Entre el sancocho cocinado en una parrilla eléctrica y el miedo a las redadas, Isabel y su hijo de 14 años intentan reconstruir su vida en un cuarto de dos metros cuadrados en Coahuila. Tras serles negado el refugio en México, su historia revela el rostro humano de la ‘feminización’ de la migración colombiana que el muro de Trump dejó varada en el norte.»
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
Por Camelia Muñoz
Isabel soñaba con llegar a los Estados Unidos para romper con un ambiente de carencias. No tenía claro hasta dónde lograría avanzar porque no tiene familiares allá, sólo contaba con algunas amistades que, como ella, decidieron abandonar Colombia ante la falta de oportunidades.
Originaria de Barranquilla, en 2024 decidió no continuar el viaje con su hijo Jason, quien en ese entonces tenía 12 años y desde hace dos años no asiste a la escuela. En su trayecto, estuvieron en riesgo de secuestro en Tapachula.
Hoy habita un pequeño cuarto de apenas dos metros de largo por poco más de dos metros de ancho, donde se concentra el diario vivir de los dos integrantes de esta familia sudamericana.
Durante el día, el espacio se transforma en cocina. Isabel prepara los alimentos en una parrilla pequeña colocada sobre un bloque de concreto, mientras ella se sienta en otro para vigilar la cocción. El lugar refleja la precariedad en la que vive, pero también la capacidad de adaptación de madre e hijo.
Cuando la comida está lista, baja una caja de plástico que cuelga de la pared, de las usadas en los mercados por el traslado de frutas, la cual sirve de mesa casi al ras del suelo. Al caer la noche el reducido espacio se convierte en dormitorio y ambos extienden los colchones individuales donde descansan.
“Aquí tengo mi estufita, mis trastecitos. Todo lo tengo limpio porque aunque está chiquito el lugar, yo tengo todo organizado y aquí hacemos nuestra comida», dice mientras muestra la ubicación de los insumos como el aceite, café, azúcar y tomate, debidamente acomodados en otra caja.
María Isabel Borja Guevara tiene 40 años y siete hijos. Solo la acompaña el penúltimo, el resto estudia o trabaja en Colombia, con la esperanza de que su madre lograra llegar a los Estados Unidos para, en un futuro, alcanzarlos.
Señala que, aunque en Colombia la situación ha mejorado, económicamente buscaba opciones de estabilidad para su familia que en su país no existen.La decisión de migrar respondió a una realidad insoportable y a su responsabilidad maternal ante la precariedad económica y la imposibilidad de garantizar un futuro para los suyos.
Video: Camelia Muñoz
México: de tránsito a destino forzado
En los últimos años, México se ha convertido no sólo en país de tránsito, sino en un destino forzado para migrantes que no logran cruzar tras las medidas impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para suspender el otorgamiento de refugio o asilo político.
Previamente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, fortaleció el muro metálico y acuático con presencia policial para cerrar las rutas e impedir el cruce de migrantes por el Río Bravo en Eagle Pass, frontera con Piedras Negras, Coahuila. Todo ello dejó a cientos de extranjeros varados en los estados fronterizos.
La travesía de Isabel fue larga. Tardó varias semanas en llegar a la frontera sur de México tras salir de su lugar de origen por tierra, usando autobuses para atravesar varios países junto a su hijo y una amiga que viajaba con sus dos hijas.
Recorrieron más de 500 kilómetros desde Barranquilla hasta la frontera con Panamá, donde atravesaron la selva del Darién. Siguieron por Costa Rica, Nicaragua y Honduras hasta llegar a Guatemala, donde Isabel trabajó 20 días en un hotel para reunir dinero. Cada etapa estuvo marcada por el desgaste físico y el miedo.
En marzo de 2024 llegaron a Tapachula, Chiapas. Allí permaneció tres meses ante el temor de la inseguridad en la ruta hacia el norte. “Me habían dicho que podían secuestrarnos y quitarnos a los niños, además del dinero. Yo no traía mucho y pensaba que el único que puede pagar por mí es papito Dios. Daba miedo avanzar», recuerda mientras se encoge de hombros y observa a su hijo.
Al enterarse de una caravana hacia la frontera norte, decidió unirse para reducir riesgos. Caminaron distancias enormes, pidiendo agua y comida, durmiendo en las calles para recobrar fuerzas. “Veníamos batallando porque no podíamos bañarnos, hacía mucho calor. Era muy pesado y el sol era tremendo. Mi hijo se enfermó y yo también”, relata. Debido a la salud de ambos, se rezagaron del grupo.
Casi al salir de Chiapas, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) los detuvo. Isabel afirma que les pedían dinero que no tenían, por lo que fueron remitidos a Tuxtla Gutiérrez. Ahí empezaron de nuevo la travesía tratando de alcanzar la caravana, con poco dinero y esperando la ayuda de la gente en las calles.
Isabel evita mencionar nuevamente el riesgo de secuestro que enfrentó, la presencia de Jason la obliga a guardar silencio para no asustarlo. Al llegar a Saltillo, se refugiaron en la Casa del Migrante esperando la oportunidad para llegar a la frontera, en la ciudad de Piedras Negras. El albergue les permitió mantenerse protegidos y con alimentos seguros por varios meses. Sin embargo, las restricciones impuestas por Trump la hicieron desistir finalmente en 2025.
“Lo que yo buscaba era bienestar para mis hijos porque aspiran a ir a la universidad. Le pensé mucho por la seguridad de mi hijo, he escuchado de los que se ahogan en el río y no lo quise arriesgar”, señala. Además, sus amistades en Estados Unidos le advierten que la vida allá es muy difícil: “Mi amiga me dice que no puede salir a trabajar para no dejar a las niñas solas, su pareja sale a trabajar con el temor de las redadas. Mejor decidí no continuar”.
Video: Camelia Muñoz
La supervivencia en Saltillo
Isabel debe seguir pagando el departamento donde viven sus hijos en Barranquilla. Por el pequeño cuarto en Saltillo paga mil 500 pesos de renta más servicios y saldo telefónico para mantener el contacto con su familia en Colombia.
“¿Cómo le hago? Trabajando en lo que se presente: limpieza, pelando nuez, en dulcerías o en hoteles, donde se presente yo voy», dice.
A finales de 2025, la falta de empleo la desesperó. “Antes nos salía trabajo, pero hoy que hay poca gente extranjera, se dificulta encontrar empleo», lamenta.
Por las labores de limpieza suele ganar 400 pesos dinero que estira para enviar a sus hijos en Colombia y subsistir en Saltillo.
A finales del 2025 tuvo que pedirle al rentero que le esperara para pagar la mensualidad, porque no había conseguido empleo.
El clima también ha sido un desafío, provenientes de una región cálida, Isabel y su hijo no estaban preparados para el frío del norte, aunque han aprendido a conseguir ropa abrigadora. Lo que más extraña de su tierra es la comida, el pescado fresco y las verduras de su tierra.
«Adelgacé mucho los primeros meses y la comida me caía mal. En la Casa del Migrante me regalaron trastes y la estufita, así que ya preparamos lo que nos gusta».
Al hablar de comida su rostro se ilumina: menciona las arepas y el sancocho, un caldo o sopa tradicional de Colombia preparado con carne, yuca, papa y plátano macho.
“Nos encanta el pescado frito, aunque aquí el sabor es distinto. Con el arroz hago las arepas y busco el plátano macho y la lenteja, así sobrevivimos”, sonríe cruzando la mirada con su hijo que también responde igual.
El año pasado solicitó refugio en México, pero se lo negaron dos veces.
A diferencia de otros migrantes que impugnan ante la Comisión Mexicana para Refugiados (COMAR) o el INM, Isabel no insistió.
“Ando indocumentada, sólo traigo mis papeles de Colombia”.
Obligados a quedarse en México
Para Alberto Xicoténcatl Carrasco, defensor de los derechos de los migrantes y director de la Casa del Migrante de Saltillo, las autoridades mexicanas están bloqueando la regularización de miles de personas.
Explica que, además de las medidas restrictivas para el ingreso legal a través del asilo, el gobierno de Estados Unidos eliminó los apoyos económicos a la ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, que a su vez permitía la operación de la COMAR.
“La Comar se queda sin personal y los tiempos de espera son de meses o hasta un año. Luego el INM se niega a otorgar las visas por razones humanitarias. Se crea un cuello de botella”, señala el activista. Añade que no existen programas gubernamentales de ayuda para esta población varada.
Xicoténcatl Carrasco destaca que muchos migrantes prefieren Saltillo sobre Monterrey. En la capital de Nuevo León el costo de la vida es más alto y la inseguridad es mayor.
“Allá han encontrado una ciudad violenta donde los grupos delictivos intentan robarlos y extorsionarlos. Por eso prefieren ciudades como Saltillo, donde hay oferta laboral que les permite mantenerse mientras esperan que las políticas en Estados Unidos cambien”.
Aumenta flujo de mujeres colombianas
Desde el 2016 se incrementó la cantidad de personas de origen colombiano que llegan a México, con un breve decremento en 2020. La mayoría son mujeres. El informe “El Refugio Colombiano en México: más allá de las cifras”, del Observatorio de Derechos Humanos del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, señala que, pese a mejoras sociales, el conflicto armado en Colombia ha persistido y evolucionado lo que obliga a la población a desplazarse.
En 2022 las solicitudes de refugio de colombianos en México llegaron a 2 mil 482.
Colombia ocupa el noveno lugar en solicitudes, detrás de países como Honduras, Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Chile.
Sin embargo, la tasa de aceptación es baja: en 2022, el 93% de los casos terminó el año sin respuesta. La tendencia entre 2024 y 2025 muestra la “feminización” del refugio, con más mujeres solicitando protección.
La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, señala que de enero a septiembre de 2025, Colombia representó el 8% de las detecciones de personas en situación irregular en México. En Coahuila los colombianos son el segundo grupo más numeroso después de los venezolanos, que han sido detectados en situación irregular. Para Isabel y Jason, las estadísticas son solo números. Si su situación económica en Saltillo no mejora, no descarta regresar a Colombia, a pesar de que las condiciones allá sigan sin ser las mejores para su familia.
Video: Camelia Muñoz
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Desde diciembre de 2021, seis familias indígenas tzeltales de Nueva Palestina, en Ocosingo, viven desplazadas tras un ataque armado en su comunidad. Su caso forma parte de una crisis mayor: en 2024, Chiapas concentró más de la mitad de los desplazamientos registrados en México, un fenómeno que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños y que, pese a recomendaciones oficiales, sigue sin una respuesta protección y atención integral.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
En Chiapas, el desplazamiento forzado interno provocado por la violencia de grupos armados y del crimen organizado mantiene en situación de extrema vulnerabilidad a miles de personas, principalmente mujeres, niñas, niños, adolescentes y ancianos.
De acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) 2024, el estado de Chiapas concentró el 61.8% de los 26 mil desplazamientos registrados en México, mientras que 17 mil 800 personas huyeron de sus comunidades por hechos violentos ligados a grupos criminales, según el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y ACNUR.
En este contexto, seis familias indígenas originarias de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo —integradas por 46 personas, entre ellos 24 niñas, niños y adolescentes— permanecen desplazadas desde diciembre de 2021, sin reconocimiento legal pleno como víctimas, pese a la recomendación 157/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que acreditó graves violaciones a sus derechos humanos.
El caso Nueva Palestina: ataque armado y huida
Desde la geografía del dolor mexicano, donde la violencia deja muertos y desplazados, emerge la voz de Antonia Aguilar Solórzano, madre de diez hijos y esposa de Versaín Velasco García, defensor comunitario. Su testimonio es un retrato descarnado de la realidad que se vive en la selva Lacandona.
Los días 15 y 16 de diciembre de 2021, su vida, y la de sus hijos, junto con otras cinco familias, se convirtió en un infierno.
Un grupo armado, presuntamente coludido con policías rurales, atacó sus viviendas en Nueva Palestina, comunidad situada al oriente de Ocosingo, en la frontera con Guatemala. La región arrastra conflictos agrarios y ambientales, y hoy enfrenta además la disputa del crimen organizado por el control territorial.
Antonia, originaria del pueblo tzeltal, relató con voz temblorosa que su casa fue incendiada. Ella y su familia fueron amenazadas de muerte. Fue privada de su libertad con una de sus hijas, entonces menor de edad y permaneció ocho días en cautiverio sin agua ni alimentos. “Me golpearon hasta perder el conocimiento; pensaron que me habían matado junto con mi hija”, recuerda.
Tras días de encierro, una fiscal acudió por ella con el argumento de trasladarla a un albergue en Ocosingo. Sin embargo, pasó de víctima a acusada: fue encarcelada durante un año bajo cargos -–dice– fabricados.
El conflicto se originó cuando cinco jóvenes fueron acusados de robo y multados con 50 mil pesos cada uno, si no pagaban, serían quemados. Ante la inminencia del plazo, sus familiares pidieron la intervención de Versaín Velasco García, quien logró que fueran trasladados y puestos a disposición de la fiscalía de Ocosingo.
Esa acción, según Antonia, incomodó a las autoridades comunales. “No era la primera vez que intervenía, ya había denunciado violaciones a los derechos humanos, y eso no gustaba a la gente”, expresa la mujer maya del pueblo tzeltal.
El día del ataque, Antonia vio llegar a policías rurales y civiles armados con palos, machetes, gasolina y armas de fuego hasta su casa. Buscaban a Versaín. Al no encontrarlo, arremetieron contra sus hijos violentamente. Entre la revuelta, algunos lograron huir y refugiarse con familiares y vecinos.
“Salimos porque nos atacaron”-afirma- “dijeron que iban a acabar con todo, con el apellido, con la raíz”, expresó la víctima.
En represalias las autoridades locales encarcelaron a Isaura Velasco García, hermana del defensor y a Diego Chamoan Velasco Aguilar, hijo de Versain, de 15 años, ambos fueron acusados de robo.
Bersain Velasco Aguilar, el segundo hijo de Versain, tenía 17 años, al ser el varón mayor, siempre acompañaba a su padre en las diligencias de la defensoría y en los trabajos del campo, desempeñándose como su secretario o ayudante. Por ser un joven visible, los agresores se ensañaron contra él, por lo que fue quien llevó la peor parte; fue torturado y herido a machetazo, en el solar de la casa de sus padres.
Fredi Gómez Santis, padre de dos menores y sobrino político del defensor comunitario, salió en defensa del joven Bersain. Según los hechos Gomez Santis disparó al policía Antonio Hernández Olleta, por lo que fue capturado, torturado y posteriormente desaparecido. Este delito fue imputado a Versaín Velasco García, esposo de Antonia.
Lesiones, secuelas y expedientes sin avances
El hijo mayor de Antonia, Bersaín Velasco Aguilar, ha documentado las agresiones sufridas a su familia y, con el acompañamiento de organizaciones civiles, se ha convertido en un activo defensor de derechos humanos en la exigencia de justicia.
El 16 de diciembre de 2021 sufrió un ataque con machete que le provocó una fractura expuesta en el brazo derecho al intentar cubrirse de un intento de decapitación.
“El policía quiso herirme en el cuello; me cubrí con el brazo y por eso tengo esta lesión”, relató Bersaín, hoy estudiante de Derecho.
Bersain Velasco Aguilar, es quien lleva el caso de las familias desplazadas de Nueva Palestina. El segundo hijo del activista Versain. Fotos: Mitzi Fuentes
Relata que, tras el ataque, huyó y caminó durante tres días por la selva hasta encontrarse con su padre. El 20 de diciembre llegó a San Cristóbal de Las Casas, donde fue internado en el Hospital de las Culturas y sometido a cirugía. Actualmente porta una placa y un tornillo metálico; una cicatriz rodea su codo derecho, su movilidad quedó limitada de forma permanente.
“Es imposible negar que hubo un ataque armado cuando existen pruebas físicas visibles”, sostiene Bersain
El joven estudiante de derecho y defensor, junto con otras seis familias, da seguimiento a los procesos legales, aunque enfrentan dificultades para costear la defensa jurídica. Con apoyo de voluntariados han impulsado las carpetas de investigación C.I. 0154-101-301-2022 (por Víctima de desaparición forzada); R.A. 0058-101-2801-2022; MSCTSCM/006/005/2023; MSCTSCM/007/005/2023 (por tortura sexual), y R.A. 1308-078-1001-2021.
La familia sostiene que hubo fabricación de delitos y afirma que, desde el 8 de enero de 2022, existen otras órdenes de aprehensión vigentes contra sus integrantes. También denuncia la falta de avances sustanciales en la investigación por parte de las fiscalías, mientras los presuntos responsables continúan en libertad.
El padre, Versaín Velasco García, defensor comunitario, permanece privado de su libertad desde el 10 de enero de 2022. Fue sentenciado a 58 años y cuatro meses de prisión en la causa penal 02/2022. De acuerdo con su defensa la sentencia fue confirmada en apelación y actualmente se encuentra en trámite un juicio de amparo.
Su caso ha sido documentado por la ONU, en enero de 2024, Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, exigió su liberación. La comisión de derechos humanos lo reconoció como víctima en la recomendación 157/2023. Pero nada de eso ha bastado. Versaín continúa preso.
El desplazamiento: cuatro años de nomadismo forzado
Desde su salida de Nueva Palestina, las familias residen en San Cristóbal de Las Casas en condiciones de hacinamiento. Antonia y su familia viven en un pequeño cuarto “no hay dónde lavar los trastes ni preparar comida, no hay cocina”, describe.
Sus hijas e hijos duermen en el piso, amontonadas. La vivienda resume su condición: estrechez y precariedad.
Fotos: Mitzi Fuentes
El apoyo oficial es insuficiente, reciben 2 mil 500 pesos para pagar la renta, pero deben completar con lo que no tienen. La despensa contiene 12 productos para el mes por familia. “es un producto por persona para todo el mes”, dice, “no alcanza para alimentar a 10 niños, niñas y adolescentes en crecimiento”.
Mujeres e infancias, los más afectados
El impacto en la salud y el desarrollo de las ocho mujeres y 24 menores ha sido devastador.
Antonia refiere que sus hijos están desnutridos y son vulnerables a infecciones estomacales y enfermedades respiratorias.
Antonia sufre migrañas severas, secuela de los golpes en la cabeza. Cuando el dolor la postra, sus hijos improvisan alivio con aceite de oliva y rezos. La fe suple lo que falta en la farmacia. “Me preocupa morirme y dejar solos a mis hijos”, confiesa.
Claudia Guzmán Velasco, sobrina del defensor de derechos humanos y víctima de desplazamiento forzado y abuso sexual, contó que era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Hoy es madre de dos hijos, con uno de ellos en brazos, recuerda cómo fue sometida y encarcelada injustamente.
“Nos metieron a la cárcel sin haber hecho nada, solo por ser familia de Versaín y llevar el apellido Velasco”, dice.
El 27 de abril de 2022, su agresor, Pedro Sánchez Vilchis, fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión en el CERSS 16 de Ocosingo.
Antonia Aguilar Solórzano, madre de diez hijos y esposa de Versaín Velasco García, defensor comunitario. Fotos: Mitzi Fuentes
Otras de las mujeres afectadas es Ester, hija de Versaín y Antonia, quien tenía 20 años cuando ocurrió el ataque, aseguró que las secuelas son imborrables. “Fue muy duro, nadie quiere volver a vivir eso. Incluso niños que entonces tenían tres años aún pueden contar lo que vieron”, relató.
Aseguró que la adaptación en San Cristóbal de Las Casas sigue siendo difícil. Reveló que al principio recibieron atención psicológica esporádica y medicinas limitadas.
“Cada vez que vamos a la clínica solo nos dan paracetamol”, señaló Ester, al describir la falta de tratamientos adecuados para dolores crónicos, infecciones y fiebres derivadas de la violencia sufrida.
En el ámbito educativo, las familias han hecho esfuerzos por mantener a los menores en la escuela pese a la precariedad. Algunas tienen seis o diez hijos, lo que complica cubrir inscripciones, útiles y transporte. El hacinamiento es otra constante: familias numerosas comparten viviendas insuficientes.
El miedo una sombra permanente
El miedo no se disipa. Antonia y las otras mujeres temen que “vengan los de Nueva Palestina” a hacerles daño. La amenaza no es exagerada: su hijo Diego fue detenido de forma arbitraria por la policía municipal en San Cristóbal de Las Casas e interrogado por antecedentes.
“¿Y si la propia policía tiene contacto con quienes nos agredieron?” cuestiona.
El temor, explica, se reaviva al recordar el día del ataque, cuando – según su testimonio- policías rurales y estatales actuaron junto con civiles armados.
Exigen reconocimiento y reparación
Pese a la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, las seis familias desplazadas de Nueva Palestina no han sido reconocidas formalmente como víctimas. Sólo cinco recibieron apoyo parcial para vivienda y despensas limitadas.
Antonia no contempla regresar a su comunidad. “El gobierno tiene la obligación de garantizar un lugar seguro para mis hijos, su salud, su educación y una vida digna”, Su exigencia resume la de miles en Chiapas: “Que el gobierno nos escuche. Que nos mire. Que no sigamos sufriendo. Ya no pedimos limosna, pedimos justicia”.
El testimonio de esta mujer tzeltal da cuenta de las consecuencias del desplazamiento forzado. En su relato convergen los hechos de violencia que marcaron su salida de la comunidad y los desafíos que enfrenta desde entonces, pero también la decisión de mantenerse en pie junto a su familia.
La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) estimó que, en 2024, la violencia afectó directa e indirectamente a 161 mil 570 niñas, niños y adolescentes según el INEGI, en municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec y Tila, donde se registraron desplazamientos forzados masivos. En su informe 2025 reportó 460 denuncias por desaparición y 328 por pederastia, entre otros delitos.
La organización Melel Xojobal ha advertido que el desplazamiento forzado incrementa riesgos específicos para mujeres y niñas entre ellos violencia sexual, deserción escolar y, pérdida de acceso a servicios de salud.
A ello se suma la migración forzada de 8 mil 656 niñas, niños y adolescentes detenidos; 876 deportados y 635 menores chiapanecos repatriados desde Estados Unidos. Las cifras revelan un contexto de violencia estructural que impacta con mayor fuerza a la infancia y a las mujeres.
Familias víctimas de Desplazamiento forzado de la comunidad Nueva Palestina, Ocosingo, en manifestación frente a palacio de gobierno del Estado de Chiapas. Fotos: Mitzi Fuentes
Una crisis histórica que se agrava
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha documentado que el desplazamiento forzado en Chiapas tiene raíces históricas. Durante el levantamiento zapatista se registraron al menos 20 mil personas desplazadas.
“Hay cuentas pendientes históricas por estos hechos lamentables”, señaló Pedro Alfaro, coordinador de Incidencia del Frayba.
La impunidad y la falta de atención estructural han propiciado nuevos desplazamientos, alimentados por la violencia y la reactivación de grupos armados, incluidos remanentes del paramilitarismo de los años 2000.
En 2017, la violencia en municipios como Chenalhó, Pantelhó, Chalchihuitán y Aldama, así como en la región Selva, obligó a huir a 18 mil personas.
El su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” reportó 20 eventos de desplazamiento forzado interno entre enero de 2023 y junio de 2024, con un estimado de 15 mil 780 personas afectadas, víctimas de la violencia en municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa.
Así también, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.
En la región Frontera y Sierra Mariscal se calcula que 8 mil 190 personas han sido desplazadas por grupos delincuenciales. La magnitud del fenómeno evidencia una crisis humanitaria con graves violaciones a los derechos humanos. La falta de seguridad y el temor han convertido estos territorios en zonas silenciadas, con presunta complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Pedro Alfaro, centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Humanos. Foto: Mitzi Fuentes
El padre Miguel Montoya, de la Vicaría de Justicia y Paz, informó que además de la zona fronteriza también hay desplazamientos en Altamirano (18 familias), Tenejapa (cuatro familias) y Tila (más de 50 familias). Estos casos se atienden en mesas de diálogo con el gobierno estatal.
“En la zona fronteriza persiste la violencia por la presencia del crimen organizado y el temor a denunciar es alto. También hay desplazamientos derivados de conflictos comunitarios”, declaró el párroco.
El obispo Rodrigo Aguilar Martínez reconoció que, aunque la situación ha mejorado respecto a años anteriores, “no se ha terminado, falta mucho por hacer en la reconstrucción de la paz”.
Las cifras oficiales están por debajo de las documentadas por organizaciones y redes defensoras de derechos humanos. Entre 2017 y 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 23 recomendaciones en favor de 502 mujeres, 539 hombres y 431 niñas y niños.
Obispo Rodrigo Aguilar Martínez de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Foto: Mitzi Fuentes
A su vez, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas informó, vía transparencia, que de 2010 a 2023 atendió 13 casos en municipios como Teopisca, Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Zinacantán, Nicolás Ruiz, Chilón y Huixtán. En total, brindó atención a mil 462 personas: 391 hombres, 429 mujeres, 329 niños, 300 niñas y 13 adolescentes.
La falta de aplicación efectiva del marco legal federal y estatal mantiene en la indefensión a víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas. Aunque existe una Ley para la Protección y Atención del Desplazamiento Interno en el estado, en la práctica muchas personas no reciben reconocimiento oficial como víctimas, requisito indispensable para acceder a apoyos gubernamentales. El trámite exige presentar denuncia ante el Ministerio Público, pero el temor a represalias impide que la mayoría lo haga, lo que deja los casos en la impunidad.
Pese a que Chiapas es uno de los pocos estados con una legislación específica en la materia, el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno permanece inoperante y no se ha emitido el reglamento que permita aplicar la ley. Esta omisión ha limitado la actuación de las autoridades, que concentran su intervención en respuestas emergentes de ayuda humanitaria a través de Protección Civil, sin desarrollar políticas integrales de prevención, registro y atención estructural del fenómeno.
Además, no existen mecanismos sólidos de documentación, diagnóstico ni espacios formales de diálogo entre autoridades, víctimas y sociedad civil para atender las causas del desplazamiento. La ausencia de coordinación y de estrategias de prevención y reparación refleja una deuda pendiente tanto del gobierno estatal como del federal, mientras las personas desplazadas continúan buscando por cuenta propia medios de subsistencia y protección.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
En México, más de 300 mil personas han sido desplazadas en los últimos años. Aunque la violencia asociada a la delincuencia organizada concentra la atención pública, la falta de garantías para los derechos de las personas LGBTIQ+ también está generando desplazamientos internos que permanecen insuficientemente documentados y atendidos.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
por Fernanda Gálvez
De 2023 al 2024, el número de personas desplazadas internas en el país casi se duplicó, según datos del informe“Travesías forzadas. Desplazamiento interno en México 2024”, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
La Ciudad de México y urbes como Tijuana, se han convertido en destinos para personas migrantes y para quienes huyen de violencia en sus comunidades de origen. El mismo informe documenta que estas ciudades también reciben a personas en situación de desplazamiento interno forzado que salen de otros estados en busca de seguridad.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha señalado que la principal causa del desplazamiento es la violencia generada por el crimen organizado, seguida de fenómenos naturales. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en 2024, al menos 28,000 personas se desplazaron de sus hogares debido a las estructuras criminales.
Sin embargo, el crimen organizado no es la única causa. En su informe tras la visita a México en junio del 2023, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, documentó casos vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón de género, feminicidios, homicidios, reclutamiento forzado y extorsiones.
Cuando las personas son desplazadas, suelen cargar pocas cosas consigo, entre ellas incluyen las imágenes u objetos religiosos. Foto: Fernanda Gálvez
Discriminación y “sexilio”
La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género también puede detonar desplazamientos. A este fenómeno, el sociólogo puertorriquense Manuel Guzmán, lo nombró “sexilio”.
Alma Cosette Guadarrama Muñoz, doctora en Derecho por la Universidad La Salle, explica que el sexilio ocurre cuando la negación del derecho al libre desarrollo de la personalidad obliga a las personas a trasladarse hacia entidades donde perciben mayor protección institucional.
Guadarrama, quien en 2025 llevó a cabo el proyecto “Los invisibles de la migración en México: los desafíos jurídicos de la comunidad LGBTI+ en Ciudad Ixtepec, Oaxaca”, añade que “teóricamente se habla de sexilio porque se ven obligados a irse aún cuando incluso ellos ni siquiera identifican que están siendo forzados a moverse”.
Para la Dra. Alma Cosette Guadarrama, el sexilio es un tipo de discriminación silenciosa que obliga a las personas a abandonar sus hogares, conviertiéndolos, incluso sin que lo sepan, en personas desplazadas. Foto: Fernanda Gálvez
La ausencia de un marco legal que les proteja
En México no existe una ley federal específica sobre desplazamiento forzado interno. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encargado de proteger y asistir a las personas desplazadas internas desde 1971, comenzó a trabajar el tema en nuestro país a partir de 2019 por petición de las autoridades federales que buscaban mejorar la respuesta ante la población desplazada.
En 2020, como parte de su labor, la Agencia de la ONU apoyó la propuesta de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno que, dentro de sus causales, incluía la orientación sexual e identidad de género. “Esta ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero ya no por la de Senadores, entonces se archivó con el cambio de legislatura”, recuerda Carolina Reyes, encargada del área de desplazamiento interno del ACNUR.
Actualmente sólo Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca cuentan con legislación local en la materia. Esta última, explica Reyes, es la única que dentro de la causal por violación a derechos humanos cuenta con discriminación que, entre otros motivos, incluye la orientación sexual y la identidad de género.
Sin embargo, especialistas subrayan la ausencia de registros oficiales desagregados que permitan dimensionar el impacto del desplazamiento en poblaciones LGBTIQ+.
ACNUR ha colaborado con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para que en la Encuesta Intercensal 2025 se integraran preguntas sobre movilidad interna, cuyos resultados se prevé se publiquen en 2026.
Alberto Baltazar, encargado del área de datos y registros de desplazamiento interno del ACNUR, reconoce que hacer registros sobre desplazamiento es complicado, pero no imposible. “Hay posibilidades de que las instituciones, en el marco de los servicios que brindan, pudiesen, por ejemplo, tener una pregunta para identificar el historial de desplazamiento de las personas”. Es importante tener datos con estas especificaciones porque “permite identificar perfiles y necesidades, y así definir cuáles son las responsabilidades y las mejores alternativas para responder desde una institución”, explica.
Liosbel y Jesús, son una pareja originaria de Cuba, que llegaron a México tras ser desplazados de su país por su orientación sexual. Foto: Fernanda Gálvez
Trayectorias de la violencia
Xux Ek Navarro es una de muchas mujeres trans que vive en sexilio. Luego de haber sido víctima de violencia por parte de su expareja, en 2021 solicitó refugio a Casa Frida, una organización dedicada a proteger, acompañar e integrar socialmente a personas de la comunidad LGBTI+ víctimas de violencias en México, quienes la orientaron y acompañaron en su proceso. Fue así como dejó su hogar en Guanajuato para instalarse en un lugar donde su vida no corriera peligro.
Cuando Xux Ek Navarro llegó a la Ciudad de México, lo hizo con su hermano, pues ambos habían sido víctimas de violencia por parte de su expareja. Sin embargo, Navarro cuenta que desde antes ya había considerado salirse del Bajío, en Guanajuato, debido a la discriminación que vivía: “me llegó a pasar que me negaron servicios médicos, se negaron a atenderme en una estética o en una tienda, y no me dieran trabajo porque querían que me vistiera como hombre.
El mural pintado en una de las paredes de Casa Frida muestra a un grupo diverso de personas desplazadas que han pasado por el refugio. Foto: Fernanda Gálvez
De acuerdo a Guadarrama Muñoz, aunque las personas salen de su lugar de origen para evitar la discriminación, siguen encontrándola durante sus trayectos, “desafortunadamente esto tiene que ver con la construcción de la sociedad, en nuestro contexto regional, estoy hablando de América, la norma que impera es lo heterosexual”.
En su caso, relata Navarro, cuando buscó ayuda, las autoridades que acudieron a la casa donde su hermano y ella estaban siendo violentados, se burlaron e incluso la culparon por estar ahí. Luego, al intentar levantar una denuncia contra su agresor, narra que de nuevo sintió que la intentaban culpar de lo que estaba pasando por “ser como era”, insinuando que las violencias que enfrentaba fueron consecuencia de su decisión de asumirse públicamente como una mujer trans.
A pesar de los avances legales en derechos para gente queer, en el informe, la Relatora Especial expresó su preocupación por la discriminación y estigmatización que sufren, al ser desplazadas e intentar tener acceso a sus derechos, sumado a la falta de un marco jurídico que las proteja y la poca o nula cultura sobre la identidad sexogenérica que existe, las convierte en una de las poblaciones más vulnerables dentro del desplazamiento.
A diferencia de las personas desplazadas que no son parte de la diversidad sexual, quienes sí lo son, sufren discriminación y violencia desde sus hogares, lo que en un inicio las obliga a salir a las calles quedando desprotegidas. René A. Tec-López, posdoctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que no se necesita cruzar una frontera geográfica para vivir en sexilio, “muchas de estas personas primero tuvieron que salir de su hogar por la violencia y el rechazo que vivieron allá”.
Xux Ek Navarro, actualmente asesora de Coordinación e Integración Comunitaria en Casa Frida, explica que, en la mayoría de los casos, las historias de violencia de quienes solicitan refugio sigue un patrón recurrente: primero enfrentan discriminación en su familia y son expulsadas de sus hogares; después llegan a la calle, donde conocen a alguien que les ofrece su ayuda y alojamiento. “Aquí pueden pasar dos cosas”, advierte. “Esa misma persona puede convertirse en perpetradora de violencia –psicológica, física o sexual– o resultar ser reclutadora de una red de trata de personas”.
Xux Ec explica que la discriminación sigue un camino similar en varios casos: ser expulsados de sus hogares por temas de género y orientación sexual, estar en situaciones que les vulneren, ser ‘acogidos’ por personas que les maltratan o explotan y/o recibir apoyo. Foto: Fernanda Gálvez
Un cruce de violencias
Las personas migrantes y desplazadas suelen enfrentar violencias similares durante sus trayectos. “Todas las personas en movilidad requieren protección; sin embargo, los mecanismos de protección deben ser diferenciados”, señala Carolina Reyes, quien subraya la importancia de distinguir entre ambos contextos. Mientras que una persona huye o ha sido expulsada de su comunidad no puede regresar sin poner en riesgo su vida, quienes migran –en términos generales– no enfrentan ese mismo nivel de peligro al volver a su lugar de origen.
Pese a esta diferenciación, la falta de datos específicos sobre personas desplazadas obliga a revisar los registros y testimonios de migración. La población migrante que forma parte de la comunidad LGBTI+, además de provenir de contextos similares al que vivió Navarro, está expuesta a violencias que también enfrentan quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno.
René A. Tec-López, además de investigar temas de migración LGBTIQ+, es Oficial de Programas de la Organización para Refugio, Asilo y Migración (ORAM), en su experiencia, asegura que las violencias a las que se enfrentan van desde secuestros, abusos y extorsiones que sufren por parte de la delincuencia organizada, los agentes de migración e incluso de la Guardia Nacional.
“Una persona cisgénero o gay puede pasar más desapercibida; sin embargo cuando se trata de una persona trans –cuya expresión de género resulta visible o rompe con la norma– la exposición a la violencia aumenta”, advierte. En ese contexto las mujeres trans, así como los hombres trans y las mujeres en general, son las poblaciones que, lamentablemente, enfrentan mayores niveles de violencia sexual durante el tránsito.
Ek Navarro explica que, en estados con fuerte presencia de grupos criminales, las personas que quedan en la calle se convierten en un sector altamente vulnerable, fácilmente detectado por grupos criminales. “Se vuelve una mercancía: identifican a alguien en la calle, la secuestran y la obligan a trabajar. Por lo general, ese “trabajo” es explotación sexual”, advierte.
Una persona cisgénero o gay puede pasar más desapercibida; sin embargo cuando se trata de una persona trans –cuya expresión de género resulta visible o rompe con la norma– la exposición a la violencia aumenta”, René A. Tec-López. Foto: Fernanda Gálvez
Alberto Baltazar, del ACNUR, dice que han detectado que las víctimas de sexilio suelen provenir de comunidades indígenas o con características rurales. Explica que su orientación puede representar una afrenta a los valores culturales o tradiciones locales, lo que las empuja a desplazarse hacia núcleos urbanos donde puedan vivir su identidad sexual con mayor seguridad y libres de estigmas.
Las necesidades de las personas de la diversidad sexual en situación de desplazamiento forzado interno son heterogéneas. Como explica René Tec-López, estas dependen no sólo del lugar de origen, sino también de la identidad de género y orientación sexual. «No son las mismas necesidades las de una persona gay cisgénero que las de una persona trans”, señala.
La mayoría de las organizaciones que trabajan con estas comunidades buscan acompañarlas desde una perspectiva interseccional, es decir, tener en cuenta no sólo su estatus de personas desplazadas, sino también las circunstancias que las atraviesan y por las cuales pueden ser objeto de diversas violencias.
Con esas especificidades en mente, René Tec, identifica al menos tres obstáculos que enfrenta la población migrante –y que también afectan a las personas en situación de desplazamiento–: el acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios de salud.
René Tec señala que las complicaciones a las que se enfrentan las personas desplazadas por sexilio son, sobre todo, racismo, xenofobia y disciminación por su identidad de género y orientación sexual. Foto: Fernanda Gálvez
“La gran mayoría de las víctimas afirmaron que el desplazamiento iba inevitablemente acompañado de la pérdida de medios de subsistencia”, expresa el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas.
El oficial de Programas de ORAM explica que, en el caso de las personas migrantes, la falta de documentación regulada suele traducirse en empleos precarios y condiciones de explotación laboral. Añade que muchas mujeres trans recurren al trabajo sexual, una actividad que, advierte, «también se desarrolla en un entorno de alto riesgo frente a la trata de personas”. De acuerdo al Reporte sobre trata de personas del 2025, el principal método de captación sigue siendo la oferta de empleo.
La pérdida de documentos en los tránsitos es otra constante. La Relatora Especial ha señalado que esta situación restringe el acceso a derechos, particularmente entre población racializada y mujeres trans.
Desde ORAM, René Tec-López ha identificado además patrones de abuso social contra personas en situación de vulnerabilidad. Tanto en lo laboral como en el acceso a vivienda, explica, hay quienes se aprovechan de su condición de movilidad y de las barreras lingüísticas. “A una persona migrante sin papeles, le triplican la renta. Muchas no dominan el español, y de eso se aprovechan las y los arrendadores”.
En materia de salud, la Ciudad de México cuenta con Clínicas Especializadas Condesa, centros dedicados a la prevención, detección y atención integral de enfermedades como VIH/Sida, que ofrecen servicios gratuitos. Sin embargo, en otras entidades del país el acceso a este tipo de atención sigue siendo limitado.
Un lugar seguro
En su informe la Relatoría Especial de la ONU documentó que las personas LGBTIQ+ desplazadas enfrentan altos niveles de discriminación y estigmatización al intentar acceder a sus derechos.
Xux Ek Navarro relata que durante su proceso de denuncia sufrió revictimización. Mientras vivía abusos por parte de su expareja, –explica– no siempre estaba plenamente consciente, pues se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. Por ello, cuando en el Ministerio le exigieron precisar fechas y hora exactas de las agresiones, se sintió muy frustrada: “Mi mente no me daba para recordar fechas, nada. Sentía mucha rabia, mucha tristeza, mucha impotencia; sentía todo al mismo tiempo”, recuerda.
Posteriormente, mientras era atendida en el hospital por las lesiones, que según su testimonio, le habría causado su expareja, escuchó a una enfermera mencionar refugios para personas de la diversidad sexual. Sin embargo en los primeros refugios que buscó no le ofrecieron alojamiento junto a su hermano. “En los de mujeres no le permitían entrar a él o a ambos; no aceptaban chicas trans, y en los de hombres yo no me sentía segura”. Fue entonces cuando, tras oír la recomendación de la enfermera, buscó en internet y encontró Casa Frida.
Su llegada al refugio –afirma– marcó un punto de inflexión. Desde el primer contacto por redes sociales recibió apoyo legal y acompañamiento a su traslado a la Ciudad de México. Gracias al acompañamiento psicológico y al proceso de integración, logró sentirse segura y pudo retomar su vida.
Actualmente, Casa Frida ofrece alojamiento y un plan integral de atención para que las personas recuperen su autonomía. Entre sus servicios se incluyen acompañamiento psicológico, asesoría legal, educación financiera, apoyo en la búsqueda de empleo e inserción laboral, además de planes personalizados que facilitan la estancia o movilidad de quienes llegan.
Casa Frida es un refugio LGBTIQ+ que durante la pandemia buscó dar hogar temporal a quienes eran desplazadxs dentro del país por temas de identidad, expresión de género y orientación sexual. Foto: Fernanda Gálvez
Cuando salieron a prisa y abandonaron la casa con casi todo lo que tenían en Ojo de Agua del Progreso, una localidad de Guerrero clavada en la región Sierra, a mil 154 metros sobre el nivel del mar, tenías apenas nueve años. Durante los 10 años transcurridos has reconstruido lo que les pasó, en charlas con María, tu madre, quien sigue situada en la tristeza.
Las razones te sobran. Digamos que la huida forzada es lo menos, pues nada supera el asesinato de Daniel, tu hermano mayor, ocurrido meses después, el 22 de agosto del 2017. Era muy joven.
Daniel nunca encajó en Chilpancingo y las circunstancias le orillaron a regresar a la Sierra de su municipio, Heliodoro Castillo. Esas condiciones estuvieron asociadas al estigma que viven muchos desplazados cuando buscan un nuevo comienzo.
La Sierra es una región del estado que siempre ha existido, pero recién reconocida, conformada por las poblaciones que están sobre un circuito de montañas, de cumbres quebradas que forman parte de la Sierra Madre del Sur.
Fue de todo, pero como dijiste, Chico –el apodo que te gusta usar–, hay “gente abusiva” en la ciudad y nunca faltó quién se aprovechara del trabajo de tu hermano.
Desde ese agosto de su muerte, tu familia está petrificada en el “silencio sepulcral”.
Zacarías, tu padre, enfermó por el alcohol, que lo hunde en el llanto y la culpa. Cree que si lo hubiera apoyado podría haber evitado que Daniel regresara a la Sierra. No haberlo presionado para que mantuviera a dos familias, la de su esposa y dos hijos, y la de ustedes: tu madre, tu padre y tú, el más pequeño. Osbaldo, el hermano de en medio, ahora con 30 años, estudiaba en Taxco y tenía cierta independencia.
Ahora ninguna de esas dos familias existe. A tu cuñada y a tus dos sobrinos, con quienes creciste –solo tienes 19 años– no los ves desde 2018, un año después de la muerte de Daniel y, ustedes, están divididos.
Por ahora trabajas en una farmacia en Ciudad de México, donde te mudaste a mitad del año pasado para alcanzar a Osbaldo; querías salirte de casa. El plan que traes en mente es en el futuro contar tu propia historia, que incluye la de Daniel, como escritor o periodista o, quizá, cineasta.
Ya escribiste algunos poemas, como el que le dedicaste a tu hermano fallecido:
…Y con más fuerza apretaban el gatillo de sus trompetas y trombones,
dejando salir al sonido una, tras otra.
Las amapolas no hacían nada más que ponerse tristes,
pues, sus amapoleros se les iban, los miraban tristes y avergonzadas.
Casa abandonada en la localidad de El Limoncito, municipio de Zirándaro, ubicado en la región Tierra Caliente de Guerrero, luego de que pobladores se salieran por el acoso de grupos criminales en 2019. La Tierra Caliente y la Sierra son dos regiones del estado afectadas por violencia y marcadas por el desplazamiento interno forzado. Foto: Eduardo Guerrero
La salida intempestiva
El día que huyeron, tu padre llegó temprano a casa de trabajar en los plantíos. Nunca lo hacía, era una mala señal. Le dijo a Daniel, ya casado y con hijos, que pusiera en las camionetas que tenían lo que creyera importante para mudarse. Él, por lo pronto, salió con los chivos que estaban criando para venderlos en la comunidad o en las rancherías cercanas y así obtener dinero con qué salirse del pueblo. Había pocas posibilidades de que los vendiera puesto que no tenía tiempo y había pocos habitantes. Regresó con varios animales, porque no tuvo éxito en la venta. Al final abandonó a los animales en la casa que dejaron, con muchas otras pertenencias.
El último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en Ojo de Agua del Progreso hay 204 habitantes, pero hace 10 años eran menos. La comunidad la conformaban dos grupos de familias, uno situado al norte, del que ustedes formaban parte, y otro al sur, donde la mayoría se apellidaban Maldonado.
Ese mismo día salieron del pueblo hacia Chilpancingo, donde tenían una casa en una colonia popular. También estaba la opción de llegar a donde vivía tu abuela paterna.
Para huir de la Sierra tomaron un camino distinto al usual. Nunca cruzaron por Xochipala, un pueblo del municipio de Eduardo Neri que lleva o trae de la región. Menos salieron por Casa Verde, la desviación que desemboca a la carretera Chilpancingo-Iguala. En lugar de bajar, subieron y dieron la vuelta, evitaron salir por el camino principal hacia el municipio de Leonardo Bravo, en particular, la comunidad Polixtepec.
La gente de Leonardo Bravo, en la región Sierra, tiene conflictos con los de Heliodoro Castillo.
Muchos recuerdos son difusos, pero tu memoria selectiva recuperó momentos de cuando cruzaron por la comunidad de Corral de Piedra, en el municipio de Leonardo Bravo, en las dos camionetas de redilas cargadas de lo que pudieron sacar. Las calles del pueblo que hace honor a su nombre y que tienen cercas de piedra, estaban polvorientas, era la época de sequía. La camioneta cerrada de color negro, que estaba estacionada al final del pueblo, con unos tipos recargados, era “una clara señal de que los estaban vigilando”.
Esa salida intempestiva e involuntaria de casa es lo que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) define como desplazamiento interno y ocurre cuando las personas o grupos de personas se ven “forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual”. Las razones son varias: un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por humanos. Entre las primeras, está su caso.
Zacarías, el padre de Chico, en los campos de la zona rural de Chilpancingo, después del desplazamiento, un día de trabajo. Esta foto la hizo Chico, quien aún siendo menor, hacia la misma jornada de trabajo. Foto: Cortesía
La vida en la Sierra
Cuando tu padre regresó de Estados Unidos, donde estuvo algunos años trabajando como inmigrante, ni siquiera habías nacido. Comenzaba este siglo. Ahora sabes que volvió para cambiar la siembra de maíz, frijol y calabaza, por la de amapola. Encontró que todos en el pueblo estaban sembrándola, porque les dejaba más de ingresos que los otros cultivos.
Cultivadores de la amapola de la sierra de Guerrero han dicho que comenzaron a cultivar la flor porque personas de fuera, en particular del norte del país, les llevaron las semillas para que las produjeran y, después, comprarles la goma de opio que sale de los bulbos de la flor.
Las organizaciones de corte investigativo y académico, como Noria Research, también tienen documentado el tema: la amapola llegó a la Sierra de Guerrero a finales de los ochenta y los noventa en contextos de violencia estructural, hasta convertirse en una forma de vida por generaciones. Aunque nunca cambiaron las condiciones deficientes en educación, infraestructura o desarrollo, esas que deben garantizar las instituciones del Estado.
La organización ubicó que entre 2017 y 2018 hubo un desplome del precio de la amapola en diferentes zonas del estado donde sembraban la flor, lo que generó la merma de la producción.
Con los actos violentos en Guerrero, que comenzaron en 2007 después de la declaratoria de “guerra contra el narcotráfico” y no con el inicio de la siembra de la flor en la parte alta del estado, que ya sostenía la economía local, los cultivadores comenzaron a ser criminalizados sin considerar su entorno de marginalidad en la sierra y que su función estaba limitada a la siembra. También quedaron en medio de los hechos violentos que comenzaron a desatarse en la región.
Aun así, conservas grandes recuerdos de tu niñez allá: los días de pesca de camarón en el río que atravesaba el pequeño pueblo, los días de almuerzo en la escuela que atendía un solo maestro, con enchiladas y agua de naranja.
Con la sierra capturada después de la descomposición del estado por la violencia –y en el país– que nació con la narrativa de combatir las drogas, los grupos criminales que surgieron en la sierra, Los Tlacos y el denominado Cártel de la Sierra, continúan luchando los municipios. Han tenido algunos cambios internos, mermas y nuevas adhesiones.
Tu padre decidió asociarse con uno de sus amigos de Corral de Piedra para sembrar la flor y repartirse las ganancias, a quien después mataron. Como dices, “fue cuando comenzó el declive” en la sierra, que provocaría su desplazamiento y el de muchas otras familias en el pueblo y en pueblos vecinos, en momentos distintos.
En su caso, algo tuvo que ver la relación de tu hermano Daniel con la familia de su esposa, una muchacha de Polixtepec, un pueblo cercano que pertenece a Leonardo Bravo.
Desde que ambos se fugaron para vivir juntos, como ocurre en las comunidades rurales, Daniel comenzó a resolverle la vida al suegro, lo que para los criminales que habían llegado a la sierra a imponer un orden no era bien visto, pues consideraban que se aprovechaba del joven, porque al fin y acabo eran de diferentes municipios.
Después de eso, les cayó la primera advertencia.
Pobladores de diversas comunidades de la parte serrana del municipio de Zirándaro, se armaron con escopetas y rifles calibre 22 para defenderse en su territorio en 2019. Foto: Eduardo Guerrero
La expulsión y el desplazamiento que provocó el retorno y el asesinato
A Daniel nunca le faltaron ganas de trabajar cuando llegaron a Chilpancingo. Fue albañil, cargador, ayudante de herrero, vigilante. Con los ahorros que tenía montó una tienda de abarrotes, vendió mariscos y pescados frescos, pero no le funcionó.
Parecía tener todo en contra. Cuando lo contrataron como guardia para una fiesta, nunca le pagaron, tampoco en el negocio de vidrio y aluminio del amigo de tu padre.
Tú crees que las repetidas adversidades que se le estrellaban en la cara tuvieron que ver con que venían de la marginada sierra. Para ti, Chilpancingo también es un pueblo con gente de todas partes del estado, por eso te cuesta entender por qué le gente los miraba mal por “no saber hablar bien” o desconocer los ritmos de la pequeña ciudad.
En fin, todo eso, sumado a que tu padre le reprochaba su infortunio, devolvió a tu hermano a la sierra con la familia de su esposa. Ella y sus hijos se quedaron en la capital con ustedes. Para entonces, sus suegros estaban en la comunidad Los Morros, también de Leonardo Bravo, porque en la comunidad de Polixtepec ya no los dejaron estar, pero viajaban diario porque mantenían su sembradío de amapola.
Ustedes acá también enfrentaron sus propios cambios. Tu madre y tu padre se mudaron a La Vieja, una comunidad muy pequeña ubicada cerca de la zona rural de Chilpancingo, para sembrar con maíz, frijol y calabaza en un terreno que les prestaron unos familiares. Tú te quedaste con tu cuñada y tus sobrinos. Ese abandono te hizo bajar el interés en la escuela y tu maestro se lo hizo saber a ellos, que después decidieron llevarte.
Era el final de la cosecha y acababan de volver a Chilpancingo con la producción. Serían como las tres de la tarde, estaban preparándose para comer, cuando tu padre recibió una llamada por teléfono de uno de los cuñados de tu hermano. Supieron que algo pasaba porque Zacarías elevó su tono de voz, le habían informado de una balacera en Polixtepec, en el campo donde trabajaba Daniel.
Solo recuerdas haber escuchado que tu padre gritó: “¿saben dónde está?”, refiriéndose a tu hermano.
Hasta ahora no tienes claro si Zacarías sabía o sospechaba lo que le ocurrió pero no les compartió más. En ese momento todos –tus padres, cuñada, sobrinos y tú– subieron a la camioneta rumbo a la sierra.
Tu padre iba a toda la velocidad que podía, lo que le causó un disgusto con tu madre. Los ánimos se salieron de control cuando un correcaminos se les cruzó en la carretera, porque soltó cuanta grosería pudo para sacudirse el mal augurio que atribuyen a esas apariciones. De pronto, las serpientes y el gato negro que vieron en días pasados; la gallina que cantaba como gallo, cobraron sentido porque también significaban malos presagios.
Al oscurecer llegaron a Los Morros, último lugar donde pudieron subir, a la casa de familiares de tu cuñada. Ir a Polixtepec todavía era peligroso, solo habría que ver el terreno en donde estaba esa vivienda, lleno de familias que se salieron de sus casas por la balacera, como ustedes lo hicieron antes. Seguían sin saber de Daniel.
Alrededor de las 10 de la noche la mala noticia llegó. Una camioneta de redilas, que fungía como albergue para los nuevos desplazados, entró por la parte trasera del terreno. Tú solo alcanzaste a ver las cobijas y colchonetas, de esas que regala el gobierno en las contingencias, amontonadas en la parte trasera del vehículo que era de alguien de la región que subió hasta Polixtepec a ver qué había quedado. Ahí venía el suegro de Daniel.
De más cerca, se veían los pies de un cuerpo, calzados con unas botas. Tu madre los reconoció enseguida, eran los de Daniel. De pronto el llanto y la lluvia estruendosa que cayó fueron una sola tormenta. Tú, impávido, solo mirabas.
Las tumbas en el cementerio de Ojo de Agua del Progreso, el pueblo de donde salió desplazada la familia de Chico. Estas cruces son en memoria de algunos de sus familiares, solo los restos de Daniel quedaron en el panteón de otra comunidad (Los Morros), porque no han podido volver a casa. Foto: Cortesía
Un repaso al contexto y las cifras de las huidas forzadas
Tan pronto sepultaron a Daniel, el resto de tu familia volvió a Chilpancingo. La situación no estaba como para seguir allá arriba. Es más, el cadáver de Daniel quedó en el panteón de Los Morros para no subir a Ojo de Agua del Progreso.
María le reclamó a Zacarías por eso, sentía como si lo hubieran abandonado.
En la capital, la noticia del día, que difundió el gobierno estatal, eran los hechos donde murió tu hermano, con una versión diferente a la tuya. Los medios de comunicación reportaron que se trató de un enfrentamiento en un campo de amapola, en el que murió un hombre llamado David, de unos 45 años. Daniel solo tenía 22.
Hubo dos heridos, no uno, como reportaron en las noticias, ambos eran cuñados de tu hermano. A uno le hirieron el hombro de un balazo y el otro tuvo un rozón. En el campo también estaba el suegro de Daniel, padre de esos menores y quien, después supieron, fue el primero que corrió de los balazos.
Eso les resulta extraño, sobre todo cuando tus paisanos les contaron que un jefe criminal había abordado al suegro y lo hizo decidir entre su vida o la de su yerno. A tu hermano lo cocieron a balazos.
Las situaciones o hechos de violencia criminal saltan entre las causas fundamentales del desplazamiento en el país, lo que, a su vez, ha posicionado a Guerrero en los primeros sitios nacionales en personas desplazadas entre 2017 y 2020, de acuerdo con los informes de la CMDPDH, organismo que estudia el desplazamiento desde 2007. Solo en 2017 la entidad estuvo en segundo sitio, en el resto coronó.
Efectivos de la Guardia Nacional recorren la localidad de El Limoncito, municipio de Zirándaro, luego de que pobladores abandonaran está localidad, por acoso de grupos criminales. Foto: Eduardo Guerrero
El desplazamiento interno ocurre de diferentes maneras en el estado, a cuenta gotas, en pequeños grupos o por familia, como ocurrió con la tuya, lo que lo vuelve casi imperceptible. O colectivo y evidente, como el de noviembre de 2018, donde unas mil 800 personas salieron de comunidades de Leonardo Bravo, también de la sierra, pero de la parte que ustedes no pudieron cruzar durante su salida.
De esa cifra que fue documentada en el momento en que los habitantes de estas comunidades llegaban a Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, donde muchos siguen y fueron alcanzados por más violencia, la CMDPDH solo tiene documentada la mitad.
Las cifras son diversas, sin embargo, el desplazamiento interno sigue ocurriendo. La Secretaría General de Gobierno en Guerrero informó que en la actualidad atiende a nueve grupos de desplazados de Chilpancingo, Acapulco, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Apaxtla de Castrejón, Leonardo Bravo, Zitlala y Chilapa, que representan 257 familias, equivalente a 856 personas.
La dependencia estatal no ofrece detalles de las condiciones de los desplazados cuando exponen sus acciones de atención, pero sí lo difunde como un fenómeno que tiene un único autor, exentándose de las responsabilidades. Dice que “surge como consecuencia de la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada”.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización que acompaña a familias de desplazados de las comunidades de Leonardo Bravo y Zitlala, tampoco niega que en el estado exista un “control de territorio” de parte de grupos criminales que provoca el desplazamiento interno, pero también expone desde hace algunos años que existe una relación entre estos grupos criminales y agentes del Estado para que el dominio ocurra.
Los datos de esta infografía están basados en los informes anuales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) de 2017 a 2020, que ubican a Guerrero en los lugares más altos de desplazamiento interno forzado. Fue generada con NotebookLM y Gemini (IA) y es producto de un proceso de formación de la Red de Periodistas de a Pie y la DW Akademie, promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.
Una nueva búsqueda… contar su historia
La aseveración que el Centro Morelos ha expuesto en sus comunicados acerca de que el desplazamiento es una “violación continuada” de todos los derechos humanos contra quienes lo viven, cobra sentido en tu historia, en la de tu familia. A ustedes también les arrebataron el núcleo familiar, como bien lo dices, “hubo una ruptura que hasta la fecha no sana”, ni con los años, menos en el destierro que atraviesan.
Volviste a salir de casa, pero está vez por decisión, porque vivir con tus padres era insostenible: los gritos y pleitos entre ellos no paraban, ya sea por la otra relación sentimental que tiene Zacarías, además de la de tu madre, lo que les generó otra grieta familiar. Tu madre le reclama el gasto que dejó de proveerles.
Zacarías se desentendió de ustedes desde que salieron de la sierra; trabajabas con él como peón y no te pagaba.
Dejaste la preparatoria desde primer grado, en 2021. Te dejaron de interesar muchas cosas, supones que porque estabas sumido en una depresión. Lo supones, porque nadie te lo diagnosticó, pero en tus circunstancias, es lo más probable que haya pasado.
Sin embargo, en medio de la penumbra buscaste tus propias salidas, como la escritura. Todavía conservas la libreta que compraste para descargar tu estrés con letras. La llenaste con pensamientos, quejas y poemas. En ese proceso descubriste la poesía, la pintura y, después, el periodismo, lo que te tiene motivado porque viste una salida: “investigar lo que pasó”. Daniel es tu motivación.
Antes de irte a la Ciudad de México hiciste contacto con algunos periodistas locales en busca de un espacio en medios que consideraste confiables. Tomaste algunos talleres, comenzaste a hacer tus propias indagaciones, mientras aprendes cómo lo hacen otros.
Empiezas a entender cosas. La semilla está sembrada.
Cuando recorres las calles de la capital del país para hacer fotos, por ahora usas una cámara que te prestaron. Pero a finales del año pasado, otra mala noticia despertó tus temores: María, tu madre, fue diagnosticada con cáncer cérvicouterino. Pronto empezará su tratamiento, los doctores dieron posibilidades de erradicárselo. Cuando hablan por teléfono te dice que está tranquila y a ti la esperanza no te abandona.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
Para los desplazados de la Sierra de Chihuahua atrás quedó la siembra, los recuerdos, la vida como la conocían, llegan a otras tierras que también les pertenecen pero no son bienvenidos, ni el sistema ni la sociedad los reciben dignamente, y algunos de ellos mueren «de tristeza» aunque el reporte médico señala “una enfermedad”.
Por Idaly Ferrá
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
El 27 de octubre de 2021, Irma Galindo Barrios tenía 41 años. Desapareció en Ciudad de México en un contexto de conflicto comunitario en las localidades del municipio de San Esteban Atatlahuca, en el estado de Oaxaca, lugar en donde vivía y realizaba su labor de defensa de los bosques, que ha dejado un saldo de más de 100 casas quemadas y 300 habitantes desplazados, sin que tengan fecha de retorno.
Ese día, la guardabosques Ñuu Savi -mujer mixteca- fue vista por última vez en la Ciudad de México. La poca información existente es porque envió mensajes a sus amigas. Les contó que iba a una junta con el Mecanismo de Protección del Gobierno de México, organismo que ya le había otorgado protección y resguardo por las amenazas, criminalización y violencia que vivía.
La lucha de Irma por San Esteban Atatlahuca y la de tres pueblos más – Ndonoyugi, Mier y Terán y Guerrero Grande- pertenecientes al municipio de San Esteban Atatlauca, en la mixteca alta de Oaxaca era porque sus propias autoridades talaban árboles de maderas preciosas, para venderlas en el municipio mixteco de Tlaxiaco y otras zona de Oaxaca.
Los Ñuu Savi o mixtecos -uno de los 68 pueblos originarios que tiene México- se autodenominan como “pueblo de la lluvia” porque tienen una vinculación directa con sus montañas. Junto a su lengua, el territorio es su recurso más importante para seguir preservando su cultura.
La guarda forestal caminaba por los lechos del bosque y encontraba alivio a sus aflicciones. Escuchaba las aves cantar, veía los venados cola blanca cruzarse entre los senderos y apreciaba los frondosos pinos rojos de ocote y abetos blancos de la montaña “Yuku” que ahí crecían, eso le bastaba para sentirse libre y segura.
Estos pueblos que Irma, mujer de cabello negro y estatura media, recorrió en muchas ocasiones para evitar la tala ilegal y que después fueron su hogar, siguen luchando con sus vidas para que sus colinas verdes, que forman el cerro del Ratón y el llano de Oyameles, sigan siendo el pulmón de esa región de Oaxaca.
A Irma nada ni nadie la detenía, así era ella, mujer aguerrida. Su esperanza era que algún día los aserraderos: el único legal, uno comunitario y otros ilegales, dejaran de cortar madera y venderla. Para ella, talar árboles era un acto dañino, no solo para el medio ambiente, para la propia tierra. “Al talar se nos va la vida”, repitió varias veces durante entrevistas otorgadas a diversos medios. La ambientalista comunitaria se refería a ese espacio natural como su hogar, su todo.
Dedicaba rituales para pedir que todo regresara a su estado anterior. “La tierra está dolida, pero resiste de todo lo que le hacen, oro por el bosque y por esta tierra”, contó Irma.
Cansada de que las autoridades locales la ignoraran, en 2018 presentó denuncias por el saqueo de madera ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Oaxaca y ante la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. La Profepa convocó a reuniones, pero nada ocurrió. Al preguntar a la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal (DGIVF), informó que desconoce las denuncias que existen ante los Ministerios Públicos.
Tras denunciar comenzaron a hostigarla y amenazarla. Autoridades y presuntos responsables la llamaban loca y bruja por defender su bosque. El 10 de noviembre de 2019 fue incendiada su casa y todo lo que había al interior: obras de arte, ropa típica y los tesoros de toda su vida. En la misma fecha fueron incendiadas alrededor de 10 casas más de su comunidad. Los comuneros responsabilizaron al presidente municipal y a las autoridades comunitarias.
Tras ese hecho violento y quedarse sin casa, Irma desapareció. Fue la primera vez que abandonó su territorio, pero al no conocer su paradero, se le consideró como desaparecida. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que el 10 de noviembre de 2019, se inició una investigación de oficio con el expediente DDHPO/CA/010/TX(25)/OAX/2019 y solicitó a la Fiscalía General del Estado que iniciara una carpeta de investigación para su localización.
Nueve días después, el 19 de noviembre del 2019, apareció y aclaró que su ausencia fue por autoexilio, para evitar que le quitaran la vida. Posteriormente vivió desplazada en la montaña por dos años. Defendió su bosque con mujeres y hombres de tres comunidades -Ndonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Teran-, a quienes les enseñó a resistir labrando la tierra, cuidando los árboles y recuperando sus textiles a través de la elaboración de prendas de manta.
Esas fueron sus últimas resistencias previo a su desplazamiento a la Ciudad de México, en donde se dejó de saber su paradero.
Irma Galindo Barrios es una defensora comunitaria del bosque Ñuu Saavi. Ella junto con pueblos que hoy viven desplazados buscaban un mejor futuro ambiental para su comunidad, luchando por su bosque y conservando sus tradiciones. Lleva más de cuatro años desaparecida. Foto: Diana Manzo
Por defender nuestro bosque nos desplazaron
“Defender nuestro bosque de la tala ilegal y masiva no debería ser motivo para vivir desplazada”, cuenta con tristeza Sebastiana Paz Bautista, originaria de Ndonoyugi, Oaxaca, una de las tres comunidades mixtecas, junto con Guerrero Grande y Mier y Terán, que viven desplazamiento forzado desde el 2021.
Dichas comunidades, habitadas por indígenas Ñuu Savi (mixtecos), pertenecen al municipio de San Esteban Atatlahuca, localizado a más de 3000 metros de altura, resguarda 2,500 hectáreas de bosque rico en abeto blanco, que es ambicionado por los talamontes, personas dedicadas a la tala ilegal, corte y extracción de árboles y recursos forestales sin la autorización de las autoridades.
Sentada sobre una silla de plástico en el albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco, Oaxaca, donde vive refugiada desde hace cuatro años junto con otras 65 personas, una mujer que ronda los 50 años recuerda cuando personas afines al Movimiento de Unificador de Lucha Triqui (Mult) llegaron a su pueblo y les arrebataron la paz y su patrimonio.
“Fue algo muy brutal lo que nos ocurrió aquel 23 de octubre del 2021, cuando un grupo de personas armadas quemó 132 viviendas, 92 en Guerrero Grande y 40 casas en Induyunujia, y desde entonces no hay retorno seguro. Las autoridades prometen, pero no hay garantía de que estaremos a salvo”, expresa con pesar la mujer que elige no ser identificada.
Mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores se reúnen para tejer mientras añoran el retorno seguro a sus comunidades. Foto: Diana Manzo
Agrega que, a pesar de las recomendaciones emitidas al Estado mexicano y al Gobierno de Oaxaca por la Comisión Interamericana para el Desarrollo, así como la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada, nada ha ocurrido, siguen viviendo en situaciones no deseadas.
La mujer que ha defendido a su comunidad sin importar la criminalización ni las amenazas, asegura que llevan cuatro años intentando sobrevivir en esta situación de desplazamiento.
“Las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad son los más vulnerables al ataque, ya lo hemos denunciado y exigimos protección, porque nos han amenazado”, señala.
Las mujeres desplazadas exigen que la educación se cumpla, se respete como un derecho humano, agrega, “desde acá, afuera de nuestra comunidad, luchamos para que nuestras niñas y niños vayan a la escuela, reciban sus vacunas, y tengan dinero. Nada ha sido fácil. Acá lloramos, nos abrazamos, pasamos nuestros cumpleaños y hasta fin de año”.
Además, señala, conocen muy bien a los protagonistas de la violencia. “Sabemos con nombres y apellidos; las autoridades también saben quiénes son los involucrados de toda esta violencia que vivimos, pero no hacen nada. Cumplimos un año desplazados, pero ya no queremos más años, nuestra petición es volver a nuestras casas a seguir cosechando nuestra milpa y hacer vida allá donde nacimos, donde todo era bueno y puro”.
Sin otra opción, niñas y niños acuden a la escuela de Tlaxiaco. Han expuesto en papeles y dibujos su sentir: “Nosotros los niños exigimos”, es la leyenda de un cartel tapizado con sus cartas y dibujos en los que exigen volver a sus hogares sanos y salvos.
“Me corrieron a balazos, destruyeron mi comunidad, salí lejos de mi pueblo y me quemaron todas mis cosas y las de mi familia, nos quedamos sin nada”, expresa la carta de un niño mixteco que vive desplazado en ese refugio temporal de Tlaxiaco, que acompaña el Centro de Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos indígenas (CEDHAPI, AC).
En estas casas de lámina y de cartón viven las familias desplazadas desde hace más de cuatro años. Foto: Diana Manzo
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que se iniciaron carpetas de investigación por la desaparición de cuatro personas, derivado de la violencia que hay en las tres comunidades. El 25 de octubre de 2021 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones localizó el cuerpo sin vida de una persona en el paraje Shinitoo, de la Agencia (comunidad) de Ndoyonuyuji, por el que abrió la carpeta de investigación 35213/FMIX/TLAXIACO/ 2021 por el delito de homicidio.
De acuerdo con un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo hay 82 millones de personas desplazadas forzadamente, lo que equivale a un aumento del 4 por ciento sobre el 2019.
En su informe 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que 16 ambientalistas fueron asesinados en México y que en ese mismo año hubo alrededor de 90 agresiones contra activistas en 65 ataques distintos.
Bordar para no olvidar
En una pared del refugio se aprecia un cartel grande con la inscripción: “Desplazados por la defensa de los bosques”. Está rodeado de proclamas y una manta que bordaron como señal de resistencia y para no olvidar lo que vivieron, lo que viven y lo que añoran.
En este refugio ubicado en Tlaxiaco, Oaxaca las niñas y niños juegan y han aprendido a sobrevivir. Un letrero grande reafirma el desplazamiento que viven y su lucha por el bosque.Foto: Diana Manzo
Ilse Riaño Paz tiene 30 años y 2 hijos. Dice que para ella bordar es una forma de resistir, y así ha sido durante este tiempo que viven desplazados.
En la manta de dos metros por un metro, el grupo expresó su sentir. Dividieron sus bordados en tres momentos. En el primero muestran las casas quemadas y la violencia que significó el desplazamiento. En el segundo plasmaron la actualidad, cómo viven en un espacio donde no pueden realizar todo lo que quisieran, pero no hay otro modo de vida. En el tercero, se imaginan retornando a su comunidad, donde la paz, la alegría, y la resistencia sean las formas de vivir.
Ilse asegura que desde que llegaron se organizaron y con la ayuda de un artista visual -también desplazado- comenzaron a bordar, tanto mujeres como hombres.
“Lo que quisimos hacer es mostrar quiénes somos. Vimos lo duro que es vivir desplazados y pensamos que (bordar) es una forma de obtener recursos. Vivimos desplazadas y desplazados y bordar eso que sentimos, es justamente para reafirmar nuestra identidad, decirles quiénes somos y qué estamos haciendo acá, en este lugar”, describe.
Mujeres tejen sus flores que admiraban en su bosque, y lo hacen para no olvidarlas.Foto: Diana Manzo
Con hilos de algodón de varios colores, agujas delgadas, manta y bastidores de madera tipo aro, las mujeres tejen blusas tradicionales de Atatlahuca Oaxaca, un municipio ubicado en la zona norte de la mixteca oaxaqueña.
Cielo también salió huyendo de su comunidad y es amiga de Irma Galindo. Considera que tejer significa “no olvidar”. Asegura que fue gracias a la guardabosques que retomaron estos textiles como una forma de nombrar lo que otros quieren que olviden, que es su cultura, su pueblo, y su propia identidad.
El arte textil de la comunidad de Atatlahuca es distinguido por grecas de colores vivos: rojo, verde y fuschia, tejidas sobre tela de manta color natural. También han elaborado flores y frutas que los distinguen como comunidad y ahora están representadas en un bordado.
Tejer para no olvidar. Así ven pasar sus días las mujeres de Ndoyonuyuji. Bordan orquídeas, Ita Saa, Xinu, Ita tyanuni, Yoko itu, entre otras. Son flores con nombre en mixteco para no olvidar su bosque y su vida que dejaron por la violencia hace 4 años.Foto: Diana Manzo
El bosque es vida
El municipio de Atatlahuaca, Oaxaca, está dividido por 9 agencias municipales, (representaciones del Ayuntamiento en las comunidades) de las cuales, Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji se opusieron a la tala clandestina en 2 mil 640 hectáreas de bosque, actividad que aseguran, encabezó el presidente municipal Rogelio Bautista Barrios y el comisariado ejidal Eulogio Alvarado, a quién culpan de la violencia que actualmente viven.
En declaraciones públicas, la autoridad local ha negado cualquier hecho que se le acusa, e incluso, ha justificado la situación diciendo que en la cabecera municipal también hay otras personas desplazadas, por lo que ha exigido la intervención de las autoridades federales y estatales de forma urgente.
Magdiel Hernández Caballero, activista especializado de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, asevera que lo que viven las tres comunidades de Atatlahuca es una situación que se dio por la defensa del bosque, posteriormente por un tema agrario de disputa de tierras, y por la exigencia de recursos de los ramos federales 28 y 33, porque no ha habido obras sociales para las tres comunidades. Es decir, se requiere apoyo a la salud, calles rehabilitadas y apoyo para el campo.
“Todo ha sido muy triste y preocupante, porque de la nada todo lo perdimos. Yo extraño mi ranchito, mis gallinas, mis cultivos de maíz, frijol y calabaza. Acá en Tlaxiaco es otra forma de vida, todo es distinto”, lamenta Hernández Caballero.
Pedro Hernández Bautista desplazado y representante de los refugiados de Ndonoyuji, explica que a pesar de sus denuncias y exigencias no saben nada de su retorno. Está enterado de la aprobación de la ley, sin embargo, asegura que pareciera que solo es “de papel”, pues a cuatro meses, no hay avances de tener un retorno seguro a sus comunidades.
“De nada sirve que exista una ley si todo es de papel, es decir, no hay nada, seguimos sobreviviendo con nuestros medios y como se pueda. Sí es algo muy complicado, porque a veces el personal del INPI nos dice que acá solo es para vivir, no nos dejan sembrar nuestras hortalizas y plantas, o nos dicen que no podemos tener nuestros animalitos, como cerdos, borregos, gallinas o patos, pero nosotros seguimos acá, porque no tenemos otro lugar a dónde ir y eso es muy triste”, señala Pedro.
Dicha Ley castiga el desplazamiento forzado y la negativa a facilitar el retorno de las familias, asimismo brinda acceso a asistencia humanitaria, educación culturalmente pertinente, información clara, medios de subsistencia y documentación gratuita, lo que, según los entrevistados, es aplicado a medias.
“Acá si no bordamos, no hacemos una actividad, no comemos. Entonces, esta ley, reafirmamos que sigue siendo de papel. No es verdad, al menos para las tres comunidades que acá habitamos”, recalca Sebastiana Paz.
Por su parte, Maurilio Santiago, activista de los derechos humanos de la CEDHAPI, afirma que son cientos de personas indígenas mixtecas afectadas por la violencia de la zona.
“Eso que ocurrió en estas tres comunidades parece un sitio de guerra: casas quemadas, cuatro personas desaparecidas y varios desplazados, lo que nos indica que la violencia está fea en la zona. Lo que estamos haciendo es brindar acompañamiento. Ya hay denuncias y exigimos se haga una investigación exhaustiva para dar con los responsables”, apunta Maurilio Santiago.
Lamenta la falta de actuación del gobierno de Oaxaca, que en ese entonces estaba a cargo de Alejandro Murat, que asegura, no hizo nada para resolver el conflicto. Dice que es lo mismo con el actual gobierno, a cargo de Salomón Jara Cruz.
El defensor comunitario reconoció que la violación a los derechos humanos existe y es urgente que se investiguen los delitos cometidos, y que se dé cumplimiento a la acción urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada.
A principios de este 2026, durante una conferencia semanal del gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, secretario de Gobierno, informó que 27 comunidades en la entidad viven desplazamiento forzado interno.
“Las familias que llevan mayor tiempo fuera de sus casas por la violencia, son las de comunidades como Río Santiago y Santiago Textitlán, ubicado en la Sierra Sur”, indicó Romero López.
En un comunicado, la titular de la coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH), Flor Estela Morales Hernández expresó que la reubicación involuntaria es una realidad compleja, “requiere enfoques multidisciplinarios, marcos normativos claros, modelos de intervención comunitaria y capacidades institucionales consolidadas”.
Este año, las más de 70 personas de las comunidades de Oaxaca cumplirán cinco de vivir desplazadas, de no poder sembrar sus tierras, no cuidar de sus animales, y como lo hacían con la defensora Irma Galindo, de “evitar la tala clandestina en su bosque”.
Aseguran que la tala no cesa, aumenta, puesto que antes del desplazamiento y de la desaparición de la defensora habían denunciado la presencia de siete aserraderos irregulares y actualmente hay más de una docena.
Para honrar su memoria, resisten, luchan y tejen. Este 2026, las más de 70 personas cumplirán cinco años de vivir desplazadas, de no poder sembrar sus tierras, de no convivir con sus vecinos y lo que más lamentan: “de no ver el bosque”.
Mientras tanto, suman más de mil 500 días sin la guardabosques, Irma Galindo. Su amiga Cielo señala que pareciera que se la hubiera tragado la tierra puesto que “no se sabe nada de ella, ni ha dado señales de que esté viva”. En las paredes de la capital de Oaxaca su nombre y rostro están inscritos con letras en grafitti para no olvidarla.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Desplazados por la ‘narcoguerra’, niñas y niños de la sierra de Concordia sobreviven en un estado de alerta perpetuo. Entre el duelo por sus padres y el silencio de sus escuelas, la Brigada de Salud Comunitaria ha construido un refugio de resistencia: un espacio donde el cine, la danza y la lectura devuelven a las infancias el derecho a soñar con un futuro distinto al de la violencia.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
Por Sibely Cañedo Red de Periodistas de a Pie
Valentín tiene ocho años. A su corta edad ya sabe lo que es huir de las balas y perder su casa.
Hasta hace unos meses vivía con su familia en una comunidad serrana del municipio de Concordia, Sinaloa, donde las nubes se rendían a sus pies y jugaba todos los días entre pinos y montañas. Pero su hogar se convirtió en el epicentro de una guerra que no alcanza a comprender y le ha arrebatado a su padre, un joven trabajador que fue asesinado a balazos sin que nadie lo esperara.
A su madre, hombres armados le han enviado el mensaje de que lo mataron “por error”, pero que ya pueden regresar porque no tienen nada contra ellos. Sola, con tres niños, se debate en la decisión de retornar a su pueblo, por el que siente arraigo, o padecer la precariedad y la falta de empleo para mantener a sus hijos, en la periferia de la ciudad de Mazatlán.
El pequeño Valentín –a quien se le llamará de esa forma para proteger su identidad– es solo uno de los rostros detrás de las cifras: más de 2 mil familias desplazadas en territorio sinaloense desde que detonó la “narcoguerra” en septiembre de 2024, un estallido que partió en dos al influyente Cártel de Sinaloa.
Desde entonces, pobladores de la sierra de Concordia viven entre caminos controlados por hombres armados, clínicas y escuelas cerradas, enfrentamientos, asesinatos, extorsiones, desplazamientos forzados y retornos inseguros.
El punto álgido se vivió en el mes de mayo del año pasado, cuando, desde drones, grupos criminales lanzaron explosivos a campamentos de sus rivales, provocando incendios forestales que se esparcieron por toda esa zona de la sierra concordense.
Esta parte de la Sierra Madre Occidental, ubicada al sur de Sinaloa, es un territorio disputado por el crimen organizado durante más de una década. Su localización estratégica, al ser paso natural hacia el estado de Durango, y su riqueza en minerales como oro, plata, plomo y zinc, lo han hecho atractivo tanto para las inversiones legales como para las actividades fuera de la ley.
Las disputas por el control territorial entre grupos armados ilegales no son nuevas. En 2017 se vivió otra “narcoguerra” que dejó cientos de familias desplazadas, muchas de las cuales perdieron su patrimonio y optaron por no regresar.
Pero si las pérdidas y las dificultades que enfrentan los adultos son duras, en las niñas, niños y adolescentes (NNA) estas implican impactos profundos en su desarrollo.
Como cientos de niños más, Valentín perdió su escuela y sus amigos, su lugar seguro, parte de su familia, pero además, algo muy preciado: sus juguetes y sus animalitos.
La psicóloga Edith Robles Arredondo explica que, para las infancias en situación de desplazamiento forzado, separarse de sus juguetes es un duelo tan hondo como para los adultos perder su ganado y sus tierras. En este contexto han experimentado ansiedad, depresión, falta de concentración, dificultades para aprender y trastornos del sueño.
Mientras el Estado les abandona y les ha dejado sin servicios de salud, ha surgido una iniciativa comunitaria, que además de pensar en la población adulta, ha destinado un espacio vital para las infancias y adolescencias.
Después de los ataques en mayo del año pasado, Periferia Subversiva y Perlas del Pacífico –colectivas feministas de Mazatlán– organizaron campañas para recabar alimentos y enseres básicos, ante lo que calificaron de una crisis humanitaria en la sierra. De ahí surgió la idea de conformar la Brigada de Salud Comunitaria, ya que no había doctores ni medicinas en los altos de Concordia. Finalmente, las brigadas se realizaron en cuatro ocasiones, el último fin de semana de cada mes de agosto a noviembre.
Sin importar los riesgos y la falta de recursos, subieron a Chirimoyos en caravana para ofrecer servicios médicos a esa comunidad, así como a las localidades vecinas de La Petaca y El Cuatantal, a las cuales regresó gran parte de la población desplazada pese a no tener garantías de seguridad.
Como la premisa de que la salud no es solo física, llevaron acompañamiento psicosocial e impartieron talleres de cine, dibujo, lectura y danza a cerca de 40 niños y adolescentes. Actividades que se complementaron con un taller de observación de plantas y animales.
Hoy, este esfuerzo a base de trabajo voluntario y donativos se encuentra interrumpido, y aunque el deseo es poder regresar, la prolongación de la violencia se los ha impedido.
Esta es la historia de cómo el arte se convirtió, por unos momentos, en el refugio de la niñez desplazada para descansar de su realidad y construir puentes hacia el futuro. Para entender cuáles fueron los impactos del desplazamiento forzado en las niñas y niños, conocimos parte de sus historias y entrevistamos a algunos de los brigadistas que dieron su tiempo y conocimiento a esta iniciativa, la cual tuvo lugar en un contexto de riesgo.
El paisaje del miedo
Valentín no lo entiende bien, pero todo esto que ha destrozado a su familia es por un conflicto que sostienen dos grupos criminales, que antes formaban el Cártel de Sinaloa y ahora pelean por el control de territorios que consideran suyos.
De septiembre de 2024 a enero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) ha registrado 2 mil 417 homicidios dolosos y 97 feminicidios. El número de personas desaparecidas en el mismo lapso es similar: 2 mil 192, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Entre los crímenes impunes, están los de niños y jóvenes estudiantes, quienes han sido víctimas del fuego cruzado.
Aunque en números absolutos la violencia se concentra en ciudades como Culiacán (capital del estado) y Navolato, los municipios menos poblados, como Concordia, con apenas 24,899 habitantes, sufren los impactos de manera desproporcionada. Tan solo el pasado mes de diciembre, Concordia se colocó en segundo lugar con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 24.1; y en primer lugar en el delito de privación ilegal de la libertad, con una tasa de 96.4, lo que refleja el clima de inseguridad que se padece en la zona.
Valentín tampoco entiende qué son los “desplazados”, pero se ha convertido en uno de ellos.
Toda esta combinación de delitos ha provocado el éxodo forzado de al menos 20 comunidades del municipio serrano de Concordia, especialmente de la parte colindante con el estado de Durango. Además de las ya mencionadas, se han desplazado de Copala, Corte Alto, El Batel, El Carrizo, El Palmito, La Cañita, La Capilla del Taxte La Mesa del Carrizal, Las Guacamayas, Las Iguanas, Loberas, Palmillas, Potrerillos, San Juan de Jacobo, Santa Catarina, Santa Lucía y Santa Rita, según datos oficiales.
Desde que estalló la “narcoguerra”, Concordia ha registrado 640 de las 2 mil 189 familias desplazadas de todo el estado, casi la tercera parte, de acuerdo con lo que respondió la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) tras una solicitud de transparencia. Aunque no se especificó el número de víctimas en lo individual sino solo por familias, se calcula que al menos 9 mil personas han sido afectadas, de las cuales 24% tienen 18 años o menos, es decir, entre mil 500 y 2 mil niños y adolescentes fueron desplazados forzadamente junto con sus núcleos familiares.
COMUNIDADES DESPLAZADAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN. (SEPT-2024-ENERO 2026)
Localidad
Núm. familias
1
El Palmito
206
2
Potrerillos
108
3
Santa Lucía
105
4
Las Iguanas
95
5
La Petaca
38
6
Palmillas
25
7
Chirimoyos
20
8
El Batel
9
9
Santa Rita
7
10
Loberas
7
11
La Capilla del Taxte
6
12
Copala
3
13
Las Guacamayas
3
14
La Mesa del Carrizal
2
15
La Cañita
2
16
Corte Alto
1
17
El Carrizo
1
18
San Juan de Jacobo
1
19
Santa Catarina
1
TOTAL
640
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa (Sebides).
Localidades de Concordia donde se han presentado desplazamientos
Localidades de Concordia donde se han presentado desplazamientos a partir de septiembre de 2024. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa (Sebides).
Familias desplazadas en Sinaloa por municipio
Familias desplazadas de septiembre de 2024 a enero de 2026. Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa (Sebides).
No obstante, la Sebides se negó a informar los rangos de edad de personas desplazadas en aras de proteger los datos personales, sin importar que sólo se solicitaron estadísticas. La dependencia reconoció no contar con un diagnóstico específico sobre los impactos del desplazamiento en niños y adolescentes, lo que impide llegar al conocimiento de la problemática.
En contraste con la falta de información en el estado de Sinaloa, un reporte de ACNUR muestra la tendencia mundial: cerca del 40% de la población desplazada son precisamente este segmento de la población. Más de 50 millones de niñas, niños y adolescentes han sido desplazados por violencia y conflictos hasta finales de 2024.
Al igual que los niños víctimas de la “narcoguerra” en Sinaloa, se consideran parte de un grupo vulnerable y se enfrentan a amenazas como la desescolarización, reclutamiento forzado, enfermedades, trata y hasta la muerte.
Por lo anterior, tienen derecho a recibir protección especial acorde con sus necesidades, según los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, así como la Ley Para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Sinaloa, aprobada en 2020.
En esta región montañosa del municipio de Concordia, el trabajo de la brigada comunitaria ha evidenciado la persistencia de estos y otros riesgos, entre los más fuertes, el cierre total o parcial de las escuelas, el reclutamiento por parte de grupos del crimen y los impactos en la salud mental.
En modo supervivencia: aprender en medio del temor
Ana es una niña de nueve años. Experimenta pesadillas recurrentes. Sueña que a sus perros y a sus gatos les hacen daño. Los tuvo que dejar solos mientras que ella y su familia huían de la violencia, y aunque ahora ha regresado, no sabe dónde están (los nombres de los infantes han sido modificados para proteger su identidad).
La psicóloga Edith Robles Arredondo advierte que NNA presentan síntomas del estrés postraumático complejo, como falta de concentración, depresión, ansiedad e insomnio.
Durante las brigadas se atendió a un total de 46 pacientes en terapias psicológicas individuales: 30 personas adultas, 5 adolescentes y 11 infancias.
“Son niños que se tienen que ir de la nada y dejan lo más preciado para ellos, sus juguetes y sus animalitos, que muchas veces al regresar ya no los encuentran”, detalla.
El miedo constante –acota— ha puesto su cerebro en «modo supervivencia», impidiéndoles aprender o memorizar de manera regular.
Muchos de ellos han perdido algún familiar, como en el caso de Valentín, lo que incrementa los duelos múltiples en este tipo de escenarios, donde el hecho violento no es uno solo, sino que se repiten a lo largo del tiempo, explica la especialista.
Por otro lado, lo que pudo observar en adolescentes es que tienen sus propias preocupaciones. Los hombres temen ser “levantados” por grupos criminales al no saber si sus amigos están involucrados con ellos; mientras las chicas, ser secuestradas por jóvenes armados.
En estas condiciones no es fácil estudiar, mucho menos con las escuelas cerradas y las clases en línea en lugares con débil señal.
“La escuela es parte de su mundo, su segundo hogar, lo que para nosotros es el trabajo; allí ellos aprenden, juegan con otros niños, desarrollan habilidades; y el hecho de que cierren las escuelas o no puedan ir presencialmente es un impacto fuerte”, considera Edith.
Aunque la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de Sinaloa reportó que no hay escuelas cerradas en la “coyuntura de seguridad” que atraviesa el estado, padres de familia en la sierra de Concordia aseguran que en este año y medio de guerra, los docentes no han podido ir con regularidad a clases debido a los enfrentamientos entre los grupos armados y a que las carreteras son controladas por la “maña”, como llaman a los grupos delictivos del lugar.
Una maestra de bachillerato, de quien se omite su nombre para evitar represalias en su contra, cuenta que durante este tiempo, cuando ella y sus colegas se han atrevido a ir a dar clases a una de estas comunidades, lo han hecho con miedo. Tratan de viajar mínimo dos o tres compañeros juntos y no cambiar de auto, para que la gente armada no los confunda con enemigos. Además, tienen prohibido dar raid o subir personas ajenas a la comunidad.
Este ambiente de zozobra ha afectado al menos a 6,200 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, según la matrícula escolar de la Sepyc para el ciclo 2024-2025 en esta municipalidad.
La brigada comunitaria buscó llenar este vacío institucional e incluyó sesiones de cuentacuentos, arte terapia, danza amorosa y clases de cine, que si bien no reemplazan la educación formal, les ayudan a seguir aprendiendo de forma alternativa a través del juego y la convivencia.
Rita Tirado, coordinadora de la brigada y fundadora de la Colectiva Periferia Subversiva, habló del enfoque integral de esta iniciativa:
“Es un proyecto de salud integral, se trata de atender no solamente la salud, la atención médica general, sino también lo psicosocial. Es fusionar un poco la arteterapia con talleres de arte, talleres de movimiento, como esta conexión de cuerpo, mente, espíritu”, describe Rita.
En ese sentido, no se olvidaron de la población infantil, de quienes las voluntarias destacan su actitud positiva y resiliente. En medio de las adversidades, la brigada construyó un refugio a base de pilares como el dibujo, la lectura, la danza, el cine y el amor por la naturaleza.
La imaginación como refugio: las brigadas comunitarias
Donde antes el verde de la cadena montañosa se mezclaba con el olor de las tortillas recién hechas en cada vivienda, hoy el sonido del viento ha sido interrumpido por ruido del pasar de los vehículos de guerra.
La presencia de convoyes de la Guardia Nacional y de militares, que pasan pocos minutos antes o después que las camionetas con civiles armados, es la escena que se ha vuelto cotidiana para las niñas y los niños en estos pueblos alteños.
La maestra Dalia Morales les cuenta cuentos y les pide hacer un dibujo sobre lo que más les gusta de su comunidad.
Los niños más pequeños expresaron el deseo de que mejoren las condiciones de sus hogares, animales y cordilleras, mientras que los adolescentes dibujaron camionetas de lujo, armas o helicópteros, reflejo de lo que ven actualmente en su entorno de manera cotidiana. En su experiencia, Dalia advierte que este grupo de edad es más susceptible de ser cooptado por el crimen organizado, por lo que sugiere poner más atención en ellos.
Actividades de la brigada comunitaria, el 29 de septiembre de 2025 en Chirimoyos, Concordia, Sinaloa. Fotografía: Sibely Cañedo.
Para ella, la lectura es un puente a la construcción de otros mundos posibles. “Es un respiro para ellos, en este caso. la lectura sirve poderosamente para crear puentes hacia otras historias, otras narrativas que muchas veces nos salvan, o les salvan, porque ven desde otra perspectiva que existen otros caminos que se pueden tomar para continuar en la vida y que pueden hacer para cumplir sus sueños”, relata la docente al reflexionar sobre su intervención en la brigada.
La maestra Dalia Morales lee cuentos a niñas y niños de Chirimoyos. Fotografía: Sibely Cañedo.
La danza como liberación
Dalia trabajó con sus mentes, pero hubo otra actividad en la que los niños conectaron con sus cuerpos tras largos meses de tensión. Rafaela Negrete Ordóñez, bailarina y educadora, destaca la importancia de las actividades artísticas para niños en contextos difíciles. Tras coordinar el taller de movimiento lúdico, menciona que las niñas y los niños de la sierra estuvieron cerca de dos años sin escolarización, lo que deriva en la necesidad de espacios de contención grupal e integración.
Niñas y niños participan en una actividad de “danza amorosa” durante el taller de movimientos lúdicos. Fotografía: Sibely Cañedo.
Para ella fue un «laboratorio pedagógico», en el que observó que las niñeces, inicialmente resistentes a la danza, se abrieron a explorar su cuerpo y creatividad. Se tomaron de las manos y danzaron, sin preocupaciones durante el tiempo que duraron las sesiones.
Asimismo, percibió cambios significativos en las actitudes de estas infancias, que al inicio decían querer ser “mafiosos” o “militares”, pero que tras los talleres, comenzaron a imaginarse otros proyectos de vida.
«Maestra, yo de grande quiero ser bailarina como tú”, escuchó Rafaela más de una vez durante las sesiones en la comunidad de Chirimoyos.
Bichos: una ventana a la naturaleza
Por unos momentos, se olvidaron del ruido de los drones que usualmente zurcan el cielo de sus comunidades para lanzar explosivos. Lo cambiaron por el canto de los grillos. Movidos por la curiosidad, niñas, niños y adolescentes, de tres a los 15 años, se acercaron al taller denominado “Bichos”, impartido por el biólogo y naturalista Eduardo Quintero. Recorrer las veredas de Chirimoyos y observar la naturaleza es algo que en estos momentos los niños en la zona serrana ya no pueden hacer de manera libre y segura. Pero dentro de la brigada fue de nuevo posible.
Actividad durante el taller “Bichos”, impartido como parte de la brigada comunitaria en Chirimoyos, Concordia, Sinaloa. Foto: cortesía de Eduardo Quintero.
Mientras tanto, el biólogo Eduardo explica que el municipio de Concordia se ubica en una región de gran relevancia ecológica y rica en biodiversidad. Predominan los bosques de coníferas, pino y encino. También es un corredor biológico y refugio de aves endémicas y migratorias, donde se pueden avistar la chara pinta, guacamayas, codornices, venado cola blanca, jabalíes, entre muchas otras especies.
A más de 45 kilómetros de distancia, en Mazatlán, Valentín ya no podrá contemplar ese paisaje. En su realidad actual ha cambiado el verdor de la montaña por el gris de la urbanización y las calles pavimentadas.
“Es importante el arraigo a su territorio, el conocer qué hay en él: qué plantas y animales son los representativos del monte, de las montañas y de los cerros que son de su comunidad; no es la vieja usanza de los señores que dicen, ‘ah, pues todo es monte y hay que aprovecharlo’”, apunta el brigadista.
Durante el taller, los niños recorrieron el monte y aprendieron a identificar la flora y fauna más representativa de su región. Les tomaron fotografías y hasta grabaron el sonido de los insectos, que aunque forman parte de su vida diaria, ese día los percibieron de manera diferente.
La mirada propia: una forma de resistencia
En Chirimoyos, Concordia, niñas documentan aspectos de su comunidad como parte del taller de cine. Foto: cortesía de Dano García.
En Chirimoyos, Concordia, Dano García, cineasta y documentalista, parte del colectivo Les Abonades. Foto: cortesía de Dano García.
En Chirimoyos, Concordia, una niña graba sonidos del ambiente durante la práctica del taller de la brigada comunitaria. Foto: cortesía de Dano García.
Miguelito tiene 12 años y ha aprendido a usar la cámara. Ha filmado su casa, la milpa, su familia. Ha recorrido los sembradíos de maíz y el impresionante paisaje de este rincón de Sinaloa.
Es uno de los estudiantes del taller de cine impartido por el Colectivo Les Abonades, fundado por Dano García, cineasta trans de Mazatlán. Su ópera prima, “Los reyes del pueblo que no existe” (2015), fue ganadora de múltiples premios nacionales e internacionales, al contar la historia de un pueblo desplazado por la presa Picachos en el sur de Sinaloa.
Junto a sus colegas Gera Reyes, Melody Lara y Misael Escobedo, como parte de un documental en proceso, Dano García ha compartido cámara con los niños y niñas de comunidades rurales, para impulsarlos a contar sus historias a través del cine.
Además de Chirimoyos, han llevado estos talleres al municipio de Mocorito, así como a la Isla de la Piedra y a la comunidad de Juantillos, estas últimas pertenecientes al municipio de Mazatlán.
Tan solo en Chirimoyos, son alrededor de 20 estudiantes cuyas edades van desde los cinco hasta los 15 años, formando una especie de aula multigrado donde los más grandes enseñan a los más pequeños.
Para Dano, el cine comunitario es más que solo enseñar los encuadres o las técnicas cinematográficas: es una forma de resistencia y el poder de reflejar su propia mirada.
“Entonces, los niños aprenden a usar la cámara, pero también a contar qué es lo que más les gusta de su comunidad, cuáles son los sonidos que les más les gustan, qué les llaman la atención; unos dicen que el sonido, otros que la foto”, relata con entusiasmo.
En medio de una situación de violencia donde las voces de la población infantil y adolescente no han sido escuchadas, la cineasta y documentalista agrega que el cine comunitario “es una forma de ir sembrando semillitas de resistencia y autogestión”.
El derecho a soñar en un futuro mejor
En sus reflexiones acerca de este proyecto, los brigadistas entrevistados coinciden en que la solidaridad y la organización colectiva ante la omisión del Estado es fundamental. Manifiestan que les gustaría regresar y dar continuidad a estas acciones, pero por el momento la situación es incierta ante la persistencia del conflicto armado en la zona.
“Eso es algo primordial, que sí es cierto que podemos hablar del Gobierno y lo que le corresponde, lo que debe de hacer, (pero) es bien importante continuar organizándonos como sociedad, seguir haciendo voluntariado, seguir buscando el bien común”, considera la maestra Dalia.
Estima que la violencia provoca un «rezago profundo» en el nivel básico de educación. Lamenta que el crimen organizado desplace a las comunidades y plantea que el gobierno debe comprometerse con un cambio estructural para proteger a la niñez, especialmente a la de la sierra, que está lista para aprender, pero se lo impide la violencia.
Rafaela, desde su visión pedagógica, destaca que este proyecto ayudó a las niñas y niños a imaginar futuros posibles. Si antes no se proyectaban más allá de su entorno inmediato, ahora sueñan con ser biólogos, danzantes, docentes, médicos…
“Se me hizo muy valioso, más allá del hecho de que si se convierten en bailarinas o no, que se están imaginando nuevos futuros, se están imaginando nuevas posibilidades de vida”, resalta.
En tanto, Eduardo ve un gran potencial en estos pueblos para dedicarse a actividades más seguras y amigables con el medio ambiente, como el turismo de naturaleza. Pero sabe que para ello se necesita restablecer la paz.
Dano cree que el cine comunitario es también una estrategia de resistencia y de autogestión, donde las infancias son protagonistas.
Finalmente, la activista Rita Tirado hizo un balance de la Brigada de Salud Comunitaria, a través de una bitácora de actualización que publicó en sus redes sociales.
“Me gustaría haber logrado que el gobierno o las instituciones voltearan a ver a estas comunidades. Que dieran seguimiento, alternativas, atención. No pasó. Y aun así nos quedamos con los pequeños logros”, expresó en su publicación al hablar de las comunidades que fueron atendidas y acompañadas.
En su informe subrayó que más de 40 infancias, aunque sea por unas horas, pudieron ver un mundo distinto al de la sierra militarizada.
Lo que hace recordar que mientras el imperio del miedo y el crimen continúe en estos territorios, la única región libre para la niñez seguirá siendo su capacidad de imaginar nuevos mundos.
Para quienes resisten en Chirimoyos, la danza, el video y la literatura han sido un respiro ante el fragor de la guerra, pero también semillas de paz para un futuro mejor, en el que quizás el pequeño Valentín y su familia puedan regresar sin miedo.
PUNTOS CLAVE DE LA BRIGADA
COLECTIVAS PARTICIPANTES
Periferia Subversiva
Perlas del Pacífico
Les Abonades
Menstruarte
PERSONAL VOLUNTARIO
Médicos/as
Pasantes
Enfermeras
Psicólogas
Talleres impartidos durante la Brigada Comunitaria:
Cine comunitario por colectivo Les Abonades
Taller de pintura por Andrea Osterhout
Danza y movimiento por Rafaela Negrete
Cuentacuentos “Del cuidado, territorio y cuerpo” por Dalia Morales
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
Que le sirva a la población para tomar mejores decisiones y también para provocar que se detenga el abuso de poder o las violaciones a los Derechos Humanos.
La cobertura que han realizado en temas de migración desde la frontera sur de México ha sido muy relevante entender los procesos de militarización y las políticas de contención de los flujos migratorios.
Aquí comparten con toda la comunidad de Periodistas de a Pie lo que han aprendido en este camino.
Durante la cobertura
Se empática, mantente atenta ante los paralelismos de la migración entre distintos países.
Mantén una visión crítica hacia los discursos oficiales y las respuestas comunes.
La migración es más que personas en tránsito, identifica a quienes se establecen temporalmente o quedan, reportea sus condiciones de vida, esfuerzos y problemáticas en estas etapas.
Posterior a la cobertura
Conoce las recomendaciones y perspectivas de las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Busca voces críticas que analicen las respuestas que dan los países y las políticas públicas para atender la migración que han dado antes y ahora.
Desde las costas de Libia hasta las cuencas del Río Bravo se vuelve cada día más complicado cruzar las fronteras. Los gobiernos de la Unión Europea y los Estados Unidos intensifican las medidas para evitar la entrada de migrantes, refugiadas y refugiados en su territorio.
El Mar Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y en las ciudades fronterizas de México miles de migrantes y refugiados están suspendidos sin alguna esperanza de pasar al otro lado.
¿Qué significa esta dinámica para el periodismo? ¿Cómo narramos de una manera sensible y responsable a las personas que huyeron del hambre, la violencia o la persecución? Rocío Gallegos (Ciudad Juárez), Ángeles Mariscal (Chiapas) y Wolf-Dieter Vogel (Oaxaca/Berlín) conversaron sobre estos desafíos.
En el conversatorio se mostró que en la detención del flujo migratorio hay muchos paralelismos a nivel global: la externalización de las fronteras, la militarización, la influencia de la UE y los EEUU en las políticas migratorias de los países de tránsito u origen.
Como periodistas debemos considerar estos paralelismos y sobre todo las estructuras globales que obligan a tanta gente dejar su lugar de origen, ver las causas y no solamente las consecuencias. Además, debemos preguntarnos ¿Quiénes se benefician de los migrantes?
Pero no ayuda mucho hablar abstractamente sobre „la violencia“ o „la pobreza“. Tenemos que enfocar las historias personales de cada migrante o refugiado. Cada una tiene sus razones propias para migrar o huir. Ellos deben ser las y los protagonistas. Eso también implica ser cuidadoso en nuestras narrativas, sobre todo en el lenguaje en que nos expresamos.
Sin duda no son las autoridades, sino los mismos migrantes y refugiados y las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de las personas en el camino. Si queremos apoyar en este proceso con nuestras publicaciones, tenemos que destacar estas actividades, juntar nuestras experiencias y elaborar estrategias conjuntas.
En esta plática nos acompañarán las periodistas Ángeles Mariscal (Chiapas Paralelo), Rocío Gallegos (La Verdad Juárez) y el periodista alemán Wolf Dieter Vogel, corresponsal y colaborador de Periodistas de a Pie.
Ángeles Mariscal Periodista y docente. Se especializa en temas de derechos humanos, migración, pueblos originarios y megaproyectos. Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2019, en la categoría Prensa Escrita, con el reportaje “La compuerta mexicana”
Rocío Gallegos Periodista. Directora de La Verdad Juárez y Cofundadora de la Red de Periodistas de Juárez. Ganadora del Premio Internacional de Periodismo Knigth en 2011 y Zenger Award en 2012.
Wolf-Dieter Vogel Periodista alemán que actualmente centra su trabajo en México. Destacan sus investigaciones sobre la venta ilegal de armas y migración.
