Publicado: 06.02.2017
Fotografía: Proceso
“Quienes rubricamos esta misiva hemos cubierto y damos seguimiento a diversos hechos de violencia como el abandono de cadáveres en carreteras, lotes baldíos y ranchos; aparición de cuerpos sin vida en fosas comunes; detenciones de personas acusadas de diversos delitos. Asimismo, somos testigos de procedimientos penales vinculados a delitos del fuero común”, refieren los 87 periodistas que firmaron el documento, con la intención de revertir la práctica que privilegia sólo a ciertos medios, asegurando que es actualmente complicado dar cobertura noticiosa a los temas de seguridad que han adquirido relevancia a nivel nacional e internacional.
Parte del pronunciamiento señala que “la opacidad informativa, el ocultamiento de hechos violentos, el silencio ante liberaciones de ex funcionarios estatales, han sido el tema y la queja de cada día dentro del gremio periodístico”, pues el equipo de comunicación que acompaña al fiscal Winckler Ortiz obstaculiza el acceso a datos y referencias, argumentando que se transmite en tiempo real –vía periscope- las ruedas de prensa, entre otros eventos.
Los firmantes culminan su denuncia demandando un “compromiso serio y abierto de aportación de toda información de interés público”, sin menos cabo de las restricciones que impone el nuevo sistema de justicia penal.
Cabe resaltar que Veracruz es el estado con el mayor número de periodistas asesinados -17 hasta 2016-, han quedado documentadas 240 agresiones contra miembros de la prensa en el sexenio del prófugo Javier Duarte y siguen abiertos cuatro casos de reporteros desaparecidos.
Si ejercer el periodismo en Veracruz de por sí es violento, obstruir desde la Fiscalía General del Estado el flujo de información, sigue vulnerando el oficio en un clima de hostil, pero sobre todo, imposibilita que la agenda de interés público sea debidamente reporteada a fin de garantizar los derechos de los periodistas y de las audiencias.
Lee aquí el texto íntegro del pronunciamiento de periodistas veracruzanos:
Veracruz, Ver. a 5 de febrero de 2017
ALTO AL CERCO INFORMATIVO EN LA FGE: PERIODISTAS DE VERACRUZ.
Gobernador Constitucional de Veracruz
*Miguel Ángel Yunes Linares*
Fiscal General del Estado de Veracruz
*Jorge Winckler Ortiz*
Presidenta de la Mesa Directiva de Congreso del Estado
*María E. Manterola Sáinz*
Presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz
*Ana Laura Pérez Mendoza*
Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
*Namiko Matzumoto Benítez*
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los aplicables en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a nivel federal y estatal, los que suscriben, 87 reporteros del norte, centro y sur del estado de Veracruz, representantes de medios de comunicación locales, estatales y corresponsales de medios nacionales e internacionales, externamos nuestra preocupación por el cerco informativo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha puesto en torno a hechos de violencia y a diligencias propias de la dependencia que dirige Jorge Winckler Ortiz. Toda la información alrededor de los acontecimientos que anexamos, son de la mayor relevancia para las audiencias que atendemos, porque son la pauta en la agenda pública estatal y nacional desde Veracruz, que se ha vuelto tema de interés para todos.
Quienes rubricamos esta misiva hemos cubierto y damos seguimiento a diversos hechos de violencia como el abandono de cadáveres en carreteras, lotes baldíos y ranchos; aparición de cuerpos sin vida en fosas comunes; detenciones de personas acusadas de diversos delitos. Asimismo, somos testigos de procedimientos penales vinculados a delitos del fuero común, entre otros.
El sistema de justicia penal acusatorio no está reñido con la transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad de los actos de gobierno, tanto en la fase de investigación de los hechos como la impartición de justicia, sino que las refuerza al ser un sistema garantista de derechos tanto de los imputados, las víctimas y la sociedad ofendida, precisamente, para evitar y combatir la discrecionalidad de las autoridades y los posibles abusos.
La impunidad o falta de justicia en Veracruz, no es responsabilidad de los periodistas sino de las autoridades que precisamente en un régimen de opacidad, de falta de rendición de cuentas y de débil escrutinio público, la han alimentado y dado la pauta para la implementación de un nuevo sistema ante la falta de resultados.
Los comunicadores somos parte de una sociedad observadora y vigilante del fenómeno de la violencia derivado del debilitamiento del Estado de Derecho que exige a las autoridades el cumplimiento de la ley y de la justicia, pero esta será irrealizable si las mismas pretenden ocultar los hechos, imponer versiones unilaterales, operar discrecionalmente en las investigaciones y guardar silencio ante las inquietudes y cuestionamientos de la opinión pública y de los periodistas.
De la forma más respetuosa expresamos que ni en los peores momentos del“duartismo”, ni tampoco en el ocaso del sexenio del no menos polémico Fidel Herrera Beltrán, se había vivido tanta ausencia de información por parte de la FGE, como en estos 60 días.
La opacidad informativa, el ocultamiento de hechos violentos, el silencio ante liberaciones de ex funcionarios estatales, han sido el tema y la queja de cada día dentro del gremio periodístico.
Desde que Winckler Ortiz tomó protesta como fiscal a propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se enarboló un discurso mediático donde se privilegiaba la transparencia y la apertura informativa. Incluso se utilizaron lemas y frases como “en mi gobierno no vamos a ocultar nada”, “no vamos a minimizar la violencia”, “vamos a reconocer lo que esté ocurriendo”, entre otros. Sin embargo, la política de la Fiscalía ha ido en una directriz contraría.
Tampoco se debe perder de vista que la FGE goza de autonomía y no debería depender de las decisiones o políticas del Gobierno del Estado, pero en Veracruz esto no ha ocurrido y la institución ha dado muestras de subordinación con la administración del ejecutivo Yunes Linares, tal y como sucedió en el sexenio pasado.
A continuación expondremos casos puntuales en los que ha prevalecido una falta de información oficial:
- En el pasado mes de diciembre de 2016, cuando Jorge Winckler ya era encargado del despacho, Veracruz cerró con más de 130 homicidios dolosos; y enero, con otros 110 casos. De este universo, la mayoría representan severas violaciones a los derechos humanos que se están documentando por fuente oficial. Uno de ellos es la aparición de una camioneta con ocho cuerpos sin vida en el municipio de Nogales, el pasado dos de febrero. Hasta la fecha no se ha tenido información de los hechos. En contraste, el gobierno del estado de Puebla, por medio de la SSP, sí aportó un comunicado oficial relacionado con el caso.
- Durante la madrugada del pasado 31 de enero, Leonel Bustos Solís, primer exfuncionario de alto nivel detenido por la FGE, fue dejado en libertad. Ante esto, tuvieron que pasar más de 16 horas para que la Fiscalía confirmara dicho evento y diera a conocer qué acciones tomaría.
- En diciembre de 2016, cuatro días después de que se renovaran las instituciones estatales, hubo una serie de enfrentamientos armados que derivaron en la muerte de 20 civiles en Jesús Carranza.
- El 29 de diciembre se ocultó el homicidio de una madre y su hija de ocho años en Las Choapas; en este mismo municipio, ya al comenzar enero de 2017, no se emitió ni una línea sobre el rapto y homicidio de tres oficiales de la policía municipal; en enero de 2017 varios de esos casos fueron homicidios múltiples, como el 14 de enero en Papantla.
- Tampoco se informó sobre la identificación del exfiscal de Cardel, Pedro Huesca y su secretario, Gerardo Montile, quienes aparecieron en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz.
Estos son algunos de las decenas de casos que no han sido informados oportunamente a la sociedad, lo que confirma que hay un cerco que atenta contra las y los veracruzanos; esta situación vulnera el derecho a la información y la libertad de expresión, dos garantías que sin duda, han sido altamente alteradas en los recientes sexenios.
Ni Jorge Winckler Ortiz ni Miguel Ángel Yunes son los dueños de la información. Que quede claro: es patrimonio de la sociedad, no de un sector de la prensa ni de los personajes que detentan poder. Ocultarla es una violación al derecho de las audiencias a estar informados.
Escudarse en que el nuevo Sistema de Justicia Penal obliga a reservar información, es una falacia y un engaño. Mientras a la mayoría de los medios de comunicación se les niega, a otros, los consentidos del nuevo régimen, se les filtra. Eso es violatorio de la ley que se dice cumplir.
Provoca, además, que para cumplir con nuestro compromiso con la sociedad, tengamos que recurrir a fuentes extraoficiales, que a nuestro juicio resultan más confiables que la propia autoridad. Si las instituciones no ofrecen información oficial, abre la puerta a la especulación y eso es dañino para opinión pública.
Demandamos un compromiso serio y abierto de aportación de toda información de interés público, dentro de los límites que el nuevo sistema penal establece, y que dejen de favorecer a medios que sirven de voceros oficiosos. Que no se privilegie a sus medios a modo porque eso, en su esencia, es una forma de manipulación.
