Al 1 de julio de 2018, iban registrados por lo menos 55 casos de agresión contra periodistas durante el periodo electoral de la considerada contienda histórica de México. Los 3 mil 416 puestos de elección popular, representó para los medios, la triplicación de trabajo en la cobertura periodística.¿Cuál es el estatus de las agresiones? en pocos casos, denuncias penales, en su mayoría denuncias públicas.

Al tiempo que fue presentado el informe de Misión en Ginebra, por parte de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, en México un grupo impulsor de la visita que emprendieron los dos relatores, simultáneamente, presentamos los retos del Estado mexicano de cara a la transición de gobierno. Aquí una repasada de lo expuesto.

El diagnóstico

El robusto sistema de protección y documentación de denuncias, que incluye al Mecanismo de Protección, a la Fiscalía especializada de la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han quedado rebasados en capacidad reactiva para atender cada denuncia y, de formalizarlas, no hay un protocolo único para las agresiones que se desprenden en el contexto electoral que es corto y debiera tener alcances inmediatos de prevención o para garantizar no represalias ni repetición.

Ninguna autoridad mexicana es capaz de frenar en medio del proselitismo de partidos políticos y candidatos independientes, seguidores y militantes, a los agresores para que hagan una pausa en su campaña y esclarezcan o se sujeten a investigación por las denuncias de agresión. El sistema de cientos de funcionarios públicos al servicio de la prevención y protección de periodistas a nivel federal, si de por si es deficiente, en periodo electoral, da dos pasos atrás.

Salvo la documentación de organismos civiles, el gobierno mexicano no hace un corte de caja ni considera de importancia, visibilizar qué candidatos o partidos se ven involucrados en acciones violentas contra medios y periodistas, durante el periodo electoral.

No contamos con una Alerta oficial en el gobierno para estos casos –al menos los periodistas no conocemos si existe y cuál es su ruta- y el instrumento inmediato que pudiera ostentarse como garante, las Unidades de Protección a Periodistas en los estados, tampoco activan un protocolo donde podrían ponerse a prueba; justo al tener cercanía con actores claramente identificados como agresores, candidatos a presidente municipal, diputaciones locales, aspirantes a Senado en sus distritos territorialmente ubicados, candidatos a gobernador, se vuelve más fácil determinar los hechos, documentarlos y hacerlos públicos.

Los propios institutos electorales en los estados, se mantienen al margen de los comportamientos violentos que podrían representar partidos y candidatos. Sencillamente, nadie es capaz de reaccionar en un periodo tan determinado, como es el electoral.

La posición en la que se colocó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), como perito periodístico ordenando una medida cautelar al portal Aristegui Noticias a partir del reclamo de un candidato y la revisión desde la perspectiva de los consejeros de contenido noticioso, los llevó a censurar la nota de Anabel Hernández sobre una supuesta investigación a Enrique Alfaro. Un mal precedente que no favorece el derecho a la libertad de prensa y de información.

Las relatorías especiales de la CIDH y ONU, sugieren un sistema articulado de prevención. Los relatores especiales exhortan “al Gobierno a fomentar de manera pública la divulgación total y eficiente de información a periodistas que den cobertura al proceso electoral, y adoptar una estrategia específica para garantizar su seguridad durante este proceso”, aunque los 55 casos que denuncian agresión a reporteros y reporteras cubriendo elecciones este 2018, dejan en claro que no hay forma de evitar los hechos violentos, pues nos siempre se trata de negar información, sino de reacciones violentas a la cobertura de candidatos.

Tras la contienda electoral, sugieren detectar las regiones donde los cambios políticos pueden derivar nuevas agresiones. Una vez pasado el 1 de julio, las autoridades mexicanas podrían enmendar la desatención a los riesgos que enfrentamos los periodistas en periodo electoral, y ya que no pudieron prevenir agresiones, asesinato, desaparición forzada y represalias, precisamente, en medio de cambios de poder, podrían activar una alerta dirigida a los nuevos gobernantes, para que reconozcan la violencia y presión o censura que se ejerció durante la contienda electoral, y se comprometan a inhibirla.

De cara a la transición de gobierno y los foros temáticos que se asoman para afianzar la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde hasta el momento no figura específicamente Libertad de Expresión o reformas al sistema de protección a periodistas; la esperanza plasmada en la realidad con seis periodistas asesinados en lo que va del año, más el cuantioso número de agresiones acumuladas por mes, sigue siendo la articulación autogestiva de periodistas, como ya sucede con organizaciones independientes u organismos civiles.

El informe de misión a México de las relatorías de libertad de expresión, representa una nueva oportunidad para que el Estado mexicano enmiende la década de deficiente protección y el acceso a la justicia para periodistas. Si el nuevo modelo de gobierno no contempla en los primeros meses resolver los crímenes de periodistas y poner sobre la mesa la emergencia nacional que inhibe el pleno goce de derechos universales que apuntalan la democracia, difícil se torna la relación del gobierno federal y los periodistas, quienes sin duda, seremos los primeros en registrar con crítica el paradigma político del futuro presidente.

Denunciamos, hacemos contrastes. Dudamos todo el tiempo y cuestionamos con inquietudes naturales y fundamentos. Preguntamos y eso incomoda, criticamos haciendo memoria.Profundizamos haciendo revisión del pasado inmediato, de la historia del país, de los árboles genealógicos de la política, de los movimientos, de los hechos que una y otra vez pasan en la sociedad mexicana. Desmenuzamos las políticas públicas y las ponemos a contra luz con la realidad. Analizamos el humor, el estilo y el carácter de animales políticos como signos que evidencian machismo, desinformación y quizá, desequilibrio en el temple para llevar a buen puerto un municipio, un estado, una nación.

Hablamos de muerte y narramos escenas trágicas; le ponemos color al dolor, sonido a la sangre, luz a la pestilencia de la tierra plagada de cuerpos. Contamos historias y no siempre son de alegría ni de esperanza: ponemos nombres, conectamos apellidos, nos acercamos a perfiles criminales o dañinos personajes de la vida pública como clandestina de este país; cuadramos la ridícula impunidad. Pero no reporteamos para fundar odio.

Si el periodismo existe como oficio transformado en profesión, no es para enaltecer discursos de violencia tácita, sino para explicarlos, describirlos, revisarlos y esclarecer las emergencias que lo derivan. Nunca como estos tiempos de guerra mexicana y estado de terrorismo estandarizado, había sido tan necesario que el periodismo tuviese un papel protagónico en la vida cotidiana para la mejor toma de decisiones.

En los talleres y reuniones de reflexión entre periodistas, cuando les digo que hacer periodismo es política, se despiertan exclamaciones, suenan chisquidos, se abre los ojos, y por general asienten con la cabeza. No ganamos el mejor salario, las condiciones en que ejercemos suelen ser indignas, propensas al riesgo más que a la vanagloria, y el futuro es tan incierto como quien vive en la clandestinidad, aunque existan opciones a elegir. Por ello creo que si seguimos siendo periodistas, como la campaña de Periodistas de a Pie lo documentó hace un par de años, es porque tenemos un instinto de cómo transciende nuestro trabajo una vez publicado, toda vez que lo ponemos en común. Y aunque no entendamos exactamente cómo, intuimos, que vamos a aportar una pieza que servirá para mover cosas.

Ser periodista bajo preceptos éticos en México, es una postura política. Una manera de pararnos ante el mundo y desde cierto bagaje, caminar las historias por contar y contextualizar. En tiempos de emergencia como los que vivimos, inclinarnos por revelar información que quieren ocultar, desenredar la madeja y dar seguimiento a un caso hasta encontrar el hilo del otro lado, es tener una posición política por la verdad – o lo que más se le acerque-, por la información, por el ejercicio de derechos en riesgo.

En días recientes un comentarista y opinador que se jacta de hacer periodismo, en pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, lanzó una provocación en la red social twitter que abrió la puerta no a un debate, sino a tergiversar para mal del gremio y la paupérrima calificación que recibimos de la opinión pública. Justo por este tipo de acontecimientos nos colocan en un mismo cajón a los periodistas y quienes participan en espacios de comunicación, generalizando que somos una plaga más que personas en busca de servir a través de un bien público como es la información.

Antes de ese episodio que le echó alcohol a las brasas en tiempos electorales, en la Red de Periodistas de a Pie, desde el 3 de mayo, optamos por conmemorar el día mundial de la libertad de prensa, lanzando una campaña para la visibilización y dignificación de lo que hacemos, quienes apostamos por un periodismo de calidad.

Reporteras y reporteros de distintas latitudes del país con perfiles muy diversos, atendieron la pregunta ¿Cuál es tu compromiso con el periodismo?, convertimos en postales su respuesta y agregamos un ejemplo de su trabajo publicado que ejemplifica su apuesta personal. Una vena es la determinación de por qué seguimos haciendo esto que nos implica esfuerzos y riesgos financieros como de integridad física, pero lo otro, es esclarecer además de la definición política, cómo y para qué hacemos buen periodismo.

Si sigue en el ambiente un mal sabor de boca por lo que dejó el desenlace de Ricardo Alemán en los medios para los que trabajaba, es un buen momento, también, para contarle a las audiencias, a quienes usan y buscan nuestro trabajo reporteril, las abismales diferencias entre un personaje aclimatado al régimen en turno haciendo uso de plataformas de comunicación, y los periodistas que, en un contexto de adversidad sin revés por el momento, seguimos comprometidos con ejercer de la mejor manera la libertad de expresión y el derecho a la información.

Aquí la campaña ¿Cuál es tu compromiso con el periodismo?

 Cartón de Rapé

¿Prensa Libre, Ricardo Anaya?, fue lo primero que me saltó a la mente al escucharlo decir monótonamente en una de sus intervenciones de cómo cumpliría las escuetas propuestas que vertió en el primer debate presidencial: “Prensa libre, sociedad civil fuerte”.

El cuestionamiento de su simplista aseveración se debe a que en el capítulo de los presidenciales y la defensa de la libertad de expresión o el abordaje de la problemática de comunicadores, periodistas y defensores de derechos humanos violentados sistemáticamente en México, no arroja nada.

No se han pronunciado al respecto y sus acercamientos al tema se deben más a una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, organización cuya política es mantener buena relación con gobernantes y funcionarios públicos, que a una necesidad de los candidatos por exponer sus ideas y opciones de atajar lo que se ha vuelto, incluso, tema de señalamientos al Estado mexicano, desde la comunidad internacional.

El cuestionamiento se debe, también, a que el candidato por el Frente que aglutina al PRD, al PAN, a Movimiento Ciudadano omite reconocer que los militantes de esos partidos que lo llevan a candidatearse para la presidencia de México, son -junto al PRI desde luego-, los señalados en más del 60% de las denuncias desde 2012 a la fecha como agresores o fuente de riesgo para los periodistas.

Policías en Medellín de los Bravo en Veracruz bajo las órdenes del presidente municipal panista Omar Cruz –prófugo de la justicia-, en 2015 cuando todavía Ricardo Anaya era presidente de Acción Nacional, emprendieron la desaparición forzada de Moisés Sánchez Cerezo, director del periódico La Unión como líder de los conservadores, entonces, nada dijo; funcionarios y servidores públicos de esos partidos descalifican a los periodistas, los llaman “basuritas” como hizo Enrique Alfaro Ramírez de MC en Guadalajara al referirse a los medios que publican críticas sobre su desempeño como político, sí, el mismo que en promocionales de televisión dice “este cuate debe ser el presidente”. Militantes del PRD y del PRI han ordenado allanamientos a domicilios de activistas, han quemado en contubernio con caciques locales casas de seguridad para mujeres violentadas, poniendo en riesgo la vida e integridad de defensoras de derechos humanos, entre un largo etcétera.

¿Hace la diferencia que Ricardo Anaya se tome la foto con un organismo civil? ¿Hace la diferencia que entre los aplaudidores de su candidatura a presidente, esté Emilio Álvarez Icaza quien brincó de defender los derechos humanos en las grandes ligas –Secretaría Ejecutiva de la CIDH-, a convertirse en soldadillo de la guerra de Javier Corral contra el gobierno federal y elaborar la plataforma social para una militante perredista en la Ciudad de México? No.

Anaya, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, Andrés Manuel, José Antonio Meade, se han mantenido omisos durante el periodo electoral en abordar el tema, la demanda social de justicia en los asesinatos de periodistas les llama poco, pero sobre todo cómo van a enmendar las deficientes políticas en materia de protección a defensores y comunicadores, no lo tienen entre sus prioridades pese a que lo que nos atañe, sea un reflejo de la corrupción y camuflaje entre el sistema político mexicano y la delincuencia organizada.

En su mapa no existimos, excepto por las encuestas que publican grandes cadenas editoriales, por el carrusel de entrevistas que dan mientras piden el voto, porque estamos en cada evento que encabezan y tienen que responder nuestros cuestionamientos a quemarropa en las más adversas condiciones.

Durante las precampañas, Meade, el candidato del PRI también abanderado por el Verde Ecologista y Nueva Alianza, anunció una estrategia legal contra Animal Político por la serie de reportes que el periódico digital publicó sobre desvío de recursos y corrupción mientras fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social, todo, basado en documentos oficiales obtenidos vía el derecho de acceso a la información, por transparencia. Dos derechos se ejercieron en un mismo acto: libertad de expresión y derecho como acceso a la información; eso a Meade y su equipo les molestó al grado de alardear una embestida. Pequeño y gran ejemplo de lo que realmente piensan sobre el ejercicio pleno de derechos constitucionales.

Entonces, ¿Qué tendríamos que esperar después de diciembre de 2018? Prácticamente poco, excepto, que tras los nombramientos en la Subsecretaría de Gobernación y de procuración de justicia, la agenda de prioridades pinte distinto y, la violencia contra comunicadores y activistas figure del escalón veinte, en adelante.

Honestamente a estas alturas un pronunciamiento de su parte tampoco nos sirve de mucho, no somos en ningún sentido, objeto de voto; los periodistas debemos mantenernos al margen de filias y fobias partidistas, pero lo cierto es que, quien sea que llegue a dirigir a México durante los próximos seis años, tendrá que resolver más de 120 asesinatos contra comunicadores y el incremento aterrador de agresiones contra la prensa.

Lo cierto es que si los resultados del 1 de julio de 2018 se tiñen de anomalía y de nuevo, como en 2012 cuando se determinó dar el gane a Enrique Peña Nieto explota la inconformidad social, otra vez los periodistas y los defensores de derechos humanos estaremos al pie de la barricada documentando, fotografiando, investigando, publicando beligerancia y siendo testigos presenciales de la opresión, del estallido que nos alcanza, de la descomposición que nos enluta.