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Editorial: Periódico El Mañana

Cobertura electoral

¿Qué es lo realmente importante en la cobertura?

Un reportero tiene estar apasionado del tema que cubre. Buscar ángulos que gusten, que impresionen, que aporten una segunda mirada.

Volver a lo básico: saber cómo funcionan los poderes del Estado y las instituciones, particularmente el INE. ¿Cómo funciona el sistema electoral en México?

El reto: explicar la elección 2018, la más compleja de la historia reciente.

Un ejercicio imprescindible: hacer una línea de tiempo: nacional, estatal, municipal…

Línea de Tiempo Elecciones en México

• 1977 Reforma Política. Comienza con la dispersión del poder.

• 1982 Elección de Miguel de la Madrid.

• 1988 Elección, Carlos Salinas de Gortari gana. Se postula Cuauhtémoc Cárdenas. Válvula de escape: pactan reforma político-electoral. Nace el IFE, detonante de la transición o dispersión del poder (1989-1991).

• 1994 Elección. Asesinato de Colosio. Surge el movimiento zapatista.

• 1996 Reforma electoral. Nace financiamiento público, cambian las condiciones de competencia.

• 1997 Elecciones en la Ciudad de México. Gana el PRD. PRI pierde la mayoría del Congreso. Importante: Legislatura de 1997 al 2000.

• 2000 Elección. Se crean las condiciones para que gane el que tenga más recursos.

• 2003 Reforma. Crean triada: Fepade, Tribunal Electoral del Poder Judicial e IFE.

• 2004 Desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Paralelamente suceden las transiciones en la estados.

• 2006 Elección. Gana Calderón. Pacto entre PRI y PAN. No estaba regulada la publicidad en TV.

• 2007 Reforma electoral. Se limitan los spots en la TV. Le dan al INE la administración de los tiempos oficiales. Efecto colateral: el dinero que ya no se usa en los spots, lo invierte el gobierno en propaganda.

• 2012 Elección. EPN gana.

• 2014 Reforma Político Electoral, la que determinará las elecciones de 2018. Será importante leerla y estudiarla.

Novedades de la Reforma 2014

1) INE

*Conviene hacer radiografía de los consejeros que integran el INE. ¿Qué partido lo puso? Hubo relevos en marzo.

2) Fiscalización en tiempo real, depende totalmente del INE.

*Buena parte del gasto está fuera de ese sistema, los partidos no lo reportan. El INE tiene la capacidad de detectar parte del dinero no reportado, pero definitivamente no es todo. Por ejemplo, dinero público que se utiliza para una elección en programas, otros financiamientos ilegales.

3) Candidaturas Independientes

*No hubo candidaturas independientes desde 1946 hasta 2012. Comienzan a operar en 2015.

4) Paridad

5) Reeleción

6) Alianzas y partidos pequeños

7) Casilla única

Tiempos de la elección:

Previo: 8 de septiembre al 14 de diciembre

-Se definen alianzas.

-INE revisa documento de coalición.

-Los partidos tienen que notificar al INE, antes del 14, cuál será su método para definir candidato.

Precampaña: 14 diciembre a 14 de febrero. Topes y fiscalización de gasto

14 de febrero se cumple el plazo para recolectar firmas (más 7 días, en esta ocasión).

Intercampaña: Es un periodo de 1 mes aproximadamente. El INE revisa todos los candidatos electos e informes de gasto de precampañas. Además decide qué hacer con los tiempos del estado. Durante este lapso está prohibido hacer campaña. Se abre un periodo de registro de candidatos: 15 al 22 de febrero todos los cargos.

Campaña: 30 de marzo inician las campañas. Acá se da la cobertura tradicional de mítines. Es básico ver el tema de la fiscalización, pero también las propuestas de partidos e independientes, cobertura de mítines, seguimiento a candidatos, etc.

Jornada Electoral: 1 de julio, se dan resultados del PREP. También hay ejercicios estadísticos como las encuestas de salida y el conteo rápido. Es diferente un conteo rápido al PREP, el primero es un ejercicio estadístico, el segundo se hace con las actas.

Cómputos Distritales: miércoles 04 de julio se hacen cómputos distritales. Cuando acaba es cuando se tiene un resultado oficial y el INE emite una constancia de mayoría. Los partidos puedes presentar, por un periodo determinado, un recurso de impugnación. En su caso, el tribunal tiene hasta septiembre para emitir un fallo. Entre julio y agosto la unidad de fiscalización debe dar un reporte.

Recomendaciones para navegar en el sitio del INE:

• Familiarizarse con la página, visitarla semanal o diariamente.

• Visitar la sección: Repositorio Documental: sitio para colocar todo aquella información, documento y contenido con carácter de relevancia en el tiempo.

• http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/

• http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/92878

• Fiscalización de elecciones anteriores http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/

• Fiscalización en tiempo real http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/inicio

Algunas recomendaciones la cobertura de las elecciones en México:

• Es recomendable hacer líneas de tiempo para entender los procesos

• Un buen ejercicio es hacer la línea de tiempo por entidad, municipio, etc.

• Combinar el reporteo de calle con la investigación documental

• Estudiar la Ley Electoral

• Diferenciar entre un conteo rápido y el PREP

• Trabajar con listas nominales, no con padrón electoral.

• Básico no perder de vista el tema de la fiscalización; lo que pasa en los mítines, ver de qué se acusan mutuamente.

Infaltables para hacer una buena cobertura electoral rumbo a 2018

• Mapa: hacer nuestro propio mapa: por entidad, municipio, delegación, etc.

• Cronograma: establecer un calendario de trabajo. Inicio de campañas, convenio de coalición, registro de candidatos, los independientes, etc.

• Proceso Electoral: tener muy claras las etapas del proceso electoral, para saber qué cubrir y cuándo. Es muy importante tener claro cómo funciona una casilla, cuál es el procedimiento para contar los votos, cómo se hace el registro, etc.

• Personajes: Ubicar muy bien los personajes que por su biografía y postulación representan una historia que explica el mapa de actores.

• Microhistorias: investigar y escribir historias que develen el entramado económico y político de las elecciones.

• Seguir la ruta del dinero: temas de fiscalización, uso de recursos, tope de campañas, etc.

• War rooms: cubrir toda la estrategia de la campaña, no sólo a los candidatos e INE. Tener la capacidad de contar lo que no se ve a simple vista. Es muy importante saber quienes es el equipo más importante en una campaña: coordinador de campaña, coordinador de oficina, coordinador de finanzas, coordinador de redes, coordinador jurídico. Contar con una radiografía clara de los actores.

• Bases de datos e investigación: será imprescindible contar con un equipo que se distribuya el trabajo de acuerdo a sus habilidades e intereses. Ejemplo: generación de bases de datos, visualización, diseño e investigación como parte de un proceso más amplio de cobertura.

• Mapa de riesgos: será muy importante –como parte del plan de trabajo- hacer un mapa de riesgo por redacción.

• Seguridad: es clave contar con estrategias de seguridad: física, digital.

Lecturas recomendadas:

Woldenberg, José, Historia mínima de la transición democrática en México, en línea

http://septien.mx/wp-content/uploads/2016/03/Historia-Minima-de-La-Transicion-Democra-Jose-Woldenberg.pdf

¿Democratización vía federalismo? El Partido Acción Nacional, 1939-2000: La historia de una estrategia difícil, por Alonso Lujambio, México, Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., 2006, 112 p. Mexico’s New Politics. The PAN and Democratic Change, por David A. Shirk, Boulder y Londres, Lynne Rienner Publishers, 2005, 280 p.

Discurso de Patricia Mayorga, corresponsal de la Revista Proceso en Chihuahua e integrante de la Red de Periodistas de a Pie, en la entrega del Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2017 del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Puedes consultar el trabajo que ha realizado para Pie de Página en: http://piedepagina.mx/colaboradores-Patricia-Mayorga.php

Puedes leer la publicación original del Comité de Protección a Periodistas aquí

Consulta su último reportaje: Morir en defensa del bosque en Pie de Página, dando click aquí

 Foto: Fernando Santillán

Por Daniel Rosas

@danielrosas2000

Periodista, jefe de investigaciones del periódico El Mañana de Nuevo Laredo.

El Congreso de Tamaulipas aprobó una nueva ley, oootra. Sí, otra ley para tratar de arreglar la falta de justicia que hay en el estado. Insisto, esto de hacer leyes para tratar de solucionar la situación del país puede resultar tan útil como hacer barquitos de papel para lanzarlos al río. Además de la diversión, no pasará nada. No, no digo que no hace falta proteger a las víctimas, por el contrario. Ese es el principal problema. Hay más víctimas, porque hay más delitos y delincuentes que gozan de impunidad, porque no se respetan las actuales leyes. Hay más secuestros porque los secuestradores se sienten con la libertad de andar libremente, incluso frente a las narices de los policías.

La ley que se aprobó el 15 de noviembre por unanimidad los y las legisladoras tamaulipecas, es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tamaulipas. No hace falta decir que México es uno de los estados donde más violaciones a los derechos humanos existen entre los países miembros de la OCDE. Si México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, imagínese ahora cómo está Tamaulipas.

Para tratar de aplacar la crítica internacional, en México se crearon organismos de defensa, que la mayoría de las veces sirven lo mismo que las comisiones de la verdad, o que las fiscalías especiales: para nada. Lamentablemente, la mayoría son pantallas para encubrir los abusos y dejar que el tiempo pase, hasta la próxima elección. Algunos funcionarios bien intencionados, reconocen que a veces no cuentan con los recursos necesarios para ser efectivos.

Pues bien, sólo ejemplificaré tres puntos de la nueva ley:

    1.- Lo hicieron porque tenían que hacerlo, no por interés.- Esta ley es necesario implementarla porque tienen que igualarse con la legislación federal, y cada estado “soberano” tiene que aplicar su propia ley. Entonces, lo hacen obligados. Y si no, dígame. ¿Ve usted un estado tamaulipeco más seguro y con más justicia? Verdad que no, entonces por qué creerles que esta nueva ley servirá ahora sí y de a deveras.

   2.- Adoptan a un hijo, pero no le dan de comer.- Eso es lo que hicieron. Armaron la ley, insisto para cumplir con el requisito, pero dijeron que no era necesario destinarle ningún presupuesto, porque cada oficina involucrada utilizará lo que ya tiene. O sea, da lo mismo que haya nueva ley, la aplicarán los mismos, pero sin dinero extra ni para comprar papelería.

    3.- El helado sin vainilla.- Si se va a defender los derechos de los periodistas, mínimo se debió incluir a un grupo de periodistas respetados y críticos del sistema, -o al menos a un o una periodista serio y reconocido- en el consejo estatal que vigilará la aplicación de esta nueva ley. No, señores, no hay ningún periodista. Está el secretario de gobierno, está alguien de seguridad pública, está un representante de derechos humanos, pero no hay ningún periodista. Es como hacer un instituto de la mujer, sin ninguna mujer en la directiva. Absurdo. Eso sí, las autoridades saldrán a publicar y aplaudir que Tamaulipas ya tiene su nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tamaulipas. Ahhh, que bonito se oye.

Dirán que en Tamaulipas se respetan las garantías del ser humano, y la libertad de prensa. Yeah, right. Sólo falta recordar que el Estado de Tamaulipas recientemente fue desmentido por la misma Organización de las Naciones Unidas. Vea usted la nota de Carmen Aristegui: “ONU desmiente a gobierno de Tamaulipas por falso “reconocimiento” en derechos humanos (Video)” en google. Tamaulipas puede estar lleno de leyes, pero sin un estado de derecho, seguirá siendo un estado fallido. Ni el cambio de color, ni de leyes serán reales mientras persista la corrupción política en nuestro país.

Esta opinión es práctica, compártala.

Foto: Premio Alemán de #Periodismo #WalterReuter

Por Gabriela Coutiño

@GabyCoutino

Chiapas es el estado del país que tiene la pobreza más alta del país.

En Chiapas hay desigualdad, falta de oportunidades, precariedad laboral y abandono institucional. Lo mismo se le cuestiona al gobierno federal, al estatal y a los municipales. Los temas del periodismo crítico chiapaneco son las consecuencias de la pobreza estatal, la migración tanto la de tránsito como la local, los problemas de la salud pública, la falta de obra pública, las deudas gubernamentales, la violencia de género; elemento especialmente sensible en el estado por la condición femenil de muchas chiapanecas de ser mujer, pobre e indígena al mismo tiempo.

De todo ello ha dado cuenta chiapasparalelo.com en sus notas, reportajes y reflexiones de sus colaboradores habituales e invitados. El portal cuida, protege y fomenta la pluralidad de pensamiento en sus páginas.

Pero en Chiapas, al igual que en el resto de México; sus gobernantes tienen una aversión histórica a la prensa crítica. Les incomoda la opinión libre. No se sienten cómodos con quienes documentan la falta de eficiencia y eficacia en la administración pública estatal.

Sobre todo, esa estridencia gubernamental se incrementa en épocas electorales. Esa época de campañas por los puestos políticos y públicos en que en Chiapas corren como en un cauce de río los recursos públicos y el nerviosismo se apodera de los actores políticos.

Entre los políticos chiapanecos, quien no tiene enemigos, de repente le brotan porque otros políticos no quieren que este salte cual chapulín a otro cargo. Eso siempre les sucede a los políticos con carrera meteórica porque acumulan un desgaste, tan rápido como el mismo ascenso de su carrera.

Ejemplo paradigmático de ello es el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca; Fernando Castellanos Cal y Mayor. Cuestionado su ascenso a la comuna tuxtleca por miles de ciudadanos que protestaron en las mayores marchas multitudinarias que se recuerden en 15 años en Tuxtla; Castellanos nunca pudo legitimarse en el cargo.

Atrás de él, también hubo alcaldes tuxtlecos de rápido ascenso político a los que los ciudadanos recuerdan con indignación por el desaseo en la administración de los recursos públicos.

Pero con Castellanos Cal y Mayor la indignación tuxtleca es cuádruple: primero por su cuestionada llegada al frente de la alcaldía, segundo por la nula eficacia de los servicios públicos; la luz, la seguridad pública, los baches en las calles, la recolección de basura y el agua potable; tercero por la publicidad exagerada de su persona y en cuarto lugar por la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos municipales.

De todo ello ha dado cuenta chiapasparalelo.com en el uso de la facultad constitucional de informar y de opinar.

Pero en los últimos días, dos de las colaboradoras de ese portal de noticias chiapaneco han sido cuestionadas en su trabajo periodístico por el presidente municipal Castellanos Cal y Mayor. Gabriela Coutiño Montes y Sandra De los Santos Chandomí, a quienes el alcalde ha cuestionado su trabajo en las redes sociales. Cuestionamiento que además, ha sido hecho reiteradamente.

La protección del trabajo periodístico responde legalmente a las autoridades federales y estatales. Es inconcebible que quienes deben de coadyuvar para proteger a los periodistas y a la libertad de expresión, sean los primeros que cuestionen una labor periodística que en el caso de Coutiño Montes y de De los Santos Chandomí está sustentada con datos precisos obtenidos mediante los mecanismos federales y estatales de acceso a la información.

Precisamente, el fondo del asunto, lo que está detrás del hostigamiento del alcalde hacia las periodistas chiapanecas es la protección de intereses particulares y la posibilidad de que ello lo impulse a otro cargo político.

Ante los cuestionamientos precisos de Gabriela Coutiño y de Sandra De los Santos, el alcalde hace mutis. La opacidad y la falta de transparencia municipal son reconocidas por la ciudadanía tuxtleca.

Molesta la independencia periodística, es incómoda la prensa crítica y lo es más en época electoral. Perturba a la clase política la exigencia de transparencia y la rendición de cuentas. Pero no puede maniatarse a la prensa que desnuda los intereses de la clase política.

Exigimos el cese al acoso a Gabriela Coutiño y Sandra De los Santos. Pedimos respeto al periodismo independiente chiapaneco. Demandamos a los organismos institucionales defensores de los derechos humanos que se les otorguen garantías a las dos periodistas.

Exigimos a Fernando Castellanos que gobierne, que lo haga bien y que respete los preceptos constitucionales de transparencia y rendición de cuentas. Alto al hostigamiento al periodismo crítico.

 Foto: Fernando Santillán

Por Alberto Nájar

@anajarnajar

A la mitad del salón habilitado como sala de prensa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un reportero levanta la billetera repleta de billetes y grita, feliz:

“¡Mira, no me cierra la cartera!” mientras sus compañeros festejan la ocurrencia.

La escena ocurrió a mediados de los años 90 en una elección estatal. El dinero que presumía el enviado de un diario del entonces Distrito Federal eran los sobornos que entregaron los candidatos a algunos periodistas, conocidos en el medio como “chayotes”.

Fue una competencia reñida y eso aumentó el riego de miles de pesos entre los comunicadores.  Y también por eso la felicidad del reportero.

Han pasado varios lustros desde la anécdota, pero es poco lo que ha cambiado en el fondo. Tal vez exista algún cínico que se exhiba de esa manera, pero a quienes verdaderamente no les cierran las carteras de tanto billete es a algunos periódicos, cadenas radiales y televisoras, privilegiados de la publicidad oficial especialmente en tiempos electorales.

Son medios que, coloquialmente, se relamen los bigotes a la espera del pastel de publicidad a gastarse en 2018. Ya ocurrió en el anterior proceso presidencial y nada hace pensar que será distinto el año próximo, sobre todo por la forma como se ha comportado el actual gobierno, que ya ha gastado más de 37,000 millones de pesos en publicidad sólo del gobierno federal.

El derroche es uno de los escenarios previsibles, pero también problemas para  tener acceso a información real y comprobada. Porque con el dinero llega el control y estos últimos años no son pocos los medios que se concentran en las versiones oficiales.

Pero si el dinero no basta, existe otro mecanismo que en algunos lugares ha resultado efectivo: la violencia. En los últimos años se ha comprobado que en períodos electorales y particularmente en procesos complicados aumentan los ataques a los periodistas.

Así ocurrió en Veracruz y Tamaulipas, dos de los estados con mayor problema de inseguridad en el país. Y es previsible entonces que, ante la competencia que se espera en 2018, este patrón se repita o incluso generalizarse.

Dinero y violencia. Lo que espera para las próximas elecciones presidenciales. No es la mejor de las combinaciones.

Alejandra Xanic

@xanic

Periodista independiente con más de 20 años de experiencia.

Ha sido reporera de Siglo 21 y Público en Guadalajara. Cambio y Expansión en la Ciudad de México.

Ha colaborado como freelance para ICIJ y The New York Times.

En 2013 ganó el Premio Pulitzer por el reportaje “Cómo Wal-Mart utilizó sobornos generalizados para dominar el mercado en México”, publicado en The New York Times.

Recientemente, como parte de Quinto Elemento Lab, realizó la investigación «El Expediente Secreto de Odebrecht» y colaboró en las investigaciones de los ‘Paradise Papers’.

Temario:

• Todo sobre acceso información pública
• Bases de datos
• Cómo seguir la ruta del dinero

y ¡mucho más!

Requisitos:

• Breve exposición de motivos por lo que deseas participar en el taller.

• Link a un trabajo publicado (opcional)

• Llevar computadora

Cupo limitado

Cuota de recuperación: 1800 pesos

Fecha: Viernes 1 y sábado 2 de diciembre de 2017

Viernes de 4pm a 8pm y sábado de 10am a 3pm

Lugar: Ciudad de México

Cierre de inscripciones: 29 de noviembre de 2017

Convoca: Periodistas de a Pie

Contacto y más información al correo: [email protected]

Inscríbete llenando el siguiente formulario:

 Foto: LadoB

Por Aleida Calleja

@callejag

¡No vamos a ir como perros a quitarles sus instrumentos!, eso dijo el diputado priísta Benjamín Medrano al defender su iniciativa de ley que adiciona un artículo al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene por objetivo, sancionar hasta con seis años de prisión a quienes operen estaciones sin contar con autorización, según lo consigna en su edición del 5 de octubre el periódico La Jornada.

La frase fue en respuesta al diputado Virgilio Caballero quien les recordó a los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que dicha iniciativa violaba el artículo 7º constitucional, pues además de la prisión también prevé el decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza, a lo que Medrano respondió que no serían él o la diputada Lía Limón, presidenta de la Comisión, quienes hicieran los decomisos, sino el “Estado”, pues no irían “como perros a quitarles los llamados instrumentos”.

La iniciativa aprobada que se basa en una ley emanada en los tiempos de la dictadura chilena y que ha sido reprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue apoyada por legisladores del PAN, PVEM y del PRI. En la sesión respectiva se esgrimieron argumentos que tienen más de fondo la censura que una supuesta defensa de la “legalidad”.

A diferencia de otros temas, los impulsores de esta iniciativa tienen prisa. Días antes del #19S el diputado por el PRI, Benjamín Medrano, presentó su iniciativa para endurecer las medidas en contra de emisoras que transmiten sin concesión por la vía penal; una vez sucedida la tragedia queda claro que hay muchas más prioridades en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para la prevención de desastres y la reconstrucción nacional.

Sin embargo, este legislador junto con la mayoría de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, dan prioridad a una iniciativa que es una reedición de decenas de propuestas que año con año se mueven en el Congreso para supuestamente atajar la ilegalidad en el uso el espectro, cuando en el fondo responden a una demanda de concesionarios comerciales que se sienten amenazados en sus intereses. No está de acuerdo que grupos sociales y comunidades indígenas sigan utilizando la radio como herramienta para la denuncia social.

Por eso no es casual la propuesta de Medrano, pues en la discusión de la Comisión el pasado 4 de octubre reconoció sus vínculos con los principales empresarios de la radio en Zacatecas, ¿los diputados de la Comisión no vieron ese conflicto de interés en la iniciativa que aprobaron? Grave.

Igual de grave fueron los argumentos del diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce del PRI, que ha trabajado con varios grupos radiofónicos como locutor y directivo, quién aseguró que existen casos de radios comunitarias en Oaxaca y Chiapas que usan el medio para “malinformar y hablar mal del gobierno”.

¿De verdad sólo los medios comunitarios mal informan y los comerciales no? ¿Ahora resulta que hablar mal del gobierno por parte de comunidades indígenas –o contar la realidad- merece el castigo de cárcel tomando como excusa la falta de autorización? Este legislador no sólo tiene también un conflicto de interés, tiene además un talante censor.
El dictamen aprobado viola además el artículo 1º en referencia a la progresividad y el principio pro persona así como estándares internacionales en la materia, que determinan que la utilización de la vía penal en materia de libertad de expresión, tiene que utilizarse como último recurso ante casos extremadamente graves, pero muy graves. El uso del espectro en una infracción administrativa no un delito.

Lo han dicho una y otra vez los organismos internacionales protectores de la libertad de expresión: las vías penales en temas relacionados con la libertad de expresión son inaceptables. Pese a ello vivimos una nueva intentona, esta vez por la Cámara de Diputados, para castigar con penas corporales a personas que operan radios sin autorización. Sin duda es una falta, pero hacerlo por la vía penal es desproporcionado sobre todo cuando eso afecta a comunidades indígenas, campesinas y colectivos ciudadanos en situación de vulnerabilidad, y que utilizan este medio para llenar las necesidades informativas que ni los medios comerciales o públicos tienen capacidad de dar.

El movimiento de la radio comunitaria lleva décadas en nuestro país tratando de contar con condiciones equitativas para su existencia y desarrollo, y aunque ahora están reconocidas legalmente, lo cierto es que el acceso a las frecuencias sigue siendo un proceso complicado para ellas.

Si bien las emisoras sin autorización no son lo mismo que las radios comunitarias, lo cierto es que existen muchas estaciones comunitarias e indígenas que no han tenido las oportunidades para acceder a las autorizaciones, esta situación ha sido ampliamente documentada por años, por lo que criminalizar no soluciona el problema, lo que se requieren son medidas positivas como se ha demostrado en experiencias como Colombia o Uruguay.

¿Por qué la Cámara de Diputados se empeña en aprobar iniciativas que lastiman los derechos humanos, tal como sucedió con los derechos de las audiencias y ahora ésta?

¿Por qué los diputados no se preocupan por la falta de cumplimiento por parte del IFT para promover estaciones indígenas donde no las hay como lo establece la ley?

¿Por qué los legisladores no ocupan sus facultades para realizar un análisis de las recomendaciones que recientemente hizo la OCDE para mejorar el desempeño de las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país como motores del desarrollo?

Utilizar el poder legislativo para la defensa de intereses de particulares, en este caso de concesionarios comerciales, es corromper los pesos y contrapesos necesarios para el juego democrático, la sociedad mexicana no sólo está harta de la corrupción que implica el robo de dinero de recursos públicos, también lo está del uso indebido del poder para beneficiar a unos cuantos en detrimento de las mayorías o de las minorías más débiles como sucede en este caso.

El poder estatal que es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes no es un Estado de derecho, es una perversión. Lo aprobado por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de diputados es una muestra fehaciente de la fragilidad en la que se encuentra la libertad de expresión y el derecho a la información, para aquellos que no forman parte de las élites; también es una muestra del talante censor, de la violación indirecta de un derecho humano fundamental, piedra angular de cualquier democracia.