El derecho a la libertad de expresión en la recomendación 32/2018 en opinión de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que el 23 de diciembre de 2015 en Xalapa, cuando periodistas fuimos agredidos por policías de Seguridad Pública de Veracruz, mientras cubríamos la manifestación de pensionados, en la que a juicio de la CNDH, se vio actualizada una triple violencia contra los reporteros: se vulneraron sus derechos a expresarse mediante la difusión de sus ideas, opiniones e información; a buscar y recibir información y finalmente se buscó limitar esos derechos, pues la acción estatal en contra de las personas periodistas “genera un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura”.
Por primera ocasión, después de varios crímenes, desapariciones y violencia en contra de periodistas en el estado de Veracruz, la CNDH señala en una recomendación –acumulada con los pensionados del Instituto de Pensiones del Estado- que hay una violación a la libertad de expresión por parte del Estado, aspecto que ha sido lo difícil demostrar en las diversas violencias que han enfrentado los periodistas.
En ello radica la importancia de esta recomendación en donde no solo se instruye cursos para los funcionarios públicos y de Seguridad Pública, sino que se reconozcan como “víctimas” a los periodistas agredidos, que se aplique la Ley de Atención a Víctimas del estado de Veracruz. Además que se sigan los procesos judiciales en la Fiscalía General del
Estado y los procesos administrativos en la Contraloría del Estado.
La CNDH hace un recuento de los hechos contra periodistas, no sólo en agresiones físicas y homicidios sino en la censura legislativa, en el país y en los estados y los esfuerzos institucionales por frenarlos y en particular al “Programa de Políticas Públicas en Favor de las y los Periodistas que Desarrollen el Ejercicio de la Libertad de Expresión en el Estado de Veracruz”, celebrado entre la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno y el Gobierno del Estado de Veracruz, celebrado el veintisiete de octubre de dos mil quince, también conocido como “Sistema de alerta temprana y Plan de
Contingencia.”
Que de ser aceptada por el Gobierno del Estado, tendría que tener el alcance de obligar a cumplir las omisiones de estas dependencias para cumplir con la cláusula “7.1. El Mecanismo Federal promoverá un espacio de diálogo con la CEAPP, los propietarios de Medios de Comunicación en Veracruz, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (federal) y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz, a fin de generar acciones que permitan mejorar las condiciones laborales y de seguridad de las y los periodistas. En este espacio, se instará a las autoridades competentes a difundir los
derechos de los trabajadores y aquellos mecanismos institucionales que los garantizan.”
Ya que al cumplirse casi tres años que se firmara y dos gobernadores que no le hicieron caso, todo indica que hay una política gubernamental sino expresa, tácita y tolerada en contubernio con los empresarios de los medios de comunicación, para mantener deliberada e intencionalmente “pobres” a los periodistas, para no obligarlos a la aplicación de la ley laboral con el fin de hacerlos susceptibles del soborno y la corrupción, con la obligación de hacerlos callar la corrupción que son testigos y cómplices.
Es importante mencionar la siguiente información contextual de la entidad:
I. Marco legal
El derecho a la libertad de expresión está reconocido en los artículos 6º y 7 constitucionales, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a grandes rasgos consiste en “…la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección…”
II. La historia institucional de la CNDH y la libertad de expresión
En el “Informe anual de actividades 2017”, la CNDH hace un recuento de lo que ha realizado en esta materia y destaca que desde 1991 “…creó como un rubro de especial atención, el denominado Programa Especial de Periodistas… a partir de 1993 adquirió el carácter de permanente y en mayo de 1997 fue creada la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos…”
Más adelante, sin reconocer expresamente que el problema era constante en los hechos, las modificaciones institucionales tácitamente lo hacen pues continúa “…en enero de 2005, se creó la Quinta Visitaduría General, a la que fue adscrita la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos…, la cual tiene como principal objetivo atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos… procurando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos… la capacitación impartida a periodistas y defensores civiles, así como a servidores públicos, con la finalidad de coadyuvar en la promoción, desarrollo y consolidación de una cultura de respeto y protección hacia los mismos…”
Luego, sin precisar fechas, establece que “…con la organización Freedom House, se impartieron cursos de capacitación dirigidos a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos en diversas entidades de la República Mexicana. Igualmente se
impartió un curso de capacitación dirigido a personal de este Organismo Nacional adscrito a la oficina foránea de Coatzacoalcos, Veracruz… Adicionalmente, junto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, se impartieron dos capacitaciones dirigidas a servidores públicos y público en
general…”
Y añade: “…Igualmente, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, se impartieron tres talleres con el tema “La procuración de justicia y la Libertad de Expresión”, en la ciudad de Xalapa, Veracruz…. Durante el periodo que se reporta (2017) se radicaron 138 expedientes en el Programa, de los cuales 79 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas, 56 asuntos en agravio de defensores civiles de Derechos Humanos y tres casos se calificaron como generales… Al cierre del año, se radicaron ocho expedientes de oficio en el Programa, de los cuales seis concernieron a la investigación de hechos relacionados con actos presuntamente violatorios a los Derechos Humanos en perjuicio de periodistas…”
Finalmente dice: “Es necesario señalar que se emitió la Recomendación 13/2015 relacionada con hechos en los que se incurrió en violación a los derechos de los periodistas, así como la número 18/2015 al haberse acreditado violaciones a derechos humanos en agravio de defensores civiles… Adicionalmente, se llevaron a cabo 365 búsquedas en prensa de asuntos relacionados con la posible violación a los Derechos Humanos de periodistas y defensores civiles de derechos humanos con la finalidad de advertir casos que pudieran originar expedientes de queja…”
En la recomendación 32/2018, la CNDH hace referencia al “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, de la CIDH, que observó que entre 2000 y julio de 2010, había 64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos, por ello, se creó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
Con motivo de una petición que hiciéramos periodistas de Veracruz, al Mecanismo Federal, emitió en 2015 el “Diagnóstico sobre la situación de las y los periodistas en el Estado de Veracruz. Sistema de alerta temprana y plan de contingencia”, pues debido a que la entidad es el segundo lugar en número de periodistas protegidas por el Mecanismo y el segundo lugar en número de indagatorias iniciadas por la Procuraduría General de la República; el cual tuvo por objeto implementar acciones de política pública para hacer frente a esta situación y cuyos avances están siendo reportados al Mecanismo con el objeto de supervisar la implementación de las políticas ahí propuestas.
Consecuencia de ello, en 2016, la CNDH emitió la Recomendación General 24, pues en la entidad “… se cometieron en 2014 más de tres homicidios en promedio cada día, y es el Estado en el que más periodistas fueron asesinados, con 16 homicidios contabilizados desde 2005…”
La situación antes descrita, da cuenta de un contexto de violencia muy grave contra periodistas y medios de comunicación en aquella entidad presente desde ya hace varios años, que si bien no puede desligarse del incremento de la violencia contra otros sectores de la población y de la presencia del crimen organizado, resulta necesario que para atender la situación en específico de dicha entidad contra comunicadores y medios, se tomen medidas específicas para que quienes ejercen un cargo público actúen en “estricto apego a la legalidad.”
Y citan como ejemplo, la actitud de los servidores públicos expresados en comentarios públicos cuando se comete una agresión contra un periodista, los comunicados de prensa que las instituciones dan a conocer cuando suceden hechos como los descritos, o bien la actuación ministerial cuando se investigan agresiones contra este colectivo. Factores todos ellos que, si se llevan a cabo de manera deficiente o empleando descalificativos o estereotipos de género, vulnerando con ello la libertad de expresión y los
derechos humanos de los comunicadores.
Y si bien la ONU y la CIDH apuntaron que “…México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente… el sufrimiento es generalizado, sin embargo, la violencia frecuentemente ha señalado a aquellos que son esenciales para contar la historia de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas. La violencia, tiene un objetivo político en particular, es un ataque generalizado en las raíces de la vida democrática en México, a niveles local, estatal y nacional….”
III. Los homicidios de comunicadores de Veracruz
Para entender la agresión a los periodistas en Veracruz, es necesario conocer la estructura y funcionamiento de los medios de comunicación: se calculan que coexisten 236 de carácter local, regional y estatal: 133 impresos (diarios, semanarios y mensuales con pobre tiraje), 103 electrónicos: estaciones de radio locales, regionales, canales de televisión abierta y de paga, 44 noticieros, 151 corresponsales de medios foráneos, 75 páginas web y blogs informativos y 8 mil personas dedicadas a las empresas de comunicación.
Durante el gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) se computaron seis homicidios de periodistas y uno más fue desaparecido. Ninguno de estos homicidios ha sido esclarecido satisfactoriamente.
Periodistas asesinados en el sexenio de Fidel Herrera (2004-2010)
| Núm. |
Fecha |
Nombre |
Medio |
| 1 |
10/10/2005 |
Hugo Barragán |
Radio Max |
| 2 |
08/04/2005 |
Raúl Gibb Guerrero |
La Opinión de Poza Rica |
| 3 |
21/11/2006 |
Roberto Marco García |
Revista Testimonio |
| 4 |
30/11/2006 |
Adolfo Sánchez Guzmán |
Televisa Veracruz y Enlace |
| 5 |
14/12/2008 |
Raúl Martínez López |
Periódico Noreste |
| 6 |
24/02/2009 |
Luis Daniel Méndez Hernández |
Radio La Poderosa |
Con todo y esto, ocurrieron 17 homicidios más durante el gobierno de Javier Duarte y seis periodistas más siguen como desaparecidos. Además, un diario fue incendiado, al menos veinticinco comunicadores se vieron obligados a dejar el estado por amenazas y un sinnúmero ha sido amenazado o agredido por cuestiones laborales, aunque también los hay por situaciones personales.
Periodistas asesinados durante el sexenio de Javier Duarte (2010- 2016)
| Núm. |
Fecha |
Nombre |
Medio |
| 1 |
08/03/2011 |
Noel López Olguín |
Noticias de Acayucan |
| 2 |
20/06/2011 |
Misael López Solana |
Notiver/fotógrafo (Veracruz) |
| 3 |
20/06/2011 |
Miguel Ángel López Velasco |
Notiver (Veracruz) |
| 4 |
26/07/2011 |
Yolanda Ordaz de la Cruz |
Notiver (Veracruz) |
| 5 |
28/04/2012 |
Regina Martínez Pérez |
Proceso (Xalapa) |
| 6 |
03/05/2012 |
Esteban Rodríguez Rodríguez |
Notiver (Veracruz) |
| 7 |
03/05/2012 |
Guillermo Luna Varela |
Veracruz News (Veracruz) |
| 8 |
03/05/2012 |
Gabriel Huge Córdova |
Notiver (Veracruz) |
| 9 |
14/06/2012 |
Víctor Báez Chino |
Reporteros Policiacos, Milenio El Portal (Xalapa) |
| 10 |
05/02/2014 |
Gregorio Jiménez de la Cruz |
Notisur, Liberal del Sur (Coatzacoalcos) |
| 11 |
2/01/2015 |
Moisés Sánchez Cerezo |
La Unión (Medellín, zona conurbada Veracruz-Boca del Río) |
| 12 |
4/05/2015 |
Armando Saldaña Morales |
Estación Ke buena (Tierra Blanca) y Mundo de Córdoba. |
| 13 |
30/06/2015 |
Juan Mendoza Delgado |
Escribiendo la Verdad (Medellín, zona conurbada Veracruz-Boca del Río). |
| 14 |
31/07/2015 |
Rubén Espinoza Becerril |
Fotoreportero de Proceso, Cuarto Oscuro y Avc Noticias |
| 15 |
13/08/ 2015 |
Juan Heriberto Santos Carrera |
Orizaba en red |
| 16 |
8/ 02/ 2016 |
Anabel Flores |
El Mundo de Córdoba, El Buen Tono, y El Sol de Orizaba |
| 17 |
21/07/2016 |
Pedro Tamayo |
Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca |
| 18 |
14/05/2016 |
Manuel Torres |
Página web Noticias MT, y excorresponsal de TV Azteca |
Periodistas desaparecidos de 2003 a 2013
| Núm |
Fecha |
Nombre |
Medio |
| 1 |
10/07/2003 |
Jesús Mejía Lechuga |
Noticiario A Primera Hora del Grupo MS-Noticias de Martínez de la Torre. |
| 2 |
19/04/2010 |
Evaristo Ortega Zárate |
Semanario Espacio, Misantla. |
| 3 |
11/05/2011 |
Cecilio Rodríguez Domínguez |
Revista Proyectos de Chinameca. |
| 4 |
25/07/2011 |
Miguel Morales Estrada |
Periódico de Poza Rica Hoy |
| 5 |
17/09/2011 |
Gabriel Manuel Fonseca Hernández |
Diario El Mañanero de Acayucan |
| 6 |
23/01/2013 |
Sergio Landa Rosado |
Diario de Cardel |
Periodistas asesinados en lo que va del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares (2016- julio 2018)
| Núm. |
Fecha |
Nombre |
Medio |
| 1 |
19/03/2017 |
Ricardo Monlui |
Columnista “Crisol” de El Sol de Córdoba |
| 2 |
9/07/2017 |
Edwin Rivera Paz |
Periodista hondureño en Acayucan |
| 3 |
22/08/2017 |
Cándido Ríos Vázquez |
Reportero de nota roja del Diario de Acayucan |
| 4 |
19/12/2017 |
Gumaro Pérez Aguilando |
Portal de noticias La Voz del Sur, en Acayucan |
| 5 |
21/03/2018 |
Leobardo Vázquez Atzin |
Portal Enlace de Gutiérrez Zamora y Enlace Informativo Regional. Colaborador de los diarios La Opinión de Poza Rica y Vanguardia |
Como medida resarcitoria de estos crímenes, el gobernador Javier Duarte creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo simulador de atención y el principal medio de cooptación del movimiento a favor de la libertad de expresión, mediante sobornos, pagos estatales y sin una clara atención al problema de la seguridad, que igual le sirvió a Duarte con millonario presupuesto que se ocupaba para llantas de autos de comunicadores, mejoras de sus casas, colegiaturas para sus hijos y otras; esta política continuó y se mejoró con Miguel Ángel Yunes Linares, al grado que hace poco salieron públicamente agradeciendo “su apoyo a los periodistas”.
IV. La censura legislativa en Veracruz
Los periodistas presenciamos en 2011 como la Legislatura priista aprobó la modificación del artículo 373 del código penal veracruzano, que tipificaba el delito de “perturbación del orden público”, sólo porque se avisaba por las redes sociales tomar precauciones por balaceras, a iniciativa de Javier Duarte (que en 2013 fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violar las garantías Constitucionales de libre expresión, derecho a la información y exacta aplicación de la ley penal).
El pasado 30 de septiembre, los legisladores del PAN, PRD y PRI del Congreso de Veracruz reformó el artículo 196 Bis del Código Penal estatal para castigar el acoso cibernético por la publicación y difusión información lesiva o dolosa de otra persona, “utilizando cualquier medio de comunicación digital revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano «con sanciones de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad”, pero afortunadamente, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares anunció la regresaría al Congreso con observaciones en cuanto llegara el decreto.
El Congreso federal con mayoría priista y panista aprobaron la Ley en materia de Derecho de Réplica, publicada el 4 de noviembre de 2015, pero que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los partidos Morena y PRD impugnaron mediante una acción de inconstitucionalidad; en tanto que el semanario Proceso también se inconformó mediante amparo indirecto y una servidora también promovió un juicio constitucional ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, expediente 2231/2015 y luego un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en el expediente 336/2016, que fue enviado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego regresado a la Segunda Sala (Amparo en revisión 635/2017).
Ante todo, si esta recomendación es aceptada en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, marcaría un precedente en la entidad veracruzana para que autoridades no sigan reprimiendo la libertad de expresión y su responsabilidad ante las diversas violencias que han padecido decenas de periodistas.
