Publicado: 02.11.2018
Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas
Blog
El periodismo frente a la imposición
Las pupilas se dilataban y la cabeza giraba a la libreta. Anotaciones desordenadas, con flechas, con asteriscos y en secuencia. Gestos de caídas de veintes o nuevas ideas.
Lo más de cien participantes al Encuentro regional de Megaproyectos y Periodismo de Investigación que organizó la Red de Periodistas de a Pie el fin de semana anterior, absorbieron los insumos informativos que exponentes y talleristas de México, Canadá, Perú, Guatemala y Honduras, prepararon para quienes de por sí, ya tenemos un trayecto en esto de reportear megaproyectos y sus daños e impactos negativos al medio ambiente, los pueblos, la vulneración de leyes y reglamentos, pero sobre todo, el desvío de recursos públicos en lo que se han convertido “las obras de desarrollo”.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, además se iniciarse la guerra versión mexicana, se aceleró la concreción de obra pública de gran envergadura que aceleró los daños ambientales en cuencas, poblaciones, reservas, fauna endémica, bosques. No es una casualidad, es la secuencia del modelo de desarrollo basado en la explotación de bienes naturales que mejor divisas le deja al capitalismo.
Y si bien el panista Felipe Calderón no es quien impulsó el modelo desarrollo, sino viene de más atrás como 1989 con Carlos Salinas de Gortari y los programas para revertir repartición de tierras en comunidades agrarias y ejidos bajo el PROCEDE -la medición de tierras pero en la práctica posesión rasurada-, en el sexenio de Enrique Peña Nieto incrementaron los litigios estratégicos entorno a la defensa del territorio y los bienes en riesgo de privatizarse, a propósito de la reforma energética que se aprobó en 2013.
Quienes han narrado las violencias que preparan el terreno para despoblar comunidades indígenas y rurales y con ello poner en marcha los megaproyectos carreteros, mineras, represas, aeropuertos internacionales, parques eólicos, y las violencias que se desatan a través de la criminalización de defensores del medio ambiente y pueblos en resistencia, han tenido que contar el modelo de imposición también; se modo de ejercer recursos públicos sin consultas libres e informadas o violando la autonomía municipal de las cabeceras donde no se aprueba el cambio de uso de suelo.
Tras las sesiones de capacitación propuestas por la Red de Periodistas de a Pie, el reto periodístico es descifrar el desvío de recursos, los ramos y etiquetas presupuestales, el derroche y la fiscalización de obra pública en manos de privados, pero también, los mapas de aprovechamiento que la Secretaría de Energía, la SEMARNAT, CONAGUA, Comisión Federal de Electricidad conversan con inversionistas mexicanos y extranjeros. Desde luego la sobre judicialización de derechos colectivos y la tendencia en el Poder Judicial frente a casos de amparos contra el despojo, es lo que para el próximo año pretende contar a través de historias transversales y reportajes que alcanzan una alianza con Perú y Colombia.
Con Controla tu gobierno, Fundar, REMA, el MAPDER y Oxfam, entre otros, los reporteros, fotógrafos, documentalistas que conforman el tejido de Periodistas de a Pie, se devolvieron a San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Norte y Baja Sur, Estado de México, Yucatán y Tabasco, con la libreta llena de apuntes, indicios e hipótesis de periodismo de investigación que iremos presentando en 2019, desde conflictos locales hasta el procedimientos de cómo trasladar contratos de obra pública de Texcoco a San Lucía, a propósito de la virtual cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
La imposición y lo que continúa buscando ésta, ha comenzado a reportearse desde ya.
Reporteras en Guardia: luchando por la memoria
Publicado: 29.10.2018
mataranadie.com
Por Samantha Páez
El pasado martes se presentó en la ciudad de México la segunda parte del memorial a periodistas asesinados de 2000 a 2018 “Matar a nadie”, proyecto del colectivo de periodistas Reporteras en Guardia.
Vania Pigeonutt, una de las coordinadoras del proyecto, explicó a Periodistas de a pie que la idea surgió después de una plática con Laura Castellanos, debido a que siempre que se trabajan temas de periodistas se deja de lado a las y los colegas que fueron asesinados.
Por ello decidieron luchar por la memoria y hacer perfiles de 166 periodistas, comunicadores, fotoperiodistas y trabajadores de medios de comunicación víctimas de homicidio y desaparición del año 2000 al 2018.
La lista de colegas se creó después de contrastar datos de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Artículo 19, Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
La idea es “hacer una propuesta como colectivo emergente para que la imagen que demos a conocer de los periodistas sea una imagen viva, o sea, decir que ellos hicieron esto o lo otro sin importar quiénes fueron los causantes (de la muerte)”, comentó Vania.
“Matar a nadie” se gestó desde enero de este año, primero como un libro y luego como un memorial en línea, donde participan 140 periodistas, editoras y coordinadoras de 24 entidades federativas.
Al memorial le falta una última etapa, la cual se prevé presentar antes de que asuma el nuevo gobierno federal.
No son cifras
Camelia Muñoz, periodista de Coauhila, quien participa en el memorial “Matar a nadie”, contó que se enteró del proyecto en agosto cuando viajó a la Ciudad de México y acudió a la presentación de la primera etapa del mismo, así como a la del colectivo Reporteras en Guardia.
Decidió sumarse y escribir el perfil de Marco Aurelio Martínez Tijerina, un locutor de radio de Nuevo León, asesinado el 10 de julio de 2010 en el municipio de Montemorelos.
Camelia no conoció a Marco Aurelio en persona, pero tienen amigos en común. Así fue cómo reconstruyó la historia de su colega, quien además de comunicar ayudaba a las personas que llegaban a la estación de radio en Monte Morelos. “Era un buen gestor de recursos”, dice Camelia, por eso destacó su compromiso social con la audiencia.
Para Camelia fue importante hacer este trabajo, porque le recordó el homicidio de su compañero de trabajo de Valentín Valdés, con el cual trabajó en el diario Zócalo. “Nada nos va a regresar a nuestros compañeros, pero tampoco podemos olvidar (…) no son una cifra”, dijo Camelia Muñoz.
Valentín y otro de sus compañeros fueron privados de su libertad el 7 de enero de 2010 por varios sujetos armados en Saltillo; horas más tarde el cuerpo sin vida de Valentín fue encontrando en otro punto de la ciudad. Después de ocho años, no hay avances en el caso y la Fiscalía local reservó por cinco años toda la información pública al respecto.
Una recomendación que exhibe a todo el gobierno de Veracruz
El derecho a la libertad de expresión en la recomendación 32/2018 en opinión de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que el 23 de diciembre de 2015 en Xalapa, cuando periodistas fuimos agredidos por policías de Seguridad Pública de Veracruz, mientras cubríamos la manifestación de pensionados, en la que a juicio de la CNDH, se vio actualizada una triple violencia contra los reporteros: se vulneraron sus derechos a expresarse mediante la difusión de sus ideas, opiniones e información; a buscar y recibir información y finalmente se buscó limitar esos derechos, pues la acción estatal en contra de las personas periodistas “genera un efecto amedrentador, de silenciamiento y autocensura”.
Por primera ocasión, después de varios crímenes, desapariciones y violencia en contra de periodistas en el estado de Veracruz, la CNDH señala en una recomendación –acumulada con los pensionados del Instituto de Pensiones del Estado- que hay una violación a la libertad de expresión por parte del Estado, aspecto que ha sido lo difícil demostrar en las diversas violencias que han enfrentado los periodistas.
En ello radica la importancia de esta recomendación en donde no solo se instruye cursos para los funcionarios públicos y de Seguridad Pública, sino que se reconozcan como “víctimas” a los periodistas agredidos, que se aplique la Ley de Atención a Víctimas del estado de Veracruz. Además que se sigan los procesos judiciales en la Fiscalía General del
Estado y los procesos administrativos en la Contraloría del Estado.
La CNDH hace un recuento de los hechos contra periodistas, no sólo en agresiones físicas y homicidios sino en la censura legislativa, en el país y en los estados y los esfuerzos institucionales por frenarlos y en particular al “Programa de Políticas Públicas en Favor de las y los Periodistas que Desarrollen el Ejercicio de la Libertad de Expresión en el Estado de Veracruz”, celebrado entre la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno y el Gobierno del Estado de Veracruz, celebrado el veintisiete de octubre de dos mil quince, también conocido como “Sistema de alerta temprana y Plan de
Contingencia.”
Que de ser aceptada por el Gobierno del Estado, tendría que tener el alcance de obligar a cumplir las omisiones de estas dependencias para cumplir con la cláusula “7.1. El Mecanismo Federal promoverá un espacio de diálogo con la CEAPP, los propietarios de Medios de Comunicación en Veracruz, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (federal) y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz, a fin de generar acciones que permitan mejorar las condiciones laborales y de seguridad de las y los periodistas. En este espacio, se instará a las autoridades competentes a difundir los
derechos de los trabajadores y aquellos mecanismos institucionales que los garantizan.”
Ya que al cumplirse casi tres años que se firmara y dos gobernadores que no le hicieron caso, todo indica que hay una política gubernamental sino expresa, tácita y tolerada en contubernio con los empresarios de los medios de comunicación, para mantener deliberada e intencionalmente “pobres” a los periodistas, para no obligarlos a la aplicación de la ley laboral con el fin de hacerlos susceptibles del soborno y la corrupción, con la obligación de hacerlos callar la corrupción que son testigos y cómplices.
Es importante mencionar la siguiente información contextual de la entidad:
I. Marco legal
El derecho a la libertad de expresión está reconocido en los artículos 6º y 7 constitucionales, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a grandes rasgos consiste en “…la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección…”
II. La historia institucional de la CNDH y la libertad de expresión
En el “Informe anual de actividades 2017”, la CNDH hace un recuento de lo que ha realizado en esta materia y destaca que desde 1991 “…creó como un rubro de especial atención, el denominado Programa Especial de Periodistas… a partir de 1993 adquirió el carácter de permanente y en mayo de 1997 fue creada la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos…”
Más adelante, sin reconocer expresamente que el problema era constante en los hechos, las modificaciones institucionales tácitamente lo hacen pues continúa “…en enero de 2005, se creó la Quinta Visitaduría General, a la que fue adscrita la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos…, la cual tiene como principal objetivo atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos… procurando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos… la capacitación impartida a periodistas y defensores civiles, así como a servidores públicos, con la finalidad de coadyuvar en la promoción, desarrollo y consolidación de una cultura de respeto y protección hacia los mismos…”
Luego, sin precisar fechas, establece que “…con la organización Freedom House, se impartieron cursos de capacitación dirigidos a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos en diversas entidades de la República Mexicana. Igualmente se
impartió un curso de capacitación dirigido a personal de este Organismo Nacional adscrito a la oficina foránea de Coatzacoalcos, Veracruz… Adicionalmente, junto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, se impartieron dos capacitaciones dirigidas a servidores públicos y público en
general…”
Y añade: “…Igualmente, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, se impartieron tres talleres con el tema “La procuración de justicia y la Libertad de Expresión”, en la ciudad de Xalapa, Veracruz…. Durante el periodo que se reporta (2017) se radicaron 138 expedientes en el Programa, de los cuales 79 casos corresponden a actos cometidos en perjuicio de periodistas, 56 asuntos en agravio de defensores civiles de Derechos Humanos y tres casos se calificaron como generales… Al cierre del año, se radicaron ocho expedientes de oficio en el Programa, de los cuales seis concernieron a la investigación de hechos relacionados con actos presuntamente violatorios a los Derechos Humanos en perjuicio de periodistas…”
Finalmente dice: “Es necesario señalar que se emitió la Recomendación 13/2015 relacionada con hechos en los que se incurrió en violación a los derechos de los periodistas, así como la número 18/2015 al haberse acreditado violaciones a derechos humanos en agravio de defensores civiles… Adicionalmente, se llevaron a cabo 365 búsquedas en prensa de asuntos relacionados con la posible violación a los Derechos Humanos de periodistas y defensores civiles de derechos humanos con la finalidad de advertir casos que pudieran originar expedientes de queja…”
En la recomendación 32/2018, la CNDH hace referencia al “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, de la CIDH, que observó que entre 2000 y julio de 2010, había 64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos, por ello, se creó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
Con motivo de una petición que hiciéramos periodistas de Veracruz, al Mecanismo Federal, emitió en 2015 el “Diagnóstico sobre la situación de las y los periodistas en el Estado de Veracruz. Sistema de alerta temprana y plan de contingencia”, pues debido a que la entidad es el segundo lugar en número de periodistas protegidas por el Mecanismo y el segundo lugar en número de indagatorias iniciadas por la Procuraduría General de la República; el cual tuvo por objeto implementar acciones de política pública para hacer frente a esta situación y cuyos avances están siendo reportados al Mecanismo con el objeto de supervisar la implementación de las políticas ahí propuestas.
Consecuencia de ello, en 2016, la CNDH emitió la Recomendación General 24, pues en la entidad “… se cometieron en 2014 más de tres homicidios en promedio cada día, y es el Estado en el que más periodistas fueron asesinados, con 16 homicidios contabilizados desde 2005…”
La situación antes descrita, da cuenta de un contexto de violencia muy grave contra periodistas y medios de comunicación en aquella entidad presente desde ya hace varios años, que si bien no puede desligarse del incremento de la violencia contra otros sectores de la población y de la presencia del crimen organizado, resulta necesario que para atender la situación en específico de dicha entidad contra comunicadores y medios, se tomen medidas específicas para que quienes ejercen un cargo público actúen en “estricto apego a la legalidad.”
Y citan como ejemplo, la actitud de los servidores públicos expresados en comentarios públicos cuando se comete una agresión contra un periodista, los comunicados de prensa que las instituciones dan a conocer cuando suceden hechos como los descritos, o bien la actuación ministerial cuando se investigan agresiones contra este colectivo. Factores todos ellos que, si se llevan a cabo de manera deficiente o empleando descalificativos o estereotipos de género, vulnerando con ello la libertad de expresión y los
derechos humanos de los comunicadores.
Y si bien la ONU y la CIDH apuntaron que “…México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente… el sufrimiento es generalizado, sin embargo, la violencia frecuentemente ha señalado a aquellos que son esenciales para contar la historia de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas. La violencia, tiene un objetivo político en particular, es un ataque generalizado en las raíces de la vida democrática en México, a niveles local, estatal y nacional….”
III. Los homicidios de comunicadores de Veracruz
Para entender la agresión a los periodistas en Veracruz, es necesario conocer la estructura y funcionamiento de los medios de comunicación: se calculan que coexisten 236 de carácter local, regional y estatal: 133 impresos (diarios, semanarios y mensuales con pobre tiraje), 103 electrónicos: estaciones de radio locales, regionales, canales de televisión abierta y de paga, 44 noticieros, 151 corresponsales de medios foráneos, 75 páginas web y blogs informativos y 8 mil personas dedicadas a las empresas de comunicación.
Durante el gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) se computaron seis homicidios de periodistas y uno más fue desaparecido. Ninguno de estos homicidios ha sido esclarecido satisfactoriamente.
Periodistas asesinados en el sexenio de Fidel Herrera (2004-2010)
| Núm. | Fecha | Nombre | Medio |
| 1 | 10/10/2005 | Hugo Barragán | Radio Max |
| 2 | 08/04/2005 | Raúl Gibb Guerrero | La Opinión de Poza Rica |
| 3 | 21/11/2006 | Roberto Marco García | Revista Testimonio |
| 4 | 30/11/2006 | Adolfo Sánchez Guzmán | Televisa Veracruz y Enlace |
| 5 | 14/12/2008 | Raúl Martínez López | Periódico Noreste |
| 6 | 24/02/2009 | Luis Daniel Méndez Hernández | Radio La Poderosa |
Con todo y esto, ocurrieron 17 homicidios más durante el gobierno de Javier Duarte y seis periodistas más siguen como desaparecidos. Además, un diario fue incendiado, al menos veinticinco comunicadores se vieron obligados a dejar el estado por amenazas y un sinnúmero ha sido amenazado o agredido por cuestiones laborales, aunque también los hay por situaciones personales.
Periodistas asesinados durante el sexenio de Javier Duarte (2010- 2016)
| Núm. | Fecha | Nombre | Medio |
| 1 | 08/03/2011 | Noel López Olguín | Noticias de Acayucan |
| 2 | 20/06/2011 | Misael López Solana | Notiver/fotógrafo (Veracruz) |
| 3 | 20/06/2011 | Miguel Ángel López Velasco | Notiver (Veracruz) |
| 4 | 26/07/2011 | Yolanda Ordaz de la Cruz | Notiver (Veracruz) |
| 5 | 28/04/2012 | Regina Martínez Pérez | Proceso (Xalapa) |
| 6 | 03/05/2012 | Esteban Rodríguez Rodríguez | Notiver (Veracruz) |
| 7 | 03/05/2012 | Guillermo Luna Varela | Veracruz News (Veracruz) |
| 8 | 03/05/2012 | Gabriel Huge Córdova | Notiver (Veracruz) |
| 9 | 14/06/2012 | Víctor Báez Chino | Reporteros Policiacos, Milenio El Portal (Xalapa) |
| 10 | 05/02/2014 | Gregorio Jiménez de la Cruz | Notisur, Liberal del Sur (Coatzacoalcos) |
| 11 | 2/01/2015 | Moisés Sánchez Cerezo | La Unión (Medellín, zona conurbada Veracruz-Boca del Río) |
| 12 | 4/05/2015 | Armando Saldaña Morales | Estación Ke buena (Tierra Blanca) y Mundo de Córdoba. |
| 13 | 30/06/2015 | Juan Mendoza Delgado | Escribiendo la Verdad (Medellín, zona conurbada Veracruz-Boca del Río). |
| 14 | 31/07/2015 | Rubén Espinoza Becerril | Fotoreportero de Proceso, Cuarto Oscuro y Avc Noticias |
| 15 | 13/08/ 2015 | Juan Heriberto Santos Carrera | Orizaba en red |
| 16 | 8/ 02/ 2016 | Anabel Flores | El Mundo de Córdoba, El Buen Tono, y El Sol de Orizaba |
| 17 | 21/07/2016 | Pedro Tamayo | Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca |
| 18 | 14/05/2016 | Manuel Torres | Página web Noticias MT, y excorresponsal de TV Azteca |
Periodistas desaparecidos de 2003 a 2013
| Núm | Fecha | Nombre | Medio |
| 1 | 10/07/2003 | Jesús Mejía Lechuga | Noticiario A Primera Hora del Grupo MS-Noticias de Martínez de la Torre. |
| 2 | 19/04/2010 | Evaristo Ortega Zárate | Semanario Espacio, Misantla. |
| 3 | 11/05/2011 | Cecilio Rodríguez Domínguez | Revista Proyectos de Chinameca. |
| 4 | 25/07/2011 | Miguel Morales Estrada | Periódico de Poza Rica Hoy |
| 5 | 17/09/2011 | Gabriel Manuel Fonseca Hernández | Diario El Mañanero de Acayucan |
| 6 | 23/01/2013 | Sergio Landa Rosado | Diario de Cardel |
Periodistas asesinados en lo que va del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares (2016- julio 2018)
| Núm. | Fecha | Nombre | Medio |
| 1 | 19/03/2017 | Ricardo Monlui | Columnista “Crisol” de El Sol de Córdoba |
| 2 | 9/07/2017 | Edwin Rivera Paz | Periodista hondureño en Acayucan |
| 3 | 22/08/2017 | Cándido Ríos Vázquez | Reportero de nota roja del Diario de Acayucan |
| 4 | 19/12/2017 | Gumaro Pérez Aguilando | Portal de noticias La Voz del Sur, en Acayucan |
| 5 | 21/03/2018 | Leobardo Vázquez Atzin | Portal Enlace de Gutiérrez Zamora y Enlace Informativo Regional. Colaborador de los diarios La Opinión de Poza Rica y Vanguardia |
Como medida resarcitoria de estos crímenes, el gobernador Javier Duarte creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo simulador de atención y el principal medio de cooptación del movimiento a favor de la libertad de expresión, mediante sobornos, pagos estatales y sin una clara atención al problema de la seguridad, que igual le sirvió a Duarte con millonario presupuesto que se ocupaba para llantas de autos de comunicadores, mejoras de sus casas, colegiaturas para sus hijos y otras; esta política continuó y se mejoró con Miguel Ángel Yunes Linares, al grado que hace poco salieron públicamente agradeciendo “su apoyo a los periodistas”.
IV. La censura legislativa en Veracruz
Los periodistas presenciamos en 2011 como la Legislatura priista aprobó la modificación del artículo 373 del código penal veracruzano, que tipificaba el delito de “perturbación del orden público”, sólo porque se avisaba por las redes sociales tomar precauciones por balaceras, a iniciativa de Javier Duarte (que en 2013 fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violar las garantías Constitucionales de libre expresión, derecho a la información y exacta aplicación de la ley penal).
El pasado 30 de septiembre, los legisladores del PAN, PRD y PRI del Congreso de Veracruz reformó el artículo 196 Bis del Código Penal estatal para castigar el acoso cibernético por la publicación y difusión información lesiva o dolosa de otra persona, “utilizando cualquier medio de comunicación digital revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos, que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano «con sanciones de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad”, pero afortunadamente, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares anunció la regresaría al Congreso con observaciones en cuanto llegara el decreto.
El Congreso federal con mayoría priista y panista aprobaron la Ley en materia de Derecho de Réplica, publicada el 4 de noviembre de 2015, pero que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los partidos Morena y PRD impugnaron mediante una acción de inconstitucionalidad; en tanto que el semanario Proceso también se inconformó mediante amparo indirecto y una servidora también promovió un juicio constitucional ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, expediente 2231/2015 y luego un recurso de revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en el expediente 336/2016, que fue enviado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego regresado a la Segunda Sala (Amparo en revisión 635/2017).
Ante todo, si esta recomendación es aceptada en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, marcaría un precedente en la entidad veracruzana para que autoridades no sigan reprimiendo la libertad de expresión y su responsabilidad ante las diversas violencias que han padecido decenas de periodistas.
Falta profesionalismo en trato prensa – AMLO
Publicado: 28.09.2018
Por Samantha Páez
Después del beso que Andrés Manuel López Obrador dio un beso a la reportera Lorena García en Tijuana, cuando le hizo una pregunta; Lucía Lagunes, de CIMAC, y Daniela Pastrana, de Periodistas de a pie, coincidieron en que falta profesionalismo en el trato entre el político y la prensa.
Ya que en un contexto nacional donde la violencia contra las mujeres se banaliza, es grave que una figura política como López Obrador tuviera ese acercamiento no consentido con Lorena; pero también es de cuidado que el gremio no tome una distancia profesional con el presidente electo y le aplauda o adule en los eventos públicos.
Beso inadecuado
Lorena García, reportera del diario El Mexicano y TV Azteca, contó durante una entrevista telefónica que el jueves 20 de septiembre les avisaron de una reunión privada entre el presidente electo y el gobernador Baja California, Francisco Vega de Lamadrid.
En la sala de prensa del Centro de Gobierno se colocó una mesa con dos micrófonos y los respectivos nombres de los políticos, así como una lona de fondo con propaganda del morenista. Situación que parecía indicar que López Obrador daría una entrevista a los medios locales.
Después de una hora y media, los medios de comunicación fueron informados que el presidente electo se retiraba. Fue entonces que Lorena y sus colegas salieron a buscar al excandidato, a quien encontraron hablando con los medios nacionales.
Debido a que no le dio tiempo preguntar, Lorena caminó al lado de Andrés Manuel López y lo cuestionó sobre las elecciones del próximo año en el estado. Cuando llegaron a la camioneta, en lugar de recibir una respuesta el político se volteó y le dio un beso en la mejilla derecha.
Para Lorena fue algo inesperado y se quedó parada sin saber qué hacer, después cayó en cuenta que la acción de Andrés Manuel López no fue la más adecuada.
“Fue algo que un presidente electo no debe de hacer cuando se le cuestiona. Mi pregunta yo no sé si le incomodó, pero el hecho de que se haya volteado y me haya dado un beso sí considero que fue inapropiado para la relación prensa-gobierno electo”, dijo la reportera.
Se banaliza violencia
Para Lucía Lagunes, de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), el mensaje que manda el presidente electo es grave, pues banaliza y disminuye lo que pasa en un contexto social como México, donde como el acoso y el hostigamiento están naturalizados.
De acuerdo con el informe “El poder del cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, un 2% de las periodistas mexicanas agredidas padecieron acoso u hostigamiento sexual, tanto en su cobertura diaria como en su trabajo.
“Si hay una denuncia permanente en el gremio periodístico, en especial de las mujeres, tiene que ver con el acoso y el hostigamiento sexual, no sólo en México sino en el mundo”, agregó Lucía.
En ese contexto es común que las periodistas sean tocadas o tratadas de manera no deseada por parte de sus fuentes masculinas, a pesar de que saben que están trabajando. Entonces, desde la perspectiva de Lucía, la actitud de Andrés Manuel refuerza la idea que es normal tratar así a las reporteras y que en el propio gremio no se erradiquen esas prácticas sexistas.
Prensa no toma distancia
Daniela Pastrana, de la Red Nacional de Periodistas de a Pie, comentó que si bien López Obrador ha fallado en “ser cariñoso” con la prensa; también los y las periodistas están cometiendo errores éticos al acercársele.
Algunas de las malas prácticas en que incurren los medios es pedirle que cambie el horario de los eventos, le digan halagos o le aplaudan cuando habla de las malas condiciones en que viven los periodistas. También que lo persigan o, incluso, que lo golpeen.
“Es una relación que rebasa ciertos límites y que no es correcta de ninguna de las dos partes; no es correcto que nosotros lo tratemos como nuestro compa y que él nos trate con ‘cariño’, debe ser un trato profesional”.
Otra cuestión que le parece importante a Daniela es que el gremio no vaya más allá de buscar las declaraciones del presidente electo o que cuente su vida diaria, porque eso no abona a entender los problemas estructurales del país.
Posicionamiento Andrés Manuel López Obrador
Publicado: 28.09.2018
Consejo de Mecanismo pide recursos hasta abril de 2019 y política integral
Publicado: 20.09.2018
Fotografías cortesía del Consejo Consultivo
Por Samantha Páez
Si bien el gobierno federal anunció 75 millones de pesos para que el mecanismo de protección opere hasta diciembre, el Consejo Consultivo y personas beneficiarias apuntaron que eso no resuelve el problema, dado que faltan cubrir los meses de enero a marzo del próximo año.
Asimismo no se sientan las bases para establecer una política integral de atención, con perspectiva de derechos humanos, de género y de interculturalidad.
Durante una rueda de prensa este jueves, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas dio a conocer el miércoles pasado se aprobaron 75 millones de pesos para el organismo, de tal manera que hasta diciembre de este año las 727 personas y 51 organizaciones mantengan sus medidas de protección.
Sin embargo, dicha ampliación presupuestal no alcanza para cubrir los tres primeros meses del próximo año, lo cual les dejaría en indefensión. Esto debido a que el nuevo gobierno federal puede decidir sobre el gasto hasta el mes de abril.
Tanto personas defensoras como periodistas resaltaron que su vida corre riesgo si no tienen las medidas que les brinda el gobierno; además de que no podrían continuar con su trabajo.
Por ello el consejo consultivo solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que otorgue más recursos y que éstos sean transparentados, porque no hay certeza en qué se está gastando la totalidad de fondos.
El mecanismo de protección requiere mensualmente de 22 millones a 24 millones de pesos para operar, según información del Fideicomiso del mecanismo; por lo tanto hacen falta otros 72 millones para garantizar su operatibilidad.
Falta política integral
La cuestión de los recursos financieros, mencionaron los consejeros, sería el problema urgente, pero no es lo único: hay una falta de coordinación para brindar una mejor atención; no se tiene perspectiva de derechos humanos, de género o multiculturalidad; el personal es insuficiente, y tampoco se cuenta con voluntad política para fortalecer al mecanismo.
Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante Saltillo, expuso que tanto el gobierno federal saliente como el entrante deben buscar estrategias más allá del mecanismo, es decir, establecer una política pública integral que permita disminuir la inseguridad y a la vez dar garantías para que trabajen.
Por su parte Atziri Ávila, subdirectora de Desinformémonos, agregó que desde el año pasado el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a fortalecer el mecanismo y los mismos relatores de Libertad de Expresión mencionaron en su informe que es necesario dotarle de más recursos financieros y humanos.
Lucía Lagunes, de CIMAC, sostuvo que es importante mejorar los perfiles de las personas que trabajan en el mecanismo y que al mismo personal se den buenas condiciones para laborar; ya que existen casos de analistas que realizan un buen trabajo, pero por la falta de garantías de seguridad o un pago justo renuncian.
El consejo consultivo también llamó al próximo gobierno federal a que no desaparezca el mecanismo, sino a que tenga voluntad política para reforzarlo; lo mismo sucedería con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Todo esto para que se logre el objetivo de prevención, investigación, sanción y justicia que necesitan personas defensoras y periodistas.
CIDH y ONU piden recursos urgentes para mecanismo de protección
Publicado: 06.09.2018
Por Samantha Páez
Durante el Foro «Ampliando el espacio democrático», realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana este miércoles, los relatores de libertad de expresión de la ONU, David Kaye, y CIDH, Edison Lanza, pidieron al gobierno mexicano recursos para que el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas opere el resto del año.
Esto debido a que en 25 días se acabarán los fondos del fideicomiso del mecanismo, con lo cual 700 personas que tienen medidas de protección se quedarán en total indefensión.
Además de que sería un incumplimiento a la promesa que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2017 de fortalecer al mecanismo, esto después del asesinato de los periodistas Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Sinaloa.
En su mensaje en video David Kaye expuso que no sólo el gobierno saliente debe dotar de recursos humanos, económicos y materiales al mecanismo de protección, sino también el gobierno entrante de debería darle prioridad a la protección de periodistas y permitir que más personas accedan a medidas para garantizar su seguridad.
Otra cuestión es que además de la protección el gobierno mexicano, tanto el saliente como el entrante, deben de prevenir las agresiones a periodistas y reconocer el aporte que hace el periodismo a la vida democrática del país.
De igual forma Kaye hizo un llamado a que se ataque la impunidad en cuanto a los crímenes contra periodistas, a la vez que se establezca una política de transversalidad entre los gobiernos federal, estatales y municipales para tener mejores investigaciones.
Por su parte Edison Lanza destacó que existe cierta confianza en el mecanismo de protección, sobre todo en el interior del país; sin embargo, existen casos que dejan en duda su forma de proceder, como es el caso del asesinato de Rubén Pat en Quintana Roo y quien era beneficiario del mecanismo.
Ante esta situación dijo que el mecanismo no debe desaparecer, sino que debe ser fortalecido con más recursos humanos y financieros. Lo mismo ocurre con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la cual debe ser robustecida e impulsada no sólo para que se termine con la impunidad, sino para que también se logre la reparación del daño a los y las periodistas víctimas de delitos o, en su defecto, a sus familias.
Lucía Lagunes, integrante del Consejo Consultivo del mecanismo, expuso que el mismo miércoles el consejo emitió un pronunciamiento donde señala que la falta de recursos en el mecanismo pone en peligro la vida de cientos de personas beneficiarias.
Por ello los integrantes del consejo consultivo solicitaban:
- Destine el presupuesto necesario al fideicomiso para garantizar la continuidad de la protección que brinda el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de salvaguardar la vida e integridad de defensoras/es y periodistas agredidas/os en México.
- Cumpla con su compromiso de fortalecer la estructura del mecanismo asignándole a esa institución el personal necesario para poder asumir cabalmente su tarea.
- Cabal cumplimiento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de no exponer más la vida de las personas beneficiarias del Mecanismo, así como para evitar la revictimización.
Otorgan a Pie de Página mención honorífica por la Cobertura del sismo #19S, en los Premios a la excelencia periodística de la SIP 2018
La Cobertura del sismo de Ciudad de México, de Pie de Página, recibió una mención honorífica en la categoría de Cobertura Noticiosa en los premios a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa 2018.
Dicha cobertura consta de una serie crónicas, reportajes y programas de televisión, en los que se abordan las fallas de las inmobiliarias y la relación del boom de éstas con los desastres ocurridos, entre otros temas.
Puedes consultar la cobertura del sismo aquí: https://piedepagina.mx/sismo-mexico-2017/
Felicitamos a todos los ganadores, y especialmente al equipo de Pie de Página por su cobertura.
Puedes consultar la lista completa de ganadores aquí:
Seguridad social, la principal necesidad de corresponsales en México
Publicado: 25.08.2018
Por Samantha Páez
Las condiciones de inseguridad y de pobreza que viven las y los periodistas mexicanos se agrava cuando no tienen un medio que los respalde, cuando son corresponsales o independientes, por ello es importante no sólo discutir cómo mejorar sus condiciones de trabajo, sino conocer las circunstancias particulares que viven a lo largo y ancho del país.
Para Luis Guillermo Hernández, académico y periodista independiente, México está en el momento propicio no sólo para discutir y revertir la Ley de Publicidad Oficial, conocida de forma popular como Ley Chayote; sino también para hacer cambios
estructurales que permitan a las y los comunicadores acceder a la seguridad social, prestaciones laborales y créditos de vivienda.
Andalusia Knoll Soloff, periodista independiente e integrante de la organización internacional Frontline Freelance Register, dijo que para resolver la problemáticas de los y las corresponsales las empresas tendrían que tomar consciencia de la responsabilidad que tienen, desde un pago justo y puntual hasta las cuestiones de seguridad y viáticos.
Actualmente periodistas y organizaciones nacionales, como la Red Nacional de Periodistas de a Pie, impulsamos la campaña en redes sociales con las etiquetas #PeriodismoDigno y #IgualdadCorresponsales, donde se exige que los y las corresponsales tengan derechos laborales como:
- Seguridad Social
- Crédito para adquirir una vivienda
- Prestaciones laborales
- Salario fijo y digno
- Seguro de vida
Malas condiciones para corresponsales
Desde el punto de vista de Andalusia Knoll, que ahora está coordinando una nueva organización local para abogar para los derechos de los ylas freelance en México, la principal necesidad de los y las corresponsales es la seguridad social. Tan sólo en marzo dos reporteras murieron en Veracruz a causa del cáncer, tanto Martha Meza como Arlet Montejo no recibieron el tratamiento adecuado debido a que no tenían seguro médico.
“Muchas veces la gente tiene que hacer coperachas porque Fulanito se enfermó y no tiene nada de apoyo de su medio, ni seguro médico”, contó Andalusia.
La situación es peor si se trata de mujeres solteras y con hijos, porque toda su familia se ve afectada en su salud.
La falta de respaldo de las agencias o los medios para con sus corresponsales también perjudica la seguridad, ya que no dan viáticos y eso lleva que los y las periodistas decidan viajar en transporte público de noche, donde los asaltos son comunes.
Además de que por asalto, secuestro o detención arbitraria, los y las corresponsales no llevan el material las agencias y medios no les pagan el trabajo que han hecho. Tampoco se hacen responsables por el robo de equipo de trabajo.
Andalusia recordó que el año pasado que asaltaron a periodistas gráficos en Guerrero, les quitaron celulares, equipo de trabajo e,
incluso, un vehículo. Cuando peguntó a una de las víctimas si tuvo apoyo de quienes le contrataron, la respuesta fue que ni siquiera le pagaron la nota.
Durante coberturas de temas riesgosos, otra cuestión que podrían hacer las agencias internacionales es proveer a sus corresponsales de teléfonos satelitales, esto para que se comuniquen en lugares donde usualmente no hay señal telefónica y así poderlos monitorear.
En cuanto al tema del pago, Knoll dijo que hay muchas fallas por parte de las empresas, ya que muchas de ellas no quieren decir cuánto pagarán hasta que el trabajo está hecho y, generalmente cuando eso ocurre, es muy por debajo del precio justo.
Tampoco hay plazos claros y definidos para hacer el pago por el material de los y las corresponsales o al interior de los medios
existen problemas administrativos que retrasan los depósitos. Por ejemplo, en una ocasión Andalusia tardó seis meses para que le hicieran el pago por un trabajo documental.
Se necesitan medidas urgentes
Luis Guillermo Hernández coincidió en que lo más urgente es lograr que el gremio tenga seguridad social, por ello dijo que sería importante impulsar con el nuevo gobierno federal un mecanismo que permita la atención de salud de todos los y las periodistas.
“Me parece que si se va a trabajar en un censo nacional de medios (con la Ley de Publicidad Oficial), también se podría conseguir que los periodistas accedan al seguro social, como una especie de prestación por parte del Estado, tomando en cuenta las circunstancias particulares y especiales en las cuales se desarrolla nuestra actividad”, sostuvo.
De igual forma se debe entender cómo viven los y las corresponsales en las diferentes latitudes del país, porque los corresponsales en las zonas rurales o en las ciudades pequeñas “son el eslabón más débil dentro de la cadena periodística tradicional”, porque además de la seguridad social, no tienen prestaciones, ni capacitación o un ingreso fijo.
De allí la importancia de una campaña que ayude a visibilizar las condiciones de pobreza en las que viven, para entonces poder
combatirlas y solucionarlas.
“Me parece que el movimiento para apoyar a los y las corresponsales es un movimiento básico para lo mucho que hemos perdido como profesionales en este ámbito (…) Es necesario que se conozca qué está pasando en todas las regiones”, comentó Luis Guillermo.
Cobertura del sismo, de Pie de Página, finalista del concurso Excelencia Periodística 2018 de la SIP
Publicado: 10.08.2018
Foto: Fernando Santillán
La cobertura del sismo de la Ciudad de México, trabajo colectivo de Pie de Página, es finalista del concurso Excelencia Periodística 2018 de la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría de «Cobertura noticiosa».
Dicha cobertura consta de una serie de 26 crónicas y reportajes, y 2 programas de televisión, en los que se abordan las fallas de las inmobiliarias y la relación del boom de éstas con los desastres ocurridos, entre otros temas.
Desde Periodistas de a Pie extendemos una efusiva felicitación al equipo de Pie de Página detrás de este trabajo: Alberto Nájar, Daniela Pastrana, Daniela Rea, Mónica González, José Ignacio De Alba, Arturo Contreras, Fernando Santillán, Celia Guerrero, Ximena Natera, Ana Cristina Ramos, Maya Averbuch, Andalusia Knoll Soloff, Gabriel Villegas, Mariano V. Osnaya, Paula Mónaco y Valeria Valer y Marcela Turati. Estrella Pedroza, (en Morelos), Diana Manzo, en Oaxaca).
Puedes consultar la cobertura finalista aquí: https://piedepagina.mx/cobertura-sismo-cdmx.php
Puedes consultar la lista completa de finalistas aquí:
Malas cuentas. Lo que nos dejó la cobertura de elecciones
Al 1 de julio de 2018, iban registrados por lo menos 55 casos de agresión contra periodistas durante el periodo electoral de la considerada contienda histórica de México. Los 3 mil 416 puestos de elección popular, representó para los medios, la triplicación de trabajo en la cobertura periodística.¿Cuál es el estatus de las agresiones? en pocos casos, denuncias penales, en su mayoría denuncias públicas.
Al tiempo que fue presentado el informe de Misión en Ginebra, por parte de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, en México un grupo impulsor de la visita que emprendieron los dos relatores, simultáneamente, presentamos los retos del Estado mexicano de cara a la transición de gobierno. Aquí una repasada de lo expuesto.
El diagnóstico
El robusto sistema de protección y documentación de denuncias, que incluye al Mecanismo de Protección, a la Fiscalía especializada de la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han quedado rebasados en capacidad reactiva para atender cada denuncia y, de formalizarlas, no hay un protocolo único para las agresiones que se desprenden en el contexto electoral que es corto y debiera tener alcances inmediatos de prevención o para garantizar no represalias ni repetición.
Ninguna autoridad mexicana es capaz de frenar en medio del proselitismo de partidos políticos y candidatos independientes, seguidores y militantes, a los agresores para que hagan una pausa en su campaña y esclarezcan o se sujeten a investigación por las denuncias de agresión. El sistema de cientos de funcionarios públicos al servicio de la prevención y protección de periodistas a nivel federal, si de por si es deficiente, en periodo electoral, da dos pasos atrás.
Salvo la documentación de organismos civiles, el gobierno mexicano no hace un corte de caja ni considera de importancia, visibilizar qué candidatos o partidos se ven involucrados en acciones violentas contra medios y periodistas, durante el periodo electoral.
No contamos con una Alerta oficial en el gobierno para estos casos –al menos los periodistas no conocemos si existe y cuál es su ruta- y el instrumento inmediato que pudiera ostentarse como garante, las Unidades de Protección a Periodistas en los estados, tampoco activan un protocolo donde podrían ponerse a prueba; justo al tener cercanía con actores claramente identificados como agresores, candidatos a presidente municipal, diputaciones locales, aspirantes a Senado en sus distritos territorialmente ubicados, candidatos a gobernador, se vuelve más fácil determinar los hechos, documentarlos y hacerlos públicos.
Los propios institutos electorales en los estados, se mantienen al margen de los comportamientos violentos que podrían representar partidos y candidatos. Sencillamente, nadie es capaz de reaccionar en un periodo tan determinado, como es el electoral.
La posición en la que se colocó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), como perito periodístico ordenando una medida cautelar al portal Aristegui Noticias a partir del reclamo de un candidato y la revisión desde la perspectiva de los consejeros de contenido noticioso, los llevó a censurar la nota de Anabel Hernández sobre una supuesta investigación a Enrique Alfaro. Un mal precedente que no favorece el derecho a la libertad de prensa y de información.
Las relatorías especiales de la CIDH y ONU, sugieren un sistema articulado de prevención. Los relatores especiales exhortan “al Gobierno a fomentar de manera pública la divulgación total y eficiente de información a periodistas que den cobertura al proceso electoral, y adoptar una estrategia específica para garantizar su seguridad durante este proceso”, aunque los 55 casos que denuncian agresión a reporteros y reporteras cubriendo elecciones este 2018, dejan en claro que no hay forma de evitar los hechos violentos, pues nos siempre se trata de negar información, sino de reacciones violentas a la cobertura de candidatos.
Tras la contienda electoral, sugieren detectar las regiones donde los cambios políticos pueden derivar nuevas agresiones. Una vez pasado el 1 de julio, las autoridades mexicanas podrían enmendar la desatención a los riesgos que enfrentamos los periodistas en periodo electoral, y ya que no pudieron prevenir agresiones, asesinato, desaparición forzada y represalias, precisamente, en medio de cambios de poder, podrían activar una alerta dirigida a los nuevos gobernantes, para que reconozcan la violencia y presión o censura que se ejerció durante la contienda electoral, y se comprometan a inhibirla.
De cara a la transición de gobierno y los foros temáticos que se asoman para afianzar la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde hasta el momento no figura específicamente Libertad de Expresión o reformas al sistema de protección a periodistas; la esperanza plasmada en la realidad con seis periodistas asesinados en lo que va del año, más el cuantioso número de agresiones acumuladas por mes, sigue siendo la articulación autogestiva de periodistas, como ya sucede con organizaciones independientes u organismos civiles.
El informe de misión a México de las relatorías de libertad de expresión, representa una nueva oportunidad para que el Estado mexicano enmiende la década de deficiente protección y el acceso a la justicia para periodistas. Si el nuevo modelo de gobierno no contempla en los primeros meses resolver los crímenes de periodistas y poner sobre la mesa la emergencia nacional que inhibe el pleno goce de derechos universales que apuntalan la democracia, difícil se torna la relación del gobierno federal y los periodistas, quienes sin duda, seremos los primeros en registrar con crítica el paradigma político del futuro presidente.