Publicado: 06.12.2017
Foto: Onudh México
Por Jade Ramírez
«México es un país que aspira a vivir en democracia…pero está en vías de desarrollo» fue una de las aseveraciones del relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, durante la exposición de las recomendaciones que emite al Estado mexicano, en el marco de la visita oficial a México, que por poco, no se concreta este 2017.
Y resulta relevante que un organismo internacional del sistema interamericano, del que nuestro país forma parte, renocozca que tendremos mecanismos de respuesta para convertirnos en modelo, pero en la realidad, seguimos muy lejos de eso.
Las recomendaciones dirigidas de Lanza de la CIDH como de David Kaye relator de Libertad de Expresión de la ONU a México, se desprenden de escuchar por varias horas, los testimonios de las víctimas de violencia derivada de su actividad como es el periodismo, o el ejercicio de derechos como el de información, radialismo comunitario, transparencia y acceso a la información pública y, desde luego, un capítulo especial a lo denominan las organizaciones civiles #GobiernoEspía; la publicidad oficial que sigue sin regularse y la condición de censura como criminalización de los periodistas vía mecanismos de persecución como «ultrajes a la autoridad» o «daño moral» también fueron ejes temáticos en los que profundizaron.
Las rondas de exposiciones durante las mesas temáticas que tuvieron los relatores estuvieron nutridas, desbordadas de diagnósticos y anécdotas, se ofrecieron recomendaciones y apuntes de lo que debían memorizar ambos representantes para su postura final. Sin embargo, ya no queda más que aportar, todo está dicho, se ha contado una y otra vez cómo se vuelve un drama ser periodista desplazada, la opacidad y fallas del Mecanismo de Protección, o cómo urge autonomía e independencia en la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión. Incluso en el ámbito de publicidad oficial o transparencia, los avances legislativos y la nueva disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que urge al Congreso de la Unión a legislar en la materia, ni siquiera eran noticias relevantes.
México es un país desbordado en leyes y reglamentos, en políticas de avanzada que no se cumplen, quedó constatado con las recomendaciones de esta visita oficial; «No más mecanismos en los estados, con el nacional es suficiente», también resolvieron pues en definitiva, la fiebre por crear unidades de protección en los estados le resta responsabilidad al gobierno federal e inhibe una oscultación de la funcionalidad a nivel internacional, algo así como fomentar un subregistro de casos de agresión, tortura, desaparición y censura o confundir mandatos.
¿Qué le falta al país para poner fin a los ataques contra la libertad de expresión? atender cabalmente y comprometerse a aceptar las recomendaciones que estas relatorías especializadas hacen. Ya no queda más. Los muertos los seguimos poniendo de este lado y la sociedad, aunque no al unísono, también ha comenzado a reclamar la protección de periodistas y libertades que cada día se ven mermadas.
«Es muy inusual que -la autoridad- sea responsable de la violencia que genera», también reclamó Edison Lanza para describir el nulo acceso a la justicia y, ahora, en el contexto de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior de la que también expresaron su rechazo la CIDH y la ONU, ya no tienen para dónde hacerse legisladores y cúpulas políticas: debe reconocerse que el camino de la guerra y militarización de la seguridad pública, no es la solución a la descomposición de los poderes y el contrato social desquebrajado.
Ya no queda más, ni tiempo sobre todo. Cancillería y presidencia antes de que finalice el año, deben reaccionar al informe y recomendaciones que ambas relatorías entregaron, no hacerlo reconfirmará las señales que venimos recibiendo de sobre un proyecto terrorista donde podrán venir observadores internacionales, estar obligados a cumplir sentencias de la CoIDH o hasta aceptar investigaciones independientes como la del GIEI en el caso Ayotzinapa, pero de raíz el Estado mexicano emplea el control, la represión, la criminalización e impunidad como cualquier nación no democrática.
