Etiqueta: Territorio

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

por Alejandra Guillén

En la esquina más oriente de Zacatecas, en los límites con Durango y Nayarit, se ubica El Crucero de Santa Cruz (Valparaíso, Zacatecas) que actualmente es un pueblo casi abandonado al igual que decenas o cientos de rancherías y poblados de la Sierra Madre Occidental.

Casi abandonado porque los hombres armados andan por las carreteras y los poblados de la sierra boscosa de Valparaíso. En El Crucero de Santa Cruz es difícil saber cuántas familias alcanzaron a escapar, cuántas se llevaron con fines de leva, cuántas desaparecieron y cuántas asesinaron.

El Crucero de Santa Cruz se encuentra a 108 kilómetros de Huejuquilla El Alto, Jalisco. El camino atraviesa Jalisco, Zacatecas, Durango y luego regresa a Zacatecas, en la zona más alta y boscosa de la sierra de Valparaíso. Desde este lugar se puede ir a la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, girando al sur, y a poblados nayeri como Jesús María, en Nayarit, siguiendo hacia el este. Y sobre todo, es el punto alto de la montaña desde el que se vigilan todos los caminos.

Santa Cruz es un pueblo con unas 50 casas distribuidas a los costados de la carretera. Hace algunos años tenía tres tiendas de abarrotes, un taller mecánico, un establecimiento de venta de fertilizantes, un rodeo, escuelas, una capilla, ojos de agua que abastecían al pueblo, miradores donde se juntan las nubes, infancias explorando caminos y veredas, vacas, gallinas, jaripeos.

Sólo quedan un par de establecimientos de gasolina. En El Crucero se repitió la violencia de toda la Sierra Madre Occidental: hombres armados llegando a los poblados, matando a personas clave como representantes agrarios y aquellos que resisten de algún modo, así siembran terror, amenazan igual a tenderos que a profesores, se llevan a hombres y mujeres con fines de reclutamiento forzado, matan o desaparecen a los que acusan de colaborar con el grupo contrario hasta que todas las familias huyen del lugar.

En El Crucero de Santa Cruz todavía se encuentran casas abandonadas y saqueadas. Las imágenes son de 2025 y se obtuvieron de Google Maps.

Desde 2020 circularon videos del Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpiendo en la zona montañosa y otros poblados del municipio de Valparaíso, con la narrativa de que iban a disputar el territorio con la empresa criminal del Cártel de Sinaloa. Esos años se reportaron enfrentamientos, cuerpos baleados e incinerados en las carreteras, cientos de familias desplazadas huyendo de la violencia en la sierra. Diversas dependencias del gobierno de Jalisco reportaban retenes del crimen organizado y robos de vehículos institucionales, especialmente camionetas que son útiles para andar en las brechas.

La vida campesina les permitía la autosuficiencia de alimentos. Tenían maíz, frutales, hortalizas, cabañas hechas con madera, plantas y hongos del bosque, vacas para los lácteos y la carne, gallinas y huevos. Fogatas para cocinar o por las noches para ver las estrellas.

Hasta que estas empresas criminales comenzaron a imponer un nuevo orden social en esta zona serrana.

Un sobreviviente de este poblado narra que los primeros que asesinaron eran dueños de negocios, autoridades agrarias de ese poblado u otros, sus cuerpos los dejaban como castigos ejemplares al que se rebelaba, en lugares visibles, con signos de tortura y mensajes amenazantes.

Entre ambos grupos aterrorizaron todos los poblados de estas zonas serranas limítrofes de Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. En los enfrentamientos morían decenas de hombres y la pregunta se mantiene: ¿habrán sido jóvenes reclutados con engaños?

En 2021 fue asesinado Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, de la Misión Franciscana de Santa Lucía de la Sierra (también en Valparaíso). El 13 de junio de 2021 iba a celebrar la eucaristía en una comunidad o’dam de Durango. Lo asesinaron en un enfrentamiento entre grupos criminales. En la carretera quedaron camionetas y cuerpos calcinados.  

Aunque muchas familias huyeron en ese momento, las escuelas del Crucero de Santa Cruz seguían funcionando. Hasta que desaparecieron a la maestra de la primaria. La población se movilizó para exigir su liberación y rogar que la liberaran. La soltaron pero la escuela cerró.

Todavía a finales de 2019 los padres de familia subían videos de la faena que hacían en la escuela o actividades deportivas que organizaban con las y los niños. En el plantel pintaron un mural de Frida Kahlo que actualmente muestra nulo mantenimiento.

Esta imagen se publicó en la página de Facebook “Crucero de Santa Cruz”, en 2019. En dicha página se detuvieron las publicaciones en 2020. Cortesía

En Google Maps aparece esta foto de la primaria tomada en 2025.

En 2022, el gobierno de Zacatecas reconoció desplazamientos masivos de todas las poblaciones serranas de Valparaíso, como El Mirador, Peñitas de Oriente, Loma de la Cruz, Sal si puedes, El Chilar, Vicente Escudero.

En todos esos caminos se mantienen retenes con hombres armados que revisan celulares, vehículos, extorsionan a los que trasladan alimentos para sus tiendas de abarrotes.

En El Crucero de la Santa Cruz, los criminales también cercaron los nacimientos de agua y en los últimos años han visto circular camiones que saquean la madera del bosque.

Las 200 personas que habitaban eran campesinos, ganaderos, tenían tierras fértiles y húmedas. A todos les quitaron su ganado o en el mejor de los casos los obligaron a venderles las vacas al precio que ellos decidían. Los señores mayores se aferraban a quedarse hasta que fue imposible continuar la vida: se fueron a Estados Unidos o a otros estados.

“Era común que llegaban con alguien y le decían ‘tú te vas a encargar’, no era opcional, pero luego llegaba otro grupo y decía lo mismo. Y así fue como también mataron a mucha gente que siempre estuvo obligada a hacer lo que les decían, no porque ellos quisieran. Las familias no pudieron denunciar las desapariciones de los jóvenes que reclutaban porque estaban amenazados. A las casas llegaban, tocaban y rápido hacían el movimiento, tomaban al joven y se lo llevaban, enfrente de la familia y de día”.

Reclutamiento forzado

Del Crucero de Santa Cruz incluso se llevaron a tres jóvenes que meses después liberaron. En el pueblo se supo que las llevaron como cocineras y no se sabe qué más pasó. Su semblante cambió por completo. En cuanto pudieron, huyeron con sus familias.

Un sobreviviente cuenta que pocas personas alcanzaron a huir del pueblo, “desgraciadamente hubo mucho reclutamiento y están involucrados ya, se metían a las casas, tomaban lo que encontraban, quemaban las casas. Hubo un saqueo increíble, se llevaban cajas o remolques con tinacos, tractores, terrible el desmantelamiento de todo el patrimonio de la gente”.

En 2024 ya nadie más pudo quedarse. Lo mismo ocurrió en poblaciones o’dam de los alrededores.

 “Todas sufrieron una violencia muy fuerte, les dejaban personas colgadas a la entrada de los pueblos, desnudos, con letreros, y los que quedaban en las comunidades eran obligados a participar con puntos de venta, como halcones, y luego los desaparecían”, cuenta.

El poblado o’dam de Santa Lucía de la Sierra también quedó como zona de miedo.

“Se notó de manera increíble cómo algunos poblados se quedaron solo con las viudas. Se llevaron a los jóvenes desde los 14 años, era una población indígena con muchos niños, era 2023. Se llevaron a todos los hombres, les dijeron que ya no regresarían, que estaban muertos o trabajando, que no los esperaran. En las cuatro comunidades hubo mucho reclutamiento porque ambos grupos querían más gente para controlar el territorio”, agrega.

Las barrancas de la sierra están llenas de cuerpos. Muchos de ellos pueden ser de personas que llevaban reclutadas de otros lugares. “Era común escuchar acentos de otras zonas cercanas y viceversa, se decía que los de Durango y Nayarit ahí andaban, y los nayeris y tepehuanos los cambiaban a esta zona”, concluye.

El poblado del Crucero de Santa Cruz se encuentra en los límites de Zacatecas, Nayarit y Durango. Fotos Cortesía. 

El dominio en Huajicori

Desde mediados de 2024 varias comunidades de Huajicori, al norte de Nayarit, se han quedado sin gente debido a la violencia que ejercen en su contra tanto la facción del Cártel de Sinaloa leal a Ismael “El Mayo” Zambada (Operativa MZ) como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, aunque las autoridades estatales han intentado minimizar la situación, los testimonios de quienes habitan o transitan (siempre anónimos por seguridad) la región dan otra dimensión al discurso oficial.

Los primeros desplazados llegaron buscando refugio a la cabecera municipal desde comunidades como San Andrés Milpillas, Mineral de Cucharas, El Llano o Mesa de los Ricos y aunque la falta de información oficial hace imposible conocer cuántas de las 170 localidades que conforman el municipio están afectadas por la violencia de los cárteles, algunos de los involucrados en el apoyo a los desplazados estiman que durante estos años más de dos mil personas han dejado en algún momento sus casas para escapar, algunos han vuelto, otros han migrado a ciudades como Tepic, Mazatlán, Mexicali, Tijuana o San Luis Río Colorado. Para dimensionar el tamaño de estas movilizaciones basta decir que, según datos del ayuntamiento, en Huajicori habitan 11 mil 400 personas aproximadamente.

El cerco mediático

Los primeros avisos de lo que ocurre en aquella región de la Sierra Madre Occidental emergieron en las redes sociales, pero cuando los medios de comunicación comenzaron a retomar esa información el gobierno del estado, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, se empeñó en negarlo e incluso algunos funcionarios dijeron a reporteros que se tenía la sospecha de que se trataba “de una campaña de desinformación en redes sociales”.

Ante el cúmulo de denuncias y reportes, que comenzaron a incluir amenazas a profesores y personal médico, el 1 de julio de 2024, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Nayarit, Daniel Sepúlveda, reconoció que sabía de “situaciones graves” en el municipio de Huajicori, pero no explicó más.

Más tarde ese mismo día, y sin dar mayor contexto, el gobierno estatal emitió un comunicado en el que señaló que por órdenes del gobernador la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con fuerzas federales y estatales, se encontraban realizando acciones en zonas estratégicas de Huajicori para mantener la seguridad.

El 3 de julio la secretaria de Gobierno de Nayarit, Rocío Esther González, insistía en que el tema de las personas desplazadas era sólo un rumor: “sé que se ha rumorado esa situación, sin embargo lo único que nosotros tenemos es que ahorita efectivamente esa zona está cuidada, está resguardada y no tenemos conocimiento de desplazamientos”, decía, pero dos días más tarde el entonces fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce-Medrano, reconoció que la violencia de los grupos criminales afectaba a los pobladores de la región pero continuaba minimizando el problema al asegurar que se trataba de “enfrentamientos de cerro a cerro” en los que habían quedado expuestas algunas personas ajenas al conflicto entre delincuentes.

El sinsentido del desplazamiento

El 27 de enero de 2025 la violencia que se regodeaba en las comunidades más enclavadas en el monte irrumpió en la cabecera municipal y el cuerpo desmembrado de un hombre fue esparcido en varios puntos del centro de Huajicori, dos días después sujetos armados irrumpieron en la casa de Isabel Castañeda, exreina de belleza del municipio y cuñada del exalcalde Saúl Sánchez, para asesinarla delante de sus dos hijos, al día siguiente varios sicarios entraron al hotel El Único y asesinaron al dueño. El actual alcalde, Sergio Rangel, suspendió las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria, tradicionalmente celebradas del 31 de enero al 3 de febrero y consideradas uno de los festejos religiosos más importantes del estado.

“Nos quedamos aquí porque no tenemos a dónde ir, pero es cruel estar en un lugar donde pueden matar a cualquier hora, o desaparecer y no hay quien busque a nadie porque no se puede, porque no se investiga, en los cerros hay cientos de muertos y nadie sabe quiénes son, no hay quien vaya por ellos”, relata un habitante de ese municipio.

Explica que, además, los delincuentes cortan las cadenas de suministro de alimentos en la región, incendiando tiendas o robando y asesinando a comerciantes que suben a las poblaciones a llevar alimentos.

“Es terrible, no hay opciones de nada, no puedes estudiar porque es común que se suspendan las clases a veces hay 15 días y luego un mes no, no hay trabajo porque aquí el principal empleador es el ayuntamiento y la otra fuente de ingresos son los programas sociales, y si emprendes algo los delincuentes te lo quitan o te dañan para extorsionarte, parece que quisieran matar los sueños de vida de las personas y orillarte a tomar un bando y si lo haces el otro bando te aniquilará”, dice.

“Me pregunto a quién beneficia todo esto, en las comunidades desplazadas no hay producción de nada ni gente para que se la lleven a trabajar ni a la que le puedan vender drogas… ¿qué se pelean? A veces pienso que sea una estrategia a largo plazo por el mineral rico y en la región, un proyecto a largo plazo para que ya no haya nadie que se oponga si dañan un lugar sagrado o algo así. ¿Qué están ganando con que haya todos estos desplazamientos? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué cuando se empezó a hacer mediática de lo que sucedía no se aseguraron de que la gente pudiera volver a sus comunidades? Es absurdo cómo todo esto sigue avanzando y no hay nada que lo detenga, nadie lucha contra esto. ¿Qué sentido tiene continuar con esto? Mucho hemos pensado en dejar el pueblo pero luego yo pienso: ¿por qué rendirnos? ¡No tienen que tener la última palabra!”.

En otros poblados como Ciénega de Mirasoles también se encuentran vehículos abandonados. Imágenes tomadas de Google Maps.

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

por Carolina Tiznado

Las madrugadas del término de la jornadas campiranas -entre las 4 y 5 de la mañana- terminaron, el sonido de aves y el recorrido entre el monte, se acabó. Los pies que no se cansaban mientras transitaban por las laderas y caminos desiguales, ya no tienen la misma fuerza, ahora están adoloridos, aunque no han caminado kilómetros.

A las personas adultas mayores el desplazamiento forzado interno les atraviesa desde la tristeza y la impotencia. El ruido de la cabecera municipal Escuinapa, es distinta, ya no escuchan los mismos sonidos naturales, ahora todo es ruido estrepitoso.

La cocina comunitaria cerró, no hay más tortillas de maíz calientes preparadas entre lo fresco de los cerros. Las tardes de bordado entre las amigas y vecinas terminaron. Las vacas ya no acuden al llamado de sus amos – es que, en este este pequeño pedazo de la sierra de Sinaloa, hasta ellas eran bautizadas con un nombre-.

A esta zona de Sinaloa, enclavada a 16 kilómetros de la ciudad de Escuinapa de la Sierra Madre Occidental, en septiembre de 2024, solo llegó un anuncio: todos debían abandonar el lugar. La guerra de grupos criminales antagónicos que parecía lejana les alcanzó. También disputan el territorio entre los límites de Durango y Sinaloa.

El Camarón, del municipio de Escuinapa, tiene entre sus habitantes a personas que van de los 50 a más de 80 años. Los jóvenes, en su mayoría, salieron a estudiar o emigraron a trabajar a otros lugares. Regresar de visita siempre era una opción segura, según cuentan los lugareños.

Su principal actividad es la agricultura y la crianza de ganado. Era parte del autosustento para las familias y en algún momento, se convirtió en un lugar para deportistas que usaban la ruta para ciclismo de montaña. Lo habitual para los visitantes era llegar y disfrutar de un desayuno hecho por mujeres de la comunidad.

En la comunidad de El Camarón habitaban treinta familias, tenían ahí su residencia permanente, pero fueron desplazadas el “mes de la patria” de hace dos años. Se fueron a diversos destinos, a casas prestadas, rentadas o sus hijos los recibieron. Otros más cambiaron su residencia a otros estados. La comunicación entre ellos pasó de estar en las tardes socializando a llamarse por teléfono, a soñar con volver a su paraíso, a sus casas construidas con sus manos, con apoyo gubernamental, en El Camarón, dotadas además con paneles solares.

Es la historia de un rincón de Sinaloa, donde la violencia tocó sus puertas antes que las de las casas de la ciudad, donde no fueron necesarias las balas para dejar su tierra, bastó con mensajes o advertencias para que dejaran todo y salvaran su vida.

Cada persona y cada familia sintió el miedo de manera diferente y les advirtieron de manera diferente. Hubo emisarios que parecía traerlos el viento, que confiaban en que sólo se podían ir por ocho días pero estos se convirtieron en dos años de pesadillas, así lo expresan los mismos pobladores.

El Camarón se ubica en la Sierra Madre Occidental, se conecta con el camino hacia las comunidades serranas del estado de Durango. Es un corredor de grupos delictivos en disputa, que bajan hacia Durango o suben de Durango hacia El Camarón y otras partes de Sinaloa.

Fotos: Carolina Tiznado

Contemplar la luna

Don Ángel Valdovinos Suazo y su esposa, Edelmira Miranda Valdez habían cumplido con sus tareas de casa. Él había ido al campo, recién había parido una vaca entre el monte y la cría tenía una mordida de un tigre. Estaba en mal estado y había que darle biberón o pegarla a la mama de la vaca, se tenía que salvar a los dos animales.

Sobre eso le contaba a Edelmira. Estaban acostados, abrazados, cuando el sonido de unas detonaciones los alertó. No hubo ni quién les dijera que tenían que irse, pero en ese momento salieron del lugar. En el camino se fueron encontrando con sus vecinos, todos huían de la comunidad.

“Casi toda mi vida he vivido allá… vivir aquí es una cosa dura, es otra vida a como vivíamos en el rancho. Aquí hay que ir todos los días al campo para poder comer, muy difícil, aparte lo que le sufre uno porque le faltan los animales, perdimos todo”, señala el hombre de 68 años que está refugiado con su esposa en la cabecera municipal.

Lo que más extraña son sus animales, principalmente sus vacas. Tenerlas formó parte de años de sacrificio, de irse por un tiempo a Estados Unidos, de juntar dinero para tener una vida feliz con su esposa.

Están en una casa que compraron antes, con el dinero que lograron cuando migraban a Estados Unidos, lograron juntar dinero para construir su patrimonio.

El matrimonio recuerda que su jornada en El Camarón iniciaba antes de las 6 de la mañana, luego se iba a limpiar la parcela para la siembra de maíz, frijol y otras labores agrícolas como dar pastura a los animales.

Ahora en la ciudad, es despertar temprano para irse a laborar a un empaque agrícola donde tiene un patrón y deben cargar maderas a pesar de las secuelas que tiene de una embolia que le dio hace dos años a Don Ángel Valdovinos. Ahí hace lo que puede, tiene que trabajar para subsistir, para pagar la renta, el agua, la luz, precisa.

Cuando las cosas eran difíciles en su comunidad, vendía una vaca y con eso alcanzaba para sostenerse. En su nueva realidad, eso no es posible porque las vacas también las perdieron.

“Mi anhelo cuando estaba en Estados Unidos era volver, ya había comprado esta casa (en la ciudad de Escuinapa), quería arreglarla (…) extraño mucho allá (El Camarón), toda mi vida. Uno vivía mejor, me iba a buscar las vacas, algunas que parían y así”, dice con nostalgia.

El carro que tenían para moverse, al estar en la ciudad, le han robado la pila, por lo que de momento quedó “tirado”. Dice que la pila es cara y no pueden comprarla.

Don Ángel tiene momentos duros, su enfermedad es una gripe consistente generada por la baja de defensas que le ha provocado la tristeza profunda y contenida, con la que ha vivido los últimos dos años. Don Ángel se niega a mostrar esa tristeza a sus hijos, prefiere aguantarla con la esperanza de regresar a su tierra.

Don Ángel Valdovinos. Foto: Carolina Tiznado

Doña Edelmira ha compartido toda una vida con don Ángel, sin embargo, hoy le toca compartir la tristeza de lo que han perdido, que una vez lo obtuvieron son su trabajo y sacrificios con la esperanza de vivir tranquilos.

“A mí no me gustaba venir (a la cabecera municipal), venía al mandado y para atrás. Extraño mis matitas, mi jardincito que dejé, mi vida era hacer el aseo, hacer lonche. Mi tarea era coser servilletas. Es muy duro, pero tenemos que irlo superando, uno tiene la esperanza de regresar, pero es una guerra, uno no tiene qué ver nada (con ello)”, lamenta.

En febrero del año pasado regresaron a su comunidad acompañados por militares, pero ya no estaban sus gallinas, ninguno de sus animales. Edelmira tomó lo poco que quedaba y sus servilletas.

Hasta las cosas más básicas de la ciudad hacen a la mujer extrañar todo lo que una vez tuvo. Acá donde viven ahora, tienen que comprar agua, ya no la acarrean del arroyo que tenían al pie de su casita, ese hogar al que cuando fueron ya estaba saqueado, ni puertas le dejaron. Sabe que cuando por fin regresen, tendrán que empezar de nuevo y están dispuestos a hacerlo.

“Sueña uno, seguido sueña uno que va al rancho, nos hablamos con las compañeras, me dicen ‘comadre, soñé que allá andábamos’, se siente muy triste esto, perder todo”, comparte doña Edelmira.

No los corrieron con balazos, pero sabían que como todos, tenían que abandonar el lugar. En donde hoy viven intentan recrear una parte del rancho con un pequeño jardín, con la hornilla que no se apaga porque siempre echan tortillas. En este lugar también se pueden ver la estrellas y la luna cuando sale entre los cerros. La contemplan como lo hacían en su casita de la sierra. Dicen gustosos que pueden ver la luz brillante y recordar cómo platicaban de cómo esa luna llena traería quizá uno o dos becerros. Es la misma luna que les trae esperanza.

Foto: Carolina Tiznado

Todo dejo de tener sabor

Una existencia de trabajo, con 12 hijos y lo que consideraban una vida resuelta para la vejez, se terminó en ese mes de 2024 para Santos Valdovinos Suazo y su esposa Elodia Magdaleno Huerta.

“No tenemos nada. Lo que teníamos era allá en el rancho, los animales y la casa, aquí todo es de mis hijos. Una hija nos hizo aquí para que nos viniéramos”, explica Santos.

En la ciudad, además de no tener nada, el médico le ha diagnosticado ansiedad, un término que para él es nuevo, antes no sabía de qué se trataba. No puede dormir, se despierta y quiere irse al rancho, tomar de nuevo camino a donde era feliz.

Desea ir a buscar a los animales que guardaban para cuando fueran viejitos y para no tener problemas para mantenerse. Planeaba no ser una carga, y no tenerlos ahora le quita el sueño, le duele, le frustra.

“Es lo que le duele a uno, porque uno le batalló. Era tener (una reserva) para cuando uno estuviera en cama”, dice.

Cuando les avisaron que se salieran les dijeron que solo sería por unos días. Dejaron todo como estaba porque pensaron que regresarían sin problema. De eso han pasado casi dos años, explica el hombre de 71 años.

Aún espera que sus animales estén, que anden en el campo, aunque quizá estén perdidos. Ellos representan todos los años de trabajo de su vida como migrante, de estar lejos de casa, de sus hijos. Ahora son residentes legales de Estados Unidos, pero ellos prefieren estar aquí, cerca del rancho, para cuando les digan que pueden volver, hacerlo de inmediato.

Santos Valdovinos. Foto: Carolina Tiznado

La pareja extraña todo, lo fresco del clima que aún en verano los obliga a taparse. Dicen que en la ciudad el calor les agobia, tienen que ver la televisión, mientras que en el rancho el aburrimiento se combatía con la plática entre vecinos antes de irse a dormir.

“Le digo a Santos ‘aquí me siento enferma de flojera, no soy así, no me dan ganas ni de hacerte de comer’, y allá, amaneciendo, uno ya anda prendiendo la lumbre, poniendo el agua para el café, a tortear, a guisar un huevito. No me dan ganas, me siento decaída de cuerpo, así sin ganas”, lamenta Elodia.

En la casa que hoy habitan y que es de su hija, Elodia intenta recrear su casa. Construyó un horno de lodo para cuando hace pan y empanadas, o para cuando prepara tortillas. Pero aquí lo que faltan son las ganas. La tristeza le gana, reconoce.

Relata que al ser madre de 12, cuando apenas tenía 6 de ellos y viendo que el dinero no alcanzaba para darles a todos una pieza de pan, le pidió a una vecina que le enseñara cómo hacerlo y así sus hijos pudieran comer más de una pieza.

“A mí me gusta andar en mis hornillas, hice uno (horno) dentro y uno afuera. Tengo mi horno para hacer pan de harina, de coco, de camote, de calabaza, conchitas. Y me ponía a hacer mis servilletas”, expresa.

Elodia también sueña con volver y en cómo construye las hornillas, pero luego la realidad la golpea, no tiene nada. En su casa ya no hay ni un plato. Cuando vieron la situación se les pego la tristeza a la carne, el dolor se convirtió en ansiedad y el gusto por hacer pan se le quitó. Asegura que lejos de su comunidad nada tiene sabor, todo es insípido y el cuerpo no obedece, se aletarga.

Elodia Huerta / En las casas intentan reconstruir los hornos de pan que tenían en su comunidad. Fotos: Carolina Tiznado

Ya no somos nada

Don Margarito Valdovinos Suazo da golpes constantes con el torso de la mano el cuello, el dolor en la nuca es persistente. Tiene 77 años, pero nunca lo había sentido hasta que llegó a la casa que construyó en El Camarón hace unos 50 años.

El dolor es persistente y parece agudizarse cuando la plática transcurre. Narra que se encontraba en la milpa en El Camarón, con un costal al que echaba elotes para cocer, cuando le avisaron que debían dejar el lugar, que sólo era por unos días, después volverían. Era para protegerlos de algún incidente en esta región. A él se lo dijeron en la milpa, no estaba en la concentración de la población.

Se alertaba de un enfrentamiento con “bombazos” lanzados por drones entre los grupos que se disputan ese territorio, entre Sinaloa y Durango. El Camarón está ubicado a 16 kilómetros de Escuinapa. Cuatro meses después, se acrecentó el enfrentamiento en El Camarón y rancherías cercanas. Por ejemplo, a 6 kilómetros de Escuinapa hay dos ranchos y sus habitantes también están desplazados.

“Ya va pa’ dos años y nada, estamos igual o peor, aquí sin trabajar todo este tiempo, no puedo”, dice Margarito.

No puede ir ni a cortar chiles, lamenta, pues en un ojo tiene debilidad visual y a eso se suma que en la última cita médica el doctor le diagnosticó que el dolor de cuello es por estrés, una palabra que no formaba parte de su vocabulario, pero con la que hoy convive.

“Antes, ¿de qué se estresaba uno?, nos llevábamos a puro trabajando en el campo, somos agricultores y ganaderos, éramos, ahora yo creo que ya no somos nada ¿qué podemos ser? Nada, ya no somos nada”, expresa.

Cuando se desplazaron a la ciudad, en el rancho había elotes, pero ya no hubo más siembra, allá ya no hay nada, allá se quedó el costal. Se queja de que su dolor de cuello no cesa y a veces se desespera. No duerme, pero se resigna. Le consuela que tiene a sus hijos y a su esposa en casa.

Aunque para él, El Camarón sea el mejor lugar, el más bonito, donde se puede cosechar frijol, maíz y criar animales, no puede regresar a quedarse. En febrero del año pasado fueron al rancho a ver cómo estaban las cosas. Recuerda que todos lloraron porque las casas estaban vandalizadas, sin puertas ni ventanas, los paneles solares destruidos y sus animales ya no estaban. Dice que fue un momento catártico para todos.

Margarito Valdovinos. Foto: Carolina Tiznado

Un beso como adiós

En la memoria de Alejandrina Llamas Villa hay momentos que atesora, como  cuando con su esposo Guadalupe Castañeda Quintero, bajaban en mulas o caballos hasta El Camarón, eran dos horas montando porque su casa en Tacuitapa, donde vivían a 6 kilómetros, está en una zona más arriba de la sierra.

En las noches de luna, el camino que se abría entre el campo era para admirar el paisaje. Alejandrina Llamas refiere que en ese entonces llevaban a sus hijos a los bailes hasta la comunidad de El Camarón y regresaban a casa sin temor a nada. Fueron 53 años viviendo en Tacuitapa.

Hace toda una vida que empezó su historia con Guadalupe Castañeda. Ella era muy joven y él tenía ya 36. Comenta que se fueron a formar su hogar en la sierra, donde la edad no era visible.

Fueron muy felices hasta que tuvieron que salir y una vez en la ciudad, privaron de la libertad de manera ilegal a su hijo menor, Doroteo. No lo volvieron a ver y con toda esa tristeza en el alma, don Guadalupe se fue apagando. Hace 4 meses murió, a los 89 años.

“Siempre estábamos juntos (su esposo y ella), no nos habíamos visto porque había estado hospitalizado, pero nos lo trajimos. Lo vi, lo abracé y le dije ‘tú quieres que te bese, verdad’. Lo besé y así nos despedimos. Quedó como dormido, murió con la ilusión de volver a Tacuitapa y volver a ver a su muchacho, quería ir a buscarlo”, agrega la mujer de 72 años.

Alejandrina. Foto: Carolina Tiznado

En una pared de su casa, cuelga una fotografía de su hijo Doroteo, quien aún está desaparecido. Una veladora encendida lo alumbra permanentemente. Alejandrina asegura que es para que esa luz guíe a su hijo porque ella confía en que él aún vive.

Extraña todo de su casa, el clima y la vida misma, donde no sentía la edad de su esposo, “vivíamos muy felices allá, ¿usted cree?, toda una vida allá. Me fui cuando tenía 15 años, solo nosotros vivíamos allá. Mi esposo se iba a sembrar, mis hijos iban y venían en ‘aguas’ (temporada de lluvias), había que ordeñar”, recuerda.

Alejandrina advierte que en las más de cinco décadas viviendo en la sierra, sí hubo episodios de violencia. Le secuestraron a otro hijo en la década de los 90, pero aclara que eran años en que las autoridades les escuchaban y se movilizaron para buscarlo. Atendían las demandas de los pobladores. Esa ocasión recuperaron a su hijo y siguieron viviendo ahí.

Ella mantiene la promesa que refrenda a su esposo cada lunes, cuando lo visita en el panteón: cuando ella parta de este mundo será sepultada junto a él. Estarán juntos como siempre en esa tierra tan de ellos, de donde ya no serán desplazados.

El visitador adjunto de la Zona Norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Erick Tiznado Sánchez, reconoce que quienes más padecen el desplazamiento forzado son las personas adultas mayores. En algunas regiones, algunas personas mayores han dedicido regresar porque no lograron adaptarse y hay quienes han fallecido por enfermedades generadas por la tristeza, lejos de su tierra.

Foto de Doroteo, se encuentra desaparecido. Foto: Carolina Tiznado

Un éxodo sin fecha de regreso

Volver a El Camarón es volver a la época feliz compartida con su madre y hermanas, cuando soñaban en formar que sus hermanas tuvieran sus propias y que pudieran regresar sin problema siempre a su tierra, a su raíz, externa Andrea Angélica Castañeda Galindo.

Allá están los recuerdos de las fiestas de cumpleaños de su madre cada 11 de diciembre, para luego celebrar a la Virgen de Guadalupe el día 12. En El Camarón estaba su plan de retiro del trabajo, ella laboraba en la ciudad de Escuinapa. Andrea Angélica regresaba siempre a El Camarón para tejer otros sueños, a pensar poner algún día una tienda para ofrecer a vecinos y amigos lo que necesitaran.

Sus hijos ya habían emigrado, tenían su vida en otros lugares. Andrea Castañeda, junto con su esposo, consideró que era el momento de vivir en El Camarón de forma permanente, el lugar que siempre los hizo feliz.

Ya tenían casas nuevas hechas con apoyo del gobierno. La comunidad de El Camarón puso la mano de obra: participaron como peones o construyeron los bloques para la construcción. Y tenía lo fundamental: los paneles solares les daban la energía que requerían y así el rancho estaba bien iluminado.

«Construimos casas tan bonitas, oiga. Bonito porque eran las 4 de la mañana cuando todas nos veníamos a la cocina y hacíamos el desayuno. Los hombres hacían los bloques y nosotros los volteábamos, los regábamos, era un trabajo bonito, duro, porque me decía una comadre, ‘me sangran las manos, comadre’. (Yo) decía, ‘a mí también’. Pero estas casas son de nosotras porque las hacemos de nuestra sangre», relata.

Un día salió de la comunidad de El Camarón hacia la frontera de Baja California para ayudar a una emergencia médica de un sobrino y ya no pudo regresar porque llegó la hora del desplazamiento.

«No me tocó volver, a estas alturas ya lo asimilo, pero al principio no porque se me quedó todo: mis cobijas, mi suéter, mi ropa, empezamos de cero aquí en Escuinapa”, detalla.

La salida fue repentina para todos. Algunos le contaron cómo dejaron la comida puesta sobre las hornillas del fogón. También pensaron que en una semana estarían de vuelta y han pasado casi dos años del suceso.

«Allá era una paz, una tranquilidad, no batallamos. Los domingos que llegaban los ciclistas, con gusto me levantaba a las 5 de la mañana para hacer la comida, era una fiesta, muy bonito», dice la mujer de 62 años.

Andrea Castañeda se la pasaba en la cocina cuando los grupos de ciclistas subían el cerro para desayunar en la comunidad. Incluso, inició su emprendimiento de venta de refrescos para tener algo cuando bajara a la cabecera municipal y llevar alimentos.

También atesora las tardes de costura junto a sus vecinas en las que todas bordaban servilletas.

Se le desgarra el alma cuando recuerda la situación que vivieron, se vinieron abajo sus planes de disfrutar la comunidad junto a su esposo, después de haber cumplido como padres.

El primer año ni siquiera podía voltear a ver la zona de cerros y montañas, le dolía, le lastimaba demasiado, “lloraba mucho y para no ver los cerros, a veces no me quedaba aquí (en una colonia de la periferia de Escuinapa)». Evitaba ver los cerros que se visualizan desde la colonia Insurgentes, el camino que conecta hacia El Camarón.

En su comunidad se quedó todo su patrimonio, incluyendo las tres vacas que compraron su hija y su yerno para la graduación de medicina de una de sus hijas. Estaban preparadas para esa fecha tan importante.

«Teníamos tan chiqueonas (mimadas) a esas vacas, cada ocho días lavábamos donde toman el agua. Una hermana era curiosa, le puso pisito, entonces ellas no tomaban agua del arroyo porque estaba sucia, tenía que ser de esa llanta», dice.

Pensar en que sufrieron entre el monte, sin verlos, es algo que le duele, no puede pensar en que están mal. Todo eso la llevo a tener una depresión.

«Antes aquí (en la ciudad de Escuinapa) vendía elotes, ceviche, pero me fui al rancho y ya, ¿a qué venía (a Escuinapa)? Si allá estaba la felicidad más grande», narra y suspira.

Volviendo, todos los dolores del cuerpo y el alma terminan

Don José Quintero Castañeda a veces ha querido correr hasta llegar a su comunidad, volver a respirar ese aire, volver al lugar que fundó junto con otras dos familias como comunidad.

Platica y quiere que no quede ni un hilo suelto de lo que tiene que relatar, de lo que quiere que todo el mundo sepa: cómo es que El Camarón se convirtió en su vida.

Eran terrenos ejidales, él ya vivía en Tacuitapa, una comunidad ubicada hacia arriba, a 16 kilómetros de la cabecera municipal de Escuinapa. Esa comunidad colinda con comunidades de El Rosario, que limita con el estado de Durango.

Cuando se presentó la oportunidad de fundar El Camarón, no tenía ocupación. Fueron dos o tres años de lucha, ellos necesitaban tierras, una vivienda. La lucha para ellos inició cuando él tenía 27 años, hoy tiene 84.

También sostuvo una lucha con las instituciones de gobierno. Sin embargo, consiguieron que se les reconociera y que se fundara la nueva comunidad, El Camarón. Ese logro representó tener tierras, casa y su patrimonio.

“Para mí ha sido una pesadilla (el desplazamiento forzado) que todavía la siento, siento desesperación. El año pasado me golpeó una vaca y me tiró pa’trás, me golpeó la cabeza. De ahí pa’cá me pierdo, pienso que allá se me van a quitar todos mis males, extraño mis vacas, mis caballos, todo”, dice don José Quintero.

No siente miedo, solo quiere volver. Él es de los habitantes mayores de la comunidad. Sus amigos, sus vecinos le preguntan cuándo van a regresar, pero eso lo ve lejano, asegura que se siente acabado en su vida.

Sus días son: no dormir por las noches, levantarse y recorrer los campos viendo los cerros (alrededor de la colonia Insurgentes en Escuinapa). Añora su tierra con la fe de volver en algún momento para ver a la ‘Golondrina’, una de sus vacas. Piensa que quizá esté en los huesos o ande perdida entre el monte porque quizá no ha sido víctima de la violencia.

“Nosotros hicimos el camino con pico y pala, todo hicimos nosotros. Ya les dije a todos (sus vecinos): ‘no podemos volver, no queremos perder a uno de nuestros hijos’”, sentencia.

La vida en la ciudad es de tristeza, afirma mientras se le quiebra la voz. El dolor que siente no es físico, pero es más profundo. “Estar aquí no es vida. Tuve que frenar todo lo que siento. Yo creo que cuando luché (por las tierras) sí tenía enemigos, pero estos no tenían armas, a ellos se les enfrentaba con la cabeza, con palabras, ahora no se puede”, refiere.

A don José, ‘Chepillo’, como es conocido, también le pasó que cuando pudo regresar a su comunidad junto a algunos vecinos, en febrero de 2025, escoltados por las fuerzas federales, la encontraron en ruinas. Recuerda que lloraron, pero no pierde las esperanzas de volver y reconstruir.

“Sueño todos los días con El Camarón, pasan 3 o 4 días que ni hablo, ni platico, es la tristeza, yo no puedo descifrar esto. Tengo esta bola (en el cuello) que de pronto me duele. Por eso me voy a trabajar (al corte de hortalizas) para no estar aquí, porque con cualquier cosa me altero como si fuera un encendedor”, comparte.

Siente que preocupa a su familia con quien discute a veces porque, dice, están detrás de él para cerciorarse de que no tome el camino de regreso a la comunidad. Eso a veces lo altera, hace que discutan y siente que no lo entienden.

Viven una etapa de duelo

Para especialista internista geriatra, Alejandra Quevedo Herrera, las personas adultas mayores que son desplazadas de manera forzada, viven en etapa de duelo y requieren atención integral en su salud física y mental.

“En el adulto mayor el significado que ellos tienen de desplazamiento es considerado un duelo porque dejan vecinos, amigos, la rutina del día a día y no es nada fácil porque es el grupo más vulnerable que tenemos en la sociedad y económicamente hablando, desde dejar sus recuerdos”, detalla la especialista.

Las consecuencias en su salud son la depresión, la ansiedad, estrés postraumático y el miedo se vuelve permanente, por lo que recomienda que la red de apoyo debe ayudarle a reconstruir rutinas y darles un sentido de vida para que sientan que son útiles y que tienen más que dar. Hacerles sentir que su sabiduría tiene un gran valor para la sociedad.

Lo que más ayudaría es que les atendieran con gerontólogos, apunta Alejandra Quevedo, y aunque se desconoce oficialmente el número de personas adultas mayores desplazadas en Escuinapa, se calcula que sólo de El Camarón son alrededor de 30.

Con relación al desplazamiento forzado interno, la dirección de Bienestar Social del ayuntamiento de Escuinapa, comenzó a registrar los primeros casos en noviembre de 2024, como un fenómeno nuevo porque no tenían datos anteriores al respecto.

“En noviembre (de 2024) tuvimos nosotros el primer contacto con la población desplazada de la comunidad de El Camarón y El Tule, tuvimos una entrevista, nos comentaron que en septiembre de 2024 abandonaron sus casas. Tenemos registradas 16 familias”, informó la directora de la dependencia Bienestar Social municipal, Diana Arely Ramos de la Torre.

Se trata de 13 familias de El Camarón y tres de El Tule, algunas viven en la cabecera municipal, otras en la comunidad de El Valle Agrícola, la mayor parte son adultos mayores que cuentan con la pensión Bienestar y hoy viven en casas prestadas, con sus hijos o conocidos.

Los hombres se dedican a la agricultura y ganadería, las mujeres hacen pan o bordan servilletas. Dejaron su ganado en sus comunidades de origen y esa situación les genera angustia.

“De dos a tres casos nos platicaron que enfermaron, algunos les salió alta presión, les salió diabetes. Sí necesitan esa atención en la salud. Son comunidades formadas principalmente por adultos mayores que están en busca de refugio con sus hijos, dejaron su actividad económica y sus hogares”, reconoció la funcionaria.

El censo de las personas que dejaron sus hogares se actualiza y lo envían a la Secretaría de Bienestar del gobierno estatal, para dar seguimiento y ver la forma para apoyar, aseguró Diana Arely Ramos.

Faltan denuncias por DFI en una zona donde prevalece el miedo

La Visitaduría Zona Sur de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CED) registra desde hace varios años el desplazamiento forzado de diferentes comunidades, pero no consideran a Escuinapa porque es un fenómeno que se presenta prinicipalmente en municipios como Concordia, Rosario y comunidades de Mazatlán, dio a conocer el visitador adjunto Erick Tiznado Sánchez.

“En 2024 empezó a subir el número de registros de desplazados de Concordia y Rosario, es un fenómeno social que nos involucra a todos. Mazatlán no es la excepción de recibir a personas de estos lugares”, añadió el visitador.

Desde que empezó el problema de la guerra entre dos grupos antagónicos y la violencia en la zona rural, no hay datos que señalen el desplazamiento forzado de Escuinapa, que es la frontera sur con el estado de Nayarit, precisó Tiznado Sánchez.

Al destacar que la población más afectada en el desplazamiento forzado es la de las personas adultas mayores, Tiznado Sánchez recordó que un adulto mayor de 80 años falleció por no adaptarse. “Esto porque les cuesta vivir en la ciudad y por pequeña que ésta sea, ellos necesitan estar en su casa”.

El visitador reconoció que, aunque la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el estado de Sinaloa existe desde agosto de 2020, no está visualizado en la Fiscalía del Estado, puesto que no hay denuncias para que se siga un procedimiento.

“Es un fenómeno social que afecta no sólo un derecho, sino muchos derechos: el derecho a la educación, a la salud, el poder comercializar. Me tocó documentar en la sierra de Rosario, viven de la venta de ganado y no se les permitía vender, o se los quitaban, si no los vendían pues no podían sobrevivir. Es una situación compleja que viven personas que se resisten a salir de su lugar de origen”, detalla.

Para que la ley de desplazamiento forzado tenga una penalización, tiene que haber denuncias que generen la investigación sobre el hecho, pero no se tienen datos de ello, insistió el visitador.

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.

Con un Código Penal que tipifica el desplazamiento pero suma sólo un detenido, las familias indígenas de Chihuahua enfrentan un doble destierro: la amenaza de los grupos armados en la sierra y la inseguridad alimentaria en las urbes. Un relato sobre los saberes ancestrales que se apagan bajo el ruido del cemento.

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

por Karla Quintana

El ruido fue la primera herida. Cuando llegaron a la ciudad, los niños y niñas se quejaban de un dolor punzante en los oídos, el estruendo urbano les resultaba físico. Después de un año y medio de exilio forzado, el cuerpo terminó por acostumbrarse al tránsito, al cemento y a la asfixia de los espacios reducidos. Sin embargo, hay algo que el asfalto no ha podido sustituir: el territorio como el único lugar donde sabían vivir.

La historia de esta familia –cuatro personas adultas y doce menores del pueblo ódami–, es una huida desesperada. Salieron de la comunidad de Dolores en el municipio de Guadalupe y Calvo, a plena luz del día, cargando únicamente la ropa que llevaban puesta. La decisión estuvo atravesada por el miedo, en la comunidad había muchos jóvenes y temían que fueran reclutados por grupos armados, cuenta en ódami el grupo de mujeres desplazadas.

Este relato, construido con el apoyo de un reportero ódami, para honrar sus voces y demandas, es el mapa de un destierro. Antes de llegar a la ciudad de Chihuahua, transitaron por Santo Domingo, donde esperaron un año a que la violencia amainara. No lo hizo. Finalmente, pagaron mil pesos por persona a un vehículo de plataforma con dinero enviado por un familiar. Salieron sin apoyo gubernamental y, desde entonces, ninguna autoridad ha tocado su puerta.

Esta historia no es aislada. El informe Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2024, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, documenta múltiples episodios de desplazamiento en 2024 en el municipio de Guadalupe y Calvo, asociados a ataques, enfrentamientos y violencia por criminalidad organizada, con cientos de personas desplazadas en distintos eventos registrados entre marzo y diciembre de ese año.

El desplazamiento forzado interno está tipificado en el estado de Chihuahua, en el artículo 206 Quater del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece penas de tres a diez años de prisión a quien obligue, mediante violencia física o moral, a una persona o grupo a abandonar su residencia habitual, también menciona que no se considerará desplazamiento si la persona participa en hechos de violencia contra su perpetrador.

Sin embargo, la tipificación no ha frenado la salida continua de familias de la región serrana. No hay personas detenidas por estos delitos.

El territorio como escuela

Antes de la huida, la vida transcurría en un barranco de la Sierra Madre, justo donde Chihuahua roza con Sinaloa. En ese clima tropical entre encinos, madroños y el dulce sabor de las tunas silvestres, sembraban maíz, frijol, chícharos y trigo. Tenían árboles de limón, naranja y durazno. Algunas personas mayores criaban borregos y vacas. El agua se obtenía de un arroyo cercano, a dos horas había un río.

Caminaban durante horas para trasladarse o para conseguir señal telefónica. Llegaban a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, en una jornada completa a pie. El aislamiento implicaba carencias, pero también autonomía y libertad.

Karina Baltazares, del colectivo Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria, explica que para los pueblos ódami y rarámuri, el territorio no es “tierra”, es el espacio donde se aprende a ser parte de la comunidad.
Ahí se adquieren conocimientos sobre espiritualidad, historia, organización comunitaria y se define la relación con la naturaleza, prácticas que configuran identidad.

Baltazares señala que el aprendizaje incluye reconocer plantas, interpretar señales del clima, entender los ciclos del agua y participar en rituales. Es una enseñanza que ocurre en el monte, en el arroyo, en la milpa, en las reuniones comunitarias. Cuando las familias llegan a la ciudad, ese proceso se interrumpe y, además, las personas adultas deben aprender a habitar un entorno desconocido.

Amada Chávez, una mujer rarámuri desplazada tras el asesinato del defensor Julián Carrillo en 2018, lo describe con dolor: “en la comunidad, los niños acarreaban leña, por el monte. Hoy, en la ciudad, no saben nada. no conocen una planta que sea una planta medicinal ni un árbol”. La pérdida es silenciosa pero acumulativa, disminuye la práctica del idioma, se abandonan oficios tradicionales, se interrumpe la transmisión de saberes que no están escritos, sino que se viven.

Niños de las familias desplazadas. Fotos: Karla Quintana

De la soberanía al hambre

En la sierra, la comida provenía de la siembra, la recolección y la crianza de animales. En la ciudad, depende del ingreso económico y del acceso a productos comerciales.

El informe «Ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua 2023», realizado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), indica que 49% de los hogares desplazados presenta inseguridad alimentaria moderada o grave, frente a 22% en hogares no desplazados.

Además, 44% de las personas desplazadas mencionó los alimentos como una de sus principales necesidades al momento de abandonar su comunidad.

El mismo estudio señala que muchas familias rurales eran autosuficientes antes del desplazamiento y que en la ciudad, deben pagar renta, servicios y alimentos que antes producían.

El diagnóstico de la condición nutricia elaborado por Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), realizado en 2025 en comunidades de Guadalupe y Calvo, documentó el retraso en el crecimiento infantil en proporciones superiores a la media nacional, particularmente en la comunidad de Cinco Llagas, donde la prevalencia en menores de cinco años fue casi cuatro veces la nacional.

Estos datos muestran que, incluso antes del desplazamiento, existían condiciones de vulnerabilidad alimentaria que pueden agravarse al perder el acceso directo a la tierra.

Karina Baltazares, quien es psicóloga y antropóloga, subraya que la alimentación en la sierra no es sólo consumo, sino relación con el trabajo y con el entorno. El trabajo alimenticio implica sembrar, cuidar animales, recolectar. En la ciudad, esa relación se sustituye por la compra de alimentos procesados, lo que modifica no sólo la dieta, sino la experiencia sensorial y cultural asociada a la comida.

“Creo que es importante visibilizar que la relación con la comida no solamente es como la pensamos aquí en la ciudad de “voy y compro esto en el súper” […] en la sierra hay otras dinámicas, los niños y las niñas en el cuidado de las chivas, es una de las actividades que tienen, incluso cuando las abuelas les compran sus chivitas, y los niños y las niñas se hacen cargo, lo cuidan y buscan criarlo, todo animal ahí en la sierra tiene una función”, explica Baltazares

Niños de las familias desplazadas. Fotos: Karla Quintana

Una educación que borra identidades

Para la familia de Dolores, la escuela en la ciudad fue una novedad, pero también una barrera. Una de las niñas comenzó a asistir a la escuela después del primer desplazamiento. Antes no acudía debido a la distancia y a la discriminación en una comunidad cercana.

Diana Villalobos, directora de Contec, ha señalado que la educación en la sierra es deficiente y que no existe un sistema plenamente bilingüe o bicultural. Los contenidos suelen elaborarse desde la ciudad y no responden a la realidad de las comunidades. Ha documentado casos de estudiantes que llegan a sexto grado sin saber leer o escribir en español, lo que evidencia fallas estructurales.

“Sí están las escuelas, pero no es una educación que a los jóvenes o a los niños les vaya a permitir usar esas herramientas para obtener otro tipo de actividades o salir a trabajar y tener un buen empleo, porque la educación es deficiente”, menciona Villalobos.

La educación en lengua indígena es un derecho reconocido en el marco constitucional mexicano y en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

“Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos”, menciona el Artículo 11 de la ley.

De acuerdo con Karina Baltazares, los testimonios recogidos en distintas comunidades indican que en ocasiones se prohíbe a niñas y niños hablar su idioma en la escuela o se les solicita que se expresen únicamente en español.

“La discriminación en las escuelas aquí en Chihuahua se ha dado en Baborigame (seccional de Guadalupe y Calvo) también, nos han compartido que han sido víctimas de bullying, han sido víctimas de discriminación y no solamente por sus compañeros, sino por los propios maestros, que cuando los escuchan hablar en ódami o los escuchan en hablar en rarámuri, les piden que no hablen en ese idioma porque no les entienden, que les hablen en español”, compartió Baltazares.

El diagnóstico estatal sobre desplazamiento también documenta rezago escolar entre adolescentes indígenas desplazados y obstáculos como discriminación, miedo a salir y dificultades para inscribirse a mitad del ciclo escolar.

La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, observó en su visita a México en 2022 (que incluyó Chihuahua), la presencia constante de niñas, niños y adolescentes en episodios de desplazamiento y destacó impactos diferenciados como interrupción de procesos educativos, pérdida de entornos protectores y obstáculos en el acceso a servicios básicos.

Marcha en 2025 durante el Encuentro estatal de personas desplazadas en la ciudad de Chihuahua. Fotos: Karla Quintana

Salud intermitente y ausencia estatal

En su comunidad de origen, en Dolores, cuando enfermaban recurrían a plantas medicinales. El acceso a servicios formales era limitado. Ahora tienen que comparar las plantas medicinales y continúan sin tener acceso a servicios de salud, relatan las mujeres ódami.

Contec ha documentado que en varias comunidades serranas, las brigadas médicas son irregulares, de corta duración y en ocasiones sin medicamentos suficientes.

En contextos de brotes epidemiológicos, como el sarampión, la tuberculosis, entre otros, la cobertura no siempre alcanza a todas las rancherías.

“Nos dicen que a veces no llevan medicamentos. Si hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues no hay medicamentos. Por ejemplo, ahora con el tema del sarampión, no vacunaron a toda la gente, no iban a vacunar a los ranchos” mencionó la directora de Contec.

El desplazamiento no elimina estas carencias, las transforma. En la ciudad, las familias deben pagar consultas o medicamentos porque no hay suficiente abasto en las clínicas y hospitales públicos, lo que presiona economías ya precarizadas.

Seguridad, competencia federal y falta de presupuesto

Norma Ledezma Ortega, directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), señaló que la violencia vinculada a la disputa territorial en la región serrana, en la zona conocida como “Triángulo Dorado” (los límites entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango) involucra dinámicas interestatales y que la atención de la seguridad corresponde a todos, pero principalmente desde sus inicios al ámbito federal.

También reconoció que la capacidad estatal es limitada cuando llegan grupos numerosos de personas desplazadas.

“Yo creo que no está preparado, yo creo que nadie del estado. Te llegan 100 personas y les tienes que brindar todo el acompañamiento de vivienda por ejemplo, al igual que con la pertinencia cultural, no hay la capacidad del estado” mencionó Ledezma.

Sahara Cárdenas Fernández, subsecretaria de la Secretaría de Gobierno y presidenta de la Comisión Estatal de Desplazamiento Forzado Interno, informó que existen 62 carpetas abiertas relacionadas con estos hechos en los últimos años, sin embargo, sólo hay una persona detenida en el mes de marzo de 2026.

Reconoció que no existe un padrón sistematizado de personas desplazadas y que no hay un presupuesto etiquetado formalmente para atender el fenómeno.

“Esta secretaría general de gobierno, únicamente tiene conocimiento de aquellos municipios o integrantes que han sido canalizados por conducto de asociaciones, organizaciones internacionales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos u otro, o bien, que se ha acercado a la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, a través de alguna de las secretarías o dependencias que la integran. Derivado de estas solicitudes, se ha atendido aproximadamente a 4 mil 800 personas”, indicó la funcionaria en un reporte escrito.

El informe indica que las cifra mencionada contempla las atenciones derivadas de solicitudes de ayuda humanitaria a personas o comunidades que pudieron ser potencialmente desplazadas de sus comunidades, así como las solicitudes referentes a un desplazamiento consumado. “No obstante lo anterior, no de todas las personas atendidas se tiene certeza del tiempo que ha transcurrido desde su desplazamiento”, justificó.

Los municipios que la CEDFI reporta como expulsores de personas de manera forzada y que han atendido con mayor incidencia de desplazamiento forzado, son Madera, Uruachi, Urique, Moris y Guadalupe y Calvo.

Cárdenas Fernández explicó que han realizado un convenio con la dirección de Política Digital del gobierno estatal, para realizar una plataforma y poder sistematizar las entrevistas, y con ello crear un padrón de personas en situación de desplazamiento forzado interno en el estado.

Además, han señalado que no ha recibido capacitación especializada en enfoque o perspectiva cultural, y que el aprendizaje institucional ha sido progresivo y en campo.

“Yo te podría decir con toda honestidad que yo no he recibido una capacitación especializada en perspectiva cultural. Sin embargo, lo que nosotros hemos aprendido […] lo hemos aprendido en el campo”, expresó Sahara Cardenas

Norma Ledezma también mencionó: “Lo hemos aprendido, no es algo así como que ya en automático teníamos toda la pertinencia y toda la perspectiva , lo hemos aprendido con ellos mismos con las mismas familias […] esto lo hemos ido aprendiendo no puedo presumir que ya tenemos, la Comisión de Víctimas o que toda la Mesa de Desplazamiento pueda tenerlo pero hemos tenido esos cuidados”

Lo que no se recupera fácilmente

Antes de la huida, la familia desplazada de la comunidad de Dolores, realizaba celebraciones tradicionales y danzas de matachín. Se reunían alrededor de veinte personas, todas familiares. Hoy expresan que les gustaría retomar esas prácticas, pero sienten vergüenza o incertidumbre sobre cómo serían vistas en el entorno urbano.

Las niñas y niños ya no recorren el monte ni participan en la misma dinámica comunitaria. Tampoco aprenden a identificar plantas, a sembrar, a recolectar ni a practicar rituales en el mismo contexto. Parte del conocimiento permanece en la memoria de las personas mayores, pero sin el territorio la transmisión pierde continuidad.

El ruido urbano dejó de doler, pero la distancia con la sierra se ha vuelto un abismo. En esa lejanía no sólo se pierden hectáreas de tierra, se está perdiendo una generación de niños que crecen lejos del monte, olvidando los nombres de las plantas y el sonido de su propia lengua, convirtiéndose en sobrevivientes de un asfalto que no les pertenece.

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.

Entre masacres históricas y el terror moderno de los drones, cientos de familias en la sierra de Sinaloa han sido arrancadas de sus raíces. Esta es la historia de una resistencia que se niega a morir entre las cenizas del abandono y la indiferencia oficial.

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

por Yolanda Tenorio

Paula abandonó su casa una madrugada junto con sus hijas. Lo hizo contra su voluntad, con lo puesto y el corazón lleno de incertidumbre. No hubo tiempo para mirar atrás. Como ellas, cientos de familias en San Ignacio, Sinaloa, se han visto obligadas a dejar su hogar, no por elección, sino por pura supervivencia.

La sierra sur del estado en el municipio de San Ignacio, del estado de Sinaloa, pasó de ser la más poblada en la entidad a la que acumula alrededor de 72 pueblos fantasmas, por una serie de desplazamientos forzados provocados por la violencia sistemática que se ha instalado en la región por más de dos décadas.

San Ignacio es el cuarto municipio más extenso de Sinaloa, una región donde la sierra se impone frente a la costa. Colinda con el estado de Durango. Su vastedad territorial, 4,650 km², choca con su realidad demográfica: de acuerdo con el censo poblacional de 2020, es el segundo municipio menos poblado, con apenas 19,505 habitantes. Esta ausencia de gente no es casualidad, es el resultado de décadas de violencia.

La situación de violencia la comparte con los municipios sinaloenses que limitan con San Ignacio: Cosalá, Mazatlán y Elota.

Ajoya: El epicentro de la tragedia

Aunque el desplazamiento forzado en la sierra data de hace décadas, el punto de quiebre fue la “Masacre de Ajoya” en 2002. Aquel 10 de mayo, un grupo armado irrumpió en el festejo del Día de las Madres y abrió fuego. El saldo fue devastador: once muertos, entre ellos dos mujeres, un menor y dos policías estatales que no pudieron repeler el ataque. Ocho personas más quedaron heridas.

Ese episodio marcó el inicio de un éxodo masivo. La inseguridad desencadenó una ola de secuestros y asesinatos que obligó a las familias a vender su ganado —el mejor de la región— para pagar rescates de parientes que, en muchos casos, nunca regresaron. Muchos más huyeron y dejaron sus propiedades en el territorio.

Ajoya, que llegó a ser el principal productor ganadero del estado con una población de mil personas, y ferias que atraían a grupos como Los Cadetes de Linares, quedó sumida en el silencio. Durante 17 años, las casas de adobe y tejas se desplomaron bajo el peso del abandono.

Y aunque no existe un registro oficial en los archivos del Ayuntamiento de San Ignacio, los testimonios documentados de decenas de familias evidencian que en ese entonces fue casi nulo el apoyo por parte de las autoridades porque cada familia tuvo que salir adelante por sus propios medios. Tampoco existía la Ley para Prevenir, Atender y Reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el estado de Sinaloa, ni estaba tipificado como delito el DFI.

Las rancherías y comunidades del municipio han desaparecido poco a poco. Algunas tenían muy pocos habitantes pero formaban parte importante del desarrollo ganadero y agrícola de la región.

En memoria a las personas que dieron vida a los pueblos deshabitados, se nombran en este trabajo, ya que varias fueron víctimas colaterales de ese fatídico 10 de mayo y cientos de familias que fueron desplazadas, ya no regresaron: El Huizache, El Espino, Agüines, Las Garcitas, Casas Viejas, Arroyo Mexteña, Chinacates, Panaltita, La Filosa, Agüines, La Cebolla, El Tocador, Los Frijolares, El Chilar, Bordontita, La Sierra, El Molino, Los Zapotitos, Caballo de abajo, Caballo de Arriba, El Pedroso, Huerta de los Campista, El Llano, El Pino, La Tauna, La Quebrada, Oso de Abajo, Oso de Arriba, Las Jarillas, La Berenjena, Rincón del Zapote, El Ciruelar, Las Palmas, El Candelero, y Duranguito de Ajoya, El Buey, El Pueblito, Pueblo Nuevo, La Sierrita, Sombreretillo, La hierbabuena, El Carrizo, La Chirimoya, Soledad, La Mora Mocha, El Espadañal, El Guasimal, y Río Verde, Guadalupito, Los Melones, El Campamento, El Broto, Extitán, La Maroma, El Aviador, La Bolsa, San Vicente, Rincón de las Calabazas, Limón de los Castañeda, La Cañita, El Amarillo, La Piedra, Los Hornitos, El rincón de Jocuixtita, La Vainilla, San Vicente, El Sabino, Mesa Verde, Las Parritas, La Ciénega, Jocuixtita y El Verano.

El abandono que vivió por 17 años la sindicatura de Ajoya, provocó que la mayoría de las viviendas construidas de adobe y tejas de barro, se desplomaran, hoy la realidad es otra. Fotos: Yolanda Tenorio

La zona serrana de San Juan se quedó con pueblos desolados en 2004. En el pueblo de Santa Apolonia habitaban 32 familias. Ese año mataron a un joven una tarde que se quedó en la memoria de los habitantes. Estaban sentados en banquetas y portales, después de limpiar las calles del pueblo y del camino porque al día siguiente llegaría un candidato a la alcaldía.

Los pobladores vieron cómo dos hombres con armas largas llegaron disparando, mataron un perro e impactaron algunas viviendas con las balas en busca de un hombre. Asesinaron a un joven. Al oscurecer, hombres y mujeres salieron de entre el monte y el comisario Alfonso García Chicas pidió apoyo a la Presidencia Municipal para sacar a las familias.

Las familias esperaron a las patrullas, sólo llevaron algunas de sus pertenencias en bolsas, maletas, cartones y costales, temerosos, dejaron sus casas. Después de casi 22 años nadie regresó. Los alcanzaron los pobladores de Pueblo Nuevo, una comunidad vecina, porque los gavilleros también llegaron a ese lugar y dieron muerte al comisionado.

La mayoría de esos pueblos radica en la cabecera municipal, han fundado colonias a las que han llegado más personas desplazadas de comunidades como El Pueblito, Pueblo Nuevo, La Sierrita.

“Fue algo muy triste tener que dejar atrás todo, toda una vida, ahí nacimos, ahí crecimos, ahí nacieron nuestros ancestros, y era doloroso ver como las personas lloraban, no querían abandonar sus casitas, sus animalitos, sus siembras, sus plantas, todo lo que habíamos construido con esfuerzo, y que nos fue arrebatado de golpe”, expresó García Chicas. 

Santa Apolonia, donde fue construida la primera iglesia por los misioneros jesuitas a su paso por San Ignacio, hace más de 300 años, hoy es un pueblo fantasma. Fotos: Yolanda Tenorio

Sabino Estrada, quien habitaba en Pueblo Nuevo, señaló que tenía dos hectáreas de chile sembrado en Villa Unión, Mazatlán, cuando regresó de ese lugar y se disponía a ir al pueblo, fue alcanzado por una vecina que le dijo que a qué iba, que ya no había gente para allá.

“Entonces me llevó a donde estaba mi familia, las encontré con la misma ropa con la que se habían venido, todas percudidas, y pregunté por las dos mulas y ahí estaban amarradas, entonces me dispuse a ir al pueblo por la ropa y otras cosas, me traje las dos bestias cargadas con tres costales cada una y hasta dos catres, y me vine jalándolas, venían otras dos personas que se habían ido detrás de mí a pie, una de ellas traía una cubeta con trastes y se cansaba y le ayudaba en tramos, hicimos más de dos horas caminando”, recordó.

El mapa del olvido

La lista de comunidades que desaparecieron o quedaron reducidas a escombros es extensa. Sus nombres pasaron de ser centros de desarrollo agrícola a puntos en un mapa de ausencias.

Manuel Murillo, antiguo habitante de El Verano, recuerda con nostalgia que su pueblo llegó a tener más de 60 familias y escuelas de todos los niveles. “Éramos la comunidad más habitada de la zona, lo perdimos todo, pero no las ganas de luchar”, afirma desde su exilio en Mazatlán, desde 2006.

La familia Murillo vivía del ganado, la siembra de maíz y frijol, tenían una molienda de caña de azúcar. “Era la comunidad más habitada de la zona serrana de la sindicatura de Ajoya, lastimosamente tuvimos que salir todos, perdiendo nuestro patrimonio, pero no las ganas de seguir luchando”, expresó Manuel Murillo.

Producían piloncillo para consumo propio y para vender. Vivían sin carencias, tenían fruta del monte al alcance, arrayanes, guayabas, toronjas, naranjas, ciruelas, entre otras.

Voces de resiliencia: El caso de «Layita»

Eladia Murillo Martínez, conocida como Layita, es un ejemplo de la fuerza de los desplazados. Antes de la violencia, ella era el motor de su comunidad: atendía partos, brindaba primeros auxilios y administraba una tienda de abarrotes que surtía a toda la región.

“Yo tenía una tienda de abarrotes muy grande y surtida. Tenía refrigeradores de gas, plantas solares, vendía de todo, me iba a San Ignacio cada semana o quince días a surtirme en un comercio muy grande que ya no existe. Tenía una camioneta de tres toneladas y la cargaba. También iba a Mazatlán a traer frutas y verduras frescas, y a Guadalajara a comprar zapatos, ropa y chácharas. Ahí bajaban de otras rancherías de arriba, pero desgraciadamente todas esas ya quedaron solas”.

Recuerda sus días en El Verano: “Tenía mi televisión a color y Sky, se juntaba un ‘chamaquero’ a ver la tele y yo no daba abasto vendiendo”, recuerda. Tras el estallido de la violencia, Layita envió fuera a sus hijos de 4 y 6 años, en avioneta, y luego cargó lo que pudo en un camión rumbo a Sonora. Hoy, sus hijos son profesionistas y ella trabaja en una maquiladora, pero el recuerdo de su tierra aún le provoca lágrimas, como si fuera el primer día.

“Rrecuerdo que a todas horas venían por mi de los ranchos para que atendiera partos, vi nacer a cientos de niños y niñas, la gente me pagaba e iba haciendo mi ahorro, para cuando me casé ya tenía mi dinerito”, agrega. Sin embargo, sus ganas de salir adelante no murieron, ha luchado por sus hijos separada de su esposo.

Una cocina y una vivienda de la comunidad de El Verano, las cuales demuestran el abandono. Fotos: Yolanda Tenorio

El reinado del terror: “El Gato” y Gamboa Ruelas

La sombra de la violencia tiene nombres propios. La masacre de Ajoya fue atribuida a Ramón Alberto Gallardo Campista, alias El Gato, líder de Los Pintos y Los Gallardo. Él era originario de Caballo de Arriba, San Ignacio. Durante décadas, Gallardo sembró el terror mediante extorsiones y asesinatos, se movió como un fantasma por la sierra con sus cien gavilleros.

Vivió a salto de mata, entre la sierra de San Ignacio, Cosalá y Concordia, por eso le llamaban El Gato. Su historial delictivo que comenzó en la década de los 90, terminó en 2018, cuando su cuerpo fue hallado sin vida en la carretera federal México 15, en el crucero de Sinaloa, con un mensaje que recordaba el daño causado. Las autoridades nunca lo detuvieron.

Ramón Gallardo Campista alias el “Gato” tanto que te anduvimos buscando y no te encontrábamos, a cada chango se le llega su fecha y ahora te tocó a ti. Allí tienen al secuestrador que tanto daño causó a la gente, decía el mensaje que dejaron sobre su pecho.

Pero El Gato no estaba solo. El territorio también fue disputado por Librado Gamboa Ruelas, líder de la gavilla rival. Gamboa era temido incluso por sus propios hombres debido a su crueldad extrema. Su muerte en una emboscada en 2015 trajo un alivio momentáneo a la región, pero dejó tras de sí comunidades enteras, como La Caña y El Guayabo, vacías y vandalizadas.

Güilapa, otra ola de desplazamiento forzado

En Güilapa habitaban 20 familias. En 2013 se incrementó la violencia, la mitad huyó y dejó sus propiedades. En 2014  asesinaron a un joven que salió a buscar unas reses. Su madre salió a buscarlo al monte y lo encontró sin vida. Lo llevó a su casa en una carretilla, lo cubrió y esperó al amanecer en espera de las autoridades. Esos acontecimientos provocaron más desplazamientos.

En el 2017 salieron los últimos habitantes, cuando uno de los grupos que disputaba el territorio quemó una vivienda de Gallardo Campista, pero éste había huido. La gente permaneció en Ajoya, en casas abandonadas años anteriores, que se encontraban semi destruidas.

En 2019, al menos ocho familias retornaron al lugar, e incluso solicitaron un maestro de Conafe para sus hijos, hasta la fecha estas familias permanecen ahí.

La mayoría de las viviendas de Güilapa sufrieron robos al quedarse abandonadas por cuatro años, aún así algunas familias decidieron retornar, en la segunda imagen se puede apreciar a un maestro de Conafe, dando clases a los niños. Fotos: Yolanda Tenorio

En julio de 2013, en el Ejido California y anexos, ubicado en zona limítrofe de San Ignacio con el estado de Durango, un grupo de hombres armados obligó a sus habitantes a refugiarse entre el monte. Los gavilleros quemaron las casas de madera de las familias que se dedicaban al campo y a la actividad forestal.

Al día siguiente, adultos, mujeres y niños, se trasladaron hacía el ejido más cercano, Las Azoteas, donde se encuentra una pista de aterrizaje. Solicitaron apoyo al gobierno del estado de Sinaloa y los rescataron en helicópteros. Los trasladaron a la cabecera municipal y en enero del 2015, sólo regresaron cinco familias.

En 2014, las familias de Ciénega, cercana al otro poblado, tuvieron que salir, por el ataque de un grupo armado. Se llevaron a nueve hombres, los torturaron en una comunidad vecina. Uno huyó y llegó a la sindicatura de Ajoya para dar aviso. Asesinaron a los otros hombres.

Las autoridades tardaron tres días en localizar los cuerpos con el apoyo del sobreviviente.

El Ejido California y anexos fue desalojado por un gran grupo de gavilleros, en una de las imágenes se puede ver uno de los tres helicópteros participaban en el traslado de mujeres, niños y personas mayores. Fotos: Yolanda Tenorio

Ese mismo año, en junio de 2014, el Rincón del Chilar perdió su población. En el arroyo el Colorín, cercano al poblado, sujetos desconocidos asesinaron a dos hombres. Esa ocasión huyeron ocho familias hacia otros estados del país. Un año después regresaron por sus pertenencias, se quedaron a trabajar quince días y se volvieron a ir por el riesgo que existía aún.

Cinco años después, un integrante de una de las familias regresó para retomar la actividad ancestral, la molienda. Se instaló en Güasmillas, le apoyaron con semilla de caña para la siembra y los demás volvieron en abril del 2022. En 2024, algunas de las piezas de piloncillo las comercializaron en San Ignacio, y otras las llevaron a sus casas.

Algunas viviendas de El Rincón del Chilar apenas se sostienen en pie. La última molienda del 2024 se muestra en una de estas imágenes. Fotos: Yolanda Tenorio

El Guayabo, otro poblado de 21 familias se extinguió. En 2015 hubo una masacre de doce hombres, entre ellos se encontraban tres hermanos que pertenecían a Los Betos y Guayaberos. Señalaron como culpable a Librado Gamboa Ruelas, quien fue asesinado en una emboscada ese mismo año. Era originario de La Caña y se disputaba el territorio con El Gato.

Cuando lo asesinaron, San Ignacio tuvo momentos de alivio porque sembró terror en todo el territorio.

Así se encuentran todas las viviendas de El Guayabo, un pueblo que vivió una buena época, pero que fueron desplazados por la violencia. Fotos: Yolanda Tenorio

Y en febrero del 2016, trece personas fueron ejecutadas al margen del río Piaxtla a la altura de Los Brasiles, algunos eran familiares de Gamboa Ruelas, por lo que varias de las familias de La Caña que tenían parentesco con él, al verse amenazados, decidieron iniciar el éxodo. Esa ocasión, un grupo de mujeres acudieron ante el entonces alcalde Amado Loaiza Perales, a quien le solicitaron una unidad para trasladar sus pertenencias a Sonora, dicha petición fue concedida.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en ese poblado había 258 habitantes en 2010 y diez años después, sólo habitaban 52. Para 2024 se registraron más de cien personas y actualmente no hay nadie.

La Caña, comunidad serrana donde las 32 familias fueron desalojadas en contra de su voluntad. Fotos: Yolanda Tenorio

El 8 de mayo de 2017, los habitantes de la comunidad de El Sauz amanecieron con una lluvia de balas impactadas en bardas de la escuela primaria, que retumbaban entre las altas colinas tal como si fueran cohetes. Huyó todo el pueblo de manera paulatina, alrededor de 30 familias. Días después, quienes tenían ganado regresaron acompañados del Ejército mexicano para recuperarlo y venderlo en la cabecera municipal. Dos años después regresaron alrededor de quince familias.

El Sauz, una comunidad tranquila, enclavada en la zona serrana de San Ignacio, fue desalojada después de sufrir un atentado. Fotos: Yolanda Tenorio

El mismo año, el terror se apoderó de nuevo de Ajoya, cuando un grupo armado llegó en dos unidades para disparar sin sentido por las calles del pueblo. Luego de privaciones de la libertad y asesinatos, el 13 de noviembre huyeron otras 30 familias de la localidad de El Platanar, después de quedar en medio de un enfrentamiento en el pueblo en horario de clases. Sólo llevaron lo que traían puesto.

Ya eran pocas familias las que vivían ahí, porque en desplazamientos previos, otras personas se habían ido. En 2006 secuestraron al comisario Ignacio Vega y a su sobrino Abraham Vega. Al primero lo colgaron de un árbol y al sobrino lo dejaron libre. Años posteriores provocaron el desplazamiento de más pobladores de Campanillas.

En 2019, Ajoya comenzó a poblarse. Viven por lo menos 300 personas en Ajoya. Cuentan con escuelas de preescolar, primaria y telesecundaria, la mayoría de sus habitantes decidió reactivar la ganadería y la agricultura después de 17 años que estuvo en el olvido.     

El 9 de septiembre de ese mismo año, la guerra estalló en Sinaloa, y dos días después en la zona serrana de San Ignacio. Al menos veinte familias fueron desalojadas con explosivos lanzados con drones de la comunidad minera de Contra Estaca. Los pobladores huyeron atemorizados hacia el monte.

Los ejidos de Pueblo Viejo y Las Azoteas fueron atacados también. Más de veinte familias se fueron al monte. La mayoría ha permanecido en casas de campaña, en cabañas de madera que ellos mismos han construido, y bajo techos improvisados de hule negro, en espera de regresar un día a sus comunidades.

De manera paralela, también dejaron su tierra más de 300 familias de las comunidades de Casa de Tejas, El Candelero, Rincón del Guayabito, La Lechuguilla, Las Sabilas, Los Brasiles, Tenchoquelite, Tepehuajes, La Caña, Los Platanos, Las Mulas, Las Lajas, El Cantón, Tolosa, El Chaco, y El Lodazal. Sólo las familias de esta última localidad han podido retornar.

El número de personas desaparecidas por el crimen organizado se desconoce, hay un subregistro, y la violencia sistemática ha arrebatado la tranquilidad a quienes habitan el municipio de San Ignacio.

Pueblo Nuevo, habitado por 35 familias que contaban con educación primaria y secundaria federales, tuvieron que huir de la violencia, dejando todo abandonado. Fotos: Yolanda Tenorio

La nueva guerra: Drones y explosivos

A pesar de los periodos de aparente calma, la violencia mutó. A partir de septiembre de 2024, la guerra entre facciones rivales como Los Chapos y La Mayiza introdujo tácticas de terror modernas. En comunidades como Contra Estaca, los pobladores fueron desalojados mediante explosivos lanzados desde drones.

Esto generó una nueva ola de desplazados. Familias de Casa de Tejas, El Candelero y Los Brasiles ahora viven en condiciones precarias en la cabecera municipal, habitando casas de campaña o refugios improvisados de hule negro.

La desgracia para las 32 familias de La Caña llegó de nueva cuenta el 18 de septiembre del 2024. Las familias dejaron el pueblo por un enfrentamiento entre grupos antagónicos.  Fueron a vivir a la cabecera municipal, en donde varias mujeres comenzaron a hacer tamales, pan, empanadas, coricos, con sabor a leña. Esta ocasión no sólo era para consumo de sus familias sino para vender y sobrevivir.

En un intento por regresar, acompañados por personal de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), del gobierno estatal y elementos del Ejército y de la Policía Estatal, las familias de las localidades de La Caña, Tepehuajes, Los Brasiles y Tenchoquelite encontraron sus casas vandalizadas, les robaron todo lo de valor y lo demás, estaba destruido. Retornaron a la cabecera municipal de San Ignacio.

Paula, una mujer trabajadora, dijo que ya estaba impuesta a perder, pues ya habían sido desplazados en dos ocasiones anteriores. Esta vez, la tienda que tenían de Diconsa estaba bien surtida y tuvo que dejar todo. “Cuando llegué ya encontré muy poca mercancía, se habían llevado lo que podían comerse, por lo que me traje lo que quedó, entre estos unos anaqueles, allá se quedaron otros que no cupieron en la camioneta, gracias a Dios mi suegra quien ya vive sola, me dejó poner el negocio en su casa y vivir ahí mismo”.

Además, tuvo que pagar toda la mercancía que le robaron porque de otra manera, Diconsa no le seguiría surtiendo. Pero para ella, “la fuerza de la resiliencia, renació de las cenizas de la adversidad”.

Hoy, la mayoría de ellos radican en la cabecera municipal, en colonias que prácticamente ellos fundaron y a la que se han sumando más personas desplazadas de otras localidades.

Disparos la sacaron, pero Paula encontró la forma de salir adelante, lejos de su comunidad. Fotos: Yolanda Tenorio

La indiferencia institucional

El drama del desplazamiento se agrava por la falta de registros oficiales y apoyo gubernamental. Irma Yocelin Rodríguez, Directora de Bienestar Social de San Ignacio, señala que los censos de la Secretaría de Bienestar estatal (SEBIDES) han sido opacos y a menudo filtran a personas que no necesitan el apoyo, dejando fuera a las víctimas reales. Con los recientes cambios en el gabinete estatal, la ayuda prometida se ha estancado, dejando a cientos de familias desamparadas.

Informó que sólo 72 familias solicitaron apoyo en esa oficina. Estas fueron canalizadas al DIF municipal, donde recibieron únicamente despensas y leche.

Y aunque siempre se había tenido la idea de que los desplazamientos a causa del fenómeno de la violencia eran exclusivos de la zona serrana, la realidad ha sido otra, pues en la cabecera municipal, decenas de familias que estaban establecidas desde hace décadas, tuvieron que salir prácticamente huyendo. 

Los asesinatos y desapariciones forzadas han sido un duro golpe en este municipio. La confrontación territorial entre las facciones criminales de Los Chapos y La Mayiza ha provocado un incremento alarmante de la violencia en Sinaloa, especialmente por la pugna por rutas de narcotráfico y territorios estratégicos.

Esta disputa ha tenido como consecuencia humanitaria directa el desplazamiento forzado de miles de familias, que ha transformado decenas de localidades de la sierra y la costa en «pueblos fantasma» en tan solo dieciséis meses. Los municipios más afectados por este éxodo, donde la ley del crimen organizado se ha impuesto ante la autoridad intermitente, son San Ignacio, Cosalá, Elota, Concordia y Culiacán.

Según estadísticas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES) en 2025 se reportaron 1,763 familias desplazadas, sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha señalado que hay una cifra negra de desplazamientos en todo Sinaloa, dejando en entredicho la cifra oficial.

El ayuntamiento de San Ignacio no tiene información sobre los últimos desplazamientos de septiembre de 2024. Sin embargo, los habitantes de La Caña, Contra Estaca, Pueblo Viejo, Las Azoteas, Casa de Tejas, El Candelero, Rincón del Guayabito, La Lechuguilla, Las Sabilas, Los Brasiles, Tenchoquelite, Tepehuajes, Los Platanos, Las Mulas, Las Lajas, El Cantón, Tolosa, El Chaco, Vado Hondo, San Juan, Los Humayes, Tacuitapa y El Capule, dan testimonio de que han sido despojados de sus tierras.

El resto de desplazados de las las localidades como Los Brasiles, Tenchoquelite, Tepehuajes, La Caña, Pueblo Viejo, Contra Estaca, Las Mulas y Los Platanos, sí fueron atendidos por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa. Levantaron un censo, les hicieron entrega apoyos en tres ocasiones. Aún así acusó que hubo personas que se filtraron en la lista y dejaron sin apoyo a otras más que sí estaban desplazadas.

Se estima que al menos 18 mil familias han abandonado sus hogares en Sinaloa debido a estas causas.

La herida abierta de San Ignacio

Perder el hogar no es solo perder un techo, es perder raíces y seguridad. En San Ignacio, la violencia ha trastocado incluso la cabecera municipal, donde la economía languidece y las desapariciones forzadas (más de 30 registradas desde septiembre de 2024) mantienen a la población en un estado de miedo constante.

Hoy, la cabecera languidece bajo el peso de un éxodo silencioso. La economía local, basada en la agricultura de temporal y el comercio minorista, se ha paralizado. Las tiendas han cerrado, los campos permanecen sin sembrar y las calles exhiben una desolación palpable. A este colapso económico se suma la amenaza más insidiosa: las desapariciones forzadas. Desde septiembre de 2024, se han registrado más de 30 casos documentados, sembrando un estado de miedo endémico que opera como un toque de queda no oficial. Cada automóvil que pasa, cada extraño que pregunta, se convierte en un recordatorio de la vulnerabilidad absoluta de la población.

El daño se extiende a las comunidades circundantes, dejando un rastro de pueblos fantasma. Localidades ancestrales, como Santa Apolonia, cuya relevancia histórica se remonta a la llegada de los jesuitas hace 300 años—cuando construyeron la primera iglesia de la región—, hoy no son más que ruinas silentes. Los techos colapsados y los muros erosionados por el tiempo y el abandono son habitados únicamente por el viento, que susurra historias de una vida borrada. Estas comunidades no solo perdieron a sus habitantes, perdieron su función social y su significado histórico.

Sin embargo, en medio de las cenizas del desplazamiento y la destrucción, persiste un núcleo inquebrantable de resistencia. Historias como la de Paula personifican esta resiliencia tenaz. Paula, una mujer mayor y pilar de su familia, ha sido desplazada de su tierra natal hasta tres veces, obligada a abandonar todo ante el avance de la violencia.

En uno de los asaltos a su pueblo, su pequeña tienda de abarrotes, el sostén de su vida, fue saqueada por completo. Pese a estas pérdidas acumuladas, Paula se negó a convertirse en una estadística de la tragedia. Hoy, se ha establecido en la cabecera municipal y sobrevive vendiendo pan artesanal que hornea cada madrugada. Con cada hogaza que amasa y vende, Paula reconstruye una pequeña porción de la seguridad perdida.

Paula es, en esencia, la metáfora viva de San Ignacio: un territorio y una comunidad que ha sido doblada, pero que se niega categóricamente a romperse. Su persistencia no es un acto de valentía heroica, sino la expresión cruda y profunda de una voluntad humana que se aferra a la vida y a la dignidad, un testimonio vivo de que, incluso ante la adversidad más brutal, la esperanza de la reconstrucción se niega a desaparecer.

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.

Mientras el Gobierno Federal presume la modernización del Istmo, en San Mateo del Mar, específicamente en la Agencia de Policía de la Colonia Cuauhtémoc, el mar ha devorado más de 400 metros de costa. Entre omisiones burocráticas y el «limbo» de una reubicación que no llega, 899 habitantes enfrentan un desplazamiento forzado que las autoridades intentan disfrazar de cambio climático

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

por Yatzín D. Ordaz

Foto: Yatzín D. Ordaz

“Mi rancho, ya no es rancho, ya es mar», relata Consuelo Ramírez mientras observa el horizonte donde antes crecían mangos, limones, guanábanas. Hoy, la Colonia Cuauhtémoc padece los estragos colaterales de la modernización del Rompeolas de Salina Cruz, Oaxaca, una megaobra que, lejos de traer el bienestar prometido, está borrando del mapa a esta comunidad indígena ikoot.

Desde 2023, las gestiones para la reubicación han caído en un limbo burocrático. Los 899 habitantes de la localidad viven bajo una amenaza doble: entre marzo y abril, el avance del ‘mar de fondo’ inunda sus casas, en septiembre y octubre, el desfogue de la presa Benito Juárez, inaugurada en 1961 en Jalapa de Marqués, convierte sus calles en ríos.

El estigma del ‘cambio climático’

«Queremos la reubicación, es urgente porque en este tiempo no hay mar de fondo”, asegura la señora Consuelo quien se refiere al mar.

La Colonia Cuauhtémoc es una de las 16 agencias del municipio de San Mateo del Mar. De acuerdo con el censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la mayoría de sus habitantes dependen de la pesca, de ese mar que hoy se ha vuelto su mayor miedo.

Según la Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en el estado de Oaxaca, “el desplazamiento forzado ocurre cuando una o varias personas, de forma individual, familiar o colectivamente se ven forzadas u obligadas a salir de su lugar de origen porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades individuales han sido vulneradas (…)”

Una de las principales causas de desplazamiento en Oaxaca son los megaproyectos. A principios del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer el “Programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, un proyecto para alcanzar mejores niveles de bienestar para la población. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) convocaron a Asambleas Regionales Consultivas.

La Asamblea que se tenía planeada realizar en San Mateo del Mar, a última hora y sin aviso previo, cambió de sede y se llevó a cabo en el Auditorio Municipal del Puerto de Salina Cruz, el 30 de marzo de 2019. Ahí, autoridades locales presentaron un informe sobre los proyectos de desarrollo que se proponen instalar en la región.

El documento señala que la consulta realizada en Salina Cruz fue la de menor asistencia, lo que demuestra la poca representatividad de las comunidades. También se observó que en la “ventanilla única” encargada de recibir proyectos para beneficio de la población, estos estaban condicionados a la aceptación de la Consulta. A pesar de no contar con el aval de la mayoría de la población, la modernización del Rompeolas de Salina Cruz se inauguró el 26 de febrero de 2024.

Aunque las autoridades atribuyen el desastre ambiental exclusivamente al cambio climático, un equipo interdisciplinario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), determinó que la crisis responde a las modificaciones estructurales en la zona, como la ampliación del muelle de Salina Cruz. Por otro lado, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) estima un aumento del nivel del mar de 5 milímetros anuales a nivel global, en la Colonia Cuauhtémoc el mar ha avanzado más de 400 metros desde 1970, con tasas de erosión de hasta 8 metros por año.

“La determinación a la que llegamos fue a que el problema no se debía tanto al cambio climático, sino a algunas modificaciones que se han venido realizando en las cercanías de la zona, como la ampliación del muelle de Salina Cruz y la construcción de la presa de Benito Juárez” comenta en entrevista un integrante del equipo interdisciplinario.

El Informe también señala que, “la bahía La Ventosa, localizada en el extremo poniente del municipio, presenta severos problemas de erosión, con 8.9 metros por año, detectados frente a la desembocadura del río Tehuantepec, donde la pérdida de playa en el lapso de 47 años ha sido de 418 metros, lo que evidencia la magnitud del problema. La erosión se extiende hacia el este de la colonia Cuauhtémoc, donde se han comprobado desplazamientos de la línea de costa de hasta 410 metros, con tasas de erosión de 8 metros por año.”

Foto: Yatzín D. Ordaz

Una educación a la deriva

A escasos metros de la orilla, la Escuela Primaria Bilingüe “Constitución” sobrevive bajo el peligro de ser devorada por el mar. En octubre de 2024, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), recibió solicitudes urgentes para reubicar el plantel.

A pesar de que en enero de 2025 se turnaron los oficios para su colaboración al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura, así como a la Coordinación General Delegados de Paz Social, a día de hoy no hay avances concretos.

Cuando el agua entra a las aulas, las clases se suspenden y la comunicación se reduce a mensajes de whatsapp. Se les pide a las madres y padres de familia que no lleven a sus hijes hasta nuevo aviso.

Si bien la construcción de la primaria se está realizando cerca de la entrada de la Colonia, aún no hay fecha del término de sus instalaciones, hasta el momento sólo se ha bardeado el lugar, y no cuenta con los seis salones que se planean construir.

Reubicación: ¿Justicia o nuevo riesgo?

La tensión entre la comunidad y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha crecido. Mientras la Asamblea Comunitaria exige el traslado hacia Cerro Paloma, –una zona con agua potable y tierras aptas para el cultivo– el Gobierno Federal pretende enviarlos al Polígono 3A, un terreno arenoso y sin servicios donde los habitantes temen repetir la misma tragedia ambiental.

De acuerdo con la ley estatal, lo que ocurre en San Mateo del Mar encaja en la definición de desplazamiento forzado por proyectos a gran escala. Sin acceso a agua potable y con el mar acechando sus puertas, la única salvación temporal de la gente es abrir manualmente canales hacia la bocabarra, sacrificando su producción pesquera para evitar que el agua los cubra por completo.

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.

Salimos a Caborca con la idea de hacer las entrevistas en un lugar cercano a El Sahuaro, asentamiento del ejido El Bajío, no muy lejos de esa ciudad. Pero después de más de una hora de camino rumbo a Puerto Peñasco, viajamos desierto adentro por una brecha sinuosa que estuvo a punto de atraparnos en sus dunas, otras veces, de reventar una llanta del vehículo por lo afilado de las piedras.

El horizonte desértico, los imponentes cerros de colores cambiantes, los cactus como pequeños guardianes a ambos lados del camino, provocan una sensación alucinante, como de estar en otro lugar, en otro tiempo.

Pero nada te prepara para enfrentarte al tajo. Es una visión brutal. Algo atraviesa el cuerpo, es como una inmensa nostalgia, por algo que fue arrancado de raíz. Una sensación de muerte, de algo perdido que nada devuelve. El tajo es una herida en el corazón de la tierra. Alrededor, el desierto vive, sostiene, guarda silencios y también historias. El desierto está vivo, está lleno de belleza y de riqueza.

Ahí, donde parece que nada se mueve, la vida florece. También se gesta una forma radical de dignidad que no se entiende, hasta que te acercas y escuchas a los protagonistas de esta historia.

Pareciera que el desierto protege la lucha de los ejidatarios de El Bajío. Más allá de lo simbólico que resulta vivir en las ruinas de la mina, estas personas, ciudadanos mexicanos, viven en los bordes de una herida, cuidando que no se vuelva a abrir.

Bajar al tajo es una experiencia aún más abrumadora. Muros de piedra en todas direcciones. Vetas de cientos de metros revelan la antigüedad de la zona. Y los cientos de pozos listos para seguir detonando.

Y en medio de todo, el cubo. Un cubo de 70 centímetros de cada lado como memoria materializada. Como recordatorio constante de la irracionalidad humana. Toda aquella destrucción, toda la ruina, la ausencia y la angustia de mujeres y hombres. Toda aquella muerte para un cubo de 70 centímetros, que representa el total de oro que la familia Bailléres y sus inversionistas sacaron de la mina Soledad – Dipolos.

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

Erasmo en el tajo. “Por aquí corrían arroyos con la lluvia, había partes que verdeaban. Venían los animales a tomar agua y a alimentarse. Ahora todo está muerto”. Foto: Erika Llaguno

Por Erika Llaguno

En el desierto sonorense, en medio de la nada para el ojo superficial, no solo hay incontables formas de vida en su ambiente áspero, también ha germinado una resistencia a contrapelo de todo pronóstico.

En una situación por demás singular, decenas de ejidatarios del ejido El Bajío de Caborca, Sonora, que fueron desplazados una vez por la violencia, el hostigamiento y las amenazas de la minera Penmont, ahora viven un segundo desplazamiento: no querían dejar sus tierras, pero no pueden vivir en El Sahuaro, que es su asentamiento ejidal, pues su integridad estaría muy comprometida.

Hechos trágicos están frescos en la memoria: dos comuneros muertos y dos desaparecidos levantados por hombres armados.

Son alrededor de 40 familias de ejidatarios que ahora viven un segundo desplazamiento. Pero, de manera insólita, esta nueva movilización forzada los ha llevado directo al lugar de origen del conflicto: se fueron a vivir a la zona justo entre la mina y las presas de jales.

Antiguas casetas de vigilancia, cuartos de máquinas que la minera no desmontó por completo, oficinas semiderruidas, campers abandonados, son lugares que han sido reparados hasta donde fue posible para ser habitados. No solo eso, han reutilizado materiales de las antiguas instalaciones y fabricado con ellos tapancos y cobertizos.

Así, el lugar de reunión en casa de Magui y Erasmo es una gran sombra hecha con tubería y una lona negra arrancada del área de lixiviados. El techo sobre sus cabezas era parte de una alberca llena de químicos.

Tienen más de 5 años viviendo una tranquilidad relativa. Aun estando lejos de sus hijos y del resto de su familia han logrado, de alguna manera, ir más allá de la sola supervivencia y encontrar la esperanza día a día.

Van por agua y víveres a Puerto Peñasco o a Caborca, localizados a 40 kilómetros del entronque el primero, y a más de 100 kilómetros el segundo. A esto hay que sumarle el camino de terracería hacia la mina, que es, mínimo, a una hora con 15 minutos. Lo hacen siempre de día, siempre con desasosiego.

No intentaron dominar el desierto o imponerse, más bien lo respetan, lo cuidan, lo observan, fluyen con él. Tienen miedo, sí, pero no los paraliza. Están organizados, hacen rondines, vigilan. Ven pasar al águila, al berrendo, al cimarrón.

Son hombres y mujeres de fe, de hablar pausado. Hablan de los antiguos, de las venas ocultas que alimentan la tierra. De lo sagrado del palo fierro, de la codorniz, de la tortuga.

“Dios nos ha cuidado mucho porque no estamos haciendo nada malo, al contrario”, comenta Magui.

No piden nada que no les corresponda, no piden caridad. El dolor que expresan no es solo por lo que han tenido que pasar ellos y sus familias, también por lo que hicieron con el territorio.

“Vivimos aquí como si fuéramos delincuentes, en nuestra propia tierra. Queremos ser libres, sin el temor constante de que lleguen con orden de aprehensión”, agrega Erasmo.

Fueron familias desplazadas antes, cuando llegó la minera, y tuvieron que dejar el ejido. Ahora prefieren vivir en la mina, en pleno desierto, que en sus casas ejidales.

Esta sobrevivencia política y emocional tiene un objetivo muy claro: que la minera no vuelva para destruir.

El tajo de la mina Dipolos-La Soledad. El escenario está escondido en el horizonte mientras te acercas, brinca de pronto a la vista. Es impresionante. Foto: Erika Llaguno

Justicia de Papel

La empresa minera Penmont llegó a Caborca en 1997. Con promesas de buenos empleos y beneficios para la comunidad, intentó comprar los terrenos ejidales a precios regalados y promesas falsas. El colmo de las mentiras fue decir que el cianuro no es tóxico, pues “viene hasta en las calabazas”.

Después de tres años, aseguran los ejidatarios, logró firmar contratos con el comisariado ejidal, mismos que no fueron ratificados por la asamblea. Además, los contratos daban permisos sólo de exploración, pero empezaron directamente a explotar el tajo.

Al ver que no había opción, la comunidad resignadamente intentó negociar para recibir una renta justa por las actividades extractivistas, pero la empresa se negó. Cuando se le dijo que se irían a tribunales, la respuesta de la empresa fue: “hagan lo que quieran, van a perder, nuestro patrón tiene mucho dinero y poder”.

De forma arbitraria, en 2005 la minera Penmont, filial del grupo Fresnillo PLC, cuyos mayores accionistas son la familia Bailleres, empezó a extraer oro y plata de la mina Soledad – Dipolos, en el corazón del ejido El Bajío. A los ejidatarios ya no los dejaron entrar, no tenían forma de saber lo que pasaba en su tierra.

Durante años los ejidatarios anduvieron tocando puertas de oficinas gubernamentales, estatales y federales y pagando abogados que luego eran comprados por la minera. En 2011, por fin el primer juicio fue admitido en el Tribunal Unitario Agrario Número 28 de Hermosillo, capital de Sonora.

En el 2013, 67 ejidatarios demandaron a Penmont por despojo, daños ambientales e invasión ilegal de sus tierras para explotación minera. El argumento central fue que los contratos originales con los que lograron entrar carecían de legalidad.

En una sentencia histórica, el magistrado Manuel Loya Malverde resolvió, en noviembre del 2014, que la minera había operado fuera de la ley y que debía restituir el territorio a su condición original, reparar el daño ambiental, además de que debía devolver toda la riqueza a sus dueños.

De 2005 al 2013, de la mina Soledad – Dipolos se extrajo el equivalente a 13.2 mil millones de pesos, cantidad que adeuda a los 67 comuneros cuyas sentencias resultaron favorables, además de la restitución.

La mina perdió en los tribunales, pero siguió operando con total impunidad y violencia, según los testimonios de los ejidatarios.

En 2016, un grupo de 5 ejidatarios, en contubernio con la empresa, le dio entrada a otro actor de nombre Rafael Pavlovich Durazo, tío de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, actual Embajadora de México en Panamá.

Con procesos irregulares, Pavlovich Durazo fue reconocido como ejidatario e interpuso una querella por despojo agravado contra 12 comuneros que entonces ya vivían en las ruinas de la mina Soledad – Dipolos.

Se emitieron órdenes de aprehensión. Un convoy de policías estatales y de la Guardia Nacional llegó por ellos.

Después de esto,  la empresa puso otra querella directamente por robo. Fueron 5 los detenidos, quienes estuvieron varios meses en prisión, hasta que se logró acreditar su inocencia.

Mientras, con el terreno libre, la empresa minera y Pavlovich explotaron de nuevo la mina por dos años, este último ayudado por grupos del crimen organizado del cártel de Caborca, según han asegurado los ejidatarios.

“Se repartieron la mina, pusieron un cerco para dividirse la producción y el saqueo”, dice otro de los pocos ejidatarios que accede a platicar.

Fue en este contexto en que el entonces presidente del comisariado ejidal, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega fueron secuestrados en su casa en Puerto Peñasco, en septiembre del 2017. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después en las inmediaciones.

En febrero del 2018, un grupo de 15 sujetos armados subió al tajo de la mina y se llevó a Raúl Ibarra de la Paz y a su esposa Elizabeth López Gutiérrez, otra pareja de ejidatarios que vivían en la mina y que encararon varias veces a Pavlovich. Hasta el momento, siguen en calidad de desaparecidos.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal las cosas empezaron a cambiar, pero hubo más esperanzas que cambios. Se tranquilizaron lentamente las cosas, aunque todavía en diciembre del 2018 los ejidatarios denunciaron el saqueo del oro por parte de Penmont y de Pavlovich, ahora resguardados por la protección federal.

Por fin, a partir del 2022 los comuneros de El Bajío han tenido una relativa calma. Aun así, por seguridad prefieren vivir en el desierto, en los restos de la mina, que en el ejido.

“Ganamos el juicio, sí, y la empresa tuvo que salir forzosamente, pero dejó un saldo de despojo, ruina y abandono”, exclama Erasmo Santiago, y continúa: “tenemos una justicia de papel que muchas veces parece inalcanzable. Del Estado mexicano sólo podemos contar promesas rotas”.

El proceso judicial sigue abierto, pues la empresa ha dado la batalla legal que ha alargado la posible ejecución.

Desde la antigua caseta, hasta campers todo habilitado para alojar ejidatarios. Fotos: Erika Llaguno

Vivíamos en Paz

De las decenas de familias que viven en la mina Soledad – Dipolos, la mayoría teme por su seguridad. Ante el anuncio previo de nuestra llegada algunas salieron del área para evitar cualquier contacto. Solo tres familias aceptaron platicarnos su experiencia.

El lugar donde viven Erasmo y Magui es el menos inseguro. Es la parte que conserva un cerco alto de malla ciclónica con un portón que abre y cierra. Es donde se concentran las familias cuando observan una situación de peligro, como un convoy de carros civiles o policiales.

Lo saben por experiencia: en marzo del 2016 llegaron patrullas de la Policía Estatal, del Ejército y de la Guardia Nacional, le mandaron decir, como a otros, que solo querían conversar. Ahí mismo aprehendieron a Erasmo bajo el cargo de despojo, al que después se le agregarían usufructo ilegal de la riqueza de la mina.

Por esas imputaciones pasó 1 año y 8 meses en la cárcel. “Yo perdí la razón, me la pasé varios meses fuera de mí”, dice.

La casa de Magui y Erasmo. También es el refugio, el lugar de reunión de todos, cuando sienten peligro o ven autos sospechosos. Foto: Erika Llaguno

Erasmo llegó a Sonora junto con su familia en los ochenta, provenientes de la zona mixteca de Oaxaca en busca de mejores oportunidades de subsistencia. Trabajando la tierra en zonas cercanas se enteraron del reordenamiento de los ejidos.

“Cuando el gobierno dotaba de tierras, la gente pensaba que iban a hacerla producir, a sembrar. Pero hay muy poca agua, sin el apoyo para perforar pozos era muy difícil, así que esos beneficiarios las abandonaron, fue cuando llegamos”, dice Erasmo.

“A nosotros nos dieron esta tierra como de agostadero, fuimos 77 ejidatarios que nos otorgaron poco más de 21 mil hectáreas”, agrega.

Erasmo suspira cuando recuerda cómo era la vida antes de la llegada de la minera. “Vivíamos en paz aquí, queríamos darle uso agrícola, pero como no había apoyo, empezamos a criar ganado, llegamos a tener 400 cabezas de cabras y borregos.

“Da mucho coraje que, viviendo en paz con la naturaleza, empiezan con engaños a explotar el tajo. Ya sabían a lo que venían, destruyeron El Sahuaro, el palo verde, los ocotillos, el arroyo, todo el cerro”.

Lo que Erasmo describe —la pérdida del paisaje, del agua, de la vida que había antes— tiene un nombre, explica el especialista Jorge Tadeo Vargas Juvera: la pérdida del patrimonio biocultural, es decir, la ruptura de aquello que le da identidad a una comunidad.

A Erasmo se le quiebra la voz, se le escapa un sollozo. Se rehace y continúa: “antes aquí crecía pasto cuando llovía, y de ahí se mantenían muchos animales. Ahora la poca agua está contaminada, el aire viene contaminado de los explosivos de La Herradura, aquí ya no crece nada”.

La Herradura es la otra mina de la familia Bailleres, a unos cuántos kilómetros hacia el sur, en el ejido con el mismo nombre. Esa mina nunca ha dejado de producir, pues los dueños de esas tierras no pudieron hacer nada. Aceptaron, también con engaños, las condiciones de la minera.

“Todos firmaron, todos se chingaron”, les dijo el abogado.

La pérdida del patrimonio biocultural, lo que identifica claramente a una comunidad es lo que se rompe con el desplazamiento, nos explica el especialista Jorge Tadeo Vargas Juvera.

Después de años de acompañar muchos movimientos sociales ambientalistas, conoce bien el tema: “con la minería es más impactante porque, a la vez que hay pérdida en el imaginario social, el paisaje sufre un cambio bárbaro”.

Vista panorámica de las piscinas de desechos tóxicos. Video: Erika Llaguno

Lo que ocurre en El Bajío no es un caso aislado. De acuerdo con organizaciones civiles, de 1992 a 2022 se generaron 386 mil personas desplazadas internamente por la minería, siendo los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa los más afectados.

“El resquebrajamiento del tejido social empieza desde que hay comuneros que se ponen a favor del proyecto minero y otros que lo rechazan, es el primer conflicto”, dice Vargas Juvera.

La pérdida del patrimonio y de su forma de vida provoca refugiados o migrantes ambientales, y quienes lo padecen luego tiene que lidiar con manifestaciones de xenofobia y racismo.

En el ejido Bajío, los ejidatarios saben bien que las líneas entre autoridad y delincuencia se borran fácilmente: más de una vez vehículos oficiales han ido acompañando a civiles armados del cártel de Caborca, de Rafael Caro Quintero y su familia.

Los y las testigos de esto, cuidan, hasta donde es posible, su identidad, pues cuando dieron sus nombres, a los tres días llegaron con órdenes de aprehensión en su contra.

“Si no estuviéramos aquí, ya hubieran acabado con todo, no se puede dejar a estas gentes, vienen a manotear la riqueza, se metieron con el fin de quedarse con la tierra.»

“Pensaron que la gente no se iba a defender, pero el ejido el Bajío no se dobla”, enfatiza Erasmo.

Las consecuencias no se quedan solo en la pérdida de la tierra o del trabajo, también alcanzan a las familias y a los hijos, explica el especialista Jorge Tadeo Vargas Juvera.

“El problema tiene impactos diferentes en cada segmento de la gente. Las personas más grandes suelen caer en una profunda depresión, situación que puede agravarse. Las infancias ven perdida la idea de comunidad y de un ecosistema natural, y pasan a un ecosistema de mosaicos”.

Agrega que, en unos años solo conocerán los ecosistemas sanos y limpios a través de una pantalla. Al estar creciendo en un ambiente adverso, se normaliza como si fuera lo único que existe.

Ese impacto se volvió parte de la vida diaria para familias como la de Magui, esposa de Erasmo.

Para ayudar en la economía familiar, Magui tenía una tienda de abarrotes. Cuando lo detuvieron tuvo que cerrarla porque debía dedicarles más tiempo a sus hijos.

“Antes de eso vivíamos bien. Tenía 2 hijos en la primaria y 2 en la preparatoria. Los más chicos sufrieron discriminación en la escuela, pues sus compañeros se burlaban porque ‘su papá estaba en la cárcel’. Luego, poco a poco se pusieron de su lado.»

“No comíamos muy bien, pero era suficiente. Yo me iba con mis hijos a trabajar en la Y griega (campos agrícolas cercanos), me los llevaba a la pizca de aceituna en plena temporada de calor”, recuerda Magui.

También tuvo el apoyo de su familia para salir adelante, incluso para conseguir atención médica, pues la salud mental de Erasmo se vio afectada durante su tiempo en prisión.

El diagnóstico, según cuenta Magui, fue que el coraje, la tristeza y la frustración por lo que estaba pasando lo habían enfermado, y el tratamiento no era barato.

Después del tiempo que vivió Erasmo en prisión, la pareja tuvo que vivir otro episodio de pesadilla.

Erasmo y Magui. Foto: Erika Llaguno

“Levantaron hasta el perro”

Magui y Erasmo fueron secuestrados por sicarios junto con otros compañeros.

“Llegaron hasta acá y nos amagaron con armas largas, nos subieron en la caja de un pick up, unos arriba de otros, sin poder levantar la cabeza”, recuerda Magui. “Yo me llevé en los brazos al perro que tenía entonces, no lo quise dejar ahí. Nos dijeron claramente que no volviéramos al ejido. A los hombres los golpearon, como que les tenían mucho coraje”.

Les dijeron que su patrón no quería a nadie en esas tierras, que las quería para él, por las buenas o por las malas.

“¿Y quién es tu patrón?”, cuenta Magui que se animó a preguntar.

“Usted sabe quién es mi patrón”, le respondieron con amenazas: “la próxima vez no les vamos a perdonar la vida, sabemos dónde está su casa en El Sahuaro, donde estudian sus hijos”.

Lamenta que es algo que pueden hacer porque tiene el dinero para mandar a cualquiera a secuestrar a uno de sus hijos para doblegarlos, “así es como actúan”.

Las amenazas y el secuestro que vivieron tampoco son hechos aislados. “El crimen organizado está muy metido en la minería, no directamente con las cúpulas empresariales, pero sí con los mandos locales, ya sea dando protección, o con otro tipo de relación turbia”, explica Vargas Juvera.

“Esto es muy común, incluso han desaparecido trabajadores de alguna empresa cuando hay competencia entre proyectos mineros. En territorios en disputa, las mineras y el crimen organizado hacen, digamos, una simbiosis de trabajo”, apunta el especialista en movimientos sociales ambientalistas.

Después de varias horas de camino, Magui, Erasmo y sus vecinos fueron liberados a medianoche en una brecha en el desierto. Les prohibieron caminar, porque si los encontraban algún otro grupo, estos no se tocarían el corazón.

“Nos acurrucamos como pudimos para pasar la noche. Pero Dios no nos abandonó, nos siguió protegiendo. El perro ahuyentó con sus ladridos a los coyotes y a otros animales hasta que amaneció y logramos caminar hasta la carretera”, recuerda Magui.

“Por eso mandamos el mensaje a la gente, que, si llega una mina, no la dejen entrar, porque empiezan los problemas. A la presidenta Claudia Sheinbaum, por este medio le pedimos que nos ayude, tenemos la esperanza en ella, porque López Obrador no nos ayudó”, agrega la ejidataria.

El desierto. Foto: Erika Llaguno

“El desierto es así”

Dormir a la intemperie en medio del desierto es una experiencia fascinante. Pero ellos lo hacen no por la vista cósmica, sino porque, si se meten a los campers, no escucharán si algún vehículo se acerca, ni el ladrido de aviso de los perros.

Además de la Peque y el Salchichón, dos canes de raza pequeña, tienen cuatro perros grandes cerca de la entrada. Ellos avisan de cualquier movimiento extraño. Y no sólo eso, como parte de su proceso de adaptación, tienen tortugas, decenas de gallinas y gallos, patos, canarios y hasta un pavo.

Están asentándose, posesionando lo que ya es suyo, mientras el desierto los hace parte de su entorno vivo.

La comunidad tiene poco más de 5 años viviendo así, en condiciones que muchos consideran intolerables. Sin servicio de agua o electricidad, sin drenaje y sin tienda de conveniencia a tres minutos como en cualquier ciudad. El agua, víveres y gasolina los llevan desde Puerto Peñasco, a más de 4 horas de ida y vuelta. Para la energía eléctrica tienen algunos paneles solares y pequeñas plantas que se encienden cuando es necesario.

Han logrado superar las condiciones adversas, tanto del espacio desértico, como de su situación de inseguridad. Ahora son gente del desierto.

Vestigios de la contaminación el agua en el entorno minero. Foto: Erika Llaguno

“Tenemos miedo, claro, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Allá en nuestros hogares, somos presa fácil”, dice Demetrio, otro desplazado.

El apoyo de los que viven afuera ha sido determinante, tanto por la ayuda económica como por el impacto mediático que se ha logrado hacer, incluidas las manifestaciones realizadas en reuniones en Europa de los dueños de la mina y sus inversionistas.

Entre la mayoría de los ejidatarios hay unidad. Aunque estén separados, hay constante comunicación. Quienes están lejos están pendientes de sus compañeros. Les brindan apoyo moral y económico, pues saben que su lucha es la de todos, por las tierras.

La Fundación El Bajío ha logrado hacer lazos importantes con organizaciones mexicanas como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y otras de corte internacional.

“La empresa nos tiene bien vigilados, cada tantos días pasa la avioneta, pero además en las noches nos visitan los drones que mandan desde La Herradura”, comenta Erasmo. “Saben perfectamente que aquí estamos, cuántos y cómo”.

Lo que no saben es la férrea determinación de estos ejidatarios, que están invirtiendo su vida en defensa de su territorio.

“Aquí arriba un policía es un enemigo”

Además del apoyo de sus compañeros, los comuneros que viven en la mina encontraron en la observación de la naturaleza una manera de subsistencia. Con la ventaja de que viven en el territorio, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha empleado a varios de ellos para la documentación de especies de flora y fauna.

Los rondines de seguridad también lo son para fotografiar, anotar, encontrar cambios en los patrones de la vida en el yermo.

Julia y Demetrio son un matrimonio de ejidatarios que se vino a vivir al tajo abandonado. Él trabajó antes como contratista en Tijuana y en Hermosillo.

“Lo que más duele es no estar con la familia, pero estamos aquí porque estamos cuidando. Es duro acá arriba, no hay agua, ni luz, ni nada, a veces estamos incomunicados por días, no hay comodidad”, dice Julia.

A lo que más le temen es a la empresa minera. En la noche se turnan las vigías, avisan de inmediato cuando divisan un carro. Cuando ya lo reconocen, se tranquilizan.

“Mis hijas e hijo ya están grandes, lo bueno es que no los tenemos aquí”, dice Demetrio.

De todas las familias que salieron de El Sahuaro, algunas se fueron a ciudades cercanas o al extranjero. Otras, como Julia y Demetrio, se fueron a Tijuana, cuando decidieron volver, lo hicieron al tajo.

“En El Sahuaro estamos muy expuestos, aquí estamos un poco más seguros. Pero si viene una columna de carros, hay que correr, porque si viene la policía es para llevarnos”, dice con seguridad Demetrio.

Y agrega: “aquí arriba un policía es un enemigo, en lugar de darte gusto, lo mejor es correr y esconderte. Si nos vamos, la minera se mete de nuevo, ya pasó una vez, cuando metieron presos a los compañeros. Cuando levantaron a Raúl y a Elizabeth dejaron una cartulina con algunos nombres, ahí estaban el mío y el de Erasmo. Nos daba terror salir a la carretera”, confiesa.

Una vez llegó una unidad del Ejército Mexicano con actitud muy prepotente, pidiendo documentos, tumbando cercos. “A unos muchachos los tenían ahí con la bota en la cabeza, luego les robaron sus provisiones, los dejaron sin comida”, recuerda.

En la ocasión más reciente, hace un par de años, subieron unos actuarios a dejar citatorios.

-¿Por qué no se van? ¿qué los tiene aquí?

“Nos mantiene la fe de que se va a lograr, estamos peleando por este derecho que tenemos”, responde Demetrio.

Julia y Demetrio. Una de las parejas que ahora viven en las ruinas de la mina. Sus hijos ya son adultos, viven en la frontera. “Sí tenemos miedo, pero buscamos reírnos, la risa deshace el miedo”. Foto: Erika Llaguno

El peso de la ausencia

Cuando las familias tuvieron que salir de El Sahuaro, los hijos eran menores y cambiaron de escuela, los adultos dejaron su trabajo y sus actividades económicas.

Después de la resolución judicial a su favor, en 2014, algunos regresaron. Otros no: a pesar de haber ganado, el miedo los mantiene lejos.

Esa realidad se refleja en historias como la de Pedro.

Pedro es un hombre sencillo, de campo. Se va a la pizca del espárrago, de la aceituna, la uva, el chile, el tomate rojo, el tomatillo y el cebollín. Anda “correteando” temporadas.

De barba entrecana y el rostro quemado por el sol, está acostumbrado a las faenas duras. Es fuerte, pero sus ojos se llenan de humedad cuando habla de sus hijos y de la ausencia de su esposa.

Después de la desaparición de Jesús y Elizabeth, tuvo que irse un tiempo a la frontera. “Uno es asalariado, tiene que seguir trabajando para sacar a los pequeños adelante, tuve que ir a buscarle, porque aquí no se podía”.

Manifiesta que para él, justicia sería que se acabe el conflicto, “porque el dolor de perder a la familia, de estar lejos, eso no tiene recuperación. Yo perdí a mi esposa, ahora soy padre y madre, enseño a mis hijos a cocinar. Cuando me arrestaron y me mandaron al penal de Nayarit, ella estuvo batallando mucho, por eso mejor se fue”.

Entre las ruinas de la mina, Pedro cambia de “residencia” cada tanto tiempo, anda “como los húngaros”. Asegura que prometió apoyar la causa del ejido y así lo hará, en las buenas y en las malas.

Explica que la razón por la que estuvo preso es porque el Ejército le sembró un arma después de una llamada “anónima” que lo había señalado como que estaba robando en su propia tierra.

“Duré 2 meses con 28 días, hasta que la mesa directiva de nuestro ejido logró nuestra libertad. Yo tenía 6 hijos, unos en la secundaria y otros en la primaria, me enfermé de la preocupación.»

“Ahora mismo mis hijos están solos, no sé si comen bien o no, yo voy dos veces por semana, pero con el riesgo. Yo les dije, si algún día yo no llego, si me desaparecen, no se meten en problemas, mejor busquen a su madre y se van”, confiesa Pedro.

Pedro cuenta su historia. El sol le pega en la cara, él no se inmuta. Conforme se acuerda, se entristece, llora. No se da cuenta de su tremenda fuerza. Foto: Erika Llaguno

Complicidad sistématica, dignidad obstinada

Un aspecto que irrita mucho a los comuneros es que, cuando sube cualquier tipo de cuerpo de seguridad o militar, siempre llegan protegiendo a la minera, como si los ejidatarios fueran los criminales, los invasores.

“¿Por qué el Estado mexicano no está garantizando la seguridad, los derechos humanos y la integridad de la población? Vaya, ni siquiera está garantizando una solución. Habría que hacerles esta pregunta a las autoridades”.

Según Vargas Juvera, el problema del desplazamiento no está siendo visto, revisado o protegido por la Ley de Minería, “una ley que está hecha más para la protección de los empresarios que para las propias comunidades”.

“¿Por qué no se ha cumplido la sentencia en el Bajío? Por las mismas razones que no se cumplen en muchos otros lugares: porque no hay quién tenga el valor de hacerlas cumplir y echarse de enemigo a las empresas mineras, que en muchas ocasiones son los padrinos de muchas autoridades.»

“La ley en México es un parapeto que no sirve de mucho, cambia de color y de forma dependiendo a quién tiene que servir, y lamentablemente, casi siempre está al servicio de los poderosos, ¿no?”, reclama el especialista.

Se solicitó una postura oficial al Gobierno del Estado, así como algún comentario a la representante popular del distrito, sin que hubiera respuesta hasta el momento de la edición de este reportaje.

La mina Soledad-Dipolos fue, como todas las minas, una pequeña ciudad, con todos los servicios necesarios para su funcionamiento. Hoy es desolación, nostalgia, pero también es esperanza.

Han sido muchos años de atropellos, de lucha intensa, de inestabilidad. Quizá por ello han aprendido a vivir al filo de la incertidumbre, ahí junto al tajo, como centinelas de su entorno, para que la vida prevalezca sobre esa demanda antiquísima – y aún actual – de los metales preciosos.

En el mapa de las concesiones mineras de la entidad, en el recuento de hoyos, de heridas abiertas que tiene la geografía sonorense, Soledad-Dipolos es algo distinto. Es una anomalía, una fluctuación negativa en las pantallas de las bolsas de valores, ahí donde ganan los de siempre, ahí donde el pueblo es solo una variable.

Esa anomalía se sostiene, todos los días, en la decisión de quienes siguen ahí.

“No nos vamos a ir”, dice tajante Erasmo, “no le vamos a dejar las tierras a esa gente ambiciosa. Sabemos que en cuanto nos vayamos se van a volver a meter. Nos pisotean como si no existiéramos, como si los dueños de la tierra no valieran”.

Lo que para ellos es una decisión de vida, para otros es también una exigencia de justicia.

“¿Qué es justicia? que nos pague la minera lo que se llevó y que haga reforestación, que restituya el territorio. Es un absurdo que la misma empresa que está violentando a esta comunidad, sin ningún problema esté generando ganancias en otra mina. Se tendría que solucionar primero la problemática de El Bajío”, dice Jorge Tadeo.

Para el ambientalista, la responsabilidad de la empresa es total y el Estado es cómplice por acción y omisión, por lo que la comunidad tiene todo el derecho de decir: “no, que se vayan”.

Erasmo lo tiene muy claro cuando dice: “La tierra se tiene que defender… nuestra lucha es hasta las últimas consecuencias”.

Entre 2010 y 2013, la minera Penmont extrajo de manera ilegal. 236.709 oz de oro, según consta en sus reportes. para ello dinamitó y movió 10 millones 833 mil 527 toneladas de piedra, la sentencia del tribunal unitario agrario del distrito 28, emitida el 8 de diciembre de 2014, obliga  a Penmont a regresar el oro extraído, el cual formaría un cubo de 70x70x70 cm y tendría un valor de 436 millones de dólares. Foto: Erika Llaguno

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.

La violencia en Culiacán, Sinaloa, ha provocado el desplazamiento de familias hacia otras entidades del país. Durango se ha convertido en uno de los destinos elegidos por personas que buscan condiciones de seguridad y estabilidad

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

por Nancy Briceño

“Cuando tu casa deja de ser tu lugar seguro, dejas todo y buscas otro”, relata entre sollozos Karina, madre de familia originaria de Culiacán, quien decidió trasladarse a la capital duranguense, desplazada por la inseguridad.

Desde la detención de Ismael ”El Mayo” Zambada, identificado por autoridades federales como el líder del Cártel de Sinaloa, en julio de 2024, Sinaloa ha registrado hechos violentos en distintos puntos de la entidad.

Culiacán ha sido el municipio más afectado, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 88.1% la población mayorde 18 años manifestó sentirse insegura. En este entorno de violencia extrema, algunas familias han dejado todo y han migrado a otras ciudades, Durango ha sido, para muchos sinaloenses, el estado elegido para empezar de nuevo.

Del duelo al desplazamiento familiar

Karina señala que, en menos de un año, su familia perdió a dos integrantes en hechos violentos. Su hermano, de 27 años, un docente con plaza federal, falleció cuando regresaba de una comunidad donde impartía clases, meses después, su padre fue asesinado mientras abría su negocio de productos de limpieza, en un incidente armado.

“Las autoridades en Sinaloa y el propio gobernador del estado (Rubén Rocha Moya) ensuciaron en muchas ocasiones el nombre de personas inocentes que perdieron la vida en enfrentamientos”. Karina sostiene que en su caso, las investigaciones no establecieron vínculos de sus familiares con actividades delictivas.

Tras estos hechos, la familia de Karina tomó la decisión de vender la casa que durante años fue su lugar seguro y el negocio que tanto les había costado emprender para trasladarse a Durango donde vivía una tía —hermana de su madre—, a quien solían visitar durante las vacaciones.

Actualmente la familia de Karina se encuentra en proceso de adaptación a la ciudad. Señala que percibe diferencias culturales entre Durango y Culiacán, considera que la dinámica social en la capital duranguense es más conservadora. No obstante, afirma que han sido bien recibidos y destaca que, a diferencia de lo que ocurría en su lugar de origen, hoy puede acudir a parques y espacios públicos a jugar con su hija sin temor, una actividad que había dejado de realizar por razones de seguridad.

Integración y retos sociales

Karina afirma que ha percibido diferencias culturales y episodios de estigmatización por su lugar de origen. Indica que, al inicio algunas madres del colegio de su hija la evitaban, y que la menor no era invitada a fiestas de cumpleaños. Con el paso de los meses, la situación comenzó a cambiar y gradualmente han sido incluidas en la dinámica escolar. Actualmente su hija cursa primer grado de primaria en un colegio privado que les recomendaron algunos de sus primos.

La Secretaría de Educación del Estado de Durango informó que los planteles tienen la instrucción de recibir a estudiantes provenientes de otras entidades y brindar acompañamiento cuando sea necesario. En declaraciones públicas, el titular, Guillermo Adame, señaló que desde septiembre de 2025 detectaron la llegada de estudiantes originarios del vecino estado de Sinaloa.

“En las escuelas tienen la instrucción de recibirlos siempre, la educación es para todos. El cuerpo directivo está preparado para albergarlos. Aun así, puede darse algún fenómeno, sobre todo en los casos de migración, en los que se requiera un servicio especial”, aseguró el secretario.

Un docente de secundaria, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, confirmó que en el último año aumentó el número de estudiantes provenientes de Culiacán, un fenómeno que no le había tocado vivir, ya que regularmente se recibían estudiantes desplazados de zonas rurales, no de ciudades con economías más prósperas.

Señaló que algunos jóvenes han compartido con sus compañeros que el traslado obedeció a situaciones de violencia en su entorno familiar.

El docente señaló que, en algunos casos, han observado actitudes de mayor confianza o aparente madurez entre estudiantes provenientes de Culiacán, en comparación con los alumnos locales, aunque no es una regla general.

También en los colegios privados, directivos y representantes educativos han reportado un aumento en la matrícula. Entre las instituciones que han registrado la llegada de estudiantes originarios de Sinaloa se encuentran el colegio Rex y el Colegio Guadiana, este último considerado como uno de los más tradicionales entre las familias de la capital duranguense.

Al sureste de la Ciudad de Durango se le ha denominado “El Culiacancito”, ya que han llegado los desplazados por inseguridad en Culiacán. Captura: Nancy Briceño

Impacto en el mercado inmobiliario

Representantes del sector inmobiliario reportan un incremento en la demanda de viviendas en renta. El presidente del Colegio de Valuadores de Durango, Juan Francisco Sánchez Carrillo señaló que, con el incremento de viviendas en el oriente de la ciudad, algunos residentes han comenzado a referirla como “El Culiacancito”, en alusión a la concentración de personas que se han establecido en esta área, desplazadas por la violencia en Culiacán.

Juan Francisco Sánchez Carrillo, presidente del Colegio de Valuadores, señaló que desde hace aproximadamente un año, con la llegada de personas de Culiacán, las rentas se han incrementado hasta en un 50%.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Alicia Domínguez, explicó que la renta de vivienda en Durango continúa en crecimiento y actualmente supera a la venta de inmuebles, impulsada principalmente por la llegada de familias provenientes de Sinaloa.

Las familias originarias de Sinaloa están optando por rentar viviendas en fraccionamientos residenciales como Villas Campestre, Privanzas o Los Laureles, indicó Domínguez.

Por el momento, Karina y su familia rentan una vivienda en un fraccionamiento privado, ya que su intención es quedarse a vivir en esta ciudad, convertida en refugio para quienes huyen de la violencia.

Los desplazados de Culiacán han activado económica esta zona al abrir negocios de diferentes giros. Fotos: Nancy Briceño

Dinamismo económico ante la llegada de nuevas familias

El secretario de Desarrollo Económico del estado, Fernando Rosas Palafox afirmó que entre las personas recién llegadas hay empresarios que han generado nuevos empleos. Señaló que el aumento en la demanda de bienes y servicios refleja mayor dinamismo económico.

En un encuentro con medios de comunicación, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, hizo referencia a la necesidad de mantener la convivencia vecinal ante diferencias culturales entre residentes locales y recién llegados. Mientras tanto, Karina y su familia han retomado en Durango el negocio de limpieza que la familia tenía en Culiacán. Actualmente emplean a tres personas y prevén ampliar su plantilla. Para ella la mudanza representa un nuevo comienzo.

La gastronomía sinaloense se oferta en el “Culiacancito”. Foto: Nancy Briceño

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

por Aline Corpus

Martín, su esposa y cuatro hijos salieron de Guerrero con lo que traían puesto de ropa, en agosto del 2024, cuando el crimen organizado le exigió que, junto a su hijo de 16 años, se “sumaran a las fuerzas armadas (delincuenciales) o nadie sobreviviría”.

Pidiendo dinero prestado, la pareja y sus cuatro hijos menores de edad, llegaron a Tijuana, Baja California, con la esperanza de ingresar de manera documentada a Estados Unidos, pero su cita consular no se concretó cuando el Gobierno de ese país canceló el programa de asilo CBP One, en enero del 2025.

La violencia provocada por el crimen organizado en México obliga cada año a que cientos de familias, principalmente del centro y sur, sean desplazadas de sus lugares de origen, dejando atrás su única red de apoyo, pertenencias y trabajo.

Muchas de ellas se dirigen a estados fronterizos, como Baja California, donde esperan cruzar a Estados Unidos, pero con el tiempo terminan asentándose.

“Sabíamos que debíamos movernos del albergue de (apoyo a) migrantes porque temíamos que incluso ahí nos buscaran (miembros del crimen organizado)”, platicó el hombre que pidió anonimato por razones de seguridad, y en esta ocasión se le llamará Martín.

“Nos fuimos a una colonia que se llama Mariano Matamoros (al este de la ciudad), y empezamos vendiendo tamales el año pasado, pero nos encontramos con esto de que acá nos pedían dinero (una extorsión) para dejarnos vender en la esquina. También intenté hacer plomería y fue lo mismo.»

“Recordamos las amenazas de allá (en Guerrero), el miedo, nos dio mucho temor y creo que para mi esposa fue hasta peor, porque creía que esa historia ya era del pasado”, contó.

Debido a esa situación, Martín decidió mudarse a Playas de Rosarito, a unos 20 kilómetros de Tijuana, cerca del Océano Pacífico, lo que significa que su familia ya ha vivido un doble desplazamiento forzado en su propio país.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que en un desplazamiento forzado interno las personas son obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia, debido a conflictos armados o a la violencia generalizada.

También las violaciones a los derechos humanos y/o desastres provocados por fenómenos naturales o causados por los seres humanos provocan desplazamiento, todo ello sin haber cruzado una frontera internacional.

Pero ¿qué sucede cuando una familia considera a una ciudad su refugio y ahí vuelve a vivir lo mismo por lo que huyó en un principio?

Pese al sufrimiento y sacrificio que implica una primera movilidad forzada, la Organización Internacional para la Migración (OIM), autoridades de Baja California, académicos y activistas, han documentado que familias que huyen del centro y sur del país por la violencia, vuelven a sufrir circunstancias similares en las ciudades receptoras, como Tijuana.

En muchas ocasiones estas familias requieren desplazarse de nuevo.

Doble muro en la frontera de Tijuana, el lado verde es Estados Unidos. Foto: Aline Corpus

Sin documentación histórica

Este doble desplazamiento forzado de mexicanos en su propio país ha sido silencioso, debido a la dificultad para documentar los casos por la falta de confianza de las familias en las autoridades, la secrecía con la que se mueven y la necesidad de las personas de irse de manera inmediata a un nuevo lugar.

Un estudio exploratorio del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sobre desplazamiento forzado interno presentado en Tijuana en octubre del 2025 y llevado a cabo entre 2022 y 2023, indicó que las familias llegan a Tijuana, principalmente de Michoacán, Guerrero, Estado de México y Guanajuato.

La investigación reveló que, haber recibido amenazas, miedo a la inseguridad y la extorsión o el cobro de piso, fueron las tres principales causas por las que las familias salieron de su lugar de origen, pero también el ser testigos de delitos, incluso de homicidios, desaparición de un familiar, violencia sexual o de pareja, entre muchos otros.

Óscar Rodríguez, académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Unidad Ciudad Juárez, Chihuahua, e integrante del Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios en Ciudad Juárez-El Paso, Texas, señaló que el estudio del fenómeno de desplazamiento es relativamente nuevo.

Detalló que, a partir de 2007, tras la fallida guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, el fenómeno del desplazamiento forzado comenzó a presentarse en regiones del país.

“Tras el incremento de la inseguridad y la violencia, este fenómeno empezó a adquirir mayor notoriedad en algunas regiones, como en lo que se conoce como el triángulo dorado, entre la sierra de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y que se extendió a sus municipios y otras Entidades cercanas”, describió.

Por otro lado, también se vio un incremento sustancial de violencia en la región de Tierra Caliente, en municipios de Michoacán y Guerrero. 

Ambos fenómenos estuvieron asociados, dijo, a grupos criminales que buscaban apoderarse de territorios, rutas hacia Estados Unidos y que también se percibía en estados de la frontera norte.

“Esa estrategia fallida de Calderón derivó en la división de los grandes grupos criminales en pequeñas células que se empezaron a pelear y esto trajo otros focos rojos a nivel nacional”, explicó.

El fenómeno del sur se notó más en los últimos cinco años, puntualizó, ante la falta de seguridad de los Gobiernos.

“De Michoacán, Guerrero y estados del norte, había un mayor flujo de personas intentando ir hacia Estados Unidos”, recordó, “la propagación de la violencia comenzó a elevarse de tipo comunal, y se sumó la violencia criminal, y las personas se hicieron más vulnerables”.

Rodríguez precisó que el desplazamiento forzado interno no es inmediato y, en ocasiones, es repetitivo.

“El desplazamiento forzado no es un evento lineal”, refirió, “la realidad es que el desplazamiento es circular, pasan a alguna comunidad dentro de sus estados, con el tiempo llegan a la frontera norte.

“Pero puede ser un ‘ir y venir’, no es fácil estar meses o años en albergues, incluso hay hasta desintegración familiar ante la incapacidad de los procesos de asilo”, estableció.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California, hay gran cantidad de desplazados internos, según lo documentado por el Colef, señaló el investigador.

“En Ciudad Juárez hemos visto que hay un número importante, particularmente de Michoacán, de Guerrero, en algunos años también de Zacatecas, Chiapas y Oaxaca. En Tijuana han identificado que viene un flujo igual, de los mismos estados”, detalló.

Rodríguez detalló que la gran mayoría de las personas desplazadas internas llegan al norte por una red existente de apoyo.

Históricamente, Tijuana ha sido un punto recurrente como ciudad de paso, debido a su cercanía con California, sin embargo, en el 2024, la organización World Population Review la situó como la más violenta dentro de las 50 ciudades más peligrosas en el mundo, que midió los homicidios por cada 100 mil habitantes.

Los encargados de refugios o albergues de migrantes han conocido las historias de violencia por años.

En el 2025, dos familias que habían sido desplazadas por la violencia del sur del país y quienes ya residían en la periferia de Tijuana, volvieron a ser violentadas y buscaron apoyo en el Albergue Movimiento Juventud 2000, situado en la zona centro y es coordinado por el activista José María García Lara.

“Fueron dos casos, pero solo pudimos documentar y presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque una de las familias se fue con premura del albergue y ya no estuvieron localizables”, recordó García Lara. 

La CNDH a su vez encargó el informe a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se denunció ante el Ministerio Público del Estado, en tanto, la familia se movió de la ciudad, porque los delincuentes les habían quitado sus propiedades.

“Venía papá, mamá y sus hijos. Fue algo que me sorprendió, incluso me pregunté ‘¿de verdad está pasando esto en Tijuana?’. No pudieron seguir en la ciudad y los movieron por seguridad”, refirió.

García Lara recordó cómo intentó ser un puente entre los gobiernos del sur y del norte.

“(Las autoridades) no pusieron mucha atención (para medir el fenómeno en ese entonces). Nuestra organización promovió que el gobierno de Michoacán hiciera un acercamiento con el gobierno de Baja California, para hacer un módulo en la frontera e identificar sus problemas.»

“Insistíamos en documentar los robos o saqueos de sus propiedades, ranchos, casas, autos, para que pudieran retornar y pudieran recuperarlas. Se firmaron acuerdos con los Gobiernos, pero después ya no se supo nada”, lamentó.

El activista José María García, del albergue Juventud 2000, en la zona centro de Tijuana, ha recibido a familias que huyen de la violencia después de haberse refugiado en esta frontera por problemas de inseguridad en sus lugares de origen. Foto: Aline Corpus

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, Jorge Ochoa Orduño, coincidió en que los desplazados internos en ocasiones no solo se enfrentan a problemáticas derivadas de los grupos delincuenciales. En ocasiones también fallan las propias autoridades, apuntó, por ejemplo, que el Ministerio Público no quiera recibir denuncias.

“Por eso, desde la CEDH estamos visitando distintos albergues para ver sus necesidades. La estadística de queja de personas en contexto de movilidad se ha reducido, pero seguimos poniendo módulos en los lugares de concentración de estas personas”, señaló.

Entre los casos de agresión que ha documentado la CEDH está el de una mujer indígena mixteca de 34 años, originaria de Guerrero. 

La joven relató a la autoridad que el 22 de enero del 2024 acudió al bar “Las Pulgas”, en plena zona centro de Tijuana, y en la madrugada del siguiente día abordó un taxi libre color blanco, sin embargo, en lugar de llevarla a su domicilio, la condujo a otro lugar y la agredió sexualmente.

Al intentar huir, la mujer subió una barda, cuando llegó la policía municipal, lejos de ayudarla, la amenazaron, esposaron y la abandonaron a su suerte semidesnuda en un bulevar de alta velocidad denominado Libramiento Sur.

Incluso, la CEDH documentó la actitud agresiva, sin profesionalismo, de una agente estatal de investigación, al poner en duda la veracidad del testimonio de la mujer indígena y, por el contrario, insinuar una responsabilidad de ella en los hechos.

Este trato hostil de la autoridad dio origen a las recomendaciones 2/2025 y 3/2025 por violaciones a los derechos humanos de una mujer indígena por parte de diversas autoridades, incluyendo corporaciones policiales y de investigación.

Anuncian guías para atender a desplazados

Cuando el Colef y la OIM realizaron el estudio en Tijuana sobre el desplazamiento forzado interno, las personas encuestadas refirieron que su mayor necesidad era la orientación jurídica, después le seguían la atención psicológica y la médica.

Las personas desplazadas solicitan más apoyo directamente de las organizaciones de la sociedad civil, pero los gobiernos en los estados de la República también han reflexionado sobre el fenómeno, consideró Yolice Quero Moraur, Oficial Nacional de Protección de la OIM.

Prueba de ello son los protocolos desarrollados en Michoacán y Chihuahua, y la consulta sobre el proyecto de ley de desplazamiento realizada con las comunidades indígenas y afroamericanas en Oaxaca.

“En las reuniones que hemos tenido, particularmente en Baja California, tanto con autoridades estatales como municipales, recordamos que ya estamos a un año del cierre del Programa CBP One.»

“Y creo que ha sido un cambio muy importante, porque antes la respuesta era humanitaria: la entrada al albergue, la comida, la orientación inmediata, mientras las personas estaban intentando una cita de CBP One, pero cuando esta figura ya no existe, ahora el gobierno tiene que reflexionar sobre qué tipo de servicios habrá, más allá de una primera fase humanitaria de respuesta”, detalló Quero Moraur.

Habrá que ver si se pueden brindar algunas soluciones a estas personas desplazadas internas, destacó, como posibles servicios, una integración a la sociedad o, incluso, su reubicación por razones de seguridad.

“Hicimos grupos focales en Tijuana sobre desplazamiento interno”, recordó Quero Moraur.

“Puede ser que se dé un segundo desplazamiento, y lo hay, ha sido difícil poderlo detectar, pero se da. Este segundo movimiento es voluntario, dependiendo de cada caso, por no encontrar soluciones o acceso a una integración al lugar del primer desplazamiento”, añadió.

Dio a conocer que la OIM está colaborando con autoridades del Gobierno de Baja California en el desarrollo de una guía operativa de atención a personas desplazadas, tanto por violencia como por un tema de desastres.

El especialista precisó que el trabajo ha sido junto a la Subsecretaría de Atención a Grupos Prioritarios del Estado, la Dirección Municipal de Atención al Migrante y el Consejo de Asuntos Migratorios.

“Las autoridades de Baja California están conscientes del fenómeno y sí tienen una preocupación por dar respuesta al mismo, por eso se trabaja con ellos unas primeras guías operativas.»

“El trabajo tendrá que ser con las diferentes dependencias para sensibilizarlas sobre la población. Hay una situación de xenofobia entre la población general y, por otro lado, de una constante búsqueda de trabajo (por parte de los desplazados), es decir, los desplazados requieren insertarse en la sociedad”, explicó la directiva de OIM. 

Dentro de las mesas de trabajo en Baja California, hay una especializada en el acceso a la justicia.

La OIM considera que este trabajo piloto de Baja California podría replicarse en otros estados, tomando en cuenta la tarea que ya se ha hecho en algunas otras regiones de la República.

“Sería interesante, ya estamos documentando todo el proceso con Baja California: la metodología, el desglose de información, las entrevistas con enfoque diferenciado. Queremos publicar parte de los hallazgos de los grupos focales y mesas, mientras que haya voluntad política”, determinó la directiva.

La OIM trabaja en guías operativas para que las autoridades, municipales y estatales, sepan cómo reaccionar ante las necesidades de la población desplazada.

“Creemos que hace falta construir de abajo hacia arriba, y que haya un trabajo local, estatal, municipal, en este momento estamos colaborando con ellos para el desarrollo de unos lineamientos, de una guía operativa de cómo responder según la causa de desplazamiento”, anunció.

Y es que hacen falta herramientas de capacitación a servidores públicos, y reconocer que no solo la inseguridad es relevante como causal de desplazamiento, sino también los desastres, como los deslizamientos de tierra que ocurren en Tijuana.

“Así garantizamos que haya un acompañamiento distinto, un ejercicio de consulta para temas de reubicación. Los actores son distintos también dependiendo del tipo de desplazamiento interno”, detalló.

En México no hay una ley federal sobre desplazamiento interno, acotó Quero Moraur. Hay leyes a nivel estatal en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca, pero más estados podrían trabajar en ella.

Pese a que Martín se encuentra un poco más estable económicamente, el miedo de contratar por equivocación a miembros de la delincuencia organizada sigue presente. Prefiere trabajar solo, dijo, pues ya que no confía en nadie.

“Más vale tener segura a mi familia, aunque gane menos (dinero) sin empleados”, sostuvo. Por seguridad, su esposa lo acompaña a trabajos de plomería y albañilería en las colonias, pero no entra en las casas, lo espera afuera, pues temen a las estafas y extorsiones de Tijuana.

Otra perspectiva del doble muro en la frontera de Tijuana, desde la colonia Nido de las Águilas, cerca de donde Martín vivía la primera vez que migró a esta ciudad. Foto: Aline Corpus

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.

Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»

por Karen Salas
Elefante Blanco

Durante años, la violencia ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares en México. En Ciudad Mier, uno de los casos más emblemáticos de Tamaulipas, la memoria de ese éxodo persiste no en cifras institucionales, sino en las historias de quienes se fueron… y de quienes regresaron.

Este videoreportaje reconstruye, desde la voz de un habitante desplazado, lo que significó huir, perderlo todo y volver a un lugar que ya no es el mismo. A través de su testimonio y del análisis documental, se revela cómo el desplazamiento en Mier no solo respondió a la violencia del crimen organizado, sino también a la ausencia de mecanismos oficiales que reconozcan y atiendan el fenómeno.

Hoy, más de una década después, el desplazamiento interno forzado en Tamaulipas enfrenta un nuevo desafío: su invisibilidad. Mientras las autoridades niegan su existencia, las casas vacías, los patrimonios perdidos y las vidas reconstruidas en otros lugares cuentan otra historia. Esta es una mirada a lo que ocurre cuando una crisis existe… pero no se reconoce.

“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.