realidad compleja, “requiere enfoques multidisciplinarios, marcos normativos claros, modelos de intervención comunitaria y capacidades institucionales consolidadas”.
Este año, las más de 70 personas de las comunidades de Oaxaca cumplirán cinco de vivir desplazadas, de no poder sembrar sus tierras, no cuidar de sus animales, y como lo hacían con la defensora Irma Galindo, de “evitar la tala clandestina en su bosque”.
Aseguran que la tala no cesa, aumenta, puesto que antes del desplazamiento y de la desaparición de la defensora habían denunciado la presencia de siete aserraderos irregulares y actualmente hay más de una docena.
Para honrar su memoria, resisten, luchan y tejen. Este 2026, las más de 70 personas cumplirán cinco años de vivir desplazadas, de no poder sembrar sus tierras, de no convivir con sus vecinos y lo que más lamentan: “de no ver el bosque”.
Mientras tanto, suman más de mil 500 días sin la guardabosques, Irma Galindo. Su amiga Cielo señala que pareciera que se la hubiera tragado la tierra puesto que “no se sabe nada de ella, ni ha dado señales de que esté viva”. En las paredes de la capital de Oaxaca su nombre y rostro están inscritos con letras en grafitti para no olvidarla.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Desplazados por la ‘narcoguerra’, niñas y niños de la sierra de Concordia sobreviven en un estado de alerta perpetuo. Entre el duelo por sus padres y el silencio de sus escuelas, la Brigada de Salud Comunitaria ha construido un refugio de resistencia: un espacio donde el cine, la danza y la lectura devuelven a las infancias el derecho a soñar con un futuro distinto al de la violencia.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
Por Sibely Cañedo Red de Periodistas de a Pie
Valentín tiene ocho años. A su corta edad ya sabe lo que es huir de las balas y perder su casa.
Hasta hace unos meses vivía con su familia en una comunidad serrana del municipio de Concordia, Sinaloa, donde las nubes se rendían a sus pies y jugaba todos los días entre pinos y montañas. Pero su hogar se convirtió en el epicentro de una guerra que no alcanza a comprender y le ha arrebatado a su padre, un joven trabajador que fue asesinado a balazos sin que nadie lo esperara.
A su madre, hombres armados le han enviado el mensaje de que lo mataron “por error”, pero que ya pueden regresar porque no tienen nada contra ellos. Sola, con tres niños, se debate en la decisión de retornar a su pueblo, por el que siente arraigo, o padecer la precariedad y la falta de empleo para mantener a sus hijos, en la periferia de la ciudad de Mazatlán.
El pequeño Valentín –a quien se le llamará de esa forma para proteger su identidad– es solo uno de los rostros detrás de las cifras: más de 2 mil familias desplazadas en territorio sinaloense desde que detonó la “narcoguerra” en septiembre de 2024, un estallido que partió en dos al influyente Cártel de Sinaloa.
Desde entonces, pobladores de la sierra de Concordia viven entre caminos controlados por hombres armados, clínicas y escuelas cerradas, enfrentamientos, asesinatos, extorsiones, desplazamientos forzados y retornos inseguros.
El punto álgido se vivió en el mes de mayo del año pasado, cuando, desde drones, grupos criminales lanzaron explosivos a campamentos de sus rivales, provocando incendios forestales que se esparcieron por toda esa zona de la sierra concordense.
Esta parte de la Sierra Madre Occidental, ubicada al sur de Sinaloa, es un territorio disputado por el crimen organizado durante más de una década. Su localización estratégica, al ser paso natural hacia el estado de Durango, y su riqueza en minerales como oro, plata, plomo y zinc, lo han hecho atractivo tanto para las inversiones legales como para las actividades fuera de la ley.
Las disputas por el control territorial entre grupos armados ilegales no son nuevas. En 2017 se vivió otra “narcoguerra” que dejó cientos de familias desplazadas, muchas de las cuales perdieron su patrimonio y optaron por no regresar.
Pero si las pérdidas y las dificultades que enfrentan los adultos son duras, en las niñas, niños y adolescentes (NNA) estas implican impactos profundos en su desarrollo.
Como cientos de niños más, Valentín perdió su escuela y sus amigos, su lugar seguro, parte de su familia, pero además, algo muy preciado: sus juguetes y sus animalitos.
La psicóloga Edith Robles Arredondo explica que, para las infancias en situación de desplazamiento forzado, separarse de sus juguetes es un duelo tan hondo como para los adultos perder su ganado y sus tierras. En este contexto han experimentado ansiedad, depresión, falta de concentración, dificultades para aprender y trastornos del sueño.
Mientras el Estado les abandona y les ha dejado sin servicios de salud, ha surgido una iniciativa comunitaria, que además de pensar en la población adulta, ha destinado un espacio vital para las infancias y adolescencias.
Después de los ataques en mayo del año pasado, Periferia Subversiva y Perlas del Pacífico –colectivas feministas de Mazatlán– organizaron campañas para recabar alimentos y enseres básicos, ante lo que calificaron de una crisis humanitaria en la sierra. De ahí surgió la idea de conformar la Brigada de Salud Comunitaria, ya que no había doctores ni medicinas en los altos de Concordia. Finalmente, las brigadas se realizaron en cuatro ocasiones, el último fin de semana de cada mes de agosto a noviembre.
Sin importar los riesgos y la falta de recursos, subieron a Chirimoyos en caravana para ofrecer servicios médicos a esa comunidad, así como a las localidades vecinas de La Petaca y El Cuatantal, a las cuales regresó gran parte de la población desplazada pese a no tener garantías de seguridad.
Como la premisa de que la salud no es solo física, llevaron acompañamiento psicosocial e impartieron talleres de cine, dibujo, lectura y danza a cerca de 40 niños y adolescentes. Actividades que se complementaron con un taller de observación de plantas y animales.
Hoy, este esfuerzo a base de trabajo voluntario y donativos se encuentra interrumpido, y aunque el deseo es poder regresar, la prolongación de la violencia se los ha impedido.
Esta es la historia de cómo el arte se convirtió, por unos momentos, en el refugio de la niñez desplazada para descansar de su realidad y construir puentes hacia el futuro. Para entender cuáles fueron los impactos del desplazamiento forzado en las niñas y niños, conocimos parte de sus historias y entrevistamos a algunos de los brigadistas que dieron su tiempo y conocimiento a esta iniciativa, la cual tuvo lugar en un contexto de riesgo.
El paisaje del miedo
Valentín no lo entiende bien, pero todo esto que ha destrozado a su familia es por un conflicto que sostienen dos grupos criminales, que antes formaban el Cártel de Sinaloa y ahora pelean por el control de territorios que consideran suyos.
De septiembre de 2024 a enero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) ha registrado 2 mil 417 homicidios dolosos y 97 feminicidios. El número de personas desaparecidas en el mismo lapso es similar: 2 mil 192, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Entre los crímenes impunes, están los de niños y jóvenes estudiantes, quienes han sido víctimas del fuego cruzado.
Aunque en números absolutos la violencia se concentra en ciudades como Culiacán (capital del estado) y Navolato, los municipios menos poblados, como Concordia, con apenas 24,899 habitantes, sufren los impactos de manera desproporcionada. Tan solo el pasado mes de diciembre, Concordia se colocó en segundo lugar con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 24.1; y en primer lugar en el delito de privación ilegal de la libertad, con una tasa de 96.4, lo que refleja el clima de inseguridad que se padece en la zona.
Valentín tampoco entiende qué son los “desplazados”, pero se ha convertido en uno de ellos.
Toda esta combinación de delitos ha provocado el éxodo forzado de al menos 20 comunidades del municipio serrano de Concordia, especialmente de la parte colindante con el estado de Durango. Además de las ya mencionadas, se han desplazado de Copala, Corte Alto, El Batel, El Carrizo, El Palmito, La Cañita, La Capilla del Taxte La Mesa del Carrizal, Las Guacamayas, Las Iguanas, Loberas, Palmillas, Potrerillos, San Juan de Jacobo, Santa Catarina, Santa Lucía y Santa Rita, según datos oficiales.
Desde que estalló la “narcoguerra”, Concordia ha registrado 640 de las 2 mil 189 familias desplazadas de todo el estado, casi la tercera parte, de acuerdo con lo que respondió la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) tras una solicitud de transparencia. Aunque no se especificó el número de víctimas en lo individual sino solo por familias, se calcula que al menos 9 mil personas han sido afectadas, de las cuales 24% tienen 18 años o menos, es decir, entre mil 500 y 2 mil niños y adolescentes fueron desplazados forzadamente junto con sus núcleos familiares.
COMUNIDADES DESPLAZADAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN. (SEPT-2024-ENERO 2026)
Localidad
Núm. familias
1
El Palmito
206
2
Potrerillos
108
3
Santa Lucía
105
4
Las Iguanas
95
5
La Petaca
38
6
Palmillas
25
7
Chirimoyos
20
8
El Batel
9
9
Santa Rita
7
10
Loberas
7
11
La Capilla del Taxte
6
12
Copala
3
13
Las Guacamayas
3
14
La Mesa del Carrizal
2
15
La Cañita
2
16
Corte Alto
1
17
El Carrizo
1
18
San Juan de Jacobo
1
19
Santa Catarina
1
TOTAL
640
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa (Sebides).
Localidades de Concordia donde se han presentado desplazamientos
Localidades de Concordia donde se han presentado desplazamientos a partir de septiembre de 2024. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa (Sebides).
Familias desplazadas en Sinaloa por municipio
Familias desplazadas de septiembre de 2024 a enero de 2026. Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa (Sebides).
No obstante, la Sebides se negó a informar los rangos de edad de personas desplazadas en aras de proteger los datos personales, sin importar que sólo se solicitaron estadísticas. La dependencia reconoció no contar con un diagnóstico específico sobre los impactos del desplazamiento en niños y adolescentes, lo que impide llegar al conocimiento de la problemática.
En contraste con la falta de información en el estado de Sinaloa, un reporte de ACNUR muestra la tendencia mundial: cerca del 40% de la población desplazada son precisamente este segmento de la población. Más de 50 millones de niñas, niños y adolescentes han sido desplazados por violencia y conflictos hasta finales de 2024.
Al igual que los niños víctimas de la “narcoguerra” en Sinaloa, se consideran parte de un grupo vulnerable y se enfrentan a amenazas como la desescolarización, reclutamiento forzado, enfermedades, trata y hasta la muerte.
Por lo anterior, tienen derecho a recibir protección especial acorde con sus necesidades, según los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, así como la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Sinaloa, aprobada en 2020.
En esta región montañosa del municipio de Concordia, el trabajo de la brigada comunitaria ha evidenciado la persistencia de estos y otros riesgos, entre los más fuertes, el cierre total o parcial de las escuelas, el reclutamiento por parte de grupos del crimen y los impactos en la salud mental.
En modo supervivencia: aprender en medio del temor
Ana es una niña de nueve años. Experimenta pesadillas recurrentes. Sueña que a sus perros y a sus gatos les hacen daño. Los tuvo que dejar solos mientras que ella y su familia huían de la violencia, y aunque ahora ha regresado, no sabe dónde están (los nombres de los infantes han sido modificados para proteger su identidad).
La psicóloga Edith Robles Arredondo advierte que NNA presentan síntomas del estrés postraumático complejo, como falta de concentración, depresión, ansiedad e insomnio.
Durante las brigadas se atendió a un total de 46 pacientes en terapias psicológicas individuales: 30 personas adultas, 5 adolescentes y 11 infancias.
“Son niños que se tienen que ir de la nada y dejan lo más preciado para ellos, sus juguetes y sus animalitos, que muchas veces al regresar ya no los encuentran”, detalla.
El miedo constante –acota— ha puesto su cerebro en «modo supervivencia», impidiéndoles aprender o memorizar de manera regular.
Muchos de ellos han perdido algún familiar, como en el caso de Valentín, lo que incrementa los duelos múltiples en este tipo de escenarios, donde el hecho violento no es uno solo, sino que se repiten a lo largo del tiempo, explica la especialista.
Por otro lado, lo que pudo observar en adolescentes es que tienen sus propias preocupaciones. Los hombres temen ser “levantados” por grupos criminales al no saber si sus amigos están involucrados con ellos; mientras las chicas, ser secuestradas por jóvenes armados.
En estas condiciones no es fácil estudiar, mucho menos con las escuelas cerradas y las clases en línea en lugares con débil señal.
“La escuela es parte de su mundo, su segundo hogar, lo que para nosotros es el trabajo; allí ellos aprenden, juegan con otros niños, desarrollan habilidades; y el hecho de que cierren las escuelas o no puedan ir presencialmente es un impacto fuerte”, considera Edith.
Aunque la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de Sinaloa reportó que no hay escuelas cerradas en la “coyuntura de seguridad” que atraviesa el estado, padres de familia en la sierra de Concordia aseguran que en este año y medio de guerra, los docentes no han podido ir con regularidad a clases debido a los enfrentamientos entre los grupos armados y a que las carreteras son controladas por la “maña”, como llaman a los grupos delictivos del lugar.
Una maestra de bachillerato, de quien se omite su nombre para evitar represalias en su contra, cuenta que durante este tiempo, cuando ella y sus colegas se han atrevido a ir a dar clases a una de estas comunidades, lo han hecho con miedo. Tratan de viajar mínimo dos o tres compañeros juntos y no cambiar de auto, para que la gente armada no los confunda con enemigos. Además, tienen prohibido dar raid o subir personas ajenas a la comunidad.
Este ambiente de zozobra ha afectado al menos a 6,200 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, según la matrícula escolar de la Sepyc para el ciclo 2024-2025 en esta municipalidad.
La brigada comunitaria buscó llenar este vacío institucional e incluyó sesiones de cuentacuentos, arte terapia, danza amorosa y clases de cine, que si bien no reemplazan la educación formal, les ayudan a seguir aprendiendo de forma alternativa a través del juego y la convivencia.
Rita Tirado, coordinadora de la brigada y fundadora de la Colectiva Periferia Subversiva, habló del enfoque integral de esta iniciativa:
“Es un proyecto de salud integral, se trata de atender no solamente la salud, la atención médica general, sino también lo psicosocial. Es fusionar un poco la arteterapia con talleres de arte, talleres de movimiento, como esta conexión de cuerpo, mente, espíritu”, describe Rita.
En ese sentido, no se olvidaron de la población infantil, de quienes las voluntarias destacan su actitud positiva y resiliente. En medio de las adversidades, la brigada construyó un refugio a base de pilares como el dibujo, la lectura, la danza, el cine y el amor por la naturaleza.
La imaginación como refugio: las brigadas comunitarias
Donde antes el verde de la cadena montañosa se mezclaba con el olor de las tortillas recién hechas en cada vivienda, hoy el sonido del viento ha sido interrumpido por ruido del pasar de los vehículos de guerra.
La presencia de convoyes de la Guardia Nacional y de militares, que pasan pocos minutos antes o después que las camionetas con civiles armados, es la escena que se ha vuelto cotidiana para las niñas y los niños en estos pueblos alteños.
La maestra Dalia Morales les cuenta cuentos y les pide hacer un dibujo sobre lo que más les gusta de su comunidad.
Los niños más pequeños expresaron el deseo de que mejoren las condiciones de sus hogares, animales y cordilleras, mientras que los adolescentes dibujaron camionetas de lujo, armas o helicópteros, reflejo de lo que ven actualmente en su entorno de manera cotidiana. En su experiencia, Dalia advierte que este grupo de edad es más susceptible de ser cooptado por el crimen organizado, por lo que sugiere poner más atención en ellos.
Actividades de la brigada comunitaria, el 29 de septiembre de 2025 en Chirimoyos, Concordia, Sinaloa. Fotografía: Sibely Cañedo.
Para ella, la lectura es un puente a la construcción de otros mundos posibles. “Es un respiro para ellos, en este caso. la lectura sirve poderosamente para crear puentes hacia otras historias, otras narrativas que muchas veces nos salvan, o les salvan, porque ven desde otra perspectiva que existen otros caminos que se pueden tomar para continuar en la vida y que pueden hacer para cumplir sus sueños”, relata la docente al reflexionar sobre su intervención en la brigada.
La maestra Dalia Morales lee cuentos a niñas y niños de Chirimoyos. Fotografía: Sibely Cañedo.
La danza como liberación
Dalia trabajó con sus mentes, pero hubo otra actividad en la que los niños conectaron con sus cuerpos tras largos meses de tensión. Rafaela Negrete Ordóñez, bailarina y educadora, destaca la importancia de las actividades artísticas para niños en contextos difíciles. Tras coordinar el taller de movimiento lúdico, menciona que las niñas y los niños de la sierra estuvieron cerca de dos años sin escolarización, lo que deriva en la necesidad de espacios de contención grupal e integración.
Niñas y niños participan en una actividad de “danza amorosa” durante el taller de movimientos lúdicos. Fotografía: Sibely Cañedo.
Para ella fue un «laboratorio pedagógico», en el que observó que las niñeces, inicialmente resistentes a la danza, se abrieron a explorar su cuerpo y creatividad. Se tomaron de las manos y danzaron, sin preocupaciones durante el tiempo que duraron las sesiones.
Asimismo, percibió cambios significativos en las actitudes de estas infancias, que al inicio decían querer ser “mafiosos” o “militares”, pero que tras los talleres, comenzaron a imaginarse otros proyectos de vida.
«Maestra, yo de grande quiero ser bailarina como tú”, escuchó Rafaela más de una vez durante las sesiones en la comunidad de Chirimoyos.
Bichos: una ventana a la naturaleza
Por unos momentos, se olvidaron del ruido de los drones que usualmente zurcan el cielo de sus comunidades para lanzar explosivos. Lo cambiaron por el canto de los grillos. Movidos por la curiosidad, niñas, niños y adolescentes, de tres a los 15 años, se acercaron al taller denominado “Bichos”, impartido por el biólogo y naturalista Eduardo Quintero. Recorrer las veredas de Chirimoyos y observar la naturaleza es algo que en estos momentos los niños en la zona serrana ya no pueden hacer de manera libre y segura. Pero dentro de la brigada fue de nuevo posible.
Actividad durante el taller “Bichos”, impartido como parte de la brigada comunitaria en Chirimoyos, Concordia, Sinaloa. Foto: cortesía de Eduardo Quintero.
Mientras tanto, el biólogo Eduardo explica que el municipio de Concordia se ubica en una región de gran relevancia ecológica y rica en biodiversidad. Predominan los bosques de coníferas, pino y encino. También es un corredor biológico y refugio de aves endémicas y migratorias, donde se pueden avistar la chara pinta, guacamayas, codornices, venado cola blanca, jabalíes, entre muchas otras especies.
A más de 45 kilómetros de distancia, en Mazatlán, Valentín ya no podrá contemplar ese paisaje. En su realidad actual ha cambiado el verdor de la montaña por el gris de la urbanización y las calles pavimentadas.
“Es importante el arraigo a su territorio, el conocer qué hay en él: qué plantas y animales son los representativos del monte, de las montañas y de los cerros que son de su comunidad; no es la vieja usanza de los señores que dicen, ‘ah, pues todo es monte y hay que aprovecharlo’”, apunta el brigadista.
Durante el taller, los niños recorrieron el monte y aprendieron a identificar la flora y fauna más representativa de su región. Les tomaron fotografías y hasta grabaron el sonido de los insectos, que aunque forman parte de su vida diaria, ese día los percibieron de manera diferente.
La mirada propia: una forma de resistencia
En Chirimoyos, Concordia, niñas documentan aspectos de su comunidad como parte del taller de cine. Foto: cortesía de Dano García.
En Chirimoyos, Concordia, Dano García, cineasta y documentalista, parte del colectivo Les Abonades. Foto: cortesía de Dano García.
En Chirimoyos, Concordia, una niña graba sonidos del ambiente durante la práctica del taller de la brigada comunitaria. Foto: cortesía de Dano García.
Miguelito tiene 12 años y ha aprendido a usar la cámara. Ha filmado su casa, la milpa, su familia. Ha recorrido los sembradíos de maíz y el impresionante paisaje de este rincón de Sinaloa.
Es uno de los estudiantes del taller de cine impartido por el Colectivo Les Abonades, fundado por Dano García, cineasta trans de Mazatlán. Su ópera prima, “Los reyes del pueblo que no existe” (2015), fue ganadora de múltiples premios nacionales e internacionales, al contar la historia de un pueblo desplazado por la presa Picachos en el sur de Sinaloa.
Junto a sus colegas Gera Reyes, Melody Lara y Misael Escobedo, como parte de un documental en proceso, Dano García ha compartido cámara con los niños y niñas de comunidades rurales, para impulsarlos a contar sus historias a través del cine.
Además de Chirimoyos, han llevado estos talleres al municipio de Mocorito, así como a la Isla de la Piedra y a la comunidad de Juantillos, estas últimas pertenecientes al municipio de Mazatlán.
Tan solo en Chirimoyos, son alrededor de 20 estudiantes cuyas edades van desde los cinco hasta los 15 años, formando una especie de aula multigrado donde los más grandes enseñan a los más pequeños.
Para Dano, el cine comunitario es más que solo enseñar los encuadres o las técnicas cinematográficas: es una forma de resistencia y el poder de reflejar su propia mirada.
“Entonces, los niños aprenden a usar la cámara, pero también a contar qué es lo que más les gusta de su comunidad, cuáles son los sonidos que les más les gustan, qué les llaman la atención; unos dicen que el sonido, otros que la foto”, relata con entusiasmo.
En medio de una situación de violencia donde las voces de la población infantil y adolescente no han sido escuchadas, la cineasta y documentalista agrega que el cine comunitario “es una forma de ir sembrando semillitas de resistencia y autogestión”.
El derecho a soñar en un futuro mejor
En sus reflexiones acerca de este proyecto, los brigadistas entrevistados coinciden en que la solidaridad y la organización colectiva ante la omisión del Estado es fundamental. Manifiestan que les gustaría regresar y dar continuidad a estas acciones, pero por el momento la situación es incierta ante la persistencia del conflicto armado en la zona.
“Eso es algo primordial, que sí es cierto que podemos hablar del Gobierno y lo que le corresponde, lo que debe de hacer, (pero) es bien importante continuar organizándonos como sociedad, seguir haciendo voluntariado, seguir buscando el bien común”, considera la maestra Dalia.
Estima que la violencia provoca un «rezago profundo» en el nivel básico de educación. Lamenta que el crimen organizado desplace a las comunidades y plantea que el gobierno debe comprometerse con un cambio estructural para proteger a la niñez, especialmente a la de la sierra, que está lista para aprender, pero se lo impide la violencia.
Rafaela, desde su visión pedagógica, destaca que este proyecto ayudó a las niñas y niños a imaginar futuros posibles. Si antes no se proyectaban más allá de su entorno inmediato, ahora sueñan con ser biólogos, danzantes, docentes, médicos…
“Se me hizo muy valioso, más allá del hecho de que si se convierten en bailarinas o no, que se están imaginando nuevos futuros, se están imaginando nuevas posibilidades de vida”, resalta.
En tanto, Eduardo ve un gran potencial en estos pueblos para dedicarse a actividades más seguras y amigables con el medio ambiente, como el turismo de naturaleza. Pero sabe que para ello se necesita restablecer la paz.
Dano cree que el cine comunitario es también una estrategia de resistencia y de autogestión, donde las infancias son protagonistas.
Finalmente, la activista Rita Tirado hizo un balance de la Brigada de Salud Comunitaria, a través de una bitácora de actualización que publicó en sus redes sociales.
“Me gustaría haber logrado que el gobierno o las instituciones voltearan a ver a estas comunidades. Que dieran seguimiento, alternativas, atención. No pasó. Y aun así nos quedamos con los pequeños logros”, expresó en su publicación al hablar de las comunidades que fueron atendidas y acompañadas.
En su informe subrayó que más de 40 infancias, aunque sea por unas horas, pudieron ver un mundo distinto al de la sierra militarizada.
Lo que hace recordar que mientras el imperio del miedo y el crimen continúe en estos territorios, la única región libre para la niñez seguirá siendo su capacidad de imaginar nuevos mundos.
Para quienes resisten en Chirimoyos, la danza, el video y la literatura han sido un respiro ante el fragor de la guerra, pero también semillas de paz para un futuro mejor, en el que quizás el pequeño Valentín y su familia puedan regresar sin miedo.
PUNTOS CLAVE DE LA BRIGADA
COLECTIVAS PARTICIPANTES
Periferia Subversiva
Perlas del Pacífico
Les Abonades
Menstruarte
PERSONAL VOLUNTARIO
Médicos/as
Pasantes
Enfermeras
Psicólogas
Talleres impartidos durante la Brigada Comunitaria:
Cine comunitario por colectivo Les Abonades
Taller de pintura por Andrea Osterhout
Danza y movimiento por Rafaela Negrete
Cuentacuentos “Del cuidado, territorio y cuerpo” por Dalia Morales
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Nuestra co-directora María Teresa Juárez estará participando en la mesa «Medios y audiencias críticas ante la desinformación» este 24 de octubre a las 11:50 horas, evento que se llevará a cabo en el marco de la Conferencia Mundial sobre AMI, en Cartagena, Colombia.
Puedes registrarte para asistir presencialmente o para seguir la transmisión en vivo, en el siguiente enlace:
El énfasis
