Construcción de un modelo feminista de seguridad psicoemocional para mujeres periodistas que cubren desplazamiento forzado.
Los impactos del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) son poco visibles ante la negativa del Estado mexicano de reconocer y atender en su dimensión, esta grave problemática que incrementa de manera exacerbada, cada año.
El desplazamiento forzado interno no es un fenómeno nuevo en el país, sin embargo, a partir de la declaración de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, impulsada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se ha generado otra etapa de DFI imparable.
En México no está tipificado como delito ni hay ley general del DFI. Sólo cinco estados del país cuentan con una ley relacionada y cuatro lo tienen tipificado en su legislación penal estatal.
El gremio periodístico y principalmente las mujeres periodistas que lideran medios independientes locales, han cubierto con distintas miradas y con mayor intensidad, la violencia estructural que se registra en el país desde 2007, en contextos de riesgo.
El Desplazamiento Forzado Interno fue avanzando de manera silenciosa con sus respectivos retos para darle cobertura periodística. Se han investigado algunos casos concretos y pocas comunidades han hablado sobre lo que viven en los lugares de refugio y las causas por las que fueron expulsadas de sus territorios.
Las coberturas periodísticas del DFI son un reto, pues su visibilidad implica riesgos no sólo para las y los periodistas que investigan, sino para las víctimas del desplazamiento por la información con la que cuentan de primera mano: porque la han vivido en carne propia.
En ese contexto, y por la necesidad de hacer visible de manera estratégica el problema de DFI, se desarrolló este proyecto con el fin de entrenar a un equipo de periodistas que habitan territorios de riesgo y que están en peligro de desplazamiento comunitario o masivo, para brindar herramientas teóricas y prácticas que aborden el tema de manera especializada.
El riesgo que implica la cobertura territorial y la profundidad de los impactos y afectaciones, que inevitablemente recaen en las emociones y el trabajo intelectual delas periodistas, el proyecto está acompañado por un equipo especializado en acompañamiento psicosocial, para realizar procesos individuales y colectivos sobre análisis de riesgo y de contexto, que permitan unificar una guía básica de cobertura para enriquecerla en momentos posteriores y conforme a la práctica de coberturas.
Desde la Red Periodistas de a Pie, estamos convencidas de que la seguridad psicoemocional es básica para fortalecer la seguridad integral, para contar con periodistas más enfocadas, preparadas y con más estrategias periodísticas.
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Entre el “síndrome del preso” y el exilio, Magdalena Alonso, Marcela de Jesús Natalia y Teresa Montaño encarnan la cara más cruda del periodismo en México: el desplazamiento forzado. Mientras el Estado maquilla las cifras bajo el eufemismo de “refugios temporales”, las comunicadoras enfrentan una muerte social que busca silenciar sus investigaciones sobre corrupción y violencia, dejando a sus familias fracturadas y sus hogares en el abandono.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
“Dios mío, me están matando, ¡ayúdame!”, pensó Marcela al sentir quemar su piel por el fuego del arma que pretendía arrancarle la vida. Era sábado y cumplía 54 años. Fue la última vez que estuvo en cabina transmitiendo para su raza Ñomndaa, fue la última vez que pisó su tierra: Guerrero.
Marcela de Jesús Natalia es una periodista desplazada desde 2017. Forma parte de los cientos de comunicadores que han tenido que huir de sus territorios en México a causa de la violencia. En un país que carece de estadísticas oficiales precisas sobre la magnitud del desplazamiento, la realidad de las mujeres periodistas es invisibilizada por el Estado rebasado y carente de políticas públicas integrales.
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) y Aluna Psicosocial, advierten en el estudio Personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México que el desplazamiento forzado interno forzado es cada vez más común, y de la falta de instrumentos oficiales que impiden dimensionar cuántas han sido obligadas a abandonar su lugar de origen.
Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), explica que este fenómeno tiene más de 15 años. No comenzó con los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez en 2017, sino que tuvo uno de sus primeros focos en Veracruz hacia 2010 “cuando la violencia generó oleadas de comunicadores que huyeron en grupo”. Luego se sumó Morelos, y desde entonces, estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo se acumulan en la lista de zonas de alto riesgo.
“Cuando hablamos de la violencia estructural en México debemos preguntarnos qué causas llevan a las periodistas a abandonar su labor y cuál de ellas podría implicar mayores costos políticos para el Estado Mexicano en términos de atención. Sin duda, una de las principales tiene que ver con el desplazamiento”, apunta Adriana Ramírez Vanegas, del área de seguridad y protección de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
La activista coordinó los trabajos del diagnóstico Dejar Todo, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México y de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección, presentado en 2022.
Ella subraya que el desplazamiento forzado es una de las grandes deudas en acceso a la justicia y reparación del daño, así como una omisión en la creación de una ruta institucional de atención, ya que implica la salida no planeada de periodistas que huyen por violencia. No es una decisión propia, ni por oportunidades, sino una situación forzada por supervivencia.
Marcela, marcada por la resistencia
La historia de Marcela de Jesús es un compendio de violencias: por ser indígena, por ser mujer, por ser activista y por ser periodista. Pese a ello, a sus 62 años, su palabra es cálida, abraza y conforta, como si buscara sacudirse el dolor acumulado.
Desde niña enfrentó la discriminación contra su pueblo Ñomndaa, del que se siente orgullosa. A los ocho años, al saber que su familia planeaba casarla, huyó de su comunidad, Los Lirios, municipio de Xochistlahuaca, para poder estudiar. “En 1972 fui la única niña del lugar que escapó para terminar la primaria”, comenta al ubicar que, con esa acción, inició su labor como activista y defensora. La decisión le costó el rechazo de su madre, quien debido a los usos y costumbres de su comunidad la consideró una deshonra.
Su labor periodística la inició en 1994 en la XEJAM, La Voz de la Costa Chica, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Su voz en lengua ñomndaa tuvo un impacto inmediato en su natal Guerrero, hasta donde llegaba la señal. “Escuchar nuestro idioma en un medio de comunicación y sobre todo yo siendo mujer, fue impactante. Tuve mucha audiencia porque no había otro medio donde se hablara nuestro idioma”. A los pocos meses, al visitar su tierra, fue recibida como una celebridad, con danza y fiesta. Sin embargo, su labor incomodó a los poderosos.
Marcela de Jesús Natalia, periodista, activista y defensora, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero. Imagen: Patricia Monreal
La cárcel como mordaza
El 8 de marzo de 1998, Día Internacional de la Mujer, Marcela fue detenida arbitrariamente junto con uno de sus hijos, entonces menor de edad. Ambos fueron torturados uno frente al otro, ella recibió una sentencia de 40 años en prisión por delitos fabricados, incluyendo homicidio. Fue trasladada al Centro Penitenciario de Villa de Etla para dificultar su localización, ahí permaneció tres años y cinco días.
“La persecución judicial es una de las formas de violencia para silenciar periodistas”, señala Sara Mendiola Landeros, directora de Propuesta Cívica, asociación que da acompañamiento a personas defensoras y periodistas en riesgo. “Antes era el daño moral por la vía civil, ahora se recurre al derecho penal, con acusaciones como terrorismo, delincuencia organizada o fraude, e incluso se crean nuevos delitos en las leyes, como el de ciberasedio”, lo que según la experta, es una crisis que amenaza el derecho a informar.
Con apoyo de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Marcela fue absuelta el 13 de marzo de 2001. Lo primero que hizo fue buscar al hijo que habían detenido con ella y ya se encontraba en libertad, él casi se desmaya al verla, pensó que su madre se había escapado de prisión. Luego buscó a sus hijos menores y enfrentó su rechazo ya que su padre les había dicho que ella los abandonó. “Mendigue muchos años su cariño, es la fecha en que todavía no hay buena relación”, confiesa.
Adriana Ramírez, de Serapaz, refiere que las mujeres periodistas, siempre anteponen a su familia, y generalmente se sienten culpables. “Muchas de las relaciones sobre todo con sus parejas, son puestas ahí, en un tema de desplazamiento, porque además, si hay violencia de pareja por ejemplo, eso se viene a reflejar en el desplazamiento, se agudiza”.
Estas contradicciones, que va teniendo la sostenibilidad de la vida de las periodistas desplazadas se ponen en juego, y derivan en que la violencia se vaya incrementando, remarca la activista.
El atentado: “Fue por informar a mi raza”
Tras recuperar su libertad, Marcela regresó a Guerrero en 2003 y se integró al Sistema de Radio y Televisión del Estado, primero como honoraria, luego escaló hasta ocupar la gerencia de la Radio, de donde salió tiempo después debido a presiones ejercidas por afectar intereses de poder que existían en el lugar.
Hizo activismo en Xochistlahuaca, en donde la división en su pueblo crecía. “Como defensora siempre de mi raza, me opuse y empecé a apoyar las escuelas paralelas, les decía que no era justo, que podíamos tener diferencias ideológicas los adultos, pero era cruel que a los niños se les pintara una uña para ver quién pasaba a desayunar y quién no, eso era inhumano”.
Tras dejar la gerencia de la Radio, recobró su espacio de locución, de 5 a 9 de la mañana, hasta que llegó el 3 de junio de 2017. Al salir del trabajo, un sicario le disparó en tres ocasiones.
“La primera bala iba a mi frente, metí la mano, entró y salió por mi muñeca derecha. La segunda bala me despedazó la mandíbula. El chico me dio el tiro de gracia en la sien derecha, pero falló. La bala entró rozando mi cerebro y me destruyó el oído derecho”, narra con una calma sobrecogedora.
Desde entonces vive desplazada. En el hospital, incluso escuchó a un médico conspirar por teléfono para “acabarla en el quirófano”. Marcela sostiene que una política de su municipio pagó 50 mil pesos por su asesinato. Gracias a la presión de sus colegas periodistas y a un traslado de emergencia al Estado de México, logró sobrevivir.
Hoy Marcela duerme tranquila porque sabe que su “pecado” fue garantizar el derecho de su pueblo a estar informado. Sin embargo, las cifras no ceden: desde el año 2000 a la fecha, más de 176 comunicadores han sido asesinados en México, una docena son mujeres, dejando tras de sí una estela de exilios invisibles y justicia pendiente, según la organización Artículo 19.
Magdalena, síndrome del preso
Acostada sobre la cama del refugio que le proveyó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Magdalena Alonso Ríos pasa hasta ocho horas viendo el techo, perdida en la impotencia de no sentirse libre. “Esta soledad no está bien, es forzada. Estoy en una casa que nunca se calienta, siempre tengo frío. He dado hasta diez mil pasos dentro, tengo el síndrome del preso: me la paso caminando de un lado a otro”, se duele.
Tras 35 años de ejercer el periodismo en Zitácuaro, Michoacán, Magdalena tuvo que dejarlo todo el 16 de marzo de 2022, un día después del asesinato de Armando Linares, director de Monitor Michoacán. Entre lágrimas dio la noticia en Al Aire Zitácuaro, su noticiero que estaba por cumplir 17 años, jamás imaginó que sería su última transmisión.
Ese día supo que la buscaban, dos hombres en motocicleta preguntaban por ella. Los retratos hablados coincidían con los agresores de Linares. Apoyada por el Colectivo #NiUnoMás Michoacán, presentó su denuncia y le otorgaron protección.
La llamada de Alejandro Encinas, entonces Subsecretario de Derechos Humanos fue definitiva: “Usted es foco rojo. Al Gobierno de México no le conviene otro periodista muerto en Zitácuaro”.
Al día siguiente fueron por ella, apenas alcanzó a abrazar a su hija para despedirse. “Pensé que podían no ser quienes decían, no pedí identificaciones y, diabética, empecé a sentirme mal. En la carretera creí que me matarían, pero solo dijeron que no podían hablar conmigo y que podían detenerse si lo pedía. No quise parar. Tras horas de noche y miedo, finalmente llegué”.
Al refugio arribó en estado de shock, se repetía que no había hecho nada malo y que en sus noticias siempre evitó mencionar grupos delictivos o nombres. Era su cumpleaños, amaneció con los ojos hinchados y sin agua ni para un café.
Hoy, a cuatro años de aquel destierro, Magdalena es una cifra invisible: el Estado aún no la reconoce legalmente como “periodista desplazada”.
Magdalena Alonso Ríos, periodista desplazada desde hace cuatro años, originaria de Zitácuaro, Michoacán. Imagen: Patricia Monreal
Lo que no se nombra, no existe
La SEGOB no cuenta con cifras sobre periodistas en condición de desplazamiento, ejemplo de ello, es la respuesta a la solicitud de información que para este trabajo le fue formulada: “Se comunica que luego de una búsqueda con criterio amplio en todos los archivos físicos y electrónicos que conforman la Dirección General de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no se encontró información relacionada con lo expuesto”.
Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, denuncia que el Mecanismo de Protección usa el término “refugio temporal” de forma maliciosa: “Ellos han querido minimizar esta problemática porque no quieren reconocer el problema. Hay que recordar que lo que no se nombra, no existe, y entonces se ha querido hacer este jugueteo de palabras para invisibilizar la gravedad de que están desplazando periodistas de sus regiones y para minimizar también la responsabilidad que recae sobre la institución”.
Entre 2014 y octubre de 2025, 247 periodistas han estado sujetos a la medida de refugio. Aunque las cifras oficiales muestran un descenso en 2024 y 2025, las organizaciones alertan que esto no se debe a una baja en la violencia, sino a una mayor resistencia institucional para otorgar protección.
Mendiola señala que el desplazamiento es desgarrador: de un día a otro deben dejar familia, trabajo y entorno para mudarse a estados desconocidos y hostiles. En este contexto, la Ciudad de México se volvió principal refugio para defensores y periodistas, considerada “ciudad refugio” por ofrecer mayor seguridad frente a la violencia en entidades como Guerrero, Tamaulipas o Michoacán.
El Mecanismo rara vez gestionó desplazamientos de forma adecuada, explica Mendiola: los refugios tenían malas condiciones y fallas de seguridad, incluso intrusiones y robos. Los periodistas no contaban con la protección suficiente, lo que agrava el daño psicoemocional y los obligaba a vivir en precariedad, evidenciando la debilidad institucional.
Magdalena agradece el refugio al que de inicio se resistía. Acepta que la sacaron del riesgo que enfrentaba y le dieron apoyo, pero con el tiempo se sintió juzgada: “No me siento protegida, me siento acusada”.
En reuniones de evaluación del Mecanismo minimizaron el robo de las cámaras de seguridad que hubo en la casa de su hija que permanece viviendo en Zitácuaro, le dijeron que no podían hacer nada porque no era periodista. “Me molesté mucho, pegué en la mesa y les dije que se nota que no saben lo que es tener cerca al crimen organizado, les dije que lo ocurrido significa que, como no me encuentran a mí, me están diciendo que saben dónde está ella”.
En vísperas de cumplir cuatro años desplazada, teme que le sean retiradas las medidas de protección, pese a que las condiciones de riesgo que las propiciaron sigan vigentes.
Teresa, la palabra que no calla
Era verano y la lluvia caía inclemente sobre Toluca, Estado de México, cuando Teresa vio acercarse un vehículo que pensó era el taxi que estaba esperando, se apresuró a subir para evitar empaparse con el chubasco. Pronto se dio cuenta del error involuntario: dentro del automóvil viajaban tres hombres que iban por ella.
Teresa Montaño Delgado nunca planeó ser periodista. Por una situación familiar a los 21 años, con la preparatoria terminada, comenzó a trabajar como asistente de una comunicadora de sociales, con el tiempo se profesionalizó: hizo la licenciatura, realizó una maestría y tomó diversos cursos de especialización. Se enganchó al periodismo, le apasionó y hoy suma más de 30 años ejerciéndolo.
Para ella, el desplazamiento fue la única opción tras sobrevivir a un secuestro en Toluca en agosto de 2021. Fundadora de The Observer, Teresa apostó por el periodismo de investigación en un Estado de México acostumbrado a la línea oficialista.
Su labor le costó sufrir en carne propia una realidad común en México, las autoridades son las grandes violentadoras de los derechos de periodistas. La estadística del Mecanismo así lo demuestra: de 905 agresores detectados entre 2012 y octubre de 2025, 371 (40.99%), eran servidores públicos; 289, particulares (31.93%); y 245, personas no identificadas (27.07%).
En su informe Las Formas del Asedio, violencia contra las mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) da cuenta “de 1,189 casos de agresiones contra mujeres periodistas ,un incremento del 117% respecto al periodo de Enrique Peña Nieto, lo que representa un patrón sostenido de hostilidad institucional y sociopolítica”.
Adriana Ramírez Vanegas recuerda que al documentar en CIMAC las causas del desplazamiento, veían que había una impunidad total.
“Era una impunidad rodeada de una serie de desatenciones frente a agresiones que se habían prolongado durante mucho tiempo, es decir, la mayoría de las periodistas que salen lo hacen porque ya enfrentan una cadena de violencias extremas que incluso involucran atentados directos contra su vida e integridad. Y aunque muchas veces presentaban denuncias y hablaban públicamente de estas agresiones, no había respuesta”.
Lo vivido por Teresa da cuenta de ello. Tras publicar investigaciones sobre corrupción y contratos millonarios de renta de autos por el Gobierno del Estado de México, fue despedida de El Heraldo de México, donde laboraba como corresponsal. Tiempo después descubrió que una de las empresas involucradas pertenecía al mismo grupo del diario.
Siguió con su labor en The Observer, hasta el 13 de agosto de 2021. Ese día tenía una cita médica en el centro de Toluca alrededor de las cuatro de la tarde, poco después vino su secuestro que se prolongó por horas que le parecieron eternas. La liberaron cerca de la medianoche.
Con los ojos vendados, escuchaba a sus captores insistir en que era reportera, ella lo negaba y decía ser contadora y maestra, intentando explicar los documentos y fotos en su teléfono. Mientras el auto daba vueltas bajo la lluvia, la interrogaron y vaciaron sus tarjetas en cajeros, incluida la que usaba para administrar The Observer. Fueron por su auto y la amenazaron con matar a su hijo si estaba en casa, por eso al saber que no había nadie sintió alivio.
Su preocupación se centró entonces en las cajas con documentos de sus investigaciones y de The Observer que ahí tenía, hoy se sorprende al recordar su apremio por preservar esos papeles, y de cómo les pedía a sus captores que le dejaran algunos. Escuchaba cómo revisaban y movían todo, prometieron dejar las cajas, pero no fue así, una desapareció y la otra quedó vacía, con folders regados por el suelo.
Más tarde, una nueva angustia le sobrevino cuando, una vez más en marcha, sintió que salían de la ciudad, encañonada pensó que la asesinarían, finalmente, la abandonaron en un municipio cercano a Toluca. Cuando se quitó la venda, lo primero que hizo fue checar si con ella habían dejado las cajas con sus documentos, pero no había nada.
Caminó entre calles y milpas hasta llegar a un centro comercial en San Mateo Atenco. Pidió un teléfono prestado para avisarle a su hija que la habían secuestrado y liberado. Luego vino la impunidad: la ministerio público que le asignaron tras presentar su denuncia, intentó fabricar culpables y ella exigió una investigación real.
Su caso nunca fue registrado en las cifras de ataques a la prensa por el Gobierno del Estado de México, borrándola como periodista y víctima de la estadística oficial.
La decisión de desplazarse fue casi inmediata, salió hacia España con una beca que le proveyó RSF por tres meses, luego prolongó su estadía en ese país a invitación de la organización La Taula per Mèxic. Por un tiempo retornó a su hogar, pero se vio nuevamente obligada a salir, actualmente permanece en Alemania.
Teresa Montaño Delgado, periodista exiliada del Estado de México. Imagen: Patricia Monreal
“Siempre hemos manejado dos conceptos: desplazamiento y exilio”, señala Balvina Flores, de RSF. Explica que al inicio los periodistas no solo se desplazaban dentro del país, sino que se exiliaban, los primeros casos fueron de Veracruz y Morelos, la mayoría se fue a Estados Unidos, algunos obtuvieron permiso humanitario y aún permanecen allá, otros fueron a Canadá.
A pesar de la violencia que las atraviesa, la determinación de continuar con su labor, persiste en la mayoría de las periodistas desplazadas
Adriana Ramírez, destaca que el desplazamiento de las periodistas no es solo movilidad forzada, sino una forma de represión política contra el periodismo mexicano. Agrega que además de tener una marca de género, el fenómeno implica un ataque a la libertad de expresión, pues busca silenciar su trabajo. “En el 70% de los casos acompañados por CIMAC, el origen estaba en investigaciones sobre corrupción, transparencia y vínculos con el crimen organizado, así como en graves violaciones a derechos humanos”.
De ahí que muchas periodistas no solo informaban: acompañaban procesos de justicia y se volvían actoras clave, al desplazarlas, no solo se acallaba su voz, sino también los procesos que impulsaban. El efecto de acuerdo con la activista, era multiplicador: silenciar a una periodista significaba silenciar comunidades enteras y borrar temas de la agenda pública.
El desplazamiento entonces sostiene, no solo refleja violencia estructural, implica perder el derecho ciudadano a la información y evidencia patrones con consecuencias personales, políticas y para la libertad de expresión.
Desde el exilio, Teresa retomó la investigación sobre contratos de empresas fachada que detonó su salida, contó con el apoyo de la red Forbidden Stories, que en 2023 armó un equipo para verificar y fortalecer su trabajo durante cuatro meses. El reportaje se publicó en The Guardian, El País, y en medios nacionales en vísperas de la elección por la gubernatura mexiquense. Para ella fue una reivindicación profesional.
El día de la elección en que ganó la morenista Delfina Gómez Álvarez, en el Instituto Electoral del Estado se le impidió el acceso al área de prensa, mientras en el aire, un dron empezó a seguirla. Después se suscitaron otros episodios de violencia: policías municipales acudían a preguntar a sus vecinos sus horarios, pretendiendo ingresar a su casa.
En noviembre de 2023, el jefe de prensa de Morena en el Congreso del Estado, a quien ella conocía, le marcó por teléfono: “En la plática me dijo, ‘oye, tú tienes un hijo, ¿no?’, ¿qué edad tiene?’, en ese tiempo tenía 23 creo, y me contestó: ‘ah, ya está en edad de que le pase algo, ¿verdad?’, así me dijo, y le colgué”.
Una vez más tuvo que huir, aunque no fue la única, también lo hicieron sus dos hijos, hoy los tres viven en lugares distintos. Desde Europa, Teresa asume con mayor claridad su condición de periodista desplazada y bajo riesgo.
El costo de la “muerte social”
Marcela de Jesús Natalia, Magdalena Alonso y Teresa Montaño sueñan con volver a su lugar de origen para retomar la vida que construyeron y seguir ejerciendo el periodismo. En las tres, pesa la conciencia de saber que las condiciones para el retorno no están dadas, que no hay certeza de que lo puedan hacer, y de que sus proyectos de vida tomaron rutas dolorosas que jamás imaginaron.
Sara Mendiola y Balbina Flores coinciden en la necesidad de una política integral para atender el desplazamiento interno forzado: prevención, protección durante el desplazamiento y planes de retorno, el mayor reto tras salvaguardar la vida.
En términos políticos, al Estado Mexicano le cuesta más un periodista asesinado o desaparecido, pero en términos económicos, el costo mayor es de uno desplazado.
Adriana Ramírez lo explica con base a los cálculos que en su momento realizaron en CIMAC. Apunta que mantener un año a una periodista desplazada costaría en promedio, 1.2 millones de pesos anuales, una inversión que el Estado prefiere omitir.
“Muchas periodistas desplazadas viven una crisis profunda: les cuesta asumirse víctimas, enfrentan culpa, depresión y pérdida de autonomía”. Subraya Ramírez que el desplazamiento implica una muerte social. Busca silenciar su pluma y romper su autonomía.
Mientras el Estado Mexicano siga nombrando “estancias temporales” a los que son exilios forzados, la justicia seguirá siendo una promesa rota para quienes, como Teresa, aún se preguntan si vale la pena decir la verdad. Su respuesta, pese a todo, sigue siendo sí.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Desplazados por la ‘narcoguerra’, niñas y niños de la sierra de Concordia sobreviven en un estado de alerta perpetuo. Entre el duelo por sus padres y el silencio de sus escuelas, la Brigada de Salud Comunitaria ha construido un refugio de resistencia: un espacio donde el cine, la danza y la lectura devuelven a las infancias el derecho a soñar con un futuro distinto al de la violencia.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
Por Sibely Cañedo Red de Periodistas de a Pie
Valentín tiene ocho años. A su corta edad ya sabe lo que es huir de las balas y perder su casa.
Hasta hace unos meses vivía con su familia en una comunidad serrana del municipio de Concordia, Sinaloa, donde las nubes se rendían a sus pies y jugaba todos los días entre pinos y montañas. Pero su hogar se convirtió en el epicentro de una guerra que no alcanza a comprender y le ha arrebatado a su padre, un joven trabajador que fue asesinado a balazos sin que nadie lo esperara.
A su madre, hombres armados le han enviado el mensaje de que lo mataron “por error”, pero que ya pueden regresar porque no tienen nada contra ellos. Sola, con tres niños, se debate en la decisión de retornar a su pueblo, por el que siente arraigo, o padecer la precariedad y la falta de empleo para mantener a sus hijos, en la periferia de la ciudad de Mazatlán.
El pequeño Valentín –a quien se le llamará de esa forma para proteger su identidad– es solo uno de los rostros detrás de las cifras: más de 2 mil familias desplazadas en territorio sinaloense desde que detonó la “narcoguerra” en septiembre de 2024, un estallido que partió en dos al influyente Cártel de Sinaloa.
Desde entonces, pobladores de la sierra de Concordia viven entre caminos controlados por hombres armados, clínicas y escuelas cerradas, enfrentamientos, asesinatos, extorsiones, desplazamientos forzados y retornos inseguros.
El punto álgido se vivió en el mes de mayo del año pasado, cuando, desde drones, grupos criminales lanzaron explosivos a campamentos de sus rivales, provocando incendios forestales que se esparcieron por toda esa zona de la sierra concordense.
Esta parte de la Sierra Madre Occidental, ubicada al sur de Sinaloa, es un territorio disputado por el crimen organizado durante más de una década. Su localización estratégica, al ser paso natural hacia el estado de Durango, y su riqueza en minerales como oro, plata, plomo y zinc, lo han hecho atractivo tanto para las inversiones legales como para las actividades fuera de la ley.
Las disputas por el control territorial entre grupos armados ilegales no son nuevas. En 2017 se vivió otra “narcoguerra” que dejó cientos de familias desplazadas, muchas de las cuales perdieron su patrimonio y optaron por no regresar.
Pero si las pérdidas y las dificultades que enfrentan los adultos son duras, en las niñas, niños y adolescentes (NNA) estas implican impactos profundos en su desarrollo.
Como cientos de niños más, Valentín perdió su escuela y sus amigos, su lugar seguro, parte de su familia, pero además, algo muy preciado: sus juguetes y sus animalitos.
La psicóloga Edith Robles Arredondo explica que, para las infancias en situación de desplazamiento forzado, separarse de sus juguetes es un duelo tan hondo como para los adultos perder su ganado y sus tierras. En este contexto han experimentado ansiedad, depresión, falta de concentración, dificultades para aprender y trastornos del sueño.
Mientras el Estado les abandona y les ha dejado sin servicios de salud, ha surgido una iniciativa comunitaria, que además de pensar en la población adulta, ha destinado un espacio vital para las infancias y adolescencias.
Después de los ataques en mayo del año pasado, Periferia Subversiva y Perlas del Pacífico –colectivas feministas de Mazatlán– organizaron campañas para recabar alimentos y enseres básicos, ante lo que calificaron de una crisis humanitaria en la sierra. De ahí surgió la idea de conformar la Brigada de Salud Comunitaria, ya que no había doctores ni medicinas en los altos de Concordia. Finalmente, las brigadas se realizaron en cuatro ocasiones, el último fin de semana de cada mes de agosto a noviembre.
Sin importar los riesgos y la falta de recursos, subieron a Chirimoyos en caravana para ofrecer servicios médicos a esa comunidad, así como a las localidades vecinas de La Petaca y El Cuatantal, a las cuales regresó gran parte de la población desplazada pese a no tener garantías de seguridad.
Como la premisa de que la salud no es solo física, llevaron acompañamiento psicosocial e impartieron talleres de cine, dibujo, lectura y danza a cerca de 40 niños y adolescentes. Actividades que se complementaron con un taller de observación de plantas y animales.
Hoy, este esfuerzo a base de trabajo voluntario y donativos se encuentra interrumpido, y aunque el deseo es poder regresar, la prolongación de la violencia se los ha impedido.
Esta es la historia de cómo el arte se convirtió, por unos momentos, en el refugio de la niñez desplazada para descansar de su realidad y construir puentes hacia el futuro. Para entender cuáles fueron los impactos del desplazamiento forzado en las niñas y niños, conocimos parte de sus historias y entrevistamos a algunos de los brigadistas que dieron su tiempo y conocimiento a esta iniciativa, la cual tuvo lugar en un contexto de riesgo.
El paisaje del miedo
Valentín no lo entiende bien, pero todo esto que ha destrozado a su familia es por un conflicto que sostienen dos grupos criminales, que antes formaban el Cártel de Sinaloa y ahora pelean por el control de territorios que consideran suyos.
De septiembre de 2024 a enero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) ha registrado 2 mil 417 homicidios dolosos y 97 feminicidios. El número de personas desaparecidas en el mismo lapso es similar: 2 mil 192, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Entre los crímenes impunes, están los de niños y jóvenes estudiantes, quienes han sido víctimas del fuego cruzado.
Aunque en números absolutos la violencia se concentra en ciudades como Culiacán (capital del estado) y Navolato, los municipios menos poblados, como Concordia, con apenas 24,899 habitantes, sufren los impactos de manera desproporcionada. Tan solo el pasado mes de diciembre, Concordia se colocó en segundo lugar con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 24.1; y en primer lugar en el delito de privación ilegal de la libertad, con una tasa de 96.4, lo que refleja el clima de inseguridad que se padece en la zona.
Valentín tampoco entiende qué son los “desplazados”, pero se ha convertido en uno de ellos.
Toda esta combinación de delitos ha provocado el éxodo forzado de al menos 20 comunidades del municipio serrano de Concordia, especialmente de la parte colindante con el estado de Durango. Además de las ya mencionadas, se han desplazado de Copala, Corte Alto, El Batel, El Carrizo, El Palmito, La Cañita, La Capilla del Taxte La Mesa del Carrizal, Las Guacamayas, Las Iguanas, Loberas, Palmillas, Potrerillos, San Juan de Jacobo, Santa Catarina, Santa Lucía y Santa Rita, según datos oficiales.
Desde que estalló la “narcoguerra”, Concordia ha registrado 640 de las 2 mil 189 familias desplazadas de todo el estado, casi la tercera parte, de acuerdo con lo que respondió la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) tras una solicitud de transparencia. Aunque no se especificó el número de víctimas en lo individual sino solo por familias, se calcula que al menos 9 mil personas han sido afectadas, de las cuales 24% tienen 18 años o menos, es decir, entre mil 500 y 2 mil niños y adolescentes fueron desplazados forzadamente junto con sus núcleos familiares.
COMUNIDADES DESPLAZADAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN. (SEPT-2024-ENERO 2026)
Localidad
Núm. familias
1
El Palmito
206
2
Potrerillos
108
3
Santa Lucía
105
4
Las Iguanas
95
5
La Petaca
38
6
Palmillas
25
7
Chirimoyos
20
8
El Batel
9
9
Santa Rita
7
10
Loberas
7
11
La Capilla del Taxte
6
12
Copala
3
13
Las Guacamayas
3
14
La Mesa del Carrizal
2
15
La Cañita
2
16
Corte Alto
1
17
El Carrizo
1
18
San Juan de Jacobo
1
19
Santa Catarina
1
TOTAL
640
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa (Sebides).
Localidades de Concordia donde se han presentado desplazamientos
Localidades de Concordia donde se han presentado desplazamientos a partir de septiembre de 2024. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa (Sebides).
Familias desplazadas en Sinaloa por municipio
Familias desplazadas de septiembre de 2024 a enero de 2026. Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa (Sebides).
No obstante, la Sebides se negó a informar los rangos de edad de personas desplazadas en aras de proteger los datos personales, sin importar que sólo se solicitaron estadísticas. La dependencia reconoció no contar con un diagnóstico específico sobre los impactos del desplazamiento en niños y adolescentes, lo que impide llegar al conocimiento de la problemática.
En contraste con la falta de información en el estado de Sinaloa, un reporte de ACNUR muestra la tendencia mundial: cerca del 40% de la población desplazada son precisamente este segmento de la población. Más de 50 millones de niñas, niños y adolescentes han sido desplazados por violencia y conflictos hasta finales de 2024.
Al igual que los niños víctimas de la “narcoguerra” en Sinaloa, se consideran parte de un grupo vulnerable y se enfrentan a amenazas como la desescolarización, reclutamiento forzado, enfermedades, trata y hasta la muerte.
Por lo anterior, tienen derecho a recibir protección especial acorde con sus necesidades, según los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, así como la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Sinaloa, aprobada en 2020.
En esta región montañosa del municipio de Concordia, el trabajo de la brigada comunitaria ha evidenciado la persistencia de estos y otros riesgos, entre los más fuertes, el cierre total o parcial de las escuelas, el reclutamiento por parte de grupos del crimen y los impactos en la salud mental.
En modo supervivencia: aprender en medio del temor
Ana es una niña de nueve años. Experimenta pesadillas recurrentes. Sueña que a sus perros y a sus gatos les hacen daño. Los tuvo que dejar solos mientras que ella y su familia huían de la violencia, y aunque ahora ha regresado, no sabe dónde están (los nombres de los infantes han sido modificados para proteger su identidad).
La psicóloga Edith Robles Arredondo advierte que NNA presentan síntomas del estrés postraumático complejo, como falta de concentración, depresión, ansiedad e insomnio.
Durante las brigadas se atendió a un total de 46 pacientes en terapias psicológicas individuales: 30 personas adultas, 5 adolescentes y 11 infancias.
“Son niños que se tienen que ir de la nada y dejan lo más preciado para ellos, sus juguetes y sus animalitos, que muchas veces al regresar ya no los encuentran”, detalla.
El miedo constante –acota— ha puesto su cerebro en «modo supervivencia», impidiéndoles aprender o memorizar de manera regular.
Muchos de ellos han perdido algún familiar, como en el caso de Valentín, lo que incrementa los duelos múltiples en este tipo de escenarios, donde el hecho violento no es uno solo, sino que se repiten a lo largo del tiempo, explica la especialista.
Por otro lado, lo que pudo observar en adolescentes es que tienen sus propias preocupaciones. Los hombres temen ser “levantados” por grupos criminales al no saber si sus amigos están involucrados con ellos; mientras las chicas, ser secuestradas por jóvenes armados.
En estas condiciones no es fácil estudiar, mucho menos con las escuelas cerradas y las clases en línea en lugares con débil señal.
“La escuela es parte de su mundo, su segundo hogar, lo que para nosotros es el trabajo; allí ellos aprenden, juegan con otros niños, desarrollan habilidades; y el hecho de que cierren las escuelas o no puedan ir presencialmente es un impacto fuerte”, considera Edith.
Aunque la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de Sinaloa reportó que no hay escuelas cerradas en la “coyuntura de seguridad” que atraviesa el estado, padres de familia en la sierra de Concordia aseguran que en este año y medio de guerra, los docentes no han podido ir con regularidad a clases debido a los enfrentamientos entre los grupos armados y a que las carreteras son controladas por la “maña”, como llaman a los grupos delictivos del lugar.
Una maestra de bachillerato, de quien se omite su nombre para evitar represalias en su contra, cuenta que durante este tiempo, cuando ella y sus colegas se han atrevido a ir a dar clases a una de estas comunidades, lo han hecho con miedo. Tratan de viajar mínimo dos o tres compañeros juntos y no cambiar de auto, para que la gente armada no los confunda con enemigos. Además, tienen prohibido dar raid o subir personas ajenas a la comunidad.
Este ambiente de zozobra ha afectado al menos a 6,200 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, según la matrícula escolar de la Sepyc para el ciclo 2024-2025 en esta municipalidad.
La brigada comunitaria buscó llenar este vacío institucional e incluyó sesiones de cuentacuentos, arte terapia, danza amorosa y clases de cine, que si bien no reemplazan la educación formal, les ayudan a seguir aprendiendo de forma alternativa a través del juego y la convivencia.
Rita Tirado, coordinadora de la brigada y fundadora de la Colectiva Periferia Subversiva, habló del enfoque integral de esta iniciativa:
“Es un proyecto de salud integral, se trata de atender no solamente la salud, la atención médica general, sino también lo psicosocial. Es fusionar un poco la arteterapia con talleres de arte, talleres de movimiento, como esta conexión de cuerpo, mente, espíritu”, describe Rita.
En ese sentido, no se olvidaron de la población infantil, de quienes las voluntarias destacan su actitud positiva y resiliente. En medio de las adversidades, la brigada construyó un refugio a base de pilares como el dibujo, la lectura, la danza, el cine y el amor por la naturaleza.
La imaginación como refugio: las brigadas comunitarias
Donde antes el verde de la cadena montañosa se mezclaba con el olor de las tortillas recién hechas en cada vivienda, hoy el sonido del viento ha sido interrumpido por ruido del pasar de los vehículos de guerra.
La presencia de convoyes de la Guardia Nacional y de militares, que pasan pocos minutos antes o después que las camionetas con civiles armados, es la escena que se ha vuelto cotidiana para las niñas y los niños en estos pueblos alteños.
La maestra Dalia Morales les cuenta cuentos y les pide hacer un dibujo sobre lo que más les gusta de su comunidad.
Los niños más pequeños expresaron el deseo de que mejoren las condiciones de sus hogares, animales y cordilleras, mientras que los adolescentes dibujaron camionetas de lujo, armas o helicópteros, reflejo de lo que ven actualmente en su entorno de manera cotidiana. En su experiencia, Dalia advierte que este grupo de edad es más susceptible de ser cooptado por el crimen organizado, por lo que sugiere poner más atención en ellos.
Actividades de la brigada comunitaria, el 29 de septiembre de 2025 en Chirimoyos, Concordia, Sinaloa. Fotografía: Sibely Cañedo.
Para ella, la lectura es un puente a la construcción de otros mundos posibles. “Es un respiro para ellos, en este caso. la lectura sirve poderosamente para crear puentes hacia otras historias, otras narrativas que muchas veces nos salvan, o les salvan, porque ven desde otra perspectiva que existen otros caminos que se pueden tomar para continuar en la vida y que pueden hacer para cumplir sus sueños”, relata la docente al reflexionar sobre su intervención en la brigada.
La maestra Dalia Morales lee cuentos a niñas y niños de Chirimoyos. Fotografía: Sibely Cañedo.
La danza como liberación
Dalia trabajó con sus mentes, pero hubo otra actividad en la que los niños conectaron con sus cuerpos tras largos meses de tensión. Rafaela Negrete Ordóñez, bailarina y educadora, destaca la importancia de las actividades artísticas para niños en contextos difíciles. Tras coordinar el taller de movimiento lúdico, menciona que las niñas y los niños de la sierra estuvieron cerca de dos años sin escolarización, lo que deriva en la necesidad de espacios de contención grupal e integración.
Niñas y niños participan en una actividad de “danza amorosa” durante el taller de movimientos lúdicos. Fotografía: Sibely Cañedo.
Para ella fue un «laboratorio pedagógico», en el que observó que las niñeces, inicialmente resistentes a la danza, se abrieron a explorar su cuerpo y creatividad. Se tomaron de las manos y danzaron, sin preocupaciones durante el tiempo que duraron las sesiones.
Asimismo, percibió cambios significativos en las actitudes de estas infancias, que al inicio decían querer ser “mafiosos” o “militares”, pero que tras los talleres, comenzaron a imaginarse otros proyectos de vida.
«Maestra, yo de grande quiero ser bailarina como tú”, escuchó Rafaela más de una vez durante las sesiones en la comunidad de Chirimoyos.
Bichos: una ventana a la naturaleza
Por unos momentos, se olvidaron del ruido de los drones que usualmente zurcan el cielo de sus comunidades para lanzar explosivos. Lo cambiaron por el canto de los grillos. Movidos por la curiosidad, niñas, niños y adolescentes, de tres a los 15 años, se acercaron al taller denominado “Bichos”, impartido por el biólogo y naturalista Eduardo Quintero. Recorrer las veredas de Chirimoyos y observar la naturaleza es algo que en estos momentos los niños en la zona serrana ya no pueden hacer de manera libre y segura. Pero dentro de la brigada fue de nuevo posible.
Actividad durante el taller “Bichos”, impartido como parte de la brigada comunitaria en Chirimoyos, Concordia, Sinaloa. Foto: cortesía de Eduardo Quintero.
Mientras tanto, el biólogo Eduardo explica que el municipio de Concordia se ubica en una región de gran relevancia ecológica y rica en biodiversidad. Predominan los bosques de coníferas, pino y encino. También es un corredor biológico y refugio de aves endémicas y migratorias, donde se pueden avistar la chara pinta, guacamayas, codornices, venado cola blanca, jabalíes, entre muchas otras especies.
A más de 45 kilómetros de distancia, en Mazatlán, Valentín ya no podrá contemplar ese paisaje. En su realidad actual ha cambiado el verdor de la montaña por el gris de la urbanización y las calles pavimentadas.
“Es importante el arraigo a su territorio, el conocer qué hay en él: qué plantas y animales son los representativos del monte, de las montañas y de los cerros que son de su comunidad; no es la vieja usanza de los señores que dicen, ‘ah, pues todo es monte y hay que aprovecharlo’”, apunta el brigadista.
Durante el taller, los niños recorrieron el monte y aprendieron a identificar la flora y fauna más representativa de su región. Les tomaron fotografías y hasta grabaron el sonido de los insectos, que aunque forman parte de su vida diaria, ese día los percibieron de manera diferente.
La mirada propia: una forma de resistencia
En Chirimoyos, Concordia, niñas documentan aspectos de su comunidad como parte del taller de cine. Foto: cortesía de Dano García.
En Chirimoyos, Concordia, Dano García, cineasta y documentalista, parte del colectivo Les Abonades. Foto: cortesía de Dano García.
En Chirimoyos, Concordia, una niña graba sonidos del ambiente durante la práctica del taller de la brigada comunitaria. Foto: cortesía de Dano García.
Miguelito tiene 12 años y ha aprendido a usar la cámara. Ha filmado su casa, la milpa, su familia. Ha recorrido los sembradíos de maíz y el impresionante paisaje de este rincón de Sinaloa.
Es uno de los estudiantes del taller de cine impartido por el Colectivo Les Abonades, fundado por Dano García, cineasta trans de Mazatlán. Su ópera prima, “Los reyes del pueblo que no existe” (2015), fue ganadora de múltiples premios nacionales e internacionales, al contar la historia de un pueblo desplazado por la presa Picachos en el sur de Sinaloa.
Junto a sus colegas Gera Reyes, Melody Lara y Misael Escobedo, como parte de un documental en proceso, Dano García ha compartido cámara con los niños y niñas de comunidades rurales, para impulsarlos a contar sus historias a través del cine.
Además de Chirimoyos, han llevado estos talleres al municipio de Mocorito, así como a la Isla de la Piedra y a la comunidad de Juantillos, estas últimas pertenecientes al municipio de Mazatlán.
Tan solo en Chirimoyos, son alrededor de 20 estudiantes cuyas edades van desde los cinco hasta los 15 años, formando una especie de aula multigrado donde los más grandes enseñan a los más pequeños.
Para Dano, el cine comunitario es más que solo enseñar los encuadres o las técnicas cinematográficas: es una forma de resistencia y el poder de reflejar su propia mirada.
“Entonces, los niños aprenden a usar la cámara, pero también a contar qué es lo que más les gusta de su comunidad, cuáles son los sonidos que les más les gustan, qué les llaman la atención; unos dicen que el sonido, otros que la foto”, relata con entusiasmo.
En medio de una situación de violencia donde las voces de la población infantil y adolescente no han sido escuchadas, la cineasta y documentalista agrega que el cine comunitario “es una forma de ir sembrando semillitas de resistencia y autogestión”.
El derecho a soñar en un futuro mejor
En sus reflexiones acerca de este proyecto, los brigadistas entrevistados coinciden en que la solidaridad y la organización colectiva ante la omisión del Estado es fundamental. Manifiestan que les gustaría regresar y dar continuidad a estas acciones, pero por el momento la situación es incierta ante la persistencia del conflicto armado en la zona.
“Eso es algo primordial, que sí es cierto que podemos hablar del Gobierno y lo que le corresponde, lo que debe de hacer, (pero) es bien importante continuar organizándonos como sociedad, seguir haciendo voluntariado, seguir buscando el bien común”, considera la maestra Dalia.
Estima que la violencia provoca un «rezago profundo» en el nivel básico de educación. Lamenta que el crimen organizado desplace a las comunidades y plantea que el gobierno debe comprometerse con un cambio estructural para proteger a la niñez, especialmente a la de la sierra, que está lista para aprender, pero se lo impide la violencia.
Rafaela, desde su visión pedagógica, destaca que este proyecto ayudó a las niñas y niños a imaginar futuros posibles. Si antes no se proyectaban más allá de su entorno inmediato, ahora sueñan con ser biólogos, danzantes, docentes, médicos…
“Se me hizo muy valioso, más allá del hecho de que si se convierten en bailarinas o no, que se están imaginando nuevos futuros, se están imaginando nuevas posibilidades de vida”, resalta.
En tanto, Eduardo ve un gran potencial en estos pueblos para dedicarse a actividades más seguras y amigables con el medio ambiente, como el turismo de naturaleza. Pero sabe que para ello se necesita restablecer la paz.
Dano cree que el cine comunitario es también una estrategia de resistencia y de autogestión, donde las infancias son protagonistas.
Finalmente, la activista Rita Tirado hizo un balance de la Brigada de Salud Comunitaria, a través de una bitácora de actualización que publicó en sus redes sociales.
“Me gustaría haber logrado que el gobierno o las instituciones voltearan a ver a estas comunidades. Que dieran seguimiento, alternativas, atención. No pasó. Y aun así nos quedamos con los pequeños logros”, expresó en su publicación al hablar de las comunidades que fueron atendidas y acompañadas.
En su informe subrayó que más de 40 infancias, aunque sea por unas horas, pudieron ver un mundo distinto al de la sierra militarizada.
Lo que hace recordar que mientras el imperio del miedo y el crimen continúe en estos territorios, la única región libre para la niñez seguirá siendo su capacidad de imaginar nuevos mundos.
Para quienes resisten en Chirimoyos, la danza, el video y la literatura han sido un respiro ante el fragor de la guerra, pero también semillas de paz para un futuro mejor, en el que quizás el pequeño Valentín y su familia puedan regresar sin miedo.
PUNTOS CLAVE DE LA BRIGADA
COLECTIVAS PARTICIPANTES
Periferia Subversiva
Perlas del Pacífico
Les Abonades
Menstruarte
PERSONAL VOLUNTARIO
Médicos/as
Pasantes
Enfermeras
Psicólogas
Talleres impartidos durante la Brigada Comunitaria:
Cine comunitario por colectivo Les Abonades
Taller de pintura por Andrea Osterhout
Danza y movimiento por Rafaela Negrete
Cuentacuentos “Del cuidado, territorio y cuerpo” por Dalia Morales
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Nuestra co-directora María Teresa Juárez estará participando en la mesa «Medios y audiencias críticas ante la desinformación» este 24 de octubre a las 11:50 horas, evento que se llevará a cabo en el marco de la Conferencia Mundial sobre AMI, en Cartagena, Colombia.
Puedes registrarte para asistir presencialmente o para seguir la transmisión en vivo, en el siguiente enlace:
“¿Y ahora como le digo a mi familia que me voy a Gaza?”, se preguntó Karen Castillo, coordinadora del Observatorio Memoria y Libertad, cuando, por mensaje de Whatsaap, le confirmaron que había sido aceptada para formar parte de la Global Sumud Flotilla, una misión internacional que partió de Barcelona, España, el domingo 31 de agosto para llevar alimentos y medicamentos a Gaza.
Desde que recibió la noticia, la ansiedad le ocasionó mareos, ganas de vomitar y le quitó el hambre. Las emociones que la atravesaron fueron muchas. La principal, cómo dar una noticia de este calibre a su familia. Las imágenes que circulan en las redes sociales de los bombardeos sobre Gaza y los tiroteos de francotiradores invitan a salir corriendo de ahí, no al revés.
Karen leyó la convocatoria sobre la flotilla a mediados de agosto, cuando iba en autobús rumbo a Chiapas, al Encuentro de Resistencias y Rebeldías en territorio zapatista. Durante el viaje de 18 horas en autobús, llenó el formulario desde su celular, sin pensar que podría ser aceptada.
Después del encuentro y cuando regresó a CDMX, recibió un correo del Movimiento Global por Gaza. Le pedían más información de su trayectoria personal como activista y del Observatorio de Derechos Humanos Memoria y Libertad. En ese momento, sintió que había posibilidades de ir en la misión.
El 21 de agosto recibió un nuevo correo, ahora de agradecimiento por participar en esta convocatoria, con la invitación para seguir apoyando el movimiento, con la noticia concreta de que no había sido elegida.
“Me entristecí, pero seguiría participando en acciones a favor de Gaza porque ya formaba parte de la comisión de comunicación del Movimiento Global por Gaza en México que gestionaba los puentes con el movimiento global”.
Karen se ha integrado a varias actividades en México para exigir se detenga el genocidio en Gaza, al igual que participa en varios movimientos de defensa del territorio en los estados del país.
Karen quería ir a llevar ayuda a Gaza porque “la lucha palestina no es un hecho aislado de las diversas luchas en México”, porque los mismos países y empresas que patrocinan el genocidio son las mismas que tienen megaproyectos impuestos con violencia”. Son los mismos que despojan del territorio y del agua, afirma.
Su vida continúo. Se iba a sus clases de derecho, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinaba el Observatorio, hasta que el martes 26 de agosto recibió un mensaje de Whatsaap en el que le decían que el contenido del correo había sido una equivocación, que sí había sido seleccionada.
Para Karen los preparativos para su nueva acción humanitaria pasaron de manera acelerada. Cuando recibió el mensaje era martes. El viernes la esperaban en Barcelona para un entrenamiento y el domingo salió en la flotilla, a bordo del barco El Huga, junto a otras 19 embarcaciones en una de las misiones más arriesgadas e importantes de su historia como activista.
Ir en la flotilla a Gaza, para los 300 activistas de 44 países que abordaron 20 embarcaciones en Barcelona para abrir un corredor humanitario hasta Gaza, con comida, medicinas y médicos, implica enfrentarse a uno de los ejércitos más temibles del mundo.
Explicaciones geopolíticas detrás del genocidio
Hay medios que usan la palabra guerra para nombrar lo que está pasando en Gaza por el asedio de Israel, aunque las imágenes que muestran son de niñas, niños, adultos mayores y mujeres a las que, por el hambre, se les doblan las rodillas y la piel se les pega a los huesos.
Otros medios le llaman genocidio. Para Karen y los cerca de 300 activistas de los 44 países de la flotilla, lo es.
Cada día, de acuerdo con lo que reportan los pocos medios de comunicación que cubren el genocidio, miles de personas se forman con ollas en los punto de entrega de comida en la franja de Gaza para recibir alimentos de parte de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En varias ocasiones, gazatíes fueron atacados a tiros por soldados israelíes mientras estaban formados para recibir comida. La ONU reportó la muerte de 410 habitantes de Gaza en esas circunstancias.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indicó que esos asesinatos constituyen crímenes de guerra.
“Esos puntos de repartición de alimentos se han convertido en lugares de confusión y muerte para los palestinos hambrientos y desesperados”, citó la organización en un comunicado.
De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, citado por la agencia AP, hasta el 31 de agosto, desde 2023 que se recrudeció el bloqueo de Israel sobre el pueblo palestino, 332 personas murieron de hambre y casi medio millón, aproximadamente, una cuarta parte de la población de Gaza, enfrenta un hambre catastrófica.
En este periodo, unos 63 mil palestinos murieron bajo los bombardeos y 159 mil resultaron heridos.
Pedro Brieger, un sociólogo argentino que escribió uno de los libros más sencillos para comprender el conflicto palestino-israelí, sostiene, -más allá de lo obvio de que el origen del problema son dos pueblos reclamando un territorio como propio- que el Estado de Israel fue una invención de judíos europeos asimilados por el capitalismo, apoyados por las potencias europeas a las que les convenía aliados en el oriente medio, por lo que representa esa región con sus recursos petroleros.
Otro estudioso del tema, Juan Manuel Zunzunegui sostiene que tanto el Estado Israelí como el Estado Palestino son dos invenciones de los poderosos por el valor geopolítico del medio oriente.
Zunzunegui sostiene que este conflicto es un tema de intereses imperialistas, un enclave occidental de los países poderosos para construir un paso alternativo al canal de Suez en la franja de Gaza.
Lo que las imágenes dejan ver, de acuerdo con una definición de diccionario, es, en efecto, un genocidio. La Real Academia Española establece que se denomina así al exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, como lo sufrieron los judíos a manos de los alemanes nazis en medio de la segunda guerra mundial.
El origen es una historia larga, tan larga como las millas náuticas que debe recorrer Karen Castillo en la Global Sumud Flotilla para llegar a Gaza, si lo consiguen.
De acuerdo con la historia religiosa, el pueblo judío fue expulsado de la tierra de Israel por los romanos en el siglo uno. Surgió entonces la diáspora judía, es decir, la dispersión de los habitantes de ese pueblo por el mundo conocido.
Sin judíos, confrontados por temas de religión con los musulmanes, éstos se extendieron por Palestina, un territorio que ha tenido varios nombres y varios pueblos han reclamado su derecho a poseerlo.
Los siglos siguientes, el pueblo judío vivió persecuciones y enfrentó masacres, hasta el holocausto durante la segunda guerra mundial.
La Enciclopedia del Holocausto establece que los alemanes nazis asesinaron a seis millones de judíos, pero no fueron sus únicas víctimas, también sucumbieron prisioneros de guerra soviéticos, polacos étnicos, romaníes y personas con discapacidades, entre otros.
Al finalizar este conflicto bélico, las potencias ganadoras Inglaterra y Francia aceptaron fundar en Palestina, en 1948, el Estado de Israel, “por la culpa colectiva del holocausto”, afirma Brieger.
A partir de esa fecha, el conflicto de tiempos bíblicos entre musulmanes y judíos se renovó e Israel, tras sucesivas guerras con los musulmanes ha ganado terreno en Palestina gracias al apoyo económico de varios países, principalmente, Estados Unidos.
Karen Castillo
El Huga, el barco que fue la casa de Karen durante ocho días, del 31 de agosto al 8 de septiembre, se balancea con las ondas marinas. Es cerca de medio día. Karen está en la proa viendo cómo se acercan a Túnez. Está lista para bajar a la ciudad. Durante estos ocho días Karen no se quitó los tenis ni para dormir.
Así lo hizo, según compartió, para estar preparada ante cualquier emergencia, como un dron armado, una intercepción o un ataque aéreo. La mayoría de sus compañeras y compañeros que van en El Huga, anduvieron descalzos. “Yo, viniendo de varias experiencias en México, he aprendido que es mejor estar preparada”.
Todos los días, Karen y sus 19 compañeros realizaron simulacros, un entrenamiento ante la posibilidad de un ataque.
“Esa probabilidad nos acecha con más intensidad a medida que nos acercábamos más a Palestina”.
Karen comparte que cada día tiene temor ante la posibilidad de tener frente a ella a soldados israelíes, como ya pasó a otros activistas en misiones rumbo a Gaza.
“Intento comprender que hay en el corazón del soldado israelí, de los israelíes en general a favor del genocidio del pueblo gazatíe. Me pregunto ¿cómo fueron educados y entrenados para sentir tanto odio? Creo que para llegar a este punto de querer eliminar y borrar del mapa a todo un pueblo debieron pasar por un proceso de deshumanización muy cruel”.
El domingo 7 de septiembre, tras ocho días navegando en el Mediterráneo, la Global Sumud Flotilla, llegó a Túnez para reabastecer a los barcos de combustible, de comida para la flota y los activistas, y para que éstos descansen y se bañen. En los barcos el agua es solo para las necesidades apremiantes.
La estancia en Túnez, antes de llegar a Gaza, no se sabe cuánto durará.
Este domingo 14 de septiembre, los barcos de la flotilla ya cumplieron ocho días anclados en el puerto tunecino.
De México para Palestina
En la flotilla van junto con Castillo otros cinco integrantes de México, quienes también aplicaron en la convocatoria lanzada por el comité del Movimiento Global por Gaza.
Los otros cinco integrantes de la flotilla son el documentalista Carlos Pérez Osorio, quien registra la situación en Gaza desde hace más de una década; la socióloga Sol González Eguía, con más de 30 años de experiencia en contextos de guerra, la periodista Arlín Medrano, la politóloga y profesora Dolores Pérez Lazcarro, especializada en resolución de conflictos y el periodista Ernesto Ledezma, director y reportero de Rompeviento TV.
Por seguridad, las delegaciones de los 44 países presentes en la flotilla no viajan en el mismo barco, fue lo que se informó el día que zarparon.
La misión continúa a pesar de un ataque
La noche del lunes, Karen y Ernesto, ambos de la delegación mexicana, regresaban de una reunión al hotel donde pernoctan cuando comenzó a correr la voz que uno de los barcos había sido atacado con drones armados.
Fueron al puerto y comenzaron a grabar el incendio de uno de los principales barcos de la flotilla, el conocido como Family Boat. Ambos comenzaron a transmitir en directo a sus medios y redes sociales.
El gobierno de Túnez aseguró que el incendio se debió a colillas de cigarro dejadas en el barco. Los activistas sostuvieron en entrevistas en los medios de comunicación que se trató de un ataque con dron armado.
Karen compartió en llamada por whatsaap que la misión continuaría a pesar de lo ocurrido.
Lo que ocurrió, contó la activista, es un ejemplo de lo que Israel podría hacer contra la flotilla, lo cual no era una sorpresa.
“Si Israel ataca a otros países. Ataca a Palestina, a Líbano, a Irán, a Yemén y esta misma mañana atacó a Doha, la capital de Qatar, en donde se están llevando a cabo negociaciones en las que el mismo Israel participa, porque no atacaría a una flotilla, que es una iniciativa civil en la que vamos personas civiles sin entrenamiento militar, sin capacidad, ni siquiera con experiencia en misiones humanitarias”.
Concluyó que fue una muestra de la magnitud a lo que se enfrentan “a un país con todo el permiso del norte global de bombardear a cualquier país y a cualquier persona en territorios soberanos”. Pidió a los habitantes de países del norte global exigir a sus gobiernos que dejen de apoyar el genocidio. Solo así, cree, el exterminio de los habitantes de Palestina por Israel, parará.
En el marco del 18 aniversario de la Red de Periodistas de a Pie extendemos la invitación para que nos acompañes el próximo jueves 8 de mayo en la conversación que tendremos con Soledad Arreguez Manozzo, cofundadora del proyecto Desconfío Argentina.
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Periodistas de a Pie, socio de DW Akademie en México, publica un manual que se plantea como antídoto contra la desinformación en tiempos electorales y promueve la construcción de medios desde una perspectiva de AMI.
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María Teresa Juárez, codirectora de la Red de PdP, coordinó este proceso de creación colectiva entre los miembros de la alianza y DW Akademie, así como el acompañamiento a los autores Ernesto Núñez, experto en temas electorales, y Mely Arellano, codirectora del medio Lado B.
El énfasis
Ingobernables. La fiesta que el poder no pidió.
